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Dicta juez apertura del juicio a Germán Reyes por el asesinato del alcalde Alejandro Arcos

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El juez Mario Arturo Hernández García dictó el auto de apertura del juicio oral en contra del ex encargado de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Germán Reyes Reyes, acusado del delito de homicidio calificado en agravio del alcalde Alejandro Arcos Catalán.
De acuerdo con Mario Hernández, el juicio oral será remitido al Tribunal de Enjuiciamiento Penal de Chilpancingo, el cual determinará la fecha y hora de inicio del mismo.
En su reformulación de la acusación, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó un pago por reparación del daño de un millón 259 mil 500 pesos y 50 años de prisión para Germán Reyes; mientras que el encargado de la Asesoría Jurídica de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas solicitó 8 millones 577 mil pesos como reparación del daño.
Durante la audiencia intermedia que se realizó en la Sala 1 del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en la Ciudad Judicial, Germán Reyes solicitó la exclusión del testimonio del comerciante Domitilo Cándido Pila, quien de acuerdo con la FGE fue “levantado” por integrantes de Los Ardillos el 27 de octubre de 2024 y los escuchó decir que el acusado ordenó el asesinato y la decapitación del alcalde.
Germán Reyes solicitó la exclusión de este medio de prueba porque Cándido Pila falleció el 1 de noviembre del 2024, por lo que no podrá asistir al juicio oral y su testimonio será presentado mediante lectura, lo cual violenta los principios de inmediación, contradicción y presunción de inocencia, así como su derecho a una defensa adecuada.
Resaltó que el comerciante no podrá ser interrogado por su defensa, su testimonio no será sometido a contradicción y “no será un juicio justo ni efectivo”; reclamó que la FGE “pretende que una entrevista ministerial que no fue sometida a controversia” se admita como prueba en su contra, “me dejaría en estado de indefensión”.
Puntualizó que su vinculación a proceso se sustenta en dos testimonios, el de Cándido Pila y el de un anónimo, en referencia a un agente de la Policía Municipal que envió un correo a la FGE para informar que escuchó una conversación telefónica que incrimina a Germán Reyes, pero el comerciante “no presenció nada” relacionado con el crimen y, sin embargo, con su declaración “se pretende obtener una sentencia condenatoria”.
Una agente del Ministerio Público a cargo del caso confirmó que Cándido Pila tuvo una muerte “accidental o violenta”, pero su testimonio es una prueba de que Germán Reyes actuó “como inductor” del asesinato del alcalde. Informó que la agente que recabó la entrevista del comerciante será quien lea el mismo en el juicio oral.
La FGE solicitó la exclusión de dos testigos presentados por la defensa de Germán Reyes, el de un experto en grafoscopía que analizó la firma de Cándido Pila, con base en documentos proporcionados por la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional Electoral, y determinó que la firma “se falsificó” en el testimonio.
El segundo testigo es un perito en informática que presentará un dictamen de las condiciones en las que se encontraba el equipo en el que según la FGE se imprimió el testimonio de Cándido Pila, debido a que no hay “huella digital” que pruebe este hecho.
De acuerdo con el Ministerio Público, los documentos oficiales que utilizó el experto en grafoscopía no cuentan con la cadena de custodia correspondiente, lo que violenta derechos humanos; en tanto que el dictamen de informática no aporta nada a la investigación.
No obstante, el juez determinó que la FGE “no tiene derechos, tiene facultades” y le competía al encargado de la Asesoría Jurídica pronunciarse por los derechos de las víctimas, pero esto no ocurrió.
Manifestó que mientras la FGE está enfocada en probar el hecho fáctico –que Germán Reyes ordenó el asesinato del alcalde a Los Ardillos porque se negó a imponer a integrantes de ese grupo criminal en su gabinete–, la defensa pretende “demeritar la acusación”. En ese sentido, explicó que “el supuesto de la defensa siempre será contrario a la Fiscalía” y admitió los dos testigos ofrecidos como medio de prueba.
Además del testimonio de Cándido Pila, la defensa de Germán Reyes también solicitó la exclusión o reducción de otros testigos –escoltas de Alejandro Arcos, peritos, agentes de la Policía Investigadora Ministerial y un testigo protegido, en distintos segmentos–, debido a que consideró que eran “sobreabundantes” e impertinentes para probar el hecho fáctico.
Sin embargo, el juez admitió todos los medios de prueba, tanto de parte de la Fiscalía como de la defensa de Germán Reyes.
El juez informó que el encargado de la Asesoría Jurídica solicitó que se llame a comparecer a la audiencia de debate a un trabajador del Ayuntamiento de Chilpancingo y una trabajadora de la FGE, sin embargo, no se abundó el motivo por el cual se les citará o cuál será su aporte en la investigación del caso.

Acusa la defensa de parcialidad al juez

Durante la audiencia, la defensa del acusado y el propio Germán Reyes acusaron al juez de actuar de manera parcial a favor de la Fiscalía. Uno de los abogados se pronunció expresamente, ya que consideró “lamentable la postura oficiosa” de Mario Hernández, quien, desde su óptica, “le está haciendo el trabajo a la Fiscalía”.
El juez replicó que “se me ha acusado injustamente de ser parcial y no es así”, afirmó que su intención únicamente era evitar que un órgano superior revise la audiencia intermedia, en otro momento, y determine la reposición del proceso, debido a que esto afectará a las dos partes, así como los avances del caso a la fecha.
Antes de dictar el auto de apertura de inicio del juicio oral, el juez solicitó a las dos partes que analicen detenidamente el caso si deciden apelar su resolución, de manera que presenten argumentos “firmes, estructurados” si proceden para la reposición del proceso.
“Las partes saben la relevancia nacional y me atrevería a decir mundial, por tratarse de una víctima que fue electa como alcalde de una capital, espero que se haga justicia”, expresó.
Destacó que admitió “la totalidad de los medios de prueba” que presentaron tanto la Fiscalía como la defensa de Germán Reyes, los únicos que no se admitieron fueron aquellos de los cuales el Ministerio Público se desistió en la audiencia que se realizó el pasado 18 de septiembre.
También ayer la FGE se desistió de presentar un testigo que daría cuenta de que Alejandro Arcos contaba con escoltas de seguridad, las condiciones de las armas que portaban y que algunos fueron reclutados por Germán Reyes, debido a que cuenta con otros 7 testigos que hablarán de este aspecto en el juicio oral.
Mario Hernández indicó que, si alguna de las dos partes apela el auto de apertura, podrá proceder tres días hábiles después de esta resolución que se formalizó a las 12:22 horas de la noche.
A lo largo de la audiencia intermedia que duró más de 10 horas, el juez concedió seis recesos, el más largo fue de 15 minutos que se extendieron a 20, a petición de Germán Reyes, debido a que experimentó un ataque de ansiedad y necesitaba “controlar” sus síntomas.

Inicia el INE proceso sancionador contra periodistas del medio digital El Tlacolol

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Periodistas del medio digital El Tlacolol fueron acusados en un Proceso Especial Sancionador (PES) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por inducción al voto y violencia política en razón de género, por una candidata a magistrada del Poder Judicial de la Federación en la pasada elección del 1 de junio.
Como dirección colectiva fueron señalados Jesús Guerrero, Arturo de Dios Palma y Emiliano Tizapa Lucena, quienes concluyeron en un análisis con abogados de la organización Artículo 19 que la denuncia por una publicación aludida en el proceso no tiene sustento.
Sin embargo, la Unidad Técnica de Contencioso Electoral del INE, antes de emitir una resolución, les requirió de forma intimidatoria los datos personales de  situación fiscal, de bienes y dinero, prevén que para calcular una posible multa. Denunciaron la intención de amedrentarlos para acallarlos, a través de la criminalización de la libertad de expresión.
En un pronunciamiento, El Tlacolol aclaró que por restricciones legales tienen prohibido dar detalles de la denuncia y del denunciante, pero se tienen antecedentes en una declaración del vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Donaciano Muñoz, que en Guerrero sólo hubo una denuncia por violencia política de género en el estado contra un medio de comunicación, de una candidata a magistrada en Acapulco en el circuito 21.
La segunda queja, por inducción al voto se presentó directamente en las oficinas del INE en la Ciudad de México, precisó después Tizapa Lucena.
Del procedimiento sólo  menciona que la persona identificada como “dato protegido” argumentó que un texto de El Tlacolol demeritó su desempeño público.
En una revisión de textos publicados en El Tlacolol antes de la elección judicial, se encontró uno titulado “Gobierno de Guerrero palomea a sus candidatos en elección judicial”, con fecha de 28 de mayo pasado en el que se lee lo siguiente:
“La jueza de control del Tribunal Superior de Justicia local, Yolanda Mora Silva, es la carta fuerte de Morena y del gobierno estatal para que gane la elección de este domingo para la magistratura del Tribunal de Circuito con sede en Guerrero.
Agrega que Mora Silva “es esposa del magistrado local, Paulino Jaimes” y es la jueza que vinculó a proceso al jefe de la policía de Chilpancingo, el teniente del Ejército retirado Germán Reyes Reyes como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde perredista, Alejandro Arcos Catalán.
Mora Silva aparecía en el acordeón que circularon autoridades morenistas y fue de las ganadoras de un sitio en el Poder Judicial Federal y su nombre va acompañado de información de contexto que es de interés publico y no un ataque personal.
En la postura pública, los editores de El Tlacolol enfatizaron que allí no se promueven aspiraciones políticas, no se hace propaganda ni se alquilan para emprender campañas sucias. Tampoco desacreditan a personajes públicos ni escriben por consigna.
“Pensamos que la crítica es de las pocas herramientas que aún nos quedan como reporteros y reporteras y como ciudadanos para intentar que las cosas cambien, para que se destierre de la vida pública la corrupción criminal que impera en todo el aparato gubernamental”, señalan.
Confirmaron que mantendrán la línea que los caracteriza, con la misma responsabilidad ética, porque “renunciar a la crítica es renunciar a nuestro compromiso de defender la libertad de expresión”, pese al hostigamiento, la persecución y los intentos de censura.
Enfatizaron de sus textos de opinión sobre el proceso electoral del Poder Judicial establecen el contexto de notorios, verificables y conocidos por todos.
Aseguran que “en el texto (de la denuncia) no se presentó ningún dato desconocido, sólo se concatenó información pública y ofrecimos un panorama amplio de la operación política en la que se desarrolló la campaña”.
“Por eso, consideramos que estas dos denuncias se tratan de un hostigamiento, un amedrentamiento, un intento por criminalizar la información”.
Recordaron que en los últimos meses las denuncias por violencia política en razón de género se han convertido en México en un mecanismo tan perverso como sofisticado, “so pretexto de la protección de derechos, que en realidad es una vía para castigar y  forzar el silencio de los medios de comunicación, o, peor aún, obligarlos a retractarse públicamente de lo que todos vieron y muchos decidieron callar”.
Advirtieron que la disputa es desigual, pues “dato protegido está incrustado en el poder y cuenta con toda una estructura, recursos y personal”, a diferencia de El Tlacolol”.
Señalaron la complicidad activa del INE, que responde a la lógica del poder y no a la defensa de derechos. “El mismo INE (que) no emitió una palabra cuando los famosos acordeones circularon abiertamente, hoy se activa con agilidad para perseguir al medio que las documentó. No se persigue al operador de la inducción al voto, sino a los reporteros que se atrevieron a echar luz donde predominaba la oscuridad”, concluyen.

En la audiencia acusan a Reyes de ser de Los Ardillos y de ordenar el asesinato de Arcos

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, Germán Reyes Reyes, dijo que su detención como presunto responsable del asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán “es inverosímil, es ilógico, es un asunto totalmente político”.
Reyes declaró lo anterior a reporteros a quienes convocó para que estuvieran presentes en la audiencia inicial de formulación imputación que comenzó la tarde-noche de ayer en en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en la Ciudad Judicial.
El Ministerio Público acusa a Reyes de ser integrante de Los Ardillos, que privó de su libertad al alcalde Alejandro Arcos en un rancho de Quechultenango –bastión de ese grupo– y que ordenó el asesinato de éste en represalia porque se negó a nombrar a más miembros de ese grupo criminal dentro de su gabinete.
En breves declaraciones en un receso, Germán Reyes contó que una persona cercana al alcalde perredista, “no recuerdo quién”, lo contactó para pedirle que enviara su currículum para ser considerado en el cargo.
“Me entrevistó Alejandro Arcos Catalán el 31 (de septiembre) y el 1 (de octubre) él me dio el nombramiento” como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Germán Reyes afirmó que hasta alrededor de las 6:40 de la tarde de ayer desconocía de qué se le acusaba; sin embargo, sostuvo que “es absurdo lo que plantea la Fiscalía”.
Añadió que no conocía a los escoltas del alcalde, a su equipo cercano ni tenía acceso a su agenda de trabajo, en alusión a la versión del secretario de Segu-ridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch de que Arcos se dirigió sin escoltas a una “reunión específica” al po-blado de Petaquillas, conurbado a Chilpancingo, zona de influencia del grupo de Los Ardillos.
Detalló que el 6 de octubre en que fue asesinado el alcalde fue a comer a una marisquería ubicada en el Parador del Marqués al sur de la capital entre las 3:30 y 4 de la tarde, y “me avisaron después de las 5 de la tarde que habían encontrado un cuerpo decapitado”.
Señaló que acudió al lugar del hallazgo en la colonia Villa del Roble a un costado del hotel Real Moreli, pero no pudo acceder debido a que la escena del crimen ya estaba acordonada.
Por indicaciones del personal del Juzgado, Germán Reyes no pudo continuar con la declaración a los reporteros de diversos medios de comunicación que acudieron a cubrir la audiencia pública.
La audiencia inició a las 5:30 de la tarde. En un principio la Fiscalía General del Estado, es decir la parte acusatoria, pidió a la jueza Yolanda Mora Silva que fuese privada, pero ella se negó con el argumento de que la sociedad tiene derecho a saber lo que está pasando en Chilpancingo.
Hasta la 1:30 de la madrugada de este miércoles se decretaron cinco recesos, entre ellos uno alrededor de las 6 de la tarde para que periodistas ingresaran a la Sala 1, donde se desarrolló la audiencia, a petición expresa de Germán Reyes.
Fueron los hermanos del alcalde perredista, Leonel y Carlos Arcos Catalán, junto con Cándido Pila Domitilo, quienes acusaron a Germán Reyes de ordenar el asesinato.
De acuerdo con la defensa de Germán Reyes, la acusación está basada en una conversación que Cándido Pila escuchó, en la cual miembros de Los Ardillos mencionaron el nombre del funcionario municipal.
Durante la audiencia se supo que la causa de muerte de Alejandro Arcos fue por hemorragia masiva causada por decapitación, es decir, estaba vivo cuando le cortaron la cabeza.