Lourdes Chávez
Chilpancingo
Periodistas del medio digital El Tlacolol fueron acusados en un Proceso Especial Sancionador (PES) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por inducción al voto y violencia política en razón de género, por una candidata a magistrada del Poder Judicial de la Federación en la pasada elección del 1 de junio.
Como dirección colectiva fueron señalados Jesús Guerrero, Arturo de Dios Palma y Emiliano Tizapa Lucena, quienes concluyeron en un análisis con abogados de la organización Artículo 19 que la denuncia por una publicación aludida en el proceso no tiene sustento.
Sin embargo, la Unidad Técnica de Contencioso Electoral del INE, antes de emitir una resolución, les requirió de forma intimidatoria los datos personales de situación fiscal, de bienes y dinero, prevén que para calcular una posible multa. Denunciaron la intención de amedrentarlos para acallarlos, a través de la criminalización de la libertad de expresión.
En un pronunciamiento, El Tlacolol aclaró que por restricciones legales tienen prohibido dar detalles de la denuncia y del denunciante, pero se tienen antecedentes en una declaración del vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Donaciano Muñoz, que en Guerrero sólo hubo una denuncia por violencia política de género en el estado contra un medio de comunicación, de una candidata a magistrada en Acapulco en el circuito 21.
La segunda queja, por inducción al voto se presentó directamente en las oficinas del INE en la Ciudad de México, precisó después Tizapa Lucena.
Del procedimiento sólo menciona que la persona identificada como “dato protegido” argumentó que un texto de El Tlacolol demeritó su desempeño público.
En una revisión de textos publicados en El Tlacolol antes de la elección judicial, se encontró uno titulado “Gobierno de Guerrero palomea a sus candidatos en elección judicial”, con fecha de 28 de mayo pasado en el que se lee lo siguiente:
“La jueza de control del Tribunal Superior de Justicia local, Yolanda Mora Silva, es la carta fuerte de Morena y del gobierno estatal para que gane la elección de este domingo para la magistratura del Tribunal de Circuito con sede en Guerrero.
Agrega que Mora Silva “es esposa del magistrado local, Paulino Jaimes” y es la jueza que vinculó a proceso al jefe de la policía de Chilpancingo, el teniente del Ejército retirado Germán Reyes Reyes como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde perredista, Alejandro Arcos Catalán.
Mora Silva aparecía en el acordeón que circularon autoridades morenistas y fue de las ganadoras de un sitio en el Poder Judicial Federal y su nombre va acompañado de información de contexto que es de interés publico y no un ataque personal.
En la postura pública, los editores de El Tlacolol enfatizaron que allí no se promueven aspiraciones políticas, no se hace propaganda ni se alquilan para emprender campañas sucias. Tampoco desacreditan a personajes públicos ni escriben por consigna.
“Pensamos que la crítica es de las pocas herramientas que aún nos quedan como reporteros y reporteras y como ciudadanos para intentar que las cosas cambien, para que se destierre de la vida pública la corrupción criminal que impera en todo el aparato gubernamental”, señalan.
Confirmaron que mantendrán la línea que los caracteriza, con la misma responsabilidad ética, porque “renunciar a la crítica es renunciar a nuestro compromiso de defender la libertad de expresión”, pese al hostigamiento, la persecución y los intentos de censura.
Enfatizaron de sus textos de opinión sobre el proceso electoral del Poder Judicial establecen el contexto de notorios, verificables y conocidos por todos.
Aseguran que “en el texto (de la denuncia) no se presentó ningún dato desconocido, sólo se concatenó información pública y ofrecimos un panorama amplio de la operación política en la que se desarrolló la campaña”.
“Por eso, consideramos que estas dos denuncias se tratan de un hostigamiento, un amedrentamiento, un intento por criminalizar la información”.
Recordaron que en los últimos meses las denuncias por violencia política en razón de género se han convertido en México en un mecanismo tan perverso como sofisticado, “so pretexto de la protección de derechos, que en realidad es una vía para castigar y forzar el silencio de los medios de comunicación, o, peor aún, obligarlos a retractarse públicamente de lo que todos vieron y muchos decidieron callar”.
Advirtieron que la disputa es desigual, pues “dato protegido está incrustado en el poder y cuenta con toda una estructura, recursos y personal”, a diferencia de El Tlacolol”.
Señalaron la complicidad activa del INE, que responde a la lógica del poder y no a la defensa de derechos. “El mismo INE (que) no emitió una palabra cuando los famosos acordeones circularon abiertamente, hoy se activa con agilidad para perseguir al medio que las documentó. No se persigue al operador de la inducción al voto, sino a los reporteros que se atrevieron a echar luz donde predominaba la oscuridad”, concluyen.