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Protestan reporteros en Ciudad Judicial contra intento de censura y acoso al medio El Tlacolol

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Periodistas de Chilpancingo protestaron en Ciudad Judicial contra la censura y en apoyo a los  integrantes de la dirección colectiva del medio digital El Tlacolol, investigados en dos expedientes de Procedimiento Especial Sancionador (PES), por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En el pronunciamiento a cargo del reportero de El Sur, José Miguel Sánchez, se subrayó que las denun-cias carecen de fundamento y repre-sentan un intento por parte del poder de silenciar y censurar la crítica periodística libre e independiente.
El recurso contra el medio fue promovido por una jueza como candidata en la elección del Poder Judicial de la Federación del 1 de junio, por una publicación donde consideró que hubo inducción del voto y violencia política de género, pero sólo se le identifica como dato protegido por las restricciones legales de la denuncia.
Responsabilizaron de cualquier situación que afecte o dañe a Emiliano Tizapa Lucena, Arturo de Dios Palma y Jesús Guerrero, señalados en la demanda, al INE, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al senador Felix Salgado, dado los atentados a la prensa y a luchadores sociales documentados en el país y en el estado.
Luego de la lectura del pronunciamiento, el grupo de unos 30 comunicadores entró al jardín de las instalaciones para señalar que ahí desaparecieron las grabaciones de videovigilancia en el Palacio de Justicia de Iguala, evidencia de la desaparición de un grupo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Policías y el encargado de seguridad intentaron detenerlos en la puerta principal, sin éxito, pero provocaron una discusión al final de la manifestación.
Para concluir el acto, el grupo guardó un minuto de silencio por el asesinato de cuatro periodistas de la agencia Al Jazeera que cubrían la ofensiva israelí en la franja de Gaza el domingo por la noche.
Con cartulinas denunciaron: “INE y TSJ, simuladores al servicio del poder”, “censura es dictadura”, “gobernadora, alto al hostiga-miento”, “dato protegido, callarnos no es una opción”, “no se calla la verdad con demandas a periodistas”, “dato protegido por el poder”.
En el documento leído se rechazó de forma categórica cual-quier acusación “que preten-da censurar o perseguir a quienes señalamos irregularidades, corrup-ción y abusos desde el ejercicio del derecho a informar, el análisis crí-tico y la investigación responsable.
“La libertad de expresión no puede ni debe limitarse con mecanismos legales diseñados para amedrentar ni para obstaculizar el trabajo de periodistas que cumplen con su deber de informar a la sociedad”.
Reconocieron a El Tlacolol como un medio independiente, autogestivo y alejado de cualquier interés político o económico, que ejerce su labor con ética, rigor y respeto, enfocando la crítica al desempeño público, no en la vida privada o aspectos personales de los funcionarios y gobernantes.
Consideraron que se utiliza la denuncia de violencia política en razón de género como “una forma perversa y sofisticada de censura legalizada”.
Exigieron al INE un análisis completo, justo y contextualizado de los hechos denunciados por Dato protegido, respetando la jurisprudencia vigente y garantizando el derecho a la defensa.
Convocaron a la sociedad a semarse a esa exigencia, y a los actores políticos a respetar el trabajo periodístico independiente, porque sólo la libre expresión fortalece la democracia y combate la corrupción.
“Defender la libertad de expre-sión es defender el derecho de todos a estar informados y a exigir cuen-tas a quienes detentan el poder”.
La fotoperiodista de El Sur, Jessica Torres, añadió que si prospera esta denuncia, la ciudadanía sólo tendrá información de boletines, “donde ni las fotos son reales”, debido a los filtros que utilizan para mejorar la imagen de las autoridades.
Señaló además que las autoridades electorales y del estado conocen a los reporteros, pero cada vez exigen los datos personales para sus registros “nos tienen totalmente identificados, saben dónde vivimos”.
Finalmente, el corresponsal de La Jornada, Sergio Ocampo Arista, denunció que el Poder Judicial de Guerrero desapareció los videos que captaron el momento en que grupo de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos frente a Ciudad Judicial en Iguala
Por ello está detenida y en investigación la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana.
Y ahora aliados con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y el senador Félix Salgado Macedonio, su padre, y el INE, “quieren hacer una patraña para sacar más dinero del salario de los compañeros periodistas”.
“Compañeros, es muy grave lo que está pasando: la gobernadora, (el presidente del TSJ) Ricardo Salinas Sandoval y el del INE son responsables si alguno de los tres compañeros de El Tlacolol es asesinado”.
Recordó que el gobierno de Sinaloa se alió con la delincuencia y asesinaron al periodista Javier Valdez. En Chihuahua, mataron a Miroslava Breach; en Morelos al locutor Samir Flores, y en Guerrero al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, Marco Antonio Suás-tegui.

Reporteros de distintos medios de comunicación de Chilpancingo se manifestaron afuera de Ciudad Judicial para denunciar el intento de censura al medio digital El Tlacolol mediante un Procedimiento Especial Sancionador (PES) en el INE que promovió una juez estatal como candidata a magistrada de la elección del Poder Judicial de la Federación Foto: Jessica Torres Barrera

Inicia el INE proceso sancionador contra periodistas del medio digital El Tlacolol

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Periodistas del medio digital El Tlacolol fueron acusados en un Proceso Especial Sancionador (PES) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por inducción al voto y violencia política en razón de género, por una candidata a magistrada del Poder Judicial de la Federación en la pasada elección del 1 de junio.
Como dirección colectiva fueron señalados Jesús Guerrero, Arturo de Dios Palma y Emiliano Tizapa Lucena, quienes concluyeron en un análisis con abogados de la organización Artículo 19 que la denuncia por una publicación aludida en el proceso no tiene sustento.
Sin embargo, la Unidad Técnica de Contencioso Electoral del INE, antes de emitir una resolución, les requirió de forma intimidatoria los datos personales de  situación fiscal, de bienes y dinero, prevén que para calcular una posible multa. Denunciaron la intención de amedrentarlos para acallarlos, a través de la criminalización de la libertad de expresión.
En un pronunciamiento, El Tlacolol aclaró que por restricciones legales tienen prohibido dar detalles de la denuncia y del denunciante, pero se tienen antecedentes en una declaración del vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Donaciano Muñoz, que en Guerrero sólo hubo una denuncia por violencia política de género en el estado contra un medio de comunicación, de una candidata a magistrada en Acapulco en el circuito 21.
La segunda queja, por inducción al voto se presentó directamente en las oficinas del INE en la Ciudad de México, precisó después Tizapa Lucena.
Del procedimiento sólo  menciona que la persona identificada como “dato protegido” argumentó que un texto de El Tlacolol demeritó su desempeño público.
En una revisión de textos publicados en El Tlacolol antes de la elección judicial, se encontró uno titulado “Gobierno de Guerrero palomea a sus candidatos en elección judicial”, con fecha de 28 de mayo pasado en el que se lee lo siguiente:
“La jueza de control del Tribunal Superior de Justicia local, Yolanda Mora Silva, es la carta fuerte de Morena y del gobierno estatal para que gane la elección de este domingo para la magistratura del Tribunal de Circuito con sede en Guerrero.
Agrega que Mora Silva “es esposa del magistrado local, Paulino Jaimes” y es la jueza que vinculó a proceso al jefe de la policía de Chilpancingo, el teniente del Ejército retirado Germán Reyes Reyes como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde perredista, Alejandro Arcos Catalán.
Mora Silva aparecía en el acordeón que circularon autoridades morenistas y fue de las ganadoras de un sitio en el Poder Judicial Federal y su nombre va acompañado de información de contexto que es de interés publico y no un ataque personal.
En la postura pública, los editores de El Tlacolol enfatizaron que allí no se promueven aspiraciones políticas, no se hace propaganda ni se alquilan para emprender campañas sucias. Tampoco desacreditan a personajes públicos ni escriben por consigna.
“Pensamos que la crítica es de las pocas herramientas que aún nos quedan como reporteros y reporteras y como ciudadanos para intentar que las cosas cambien, para que se destierre de la vida pública la corrupción criminal que impera en todo el aparato gubernamental”, señalan.
Confirmaron que mantendrán la línea que los caracteriza, con la misma responsabilidad ética, porque “renunciar a la crítica es renunciar a nuestro compromiso de defender la libertad de expresión”, pese al hostigamiento, la persecución y los intentos de censura.
Enfatizaron de sus textos de opinión sobre el proceso electoral del Poder Judicial establecen el contexto de notorios, verificables y conocidos por todos.
Aseguran que “en el texto (de la denuncia) no se presentó ningún dato desconocido, sólo se concatenó información pública y ofrecimos un panorama amplio de la operación política en la que se desarrolló la campaña”.
“Por eso, consideramos que estas dos denuncias se tratan de un hostigamiento, un amedrentamiento, un intento por criminalizar la información”.
Recordaron que en los últimos meses las denuncias por violencia política en razón de género se han convertido en México en un mecanismo tan perverso como sofisticado, “so pretexto de la protección de derechos, que en realidad es una vía para castigar y  forzar el silencio de los medios de comunicación, o, peor aún, obligarlos a retractarse públicamente de lo que todos vieron y muchos decidieron callar”.
Advirtieron que la disputa es desigual, pues “dato protegido está incrustado en el poder y cuenta con toda una estructura, recursos y personal”, a diferencia de El Tlacolol”.
Señalaron la complicidad activa del INE, que responde a la lógica del poder y no a la defensa de derechos. “El mismo INE (que) no emitió una palabra cuando los famosos acordeones circularon abiertamente, hoy se activa con agilidad para perseguir al medio que las documentó. No se persigue al operador de la inducción al voto, sino a los reporteros que se atrevieron a echar luz donde predominaba la oscuridad”, concluyen.