El secretario de la Sección 34 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), César Landín Pineda, informó que el acuerdo con directivos del hotel Copacabana, después de las cuatro horas de huelga del jueves, fue un aumento salarial de 5 por ciento, 7 pesos más en propina y la reintegración de dos trabajadores.
Ayer por la mañana en las instalaciones del hotel, ubicado en el fraccionamiento Club Deportivo, las actividades eran normales, luego de la huelga de cuatro horas que se llevó a cabo el jueves 1 de mayo que se conmemoró el Día del Trabajo.
“Creemos que debe haber respeto a los contratos colectivos de trabajo y el derecho que tienen los trabajadores de que se garanticen sus prestaciones”, dijo Landín Pineda, e indicó que se acordó con los representantes del hotel el aumento salarial de 5 por ciento.
Explicó que el aumento será a partir del 1 de septiembre, mientras que el aumento a las propinas que de 68 pesos que recibían, ahora tendrán 75 pesos; además el regreso de dos trabajadores que habían sido despedidos.
Otro de los beneficios es de incapacidades de uno a tres días pagados por el hotel y no por el IMSS que les hace descuentos, y el pago de un día de permiso con goce de sueldo y en la ley de paternidad se les otorgarán cinco días adicionales, así como por fallecimiento de un familiar, todo con goce de sueldo y un día más de aguinaldo.
El secretario dijo que los acuerdos quedaron firmados en una minuta que tendrá que ser ratificada en el Segundo Tribunal Laboral de los Juzgados de Guerrero en los próximos días, ya que se les dio aviso a las autoridades estatales.
Landín Pineda dijo que la huelga que se hizo el jueves 1 de Mayo de cuatro horas fue para “rendir homenaje defendiendo el derecho de los trabajadores, porque había intromisión de la empresa en la vida sindical”.
Un restaurante de la Costera junto a la playa Papagayo en Acapulco con un cartel en la entrada solicitando empleados Foto Jesús Trigo
Jacob Morales Antonio
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Acapulco, Alejandro Martínez Sidney, consideró que el aumento del 12 por ciento al salario mínimo sólo va a ahogar a los emprendedores, pequeños y micro empresas que están en Acapulco. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ignacio Rendón Romero, indicó que para hacerle frente a la situación que atraviesa la ciudad luego de los dos huracanes, el gobierno debe de dar mayores incentivos.
Consultados por teléfono, los líderes empresariales coincidieron en que el aumento al salario mínimo es un derecho de los trabajadores, y sigue la ruta del bienestar para las familias en México al ir poco a poco mejorando su poder adquisitivo.
Martínez Sidney dijo que para la Canaco “este aumento es inequitativo”, conforme a la repartición fiscal, porque cada año hay aumentos de los impuestos en las leyes de ingresos de los municipios, además del aumento de los costos operativos, y ante esto debería de haber también una compensación fiscal del 12 por ciento al sector empresarial en pagos de impuestos, municipales, estatales y federales.
“Entonces, este aumento es como ir asfixiando a la clase patronal y los emprendedores, porque cada vez se nos dificulta más tener una plantilla laboral que pudiéramos tener con el uso y el goce de ambas partes para generar las utilidades”. Porque será complejo sostener las nóminas.
Además de que las autoridades deben de dar las garantías y la certeza para las empresas, “mínimamente”, con la seguridad, “porque carecemos de condiciones elementales en la ciudad, y eso como tú lo sabes, va en perjuicio de nuestra actividad empresarial en el desarrollo económico de la ciudad”.
El líder de la Coparmex en Acapulco, Rendón Romero, expresó que la media “es buena a nivel nacional”, pero en el caso de los negocios que están en el municipio, todos están apenas en un proceso de recuperación de los estragos y los daños que provocaron los huracanes Otis y John.
Ante este escenario el empresario indicó que el gobierno debe de dar incentivos fiscales a las empresas con descuentos o condonaciones de algunos pagos para poder hacerle frente a este aumento al salario mínimo de los trabajadores.
Recordó que la Coparmex nacional, “ha impulsado una nueva cultura salarial y la recuperación del poder adquisitivo, obviamente que es complicado porque en nuestra región de nuestra ciudad, las condiciones económicas no están como para que las empresas paguen un aumento del 12 por ciento”.
Rendón Romero remató diciendo: “Acapulco no está en condiciones de asumir este aumento salarial” y que propondrá a la Coparmex solicitar ante el gobierno federal, del estado y al municipio, incentivos fiscales para las empresas.
A pesar de contar con posgrado y 11 años de antigüedad, Silvia mantiene un salario de 3 mil 500 pesos quincenales, como trabajadora administrativa de la Secretaría de Salud Guerrero, sin prestaciones, por lo que decidió sumarse a las manifestaciones para exigir una plaza.
En entrevista con El Sur, la administrativa Silvia, cuyo nombre fue cambiado por su seguridad ante el hostigamiento laboral que enfrenta, contó que inició trabajando para la dependencia como capturista y promotora de salud en campo, bajo lista de raya.
Sin embargo, ascendió rápidamente debido a sus habilidades y su formación profesional, con maestría en Salud Pública. En la actualidad, realiza labores administrativas que consisten en gestión de programas, suministrar insumos a jurisdicciones sanitarias, solicitar contrataciones a Recursos Humanos e, incluso, coordinar y asistir a reuniones como secretaria ejecutiva.
“Hoy en día me encuentro obstaculizada debido a la lucha que emprendimos en busca de una basificación justa y transparente, al grado del acoso laboral, por mis superiores y el sindicato mayoritario”, expresó.
Silvia, al igual que otros empleados que formaron el movimiento de Trabajadores Eventuales Precarios de la Secretaría de Salud, no fue considerada en la primera etapa de asignación de plazas que el gobierno federal realizó, como parte de la transición al IMSS-Bienestar.
De acuerdo con Silvia, las autoridades explicaron a los trabajadores que “no hay fecha para saber cuándo iniciará la segunda etapa de basificación, en la cual nos contemplan, y aclaran que las unidades laborales que ellos consideran que no son transferibles al IMSS-Bienestar, porque no dan atención directa al paciente, quedan fuera”.
Lo que significa que los trabajadores administrativos de las jurisdicciones, oficinas centrales, unidades de especialidades médicas y centros de salud serán los últimos en obtener su plaza.
También hubo omisiones por parte de las autoridades estatales de Recursos Humanos, por ejemplo, “algunos trabajadores fueron reportados en jurisdicciones sanitarias cuando están en centros de salud o se les cambió el perfil, por eso los dejaron fuera de las basificaciones federales”.
Ante este panorama, el esposo de Silvia, que también trabajaba en la Secretaría de Salud bajo lista de raya, con un salario de 2 mil 500 pesos quincenales, “se vio obligado a emigrar a Estados Unidos, porque con lo que ganamos no es suficiente para mantener a nuestros dos hijos. Él se fue para darnos una vida mejor”.
Para Silvia “es un gran proyecto basificar a los trabajadores, un poco utópico, porque no hay dinero que alcance para todos. Pero con el mal manejo de Recursos Humanos y financieros, en complicidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, donde reparten plazas a conveniencia y afectan a quien no está alineado con ellos, nunca vamos a avanzar”.
Dijo que la Secretaría de Salud “es un barco a la deriva. El capitán ha tomado las riendas como debe, pero sus subordinados no lo obedecen y los jefes que trajo el nuevo gobierno han demostrado ser incompetentes, sin experiencia en los cargos que desempeñan, ocasionando daños y represión al personal, afectando indirectamente a la sociedad”.
No obstante, consideró que “con los nuevos nombramientos, que se han estado dando en estas fechas, como el de la subsecretaria de Prevención y Control de enfermedades, Jessy Solchaga Rosas, y la directora de Servicios de Salud, Alondra García Carbajal, confío en que las cosas cambien”.
De acuerdo con el contralor interno del movimiento de Trabajadores Eventuales Precarios de la Secretaría de Salud Guerrero, unos mil 500 empleados administrativos y afines fueron excluidos de la primera etapa de asignación de plaza, mientras que personal que se contrató durante la pandemia, con menos años de antigüedad, ya obtuvo la basificación.
Los trabajadores que aún no obtienen su plaza son administrativos y afines, es decir, los empleados que custodian expedientes de pacientes, se encargan de programar consultas, surtir medicamentos a derechohabientes y hospitales.
También el personal de cocina de los hospitales, que se encarga de preparar los alimentos adecuados para los pacientes y llevarlos hasta sus camas; conductores de ambulancias que reciben capacitación para el correcto traslado de las personas y quienes se encargan del mantenimiento, así como la limpieza de las instalaciones.
Un trabajador pinta el centro de salud de Petlacala con la leyenda Unidad de Salud IMSS-Bienestar ante los cambios ordenados a nivel federal Foto:?Rosendo Betancourt Radilla / Archivo
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
Entre mil y mil 500 integrantes del movimiento de Trabajadores Eventuales Precarios de la Secretaría de Salud Guerrero fueron excluidos de la primera etapa de asignación de plazas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar, por lo que buscarán diálogo con el gobierno estatal y continuarán con sus protestas en Ciudad de México.
En entrevista con el contralor interno del movimiento, quien reservó su nombre por seguridad, dijo que desde que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció la entrega de plazas al personal de contrato que brindó atención durante la pandemia, el pasado 16 de julio, hay “mucha desinformación” e inconformidades.
Resaltó que el personal que ya tiene plaza ingresó a laborar en 2019 y 2020, pero “tienen acceso a un salario mucho mejor, diez veces o más de lo que nosotros percibimos y aparte de todas las prestaciones de ley; sin embargo, para nosotros fue algo muy injusto, porque nosotros antes de la pandemia estábamos y después de la pandemia estamos y durante la pandemia también estuvimos”.
Puntualizó que “nos da gusto que también se les reconozca, porque al fin y al cabo, son compañeros nuestros que también merecen ser tomados en cuenta. Pero también que no se olviden (las autoridades) que atrás traen un rezago de personal importante”.
Detalló que los trabajadores que no han recibido su plaza son los que se encargan de los trámites, expedientes, así como de surtir recetas, cocineros, conductores de ambulancias y mantenimiento, también aquellos que están dentro de la categoría de administrativos y ramas afines.
“Por todos esos compañeros, que trabajan también en la Secretaría de Salud estatal fue que hicimos esa movilización” el martes pasado, en Ciudad de México, afuera de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En Guerrero “se vive una situación muy delicada (…) según nos han explicado las autoridades del IMSS-Bienestar, el estado mandó la información a la federación y esa información fue consensada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero en esa información que mandó el estado, dejaron fuera mucho personal que ya viene de años de trabajo”.
Señaló que no sólo quedaron fuera trabajadores administrativos y de ramas afines, sino también personal de enfermería y paramédicos, “la autoridad estatal dice que ellos no tienen un contrato, no tienen una relación contractual con la Secretaría de Salud, entonces ¿cómo se atreven a decir que no tienen una relación contractual, cuando la ley defiende una relación contractual como una cadena de mando y una subordinación?”.
Además, “en esta primera etapa, que ya concluyó, de basificación, hubo compañeros que según el estado decía que no los tenía reconocidos como trabajadores y que al último sí se pudieron basificar, no todos, pero muchos, porque fueron recomendados. Entonces, ahí es donde estamos viendo mucha incoherencia y estamos viendo que no están siendo justos con los compañeros que también deberían tener ese derecho, de poder acceder a la basificación”.
El contralor interno ejemplificó esta situación con su propio caso, debido a que ingresó a laborar en 2011, con un pago de 3 mil pesos a la quincena, que mantiene a la fecha, sin haber podido acceder a una nivelación salarial.
A pesar de las circunstancias, reconoció que las autoridades del IMSS-Bienestar recibieron a los trabajadores y les permitieron que algunos verificaran si el gobierno estatal envió su información para la asignación de plaza, “pero no han podido ser todos, entonces, todavía quedan muchos que no saben si están o no están y que por la precariedad de lo que ganan es imposible que se puedan trasladar” a Ciudad de México.
Mientras que la titular de la Secretaría de Salud en Guerrero, Aidé Ibarez Castro, “siempre nos ha abierto las puertas, siempre nos ha atendido y ha hecho todo lo que a sus funciones le corresponde; sin embargo, la imagen de la secretaria de Salud ha sido opacada por personajes como el subsecretario de Finanzas, Humberto Soto”.
El contralor interno también afirmó que el subdirector de Recursos Humanos, Moisés Abraham Arenas Mosso, ha ignorado oficios en los que Aidé Ibarez indica que los trabajadores deben ser atendidos; mientras que el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Jesús Ulises Adame Reyna, y el jefe de Recursos Humanos, Carlos Rosas Ahuejote, tampoco han atendido los casos del personal que accedió a una plaza, pero aún no reciben su nombramiento.
Sobre la protesta que se realizó el martes en Ciudad de México, dijo que los trabajadores estaban molestos porque en Guerrero se corrió el rumor de que la segunda etapa de asignación de plazas ya había concluido y sólo para el personal contratado durante la pandemia.
No obstante, el director de la Coordinación de Recursos Humanos y Regularización de Personal del IMSS-Bienestar, Héctor Guadalupe González Contreras, y el titular de la División de Relaciones Laborales, Juan Carlos Martínez Robles, informaron a los manifestantes que la segunda etapa de asignación de plazas no ha iniciado, “nos pidieron que fuéramos pacientes”.
Dijo que las autoridades federales les indicaron que debían revisar su estatus de contratación con la Secretaría de Salud estatal, por lo que los trabajadores buscarán una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. La próxima manifestación nacional será el 13 de septiembre, en Ciudad de México.
Un policía municipal, que no dio su nombre por temor a represalias, se quejó de que a los agentes que tienen incapacidad permanente no les dieron el bono del Día del Padre de mil 800 pesos, que sí se les entregó a los policías activos.
En declaraciones por teléfono, el policía municipal sostuvo que son 80 agentes que no recibieron el beneficio. Dijo que el dinero fue entregado el sábado pasado.
“Los compañeros quieren manifestarse por esa razón, pero tienen miedo a las represalias”, declaró.
Manifestó que el policía municipal con incapacidad permanente, “primero te bajan el sueldo base y luego te quitan todas las prestaciones”.
Declaró que los policías con incapacidad permanente contaban con el apoyo económico para comprar medicinas o pagar consultas en hospitales privados.
Indicó que los policías municipales, “no es que no quieran trabajar, pero sí se les dio el documento, fue por un médico profesional, porque la mayoría se van por enfermedad o heridas tras enfrentamiento con delincuentes”.
“No es posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el dinero era parejo, es un dinero que manda la federación”, puntualizó.
Añadió que cualquier apoyo que llega a la Secretaría de Seguridad Pública municipal, “le dan a los activos nada más, y excluyen a los de la incapacidad permanente”.
Ejemplificó que el ex el secretario de Seguridad Pública municipal, Luis Enrique Vázquez, después del huracán Otis, “no se incluyó a los policías con incapacidad permanente, siendo que algunos perdieron sus muletas o sillas de ruedas”.
Agregó que también los agentes auxiliares del gobierno del estado están en la misma situación por falta del bono del Día del Padre, “todos me dicen que la gobernadora, es una miserable, no es posible que ni para un pollo”. (Argenis Salmerón).
Los secretarios de las secciones 19, 24, 35 y 56 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) firmaron con la alcaldesa Abelina López Rodríguez el pliego petitorio de este año, en el que se acuerda un aumento salarial de 4.4, y otros beneficios a trabajadores sindicalizados.
El pasado jueves 4 de abril los líderes sindicales encabezados por la secretaria general del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, fueron recibidos en la sala de Cabildo por la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, y el secretario General del Ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor.
Algunos de los puntos acordados entre el sindicato y el gobierno son el aumento en el bono del Día del Burócrata, en el apoyo que se otorga con motivo del Día de la Madre, Padre, además que el pago del aguinaldo será en una sola exhibición, habrá recategorización de trabajadores y se respetará la plaza de base por defunción.
La secretaria general de la sección 56 del SUSPEG, Emma Torres Cárdenas, en su cuenta oficial de Facebook escribió ese día “agradecemos y reconocemos a la presidenta municipal por el respeto mostrado a nuestros derechos y conquistas sindicales, que benefician a la base trabajadora”.
El secretario de la sección 19, Humberto Piza Pérez, que integra sobre todo a trabajadores de Saneamiento Básico, escribió que la firma del pliego fue un “éxito”, mientras que la líder de la sección 24, Marcela Meza Pastrana, indicó que esta firma es en beneficio de los trabajadores.
De los beneficios a favor de los trabajadores sindicalizados, está que el apoyo de útiles escolares incrementó 200 pesos más, de mil a mil 200, el cual se pagará en la primera quincena de agosto, además de un aumento en las becas para los hijos de trabajadores, ocho para los del Municipio y cuatro para el DIF.
Habrá también recategorizaciones, 25 para el Ayuntamiento y siete para el DIF, nivelación salarial cuatro para los del municipio y dos para los que pertenecen al DIF, el bono del servidor público de 2 mil 400 a 2 mil 500 y se pagará en la segunda quincena de agosto. Además de que el Ayuntamiento apoyará con recursos para las celebraciones del Día del Niño, la Madre y del Padre.
Ayer la secretaria de la sección 56, Emma Torres Cárdenas, en las instalaciones del Palacio Municipal del Centro se reunió con los trabajadores agremiados a esa sección y les dio a conocer los acuerdos que se obtuvieron con la firma del pliego de peticiones del ejercicio fiscal 2024.
Durante su mensaje dijo que el Ayuntamiento otorgará un apoyo económico igual que el año pasado para el deporte, el bono de discapacitado es de mil 800 y se pagará en la primera quincena de diciembre, a las mujeres se les otorgará el 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer. Además, dijo que se “va a continuar respetando la plaza de base que deje el trabajador por fallecimiento, jubilación, pensión, renuncia voluntaria y en caso de no tener familiar directo el sindicato propone”.
“La plaza de base es un patrimonio, aunque no tenga un familiar, pueden dejar un sobrino, pero es para que no se pierda ese beneficio”, dijo la secretaria, que mencionó que en el caso del aguinaldo se comprometen a pagarlo en una sola exhibición en beneficio de los trabajadores sindicalizados; y sobre el caso de la devolución del SAT dijo que ya solicitaron al gobierno que se haga ese trámite, pero que también les indicaron que el gobierno federal informó que no aplica a las instituciones de gobierno.
La secretaria general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Angélica Beatriz Radilla Alarcón, informó que los docentes estatales trabajarán con los libros de texto gratuito y seguirán el programa que marca la Nueva Escuela Mexicana.
En declaraciones telefónicas, la dirigente sindical de la sección que aglutina a los maestros estatales en Acapulco, indicó que siguen insistiendo en el descongelamiento de plazas y las recategorizaciones para los docentes que cubren otras funciones, que en su salario no se ven reflejadas.
A Radilla Alarcón se le preguntó sobre si estos maestros van a trabajar con los libros de texto que ha enviado el gobierno federal y respondió que sí.
Añadió: “En las 200 escuelas estatales están trabajando con los libros de texto. Son alrededor de mil 400 docentes estatales que aglutina la sección y están trabajando de manera cumplida, con lo que está calenderizado y estrategicamente planeado por la Secretaría de Educación, por lo que se están utilizando los libros que ya han llegado a la mayoría de las escuelas desde la semana pasada”.
Dijo que no se ha reportado ninguna incidencia hasta el momento y sobre la postura de los libros, luego de la controversia que se ha generado sobre si los usan o no, donde organizaciones de padres han metido amparos para evitar su distribución, respondió que los maestros están de acuerdo con trabajar usando los nuevos programas y las autoridades educativas ya tienen conocimiento.
Sobre si ya revisaron los libros de texto, manifestó que sí, que “se han revisado a grosso modo y trata puntos que de alguna manera estamos viviendo como sociedad en la actualidad, en donde son problemáticas que el niño debe afrontar, son situaciones que el niño en realidad las vive día con día. Esto también depende el dogma de cada maestro, de cómo toque el tema, porque pueden ser temas muy complejos y hay quienes no tienen la veracidad de poderlo tratar en esa virtud, y hay quien sí, pero depende del criterio de cada profesor. Pero hasta ahorita, todos están de acuerdo con trabajar usando los libros de texto gratuito”.
A Radilla Alarcón se le preguntó sobre si siguen las pláticas con el gobierno estatal para el descogelamiento de las plazas de docentes y dijo que en esa situación están de exigir el descogelamiento de las mismas y la atención para los trabajadores, que tienen una responsabilidad frente a grupo, sean tomados en cuenta con una recategorización porque tienen más de 15 años en apoyo de esa situación y se busca que se les favorezca.
Recordó la dirigente sindical que apenas se logró que se les diera una compensación y se está esperando que pronto haya recategorizaciones.
Se le preguntó sobre el inicio del ciclo escolar y como cuántos maestros faltan. Respondió que hay ausencias y necesidades en las escuelas, sin embargo, “estamos cubriendo esas necesidades, en conjunto con los servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca”.
Profesores de prepas populares se manifiestan en la entrada principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, para exigir los pagos de julio y agosto, que se adeudan a mil 30 maestros de este sistema educativo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Por la falta de pago de su salario, maestros de preparatorias populares adheridas a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) protestaron en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
Unos 30 manifestantes con pancartas pidieron al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, el pago del salario correspondiente a julio y agosto, para mil 30 maestros de todo el estado.
Ante la llegada de los inconformes, los encargados de la puerta cerraron uno de los accesos principales, para evitar que los docentes ingresaran, pero se podía entrar por la puerta trasera.
Por la mañana, en conferencia de prensa en el edificio de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), organización por la que son respaldados, informaron que también exigen al gobierno estatal su reconocimiento oficial.
La representante de la Coordinadora Estatal de Preparatorias Populares, Julia Suárez Martínez, indicó que “los maestros hacemos un llamado” a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque ha incumplido con la minuta de acuerdos que firmaron.
Manifestó que la SEG acordó realizar un diagnóstico de las preparatorias populares y enviarlo a la federación, para que sean reconocidas oficialmente, pero las autoridades educativas sólo les dicen que no hay dinero para hacerlo.
La dirigente manifestó que este año las preparatorias recibieron un aumento en su presupuesto, pero no ha sido recibido, tampoco el pago de sus quincenas correspondientes a julio y agosto.
“En días pasados fuimos relegados de la capacitación docente que recibieron los trabajadores del sector educativo, antes del inicio del ciclo escolar 2023-2024, porque no estamos reconocidos de manera oficial por parte del gobierno estatal”, destacó Suárez Martínez.
Precisó que si son reconocidos oficialmente, 12 mil 500 alumnos serían beneficiados, porque tendría mejor infraestructura y los docentes tendría el pago de su salario y prestaciones.
Los manifestantes adelantaron que en los próximos días se movilizarán, que harán un llamado a los padres de familia y a los alumnos para que los apoyen. Hicieron responsables a las autoridades estatales si algo les llega a pasar en las próximas protestas que realizarán.
A las 5 de la tarde, los docentes se retiraron de las Oficinas del Poder Ejecutivo, luego de que una comisión fue atendida por las autoridades estatales.
El vocero de los docentes de las secundarias técnicas de la zona escolar 11, Marcos Jaimes Ríos, dijo que no permitirán que se toque el salario de los trabajadores por parte de las autoridades educativas.
Indicó que han estado atendiendo de forma semanal a los alumnos, con actividades de trabajo, y aunque no es la forma ideal “semanalmente estamos con ellos, entregamos actividades, revisamos. Estamos dentro de la escuela, pero estamos preparando las guías de la otra semana y revisando los trabajos”.
El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, indicó que se analiza si se aplican sanciones a los docentes de las secundarias técnicas, que llevan casi seis semanas en paro, pues “queremos llegar a un acuerdo con ellos, respetar los acuerdos con la federación, de que haya clases para los niños”.
El vocero de los docentes en paro dijo sobre lo dicho por Marcial Rodríguez, de que el acuerdo en la reunión de abril fue que ellos iban a regresar a clases. que “eso es lo que dicen ellos, pero eso nunca se acordó. Quedamos que en la segunda reunión de la federación y el estado (con los docentes) ya iban a traer el resolutivo”.
Señaló que ellos puntualmente enviaron la información que pidió la SEP, en los formatos que les mandaron, y ellos iban a decir lo que procede, lo que tienen que esperarse, los procesos, y lo que no se cumple. Agregó que iban a dar la respuesta en una segunda reunión, juntos, federación y estado, “entonces, ya nosotros volvíamos porque la federación se comprometió a señalar lo que no salía y tenía que seguir haciendo el proceso, nos iban asesorar”.
Añadió el docente que es la autoridad estatal la que no ha programado esa segunda reunión “en cuando se haga esa reunión, ya se valora el regreso. No estamos en desacuerdo con eso, pero ellos están diciendo eso, lo toman como una verdad y ya lo han estado mediatizando y no es así”. (Karina Contreras).
Maestros de telebachillerato comunitario externaron su rechazo al nuevo tabulador de sueldos, impuesto por el gobierno estatal, el cual les afectará con una reducción a su salario.
La mañana de este lunes, unos 30 docentes provenientes de las distintas regiones del estado, se reunieron en el parque hundido de la alameda Granados Maldonado, para llegar acuerdos sobre su plan de acción.
La maestra del telebachillerato de La Pintada, en el municipio de Atoyac, Sandra Castro Nogueda, informó que son 900 maestros afectados y que laboran en 315 planteles, dependientes de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Indicó que pertenecen al grupo Bloque Guerrero, quienes están en contra de la disminución de su salario, que pretende hacer el Instituto de Bachilleratos de Guerrero.
Castro Nogueda precisó que el nuevo tabulador se presentó como parte de una disposición federal para el estado, “como una propuesta, que según ellos se emite de acuerdo con la situación presupuestal del estado de Guerrero”.
Manifestó: “Somos los maestros que menos ganamos, el sueldo es muy reducido y ahora lo quieren bajar más”.
La maestra dijo que la reducción implica que les descontarán 600 pesos a maestros que laboran 20 horas. Dijo que un trabajador con 20 horas gana alrededor de 5 mil 400 pesos quincenales.
Los manifestantes acordaron que en el transcurso de la semana valorarán qué día acudirán a Ciudad de México, para dar a conocer su inconformidad con el gobierno federal. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
