Ciudadanos abordan patrullas de la Policía Municipal que los llevarían a Las Cruces ante la falta de transporte público la tarde-noche de ayer Foto: Jesús Trigo
Redacción
Desde la mañana y hasta la noche el servicio de transporte público fue suspendido ayer en distintos puntos de la ciudad por amenazas del crimen organizado.
En las diferentes paradas del transporte público como la calzada Pie de la Cuesta, avenida Cuauhtémoc, Costera, Ruiz Cortines, Ejido, Constituyentes, la carretera federal México-Acapulco usuarios esperaron el transporte de su ruta durante todo el día.
De acuerdo con la información recabada, la falta de transporte en las diferentes rutas de Acapulco se debe a las amenazas del crimen organizado.
Una fuente fidedigna aseguró que estuvo circulando un audio en WhatsApp, que advirtió que no querían ver a los choferes de todas las modalidades trabajando, porque si no los iban a matar o quemar los vehículos.
No hubo servicio de camionetas Urvan, taxis colectivos, rutas alimentadoras y camiones urbanos que llegan al Mercado Central.
El transporte público de las diferentes modalidades que llevan de la zona poniente, anfiteatro de la ciudad y la zona suburbana al centro se paralizó.
Las rutas de todas las modalidades que suspendieron el servicio en la zona poniente son de las colonias Pedregoso, San Isidro, Pie de la Cuesta, las tres secciones de la Jardín, Ex Campo de Tiro y el fraccionamiento Mozimba.
Por otra parte la ruta de camionetas Urvan Potrerillo-Caleta, Antorcha Revolucionaria-Caleta, estuvieron sin servicio todo el día.
Además no trabajaron las rutas de camionetas Urvan de la calle 13 y las camionetas Urvan de las rutas Caleta-Fovissste; así como las de Infonavit-Alta Progreso-Caleta y los camiones de las rutas Hospital-Caleta-Y griega.
También no hubo camiones de las rutas Hospital-Vacacional; Hospital-Zapata; Hospital-Renacimiento.
Tampoco hubo servicio de las rutas de taxis colectivos de las rutas Renacimiento, Zapata, Sector 6, La Venta y Casas Palenque.
Asimismo los camiones de aire acondicionado de la ruta Costera-Caleta, Costera-Colosio y Costera-Coloso suspendieron el servicio por la inseguridad.
Los camiones amarillos con aire acondicionado trabajaron de manera normal su ruta por la zona turística.
En las paradas del transporte público más concurridas había largas filas de usuarios esperando los vehículos de las diferentes modalidades.
Después de las 11 de la mañana, una patrulla de la Policía Municipal transportó a las personas del bulevar Vicente Guerrero hasta la colonia Centro.
Otras personas propietarias de transporte privado como camionetas, subieron a las personas para llevarlas a su destino de manera gratuita.
En la noche ya no había choferes de taxi azul con blanco en la diferentes vialidades de la ciudad ante el temor por las amenazas del crimen organizado.
Se supo que los pocos taxis colectivos que trabajaron en la tarde-noche cobraron de 70 a 100 pesos por la falta de transporte público.
Mientras que las rutas de Barra Vieja, Aeropuerto-Puerto Marqués, camionetas de pasajeros trabajaron de manera normal hasta la tarde; en la noche ya no había servicio.
El miércoles, el hermano de un líder transportista de camiones urbanos fue asesinado a balazos en la avenida Constituyentes, afuera de una refaccionaría de automóviles.
El domingo y el martes pasado fueron quemadas dos camionetas Urvan del transporte público en el fraccionamiento Las Playas, en la avenida Adolfo López Mateos, frente al módulo de la Policía Municipal en Caleta-Caletilla.
El lunes, unos 20 choferes de la ruta alimentadora Bicentenario bloquearon de manera intermitente la avenida Cuauhtémoc para exigir seguridad al gobierno.
Cierran negocios y algunas escuelas suspenderán clases hoy
Ante la falta de transporte que se vivió ayer en Acapulco, varios establecimientos cerraron antes de su hora normal y, ante rumores, la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) informó que hay clases de manera regular.
La tienda Aurrerá de la colonia Sinaí cerró ayer a las 6 de la tarde, cuando lo hace a las 9 de la noche. La tienda Soriana de Vista Alegre también cerró antes de su horario normal.
La farmacia Guadalajara de Costera cerró una hora antes de su horario normal de las 10 de la noche y la tienda Coppel a las 5 de la tarde, tres horas antes de su horario habitual.
Farmacias Similares cerró a las 6 de la tarde, tres horas antes de su horario normal.
Algunas tiendas del centro también bajaron cortinas antes de su horario acostumbrado. Una tienda de artículos de plástico cerró a las 4 de la tarde cuando el horario es hasta las 5 de la tarde.
El Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gossens anunció que suspenderá clases este viernes por “los acontecimientos suscitados en las últimas horas” en Acapulco y por “la incertidumbre que generan las dificultades de vialidad que pudieran presentarse”. De igual forma el Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios 41 también anunció suspensión de clases.
A las 10 de la noche la SEG informó que este viernes las actividades académicas y administrativas se harán “de manera regular” en todas las escuelas públicas y privadas en ambos turnos de Acapulco, salvo en los planteles que representen algún riesgo por las afectaciones del huracán Otis.
La Policía Estatal informó que desplegó un operativo de seguridad y vigilancia de unos 80 policías con recorridos en distintos puntos de Acapulco como apoyo a las acciones de materia de prevención del delito que hace en la ciudad en coordinación con agentes de la Guardia Nacional y fuerzas armadas.
El subsecretario de Operación Policíal de la Secretaría de Seguridad Pública, el comisario José Alejandro Rangel Sánchez; el delegado regional de Transportes, Juan Manuel Castillo, y el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, Randy Suástegui, recorrieron por la noche algunas calles de la ciudad para constatar la operación desplegada por las dependencias de seguridad.
Talleres de hojalatería y pintura automotriz están saturados, por los trabajos de reparación de vehículos dañados por el impacto del huracán Otis, aseguraron dueños de los negocios en las colonias Centro, Progreso y Hogar Moderno.
Incluso, dijeron que hay casos en que programan el servicio de reparación de los vehículos para dentro de un mes o dos meses, debido a la demanda.
Coincidieron en que no hay precios elevados por el paso del fenómeno natural, pues que la reparación más cara oscila de 20 a 30 mil pesos.
El dueño de un taller de hojalateria pintura y en la colonia Hogar Moderno, Raymundo Vargas Salomón, manifestó que su negocio está saturado de automóviles dañados por el impacto de Otis.
Indicó que hay casos en que se programan a uno o dos meses de distancia por la gran de demanda, “los precios son los mismos, solamente que el tiempo no alcanza”.
Agregó que hay reparaciones de automóviles que va de los 20 y 30 mil pesos, “todo depende del daño y la calidad de la pintura”.
Manifestó que él abrió su taller una semana después del huracán, “así que toda la gente se dejó venir y me saturaron”.
El dueño de un taller de hojalatería y pintura en la colonia Progreso, Armado Franco Jaimes, declaró que su negocio está saturado de automóviles dañados por el huracán Otis.
“No tengo ningún espacio. Ya mandé a otros clientes para que vengan en uno a dos meses, porque hay muchos carros en reparación”, puntualizó.
Afirmó que el costo depende del daño y la pintura, “lo mínimo de 5 mil a 30 mil pesos, y son carros que no están asegurados”.
El propietario de otro taller de hojalatería y pintura en la colonia Centro, Juan Bahena Ocampo, aseveró que su establecimiento también está sabrado de trabajo por Otis.
Señaló que todavía no salen los primeros automóviles dañados que llegaron a su taller, “todo depende de la afectación y pintura. El precio de 10 a 30 mil pesos”.
Incluso, dijo que tiene programada la reparación de 10 automóviles en un mes, “hay varios en espera. La mayoría de los carros de Acapulco están dañados en su pintura y otros en pérdida total”.
La caravana Acuérdate de Acapulco a su entrada al Zócalo de la capital del país Foto: Agencia Reforma
Claudia Guerrero y Natalia Vitela / Agencia Reforma
Ciudad de México
La caravana Acuérdate de Acapulco llegó ayer a la Ciudad de México luego de sortear obstáculos para llegar al Zócalo capitalino y demandar al gobierno federal un fondo de 300 mil millones de pesos para la reconstrucción del puerto y de los otros 46 municipios afectados por el huracán Otis.
“Necesitamos que haya un apoyo decidido, porque nuestros paisanos se están muriendo de sed y de hambre. Venimos porque no se quiere asignar absolutamente ni un peso siquiera en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, es lamentable y criminal que se pretenda dejar sin un solo peso a Acapulco y los 46 municipios afectados”, aseguró Ramiro Solorio, enlace de la dirigencia del PAN en Acapulco, y uno de los dirigentes que encabezó la caravana.
Los manifestantes denunciaron que desde que ingresaron a la Ciudad de México con rumbo al Zócalo, al mediodía, les pusieron vallas y que cuando iban pasando por Avenida Reforma quisieron desviarlos, en tanto que ya llegando al Hemiciclo a Juárez hubo un bloqueo total con una grúa y dos camionetas de Tránsito de la Secretaría de Seguridad de la CDMX.
Ante esto, los menos de cien damnificados dejaron sus automóviles sobre Avenida Juárez, frente a Bellas Artes, e ingresaron caminando por la calle de Madero con rumbo al Zócalo. Sin embargo, al final el contingente se arrepintió y decidió no llegar a la plancha.
Los manifestantes se dispersaron para ir a buscar sus vehículos, pues aseguraron que las grúas estaban llevándoselos.
“Quien pregona que hay libertad de expresión y de manifestación se ha demostrado una vez más que es falso”, afirmó Solorio, quien reprochó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya ido a recorrer ninguna colonia de Acapulco.
Solorio aseguró que el gobierno pretende invisibilizar la tragedia que está viviendo en Acapulco, la cual ya alcanza una emergencia sanitaria que quiere minimizarse y que está provocando enfermedades.
Evodio Velázquez, ex alcalde de Acapulco, quien también encabezó la caravana, dijo que ésta fue recibida en la Ciudad de México con patrullas porque quieren intimidarla.
Denunció que no se le ha dado de comer ni a la mitad de las familias de Acapulco y que no hay todavía luz en la totalidad el puerto ni agua potable, además de que las calles y carreteras están aún destruidas.
“Se va a agudizar la violencia, la inseguridad” advirtió.
Los manifestantes regresaron alrededor de las 7 de la noche a la plancha del Zócalo donde instalaron casas de campaña frente a Palacio Nacional.
Los organizaron informaron que intentarán entregar hoy al presidente un documento en el que se demanda 300 mil millones de pesos para rehabilitar Acapulco.
“Vamos a estar en la mañanera entregando el documento que queríamos entregar hoy (ayer)”, indicó Evodio Velázquez.
“Nuestro planteamiento es serio y responsable”.
Además, tienen previsto acudir al Senado donde serán recibidos a las 9:30 horas por integrantes de la Comisión de Turismo.
“También estamos solicitando en (Cámara de) Diputados que nos puedan atender los diferentes grupos parlamentarios”, indicó. (Con información de Juan Luis Altamirano).
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, declaró por unanimidad, “infundados” los agravios expuestos por la secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Guerrero, Ana Lilia Botello Figueroa, contra los ex integrantes del Comité, el ex presidente y actual diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y la ex secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Leovigilda Chávez Hernández por negarse a devolver dos vehículos.
El caso fue llevado a la CNHJ el pasado 13 de abril. La secretaria de Finanzas del CEE de Morena en Guerrero, Ana Lilia Botello, por acuerdo del Consejo Estatal, recurrió a la CNHJ de su partido para denunciar que dos militantes se negaron a devolver los vehículos propiedad del Comité.
El alegato de Botello Figueroa es “que en fecha 14 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la verificación del levantamiento físico del inventario de bienes por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, sin embargo, las personas denunciadas, quienes ostentaron los cargos de presidente y secretaria de Derechos Humanos -ambos del referido Comité-, se han negado a entregar dos vehículos de la marca Nissan, NP300, propiedad del partido”.
El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros rechazó que adeude una camioneta al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero. Dijo que en el periodo en el que estuvo como dirigente del partido en la entidad sólo se contaba con dos vehículos y que cuando dejo la dirigencia hizo entrega a la Secretaría de Finanzas del Comité.
En tanto la ex secretaria de Derechos Humanos Bernarda Leovigilda Chávez, el 14 de marzo de este año sostuvo que mantiene la camioneta en resguardo y esperaría hasta que hubiera una resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre la impugnación que promovió contra la sesión donde se eligió a los actuales dirigentes partidistas, en septiembre de 2022.
En la resolucion del pasado 28 de agosto, publicada en los estrados electrónicos de la Comisión sobre el expediente CNHJ-GRO-067/2023, los comisionados resolvieron: “al no quedar plenamente acreditado que Pablo Ami?lcar Sandoval Ballesteros y Bernarda Leovigilda Cha?vez Herna?ndez tienen bajo su resguardo los vehi?culos marca Nissan es que se declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer por la parte actora”.
La CNHJ sostiene“que la parte actora es omisa en aportar documento alguno en el cual se demuestre que efectivamente los denunciados son los resguardantes de los vehi?culos motivo de la Litis, es decir, documento, alguno en el que los denunciados hayan expresado su voluntad para tener a su resguardo los referidos vehi?culos.
En su defensa, el diputado federal Pablo Ami?lcar Sandoval objetó “las pruebas ofrecidas por la parte actora consistentes en el Acta Administrativa de entrega-recepcio?n del Comite? Ejecutivo Estatal de Guerrero de Morena, relativa al anexo 7, con numeral 4, Vehi?culos, donde se establece que se entregaron los vehi?culos asignados al Comite? Ejecutivo Estatal de Guerrero, sin detallarlos, y en el que se le consigna como resguardante de un vehi?culo que no se individualiza, u?nicamente sen?alando la negativa de entrega”.
En tancho Chávez Hernández no aportó ninguna prueba en su defensa, “toda vez que no dio contestacio?n al recurso de queja instaurado en su contra, a pesar de haber sido debidamente notificada mediante estrados de este o?rgano jurisdiccional el di?a 11 de mayo”.
La resolución esta firmada por los cinco integrantes de la CNHJ: la presidenta Donají Alba Arroyo, la secretaria Ema Eloisa Vivanco Esquide y los comisionados Zazil Citlalli Carreras Ángeles, Alejandro Viedma Velázquez, Vladimir Ríos García.
Los vehículos perdidos
El CEE de Morena en Guerrero alegó que Sandoval Ballesteros no entregó una camioneta Nissan doble cabina, modelo 2016, color blanco con valor de 268 mil 200 pesos y que Chávez Hernández mantiene una camioneta Nissan NP300 doble cabina modelo 2020 color blanco con valor de 353 mil 400 pesos. Y acusó a los ex integrantes del CEE de trasgredir “la declaración de principios de Morena relativas a ‘no robar, no mentir y no traicionar’ derivado de la omision de entregar los vehiculos”.
En el expediente de la Comision también queda de manifiesto que en Morena dos ex integrantes del CEE fueron presuntas víctimas de la delincuencia en el estado, pues reportaron que los vehiculos que les habían asignado les fueron robados. Son los casos del ex presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo, a quien se le entregó en resguardo una camioneta Nissan doble cabina, modelo 2016, color blanco con valor de 268 mil 200 peso, y a Bulmaro Muñiz Olmedo, quien tenía bajo su custodia una camioneta Nissan NP300 doble cabina modelo 2020 color blanco con valor de 353 mil 400 pesos.
Ayer en a tarde, trabajadores inflan las llantas ponchadas de los camiones materialistas con los que bloquearon la circulación de vehículos desde el viernes 28 Foto: Israel Flores
Israel Flores
Ciudad Altamirano
Este lunes por la tarde quedó liberada la circulación en las carreteras de Tierra Caliente, después de 72 horas, en donde los alcaldes de la mayoría de los municipios de la región se sumaron a la protesta en contra de la Fiscalía del Estado.
Aproximadamente a las 5:30 de la tarde se anunció la liberación de las carreteras en todos los puntos donde había cierres.
La apertura de las vías de comunicación ocurrió después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que este martes tendrá una reunión con los presidentes municipales inconformes para sostener un diálogo y tomar acuerdos acerca de sus protestas.
El bloqueo de las carreteras comenzó el pasado viernes aproximadamente a las 3 de la tarde cuando la Fiscalía del Estado ingresó a una bodega en la localidad de Tierra Blanca, perteneciente al municipio de Pungarabato, para sacar unos vehículos y decomisarlos, los cuales una semana antes ya había verificado mediante una inspección en la misma bodega y que de acuerdo un reporte oficial de la Secretaría de seguridad pública eran 30, 25 de ellos de colección y ninguno contaba con reporte de robo.
A partir de ese momento los transportistas comenzaron a tomar las carreteras. Los bloqueos ocurrieron primero en Ciudad Altamirano, bloqueando el puente que va a Coyuca de catalán, el puente que va hacia Michoacán, y en Santa Bárbara, en la entrada del aeropuerto que se convirtió en la base de la policía ministerial y la Guardia Nacional, pues en este lugar metieron bajo resguardo los vehículos decomisados y debido a los bloqueos convirtieron al aeropuerto en su base de acción.
Hubo bloqueos a 2 kilómetros del aeropuerto, sobre la carretera 51 que va a Iguala. También otro en el poblado de Morelita, del municipio de Tlapehuala, y uno más en la cabecera municipal y en la localidad de Poliutla. Cerraron a Arcelia a la altura del cbta y otro más en la glorieta de Zapata. Reportaron un en el crucero de Acapetlahuaya en donde para cerrar los carriles echaron dos camiones de tepetate.
Sobre la carretera 134 también bloquearon en San José municipio de Cutzamala y en el poblado de Tupatarillo. También había sobre la carretera que va hacia Tlalchapa en la localidad de Las Querendas, población de donde es originario el senador Félix Salgado Macedonio. Y un en el pueblo del Chucumpún municipio de Tlalchapa.
En un principio el gobierno del Estado había revelado que este bloqueo era producto de la presión de la delincuencia organizada hacia los transportistas. Unas horas más tarde los alcaldes de cada uno de estos municipios confirmaron que encabezaban las protestas y que incluso formaban parte de los grupos manifestantes que se quedaron a dormir en las calles haciendo guardia las 24 horas durante los tres días.
Estas protestas se sumaron de Cutzamala de Pinzón, Mayté Lucero Arce Jaimes; de Arcelia, Bulmaro Torres; de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Tlapehuala, José Luis Antúnez y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega, de filiación priista. De Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, morenista, además de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; de Coyuca de Catalán Eusebio Echeverría Tabares, perredista.
En el caso de Fredy Vázquez Palacios, se hizo cargo del bloqueo en San José Poliutla con gente de San Miguel Totolapan, y en Ajuchitlán hubo cierres temporales, donde estuvo el presidente Hugo Vega, en las colindancias con Tlapehuala.
Mediante mensajes en video y por escrito, se sumaron los diputados, Elzy Camacho Pineda, Adolfo Torales Catalán, y Reynel Rodríguez Muñoz.
Los presidentes denunciaron que la protesta era contra la policía ministerial por allanamientos de morada que estaba realizando en el municipio de Pungarabato, además por los constantes atropellos a los campesinos en los filtros de revisión, a los transportistas, y por las extorsiones desde los ministerios públicos.
En Santa Bárbara, en la entrada del aeropuerto, los transportistas reportaron al personal de la fiscalía que llegó con 15 patrullas y los ministeriales para abrir paso aventaron los camiones pesados contra los taxis y a otros les poncharon las llantas con navaja. El hecho fue grabado por los mismos taxistas.
También en Tupatarillo municipio de Cutzamala, llegó personal de la Guardia Nacional a intentar abrir con dos patrullas. Rompieron los cristales a los vehículos y con navaja poncharon las llantas. Luego siguieron al puente San José pero debido a que había camiones pesados no pudieron avanzar y regresaron.
En Coyuca de Catalán dos patrullas del Ejército rompieron los cristales de dos autobuses atravesados del lado de Altamirano, luego llegaron a Coyuca donde intentaron mover los taxis y camiones, pero el ex alcalde de Pungarabato y actual tesorero de Coyuca, Daniel Basulto de Nova, los encaró y llamó a la gente a impedir el movimiento de vehículos, y con unas 100 personas los militares se retiraron y regresaron por su camino.
No habían sostenido diálogo con nadie del gobierno del estado hasta este lunes, cuando tuvieron el mensaje de parte de la gobernadora para establecer una mesa de diálogo hasta este martes en las instalaciones del 34 batallón en Altamirano para lo cual pidieron que se abrirán las carreteras.
Cerca de las 6 de la tarde comenzaron abrir todos los bloqueos. Los presidentes municipales anunciaron la liberación de estos espacios informando que el motivo de la apertura es porque habían logrado un acuerdo para mantener el diálogo con el gobierno del Estado acerca de la inconformidad.
El presidente municipal de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría, fue el primero en anunciar que se abría el puente y el retiro del bloqueo. Agradeció a todos los transportistas y dijo que gracias a su colaboración se está logrando un diálogo con el gobierno del Estado.
También el presidente de Pungarabato agradeció la colaboración de los comerciantes y profesionistas que estaban en el bloqueo así como a un grupo de maestros que llegó por la tarde a dar su respaldo al movimiento y dijo qué gracias a la participación de todos se buscará por la vía del diálogo solucionar el conflicto .
También la presidenta municipal de Tlalchapa Amalia Mora dio un mensaje al momento de abrir la circulación y expresó que esperan que surjan cosas buenas y para el municipio de Tlalchapa: “desde aquí le decimos a la gobernadora que el diálogo es lo que siempre debe de prevalecer nosotros, aquí en Tlalchapa estamos buscando lo mejor para la gente y el día de mañana esperamos que esta plática sirva para toda la región y fueron cuatro días aquí pero creo que eso es para el bien de todos nosotros y muchas gracias a todos los sectores”.
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército
De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn
Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Alumnos del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (Csaegro) informaron que esperaban en el transcurso de este martes se presente la notificación de la separación del cargo del director del Centro de Estudios Profesionales (CEP), Rubén Gutiérrez Vargas, a casi dos semanas de iniciado el paro estudiantil y la toma de oficinas en Iguala, Cocula y Tepecoacuilco.
El paro estudiantil, donde participan más de 400 alumnos de las carreras de Fitotecnia y Zootecnia, inició la mañana del 16 de febrero, para exigir las destituciones del director del CEP, ubicado en Cocula, Rubén Gutiérrez, y del director general Régulo Jiménez Guillén, ante presuntos actos de corrupción, desvío de recursos, abandono en la escuela, falta de mantenimiento a instalaciones, maquinaria y vehículos, a lo largo de sus administraciones, de acuerdo con denuncias de los estudiantes.
Este martes por la tarde, una de las voceras del movimiento declaró que esperaban que se hiciera efectivo el anuncio de la separación del cargo del director Gutiérrez Vargas, que les fue informado en la reunión del jueves pasado, con representantes federales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Dijo que esperaban el anuncio oficial por parte del CEP, y la difusión del oficio mediante el cual se haga efectiva su salida.
Indicó que por el lado contrario, de la separación del cargo del director general del Csaegro, no les han dado ninguna información y los funcionarios de la Sader incluso “se han puesto a la defensiva” en favor de Régulo Jiménez y desconocen el motivo.
Recordó que en 2018, Jiménez Guillén llegó como director general interino por diez meses al Csaegro, y luego trascendió que, mediante una convocatoria a discreción, que fue emitida por la institución y allegados a Régulo Jiménez, habría presentado un examen y se quedó en el cargo.
Advirtió de nueva cuenta que no levantarán su paro estudiantil ni liberarán las oficinas tomadas, mientras mantengan en el cargo como director general del Csaegro a Régulo Jiménez.
La alcaldesa Abelina López Rodríguez advirtió a los vacacionistas que Acapulco no es un municipio para venir a hacer y deshacer, por lo que deben respetar los sitios establecidos por el Ayuntamiento para el estacionamiento de vehículos.
Sobre los autobuses estacionados en la avenida Costera, la alcaldesa pidió a los turistas ayudar en respetar los lugares señalados para ello, porque “si no, va a ser un caos la ciudad, tenemos lugares establecidos”.
Recordó que el Cabildo aprobó lugares para el estacionamiento de los autobuses, porque no podrán aparcar donde se les antoje y los agentes viales “tienen que invitar, llevarlos a los conductores de los autobuses y decirles donde están los lugares donde deben estacionarse. Eso nos toca a nosotros, por si ellos no saben cuáles son los lugares”.
“Este no es un lugar libre, en el que puedes hacer y deshacer. Sí, buscamos ayudar al turista, pero también nos tiene que ayudar, porque si no, va a ser una ciudad sin reglas”.
En la sesión de Cabildo del pasado 3 de noviembre, los ediles aprobaron un acuerdo para restringir el estacionamiento de autobuses sobre la Costera. En el texto se especifican 10 espacios sobre vías aledañas a la Costera, para los vehículos de excursionistas que llegan al puerto.
Los lugares autorizados son el Centro de Convenciones de Acapulco, dos tramos de avenida Universidad, Manuel Gómez Morín, Andrés de Urdaneta, Vasco Núñez de Balboa, Adolfo López Mateos, Circunvalación, estacionamiento del hotel El Mirador y calle Quebrada.
Sobre el ataque a una permisionaria de transporte público en el barrio Covadonga, la alcaldesa enfatizó que son dos tipos de incidentes lo que suceden en la vía turística, pues algunos son infracciones porque no respetan las señales de tránsito, “se pasa esto, se pasa lo otro y hay hechos que tienen que ver no conmigo, son de otra índole y los canalizan para allá. El tema de transporte lo maneja Transporte, el tema de infracciones lo manejamos nosotros, pero yo creo que todos tenemos que ir buscando que ese tipo de cosas no tengan que pasar”.
A pregunta sobre el anuncio de sanciones para las camionetas pechugueras que arrojen basura en lugares no permitidos, la alcaldesa sostuvo que sus declaraciones son para “que nadie se haga sorprendido, ‘que no supe, que no me enteré’, lo hemos venido diciendo, diciendo y diciendo”.
Indicó que está en proceso la colocación cámaras de videovigilancia en los sitios que tienen identificados como depósitos de basura clandestinos, “para que nadie nos diga es que no hay pruebas, va a haber pruebas y pruebas suficientes”.
“Todos tenemos que hacer lo que nos corresponde, cada ciudadano, porque solo un gobierno no puede, se requiere de la participación ciudadana para entre todos, cuidemos a Acapulco. Este es el lugar que nos da de comer a todos, entonces hay que cuidar la fuente de trabajo”.
La alcaldesa confió en que esta temporada el puerto estará lleno de visitantes, por las bondades que tiene, como su naturaleza, la comida y la calidez, “que no existe en ningún otro lugar”.
Se dijo contenta porque Acapulco tendrá un buen cierre de año, pues le han reportado que la ocupación hotelera oscila entre el 65 y 70 por ciento.
Agentes federales y ministeriales coludidos con propietarios de dos empresas de grúas de Chilpancingo establecieron una red de complicidad para extorsionar a los automovilistas de la capital y foráneos que vienen a realizar gestiones, las denuncias al respecto han sido de varias víctimas.
Algunos de los que han sido extorsionados explicaron que con el argumento de que el vehículo tiene reporte de robo o de accidente, los agentes solicitan el servicio de las grúas para retirar los vehículos de donde estén estacionados, incluso del interior de estacionamientos comerciales.
Después de las aclaraciones, los propietarios de los vehículos tienen que pagar de 9 a 10 mil pesos para que les liberaren su unidad y 3 mil de éstos corresponden por “comisión” al o a los agentes que pidieron el servicio.
Las denuncias al respecto aumentaron en las últimas dos semanas y algunas de las víctimas han tomado videos en los que se confirma la actuación tanto de agentes de la Policía Federal como de la Ministerial ordenando el retiro de vehículos, aun cuando éstos se encuentran en estacionamientos comerciales.
El viernes pasado, agentes de la Policía Federal de la patrulla 10804, llegaron a la colonia 16 de Septiembre, ubicada al poniente de la capital, de donde se llevaron el vehículo Seat, tipo Córdoba negro.
El propietario contó que los vecinos le dijeron que los agentes llegaron e inspeccionaron el carro y en seguida, vía radio, solicitaron una grúa y la que llegó fue de la empresa Jr’s placas 38-AF -18 en la que comenzaron a subir el Seat.
En eso llegó él y al escuchar el argumento de los agentes les aclaró que es el único dueño del carro, y que lo compró de agencia. El dueño ofreció mostrarles la documentación en regla para comprobarles que la unidad no es robada.
Sin embargo los agentes desatendieron sus argumentos y entonces les dijo que si había alguna irregularidad que en todo caso se lo llevaran detenido a él.
En el video se observa a los agentes federales portando armas largas terciadas en la espalda e ignorando las súplicas del automovilista. A unos 10 metros el vehículo ya se encuentra en la plataforma de la grúa.
El dueño aseguró que los agentes hicieron una llamada al agente del Ministerio Público para avisarle que pondrían a disposición el vehículo por reporte de robo, pero cuando dieron los datos al Ministerio Público les dijeron que no les recibirían la unidad porque no tenía reporte y que no había delito que perseguir, pero los federales ordenaron al conductor de la grúa que se lo llevara al corralón.
El propietario se enteró después que se trata de un “negocio” de los agentes con las empresas de las grúas, pues sólo por el arrastre las tarifas van desde mil 500 hasta 3 mil pesos.
Asimismo, dependiendo el tiempo que permanezca la unidad en el corralón, el cobro total llega a ser hasta de 10 mil pesos, según automovilistas que fueron consultados a la salida de Grúas Alonso y Jr’s de la capital.
Consultados algunos de los trabajadores de las empresas, confirmaron que llegan de 5 a 6 vehículos diario por supuesto reporte de robo pero al final se comprueba que es falso.
El mismo procedimiento utilizaron agentes ministeriales en contra de los integrantes del comisariado de Bienes Comunales de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, encabezados por Miguel Santiago.
Miguel Santiago denunció que el martes pasado acudió a una reunión con el subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, para tratar el conflicto agrario que tienen con Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán.
Informó que los comisarios de varias comunidades dejaron estacionada la Urban en la que llegaron en el estacionamiento de la tienda Soriana ubicada a un costado del Palacio de Gobierno, cuando salieron después de las 4 de la tarde encontraron a agentes ministeriales que subían a una grúa su vehículo.
Los agentes argumentaron que recibieron el reporte de que esa unidad atropelló a una persona en Tixtla y que se la llevarían al corralón en lo que se realizaban las investigaciones.
Entonces se acercaron varios de los comisarios y les dijeron que era mentira, que no había ocurrido ningún accidente y pidieron saber quién estaba presentando la denuncia. Entonces los agentes cambiaron el argumento y dijeron que la Urban tenía reporte de robo.
Cuando los comisarios impidieron que la grúa saliera del estacionamiento, los agentes pidieron refuerzos por radio y enseguida llegaron dos patrullas con más ministeriales y otras dos de policías estatales, sólo así lograron que la grúa saliera con el vehículo.
Los agentes les dijeron a los comisarios que reclamaran su unidad en la Fiscalía, en donde finalmente se las entregaron hasta después de las 4 de la tarde de ayer, aunque por la presión que realizaron no pagaron el arrastre ni el pisaje por el tiempo que estuvo la Urban en el corralón.
Damián Campos Delgado, otro de los automovilistas que recuperó su vehículo el lunes, denunció que estos “abusos” cometidos por elementos de las policías Federal y Ministerial son constantes, “se están llevando los autos a los corralones bajo el pretexto de que son robados, pero es sólo para hacer negocio con los propietarios de las grúas, quienes cobran cantidades que llegan hasta los 10 mil pesos por la recuperación de los vehículos”, denunció.
De acuerdo con las denuncias de los automovilistas los elementos de las corporaciones policiacas actúan en “complicidad” con los propietarios de las grúas porque éstos les entregan comisiones de mil 500 hasta 3 mil pesos por cada vehículo que arrastran las grúas.
“En los últimos meses en Chilpancingo las policías Federal y Ministerial se han dedicado a levantar autos que están en la calle, con el supuesto de que tienen reporte de robo, después llaman a Grúas Alonso o Jr’s, que son las encargadas del arrastre de los vehículos, aseguró Campos Delgado, quien apenas este lunes recuperó su vehículo y pagó 9 mil pesos.
“Este es un verdadero negocio para las policías”, pues solamente ese día acudieron a recuperar sus vehículos cinco automovilistas que, igual que el de él, no tenían reporte de robo, como fue el argumento inicial de la Policía Federal, en algunos casos, y en otros la Ministerial.
Se quejó de que con este procedimiento se está afectando a decenas de automovilistas de Chilpancingo o foráneos por semana, “y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera hay reporte de robo, los autos se los lleva la grúa sólo porque la policía se lo pidió”.
Acusó: “se trata de una red de corrupción que cada día crece y es más común”.
Según los automovilistas, los abusos comenzaron en febrero cuando llegaron los policías federales que vinieron supuestamente a reforzar la seguridad.
Antonio Santana, otro automovilista denunció que en algunas ocasiones los policías han alterado el Registro Público Vehicular (Repuve) para que demuestren mediante computadora el supuesto reporte de robo, “hay veces que te intimidan y te llegan a pedir hasta 50 mil pesos, según la marca del carro, o amenazan con detenerte”, aseguró.
“Estos federales sirven para dos cosas: para asaltar y robar a la población. Yo nunca he visto una acción de prevención de delitos, pero sí los he visto chuleando mujeres”, denunció.
Salvador Tornez, demandó por su parte la intervención del gobernador Héctor Astusillo Flores, “para que se frenen las acciones de estos mañosos que deberían mejor estar buscando a los delincuentes”.
Jorge Guzmán Martínez se quejó de que los policías federales no se dedican a dar seguridad, “ya le agarraron amor al negocio de los carros que no traen placas actuales en contubernio con autoridades y los dueños de las grúas”, denunció.
