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Omite datos de homicidios el encargado de la SSP en su informe al Cabildo

Jacob Morales Antonio

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, en su informe de seguridad en el Cabildo de Acapulco omitió los datos de homicidios ocurridos en el municipio, y presentó datos donde se muestra una tendencia a la alza de los delitos comunes.
Vázquez Rodríguez informó que durante febrero se atendieron por parte de la Policía Municipal 60 incidencias diarias, y en las gráficas que se proyectaron se informó que hubo aumento en el robo de vehículos como motocicletas y automóviles que pasó de 56 en enero a 69 en febrero.
Las colonias donde más robos ocurrieron fueron en Ciudad Renacimiento, Progreso, Alianza Popular, Emiliano Zapata, Farallón, Centro y La Poza, pero el jefe de la Policía Municipal matizó al indicar que la mayoría de los robos son sin violencia y de autos estacionados de modelos pasados.
También aumentaron los robos a transeúntes que pasaron de 11 en enero a 17 en febrero, los robos a casa habitación pasaron de tres en enero a seis en febrero, y los robos a comercio pasaron de 14 a 25 de enero a febrero. El jefe de la policía volvió a matizar al afirmar que Acapulco en el país ocupa los últimos lugares en estos delitos.
Informó que del programa de transporte seguro con las revisiones que hacen los policías en los camiones urbanos se lograron detener a 127 personas. Además se detuvieron a 137 personas por cometer faltas administrativas y uno por portación de arma y otro por robo a casa habitación.
Mientras la Policía Rural detuvo a cuatro personas, entre estos un feminicida en los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Mientras que la Dirección de Policía Turística atendió 290 incidencias con cuatro detenciones por faltas administrativas.
La Policía Vial aplicó mil 463 infracciones y 99 traslados por grúas, además detuvo a dos personas por tirar basura. Por otra parte se hicieron 4 mil 219 infracciones digitales.
Informó que la dependencia tuvo ingresos en febrero por 2 millones 819 mil pesos, 683 mil pesos más que enero. Indicó que la dependencia va a iniciar una campaña para quitar el polarizado en los automóviles porque muchos de los vehículos utilizados por la delincuencia tienen esa característica.
El encargado de despacho informó que el número 911 ópera con limitaciones. Además dijo que de las 600 cámaras que se tienen por parte del municipio. Hay un avance de la colocación del 95 por ciento, además de que el centro de operaciones del C4 está por concluir y se espera que para el 1 de abril esté en funcionamiento.
En su intervención el encargado de despacho no hizo ninguna mención de la detención ilegal del reportero de esta casa editorial, Daniel Velázquez, en una de las operacions hechas al transporte público por parte de la Policía Municipal el 7 de marzo.

 

Los feminicidios son ya un problema de salud pública, advierte Marina Reyna

Ante el incremento de las muertes de mujeres en la entidad, la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, denunció que los feminicidios en Guerrero son un problema de derechos humanos, de salud pública, de justicia y un problema de carácter social.
Señaló que el problema persiste, no obstante que entre varias acciones hay una ley general y otra ley local de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que se decretó una Alerta de Violencia de Género en Guerrero y se diseñó un programa de atención para el seguimiento de la declaratoria.
En lo que del año se ha documentado 94 casos de homicidios dolosos contra mujeres, con presunción de feminicidio.
“A las mujeres las siguen matando y se observa que hay impunidad ante estos graves hechos, que hay una ausencia de la reparación integral del daño para ellas y su familia, principalmente, para sus hijas e hijos menores de edad, a quienes se les trunca de manera violenta todo su proyecto de vida, su bienestar y desarrollo integral, al que todo niño y niña tienen derecho”.
La activista fue consultada sobre la última racha de asesinatos de mujeres, donde el viernes hubo dos casos en Tlapa: una mujer muerta en un hospital tras ser agredida en su domicilio, y otra hallada en la carretera dentro de un bolsa; así como la ejecución de una mujer en Chilpancingo, en una calle céntrica de la ciudad, y el asesinato de una mujer más en Acapulco.
Recordó que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Guerrero, emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, dice que de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se debe diseñar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios.
También establece que, para estos efectos, se deberán considerar los estándares básicos en materia de reparación del daño, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como lo establecido en la Ley General de Víctimas y la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guerrero.
En este mismo sentido, dijo que la Ley 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su artículo 14, señala que las medidas de reparación integral serán las de restitución, rehabilitación, compensación y no repetición de hechos, entre otras.
Pero en 2018 se han contabilizado 94 casos documentados de homicidios dolosos contra mujeres, con presunción de feminicidio, “mujeres que en su mayoría se encontraba en edad reproductiva y muchas de ellas tenían hijos. En este sentido, una vez iniciada la carpeta de investigación de los casos, debería estarse dando seguimiento por las autoridades competentes. Pues no hay un seguimiento puntual, ni una articulación interinstitucional para dar atención integral a las hijas e hijos de víctimas de esto casos. Lo cual deja a los menores de edad en total desamparo, riesgo e indefensión”.
Destacó el caso de la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, de 25 años de edad, asesinada por su pareja en Taxco en enero, que dejó a dos menores, uno de seis y una niña de cuatro años de edad. De Gladis, de 30 años, asesinada en febrero de este año por su pareja en Tlalchapa, quien dejó a una bebé de ocho meses.

 

Cancela STAUAG su emplazamiento a huelga; acepta el 3.4 por ciento de aumento al salario

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) canceló su emplazamiento a huelga, previsto para el 12 de febrero, y aprobó la realización de giras regionales con integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, para informar a los universitarios sobre las iniciativas de reformas que propusieron PRI y PRD en el Congreso de la Unión, contra los derechos de los trabajadores.
Por mayoría de votos, el Consejo General de Huelga aceptó anular el emplazamiento con el acuerdo de 3.4 por ciento de aumento directo al salario, que propuso la Rectoría; la autorización de 140 recategorizaciones, de 270 solicitudes, y la firma de minutas con la administración central sobre la nivelación salarial, los 90 días de aguinaldo, y el compromiso de seguir gestionado recursos para el pago de la antigüedad real.
Se informó que había un monto de 70 millones de pesos para cubrir el pago de la antigüedad de trabajadores, y que se priorizará a aquellos que tengan problemas graves de salud. Mencionaron que había diez casos de atención urgente.
Un integrante de la dirigencia sindical reconoció que el STAUAG no tiene una lista de los trabajadores que tienen pocos o muchos años sin reconocimiento de antigüedad ante el ISSSTE, para hacer un planteamiento global, “porque no existe en este momento un programa para sanear la plantilla laboral”.
Aceptó que falta certeza sobre el número de afectados, el monto que se necesita para seguir exigiendo el reconocimiento de la antigüedad real y una posición institucional, para acudir a la instancia correspondiente a pedir los fondos necesarios, pues “el sindicato maneja unos datos, y la administración otros”.
Uno de los delegados mencionó que según datos de la administración, se requieren alrededor de 700 millones de pesos para cubrir la antigüedad real en un solo pago, y 800 millones en indemnizaciones para 350 personas en condiciones de jubilarse. También se reconoció que la universidad perdió la mística de la movilización, para exigir el cumplimiento de sus demandas.
En octubre pasado, el STAUAG entregó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 671 demandas laborales en el emplazamiento a huelga. Entre otras, el reconocimiento de la antigüedad real para 12 trabajadores, de más de 800 que esperan acceder a este beneficio.
Entre otros, el secretario general, Ofelio Martínez Llanes, destacó que en el emplazamiento de huelga se aprobó 78 por ciento de incremento de horas y cien por ciento de basificaciones, pero no informó a cuántos trabajadores corresponden.
El delgado Román Zúniga recriminó que hay un desfase de 4.3 del incremento en la UAG con el del Sindicato de Trabajadores la UNAM (STUNAM), que ha sido el referente para todas las universidades del país. En el siguiente tema, planteó que el Consejo General de Representantes (transformado después de la cancelación de la huelga), hiciera un pronunciamiento contra las iniciativas de reforma contra los trabajadores en el Congreso.
El integrante del CEE, David Molina, aceptó que no conocen la iniciativa, ni la han discutido, pero que “que el CGR no está de acuerdo en aplaudir una iniciativa que lastima o que lesione los derechos de los trabajadores de este país. El problema lo debemos llevar a todas las regiones, informarles que se viene una nueva embestida del gobierno federal y en la próxima elección, ahí, deben de fijar bien su apoyo, con quién van”.
En el auditorio hicieron referencia a Andrés Manel Lopez Obrador con la frase, de “ya saben quien”. El dirigente aclaró que los universitarios están en diferentes frentes, y unos con el PRI. Añadió que van a tomar el tema con mucha responsabilidad. Coincidieron con él otros integrantes del CEE, que plantearon elaborar un plan de acción donde se exprese esta inconformidad.

“Falsos e inexactos” los datos que presentó Beatriz Mojica, responde Héctor Apreza

 

El secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, calificó como “falsos e inexactos” los datos del presupuesto de egresos del estado en los que se basó la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Beatriz Mojica Morga para criticar al gobierno de Héctor Astudillo Flores.
El funcionario estatal admitió que sí hay un aumento en el presupuesto en seguridad pública, no así en el del Ejecutivo estatal, y consideró que quienes le dieron la información a la perredista la engañaron. Dijo que sería “fabuloso” que Mojica explicara dónde quedaron los recursos del Fondo de Infraestructural Social Estatal, que le tocó ejecutar a ella como secretaria.
En llamada telefónica, el secretario de Finanzas precisó que el presupuesto asignado al poder ejecutivo este año es de 29 mil 973 millones, 333 millones, 1.1 por ciento menos a lo que tuvo en 2016, que fue de 30 mil 305 millones de pesos.
Por lo que indicó que quien le haya dado la información a Mojica Morga “la sorprendió y le puso datos falsos”. Expuso que han llegado este año recursos extraordinarios por 408 millones de pesos, los que se han utilizado para pagar plazas magisteriales.
“Es evidente que ella no tiene los datos correctos y que al hacer este tipo de afirmaciones miente rotundamente, y sin duda sus asesores o quien le haya integrado la información la sorprendió y la hizo declarar cosas o información falsa”, dijo Apreza Patrón.
El funcionario estatal admitió que aumentó el presupuesto para seguridad pública, el cual dijo es de 2 mil millones de pesos, lo que justificó con el incremento de operativos, los viáticos para los mismos, mejores salarios para los policías y prestaciones a los servidores públicos que cumplen con funciones policiacas. Además, indicó que del 12.8 por ciento del aumento, el aumento real fue del 6 por ciento porque el factor inflacionario es de alrededor del 6.3 por ciento.
Apreza Patrón enfatizó que se están concentrando los “escasos recursos” en “áreas sustantivas”, como educación, salud y seguridad pública. Admitió que hubo una reducción en turismo, cultura y obras públicas; sin embargo, “recordarle a la secretaria general del PRD que en este gobierno se están haciendo más acciones con menos recursos”.
En respuesta a la crítica de Mojica Morga del aumento del presupuesto del Ejecutivo, el que dijo que fue de 49 por ciento, el secretario de Finanzas respondió:
“Lo que sí es cierto es que dio datos falsos en materia de presupuesto del Poder Ejecuti-vo, en materia de seguridad”, enfatizó el secretario, quien se limitó a decir que le toca hablar de la parte presupuestal, cuando se le preguntó si había un aumento la cifra destinada para seguridad porque no impactaban en la disminución de hechos de violencia e inseguridad.
Insistió en que el presupuesto del Ejecutivo no creció y que Mojica Morga al “empezar mal ahí, lo demás lo hizo con datos falsos”. Y contraatacó: “Ojalá, sería extraordinario, fabuloso que pudiera aclarar dónde quedaron los recursos cuando misteriosamente se quemaron los datos del Fondo de Infraestructura Social estatal y que le tocaba ejecutar a ella, porque extrañamente se quemaron las oficinas de Sedesol, donde estaba la información”.

No son públicos los datos solicitados al CEE, responde el tesorero del PRD

 
El secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Mario Ruiz Valencia, afirmó que los datos que dos integrantes de la dirigencia solicitaron no son públicos, como los nombres de los trabajadores del partido y que ese es el motivo por el que no lo acusan de negar la información.
Miembros de Coduc solicitaron desde mayo al dirigente Celestino Cesáreo Guzmán y a Ruiz Valencia información financiera del partido, principalmente de la nómina.
Consultado sobre el tema, el dirigente perredista dijo que “ese asunto está más transparente que nada”. Comentó que su instrucción fue que se proporcionara la información solicitada y si hay alguna duda en ese sentido, pidió que se aclare con los integrantes de la comisión de transparencia (de la que él es integrante).
Por su parte, Mario Ruiz comentó que la información que entregaron a Iveth Díaz Bahena y Concepción Luna Ortiz es la que la ley permite y afirmó que por eso no fueron sujetos a ninguna observación o sanción del Itaig.
Pero la respuesta fue limitada, ya que sólo informó de algunas categorías de trabajadores y los salarios, pero no detalla quiénes son los que reciben esos sueldos.
Pero comentó que en una segunda solicitud, las integrantes del CEE volvieron a solicitar la información, pero dijo que “la ley protege datos personales de hombres y mujeres, entonces nosotros lo que entregamos en la primer solicitud es lo que solicitaron y que la ley prevé que puede ser de materia pública”.
Pero adelantó que como la solicitud es similar y piden los nombres de los que cobran en el partido, “las vamos a volver a cumplir siempre apegados a la ley, no podemos poner en riesgo absolutamente a nadie”.
Insistió que mientras esté dentro de la ley no negarán la información, pero en este caso dijo que los nombres de las personas que tienen un sueldo dentro del PRD no lo proporcionarán, porque pueden ser sancionados.