El esposo de la alcaldesa de Florencio Villareal (Cruz Grande), Emisel Liosol Molina González, Jesús Genchi Ozuna, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de despojo y abuso de confianza por la señora Emilia Torres Cisneros a quien pretende quitarle un predio.
La nieta de la afectada, Ana María Gallardo Lorenzo acudió a la redacción de El Sur y entregó las copias de la denuncia hecha el lunes pasado ante el Ministerio Público (MP) de Cruz Grande que consta en la carpeta de investigación 12180750100009020217, además de un oficio enviado a la alcaldesa perredista de ese municipio de la región de la Costa Chica donde se le informó de los hechos cometidos por su esposo quien se desempeña como presidente del DIF municipal.
Consultada por teléfono, la nieta de la afectada dijo que son unas 3 hectáreas las que pretenden quitar a su abuela. En la denuncia se indicó que hace ocho meses la afectada regresó al municipio y se percató que en el predio Finca Rústica y Pico de Monte, en al menos 8 mil 568 metros cuadrados fue construida una vivienda propiedad de Genchi Ozuna, además de una telesecundaria.
En la denuncia, la propietaria del predio sostuvo que la señora Leopoldina Pérez Arredondo sin ser la propietaria autorizó la construcción de los inmuebles, “suponemos que mediante una remuneración económica”, exclamó la nieta de la afectada.
La afectada aseguró en la denuncia que el predio está a su nombre y está registrado en el Registro Público de la Propiedad, además de que paga los impuestos por los terrenos. Torres Cisneros negó que la señora Pérez Arredondo sea la propietaria a pesar de que ha mostrado un documento “falso” donde una autoridad ejidal le sede los derechos del predio y que por ellos pagó la cantidad de 500 mil pesos.
Además indicó que la señora Pérez Arredondo trató de vender el predio antes a una persona quien investigó y al percatarse de las irregularidades decidió no comprarlo.
Torres Cisneros indicó en la denuncia que también procederá contra la señora Pérez Arredondo ante autoridades federales por la construcción de la telesecundaria.
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Liberan a Crisóforo Nava; paga una fianza de 54 mil pesos por el delito de despojo
El ex presidente municipal de Mártir de Cuilapan (Apango) y actual dirigente del Partido del Trabajo (PT), Crisóforo Nava Barrios, salió libre la madrugada de este martes después de que sus familiares pagaron una fianza de 54 mil pesos por el delito de despojo, por el que estaba siendo procesado.
Nava Barrios es acusado por la presidenta municipal, Felícitas Muñiz Gómez, de instigar en su contra junto con otros nueve dirigentes de ese municipio el movimiento para que sea destituida.
La excarcelación ocurrió en sigilo, sin que sus familiares y los dirigentes del movimiento opositor a la presidenta municipal Muñiz Gómez emitieran declaraciones al respecto, pero fuentes cercanas a la familia confirmaron que salió libre entre la una y las dos de la madrugada de este martes. Fuentes del segundo juzgado de lo penal informaron que la fianza pagada fue de 54 mil pesos
Nava Barrios enfrentará, sin embargo, cuando menos otras tres causas penales por otros delitos, aunque lo hará en libertad.
El lunes, fuentes del Juzgado Cuarto de lo Penal de esta capital informaron que Nava Barrios está acusado de cuatro delitos en agravio del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan y que su situación jurídica se definiría el jueves.
La fuente informó que los delitos de los que lo acusan son rebelión, sabotaje, ataques a la paz pública y motín, que están integradas a la causa penal 45-2016.
Fuentes cercanas a la familia también informaron que la presidenta municipal Felícitas Muñiz está empeñada en mantenerlo preso y que ha presentado cuando menos otras dos acusaciones en su contra en el Juzgado Mixto de Tixtla, por los delitos de lesiones, daños y ataques a las vías de comunicación derivados de los hechos del 30 de septiembre del año pasado, cuando los ciudadanos de la cabecera municipal y de varias comunidades intentaron impedir la toma de protesta de la alcaldesa.
También el lunes, el vicefiscal de Investigación, José Antonio Bonilla Uribe, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) integra “cuatro o cinco” carpetas de investigación por los hechos del pasado domingo 7 de agosto en Apango, cuando un grupo de ciudadanos participaron en una marcha y entraron a una casa de la presidenta municipal, en donde realizaron saqueos y destrozos. Después incendiaron una camioneta propiedad del Ayuntamiento en el zócalo de la cabecera municipal.
Sin embargo la presidenta municipal informó el mismo lunes en conferencia de prensa que presentó la denuncia en contra de 10 dirigentes del movimiento que pide la revocación de su mandato.
El ex alcalde Nava Barrios fue detenido la madrugada del miércoles de la semana pasada por policías ministeriales que entraron violentamente a su casa ubicada en el zócalo de Apango.
Los agentes, quienes llegaron en siete camionetas sin logotipos de la Policía Ministerial, encañonaron a la familia del dirigente político y después lo sacaron violentamente, contaron testigos.
Mientras tanto, en Apango se mantiene el plantón afuera del Palacio Municipal, en espera de que se cumpla el acuerdo que tuvieron los dirigentes con el gobernador Héctor Astudillo Flores el jueves de la semana pasada, en el sentido de que acudiría una comisión de diputados para atender las denuncias de corrupción y nepotismo en contra de Muñiz Gómez.
Insisten restauranteros de playa La Gloria que no han despojado a nadie
Acusan de contubernio a la juez cuarta de lo penal
Luluani Vega
Restauranteros de la playa La Gloria, ubicada en el Ejido de Plan de los Amates, insistieron en que no han cometido ningún delito a pesar de que son acusados de despojo por José Guadalupe Chávez, quien se dice dueño del área donde se encuentran sus restaurantes.
En una conferencia de prensa en el restaurante Lourdes, a unos metros del terreno en conflicto, estuvieron presentes los asesores jurídicos Benjamín Gallardo Carmona y Rubén de Jesús Suástegui, quienes afirman que la juez cuarto Penal de Primera Instancia, Leonor Arroyo Mojica, actúa en contubernio con el demandante, y llaman al gobernador del estado René Juárez, para que intervenga en el caso.
Suástegui dijo que a la inspección judicial en el lugar donde se encuentran ubicados los restaurantes, solicitada por ellos, la llevó a cabo personal del juzgado cuarto de lo Penal, pero en ningún momento acudió la juez.
El viernes pasado los restauranteros informaron en una conferencia de prensa, que la juez Arroyo Mojica giró órdenes de aprehensión contra 38 prestadores de servicios turísticos por el delito de despojo, sin sustento alguno.
El asesor Gallardo Carmona aseguró que los afectados no están invadiendo ningún predio de nadie y están dentro de zona federal, cumpliendo con los pagos correspondientes. “No se vale que la juez se preste al juego, los comerciantes tienen años trabajando, les conviene pelear esta zona en defensa de sus intereses”, recalcó.
Los inconformes aseguraron que José Guadalupe Chávez es prestanombres de Humberto Torices García, a quien responsabilizan de las consecuencias que pudiera trae el conflicto.
Acusan ante la Codehum al ex alcalde de San Luis Acatlán por despojo
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El ex alcalde de San Luis Acatlán, Abdías Acevedo Rojas, y tres personas más, así como el agente del Ministerio Público, Jesús Benítez Valderrama, fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), por un particular, a quien pretenden despojar de un predio.
El campesino Felipe Martínez de los Santos también envió un documento a la dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual denuncia que el ex presidente municipal y los señores Ramón Lezama Ramírez, su hermano Lucino y Salomón Lezma, primo de éstos, han causado daños en cultivos que se encuentran en el predio, y que a pesar de que ha presentado la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, el titular Benítez Valderrama no ha querido dar trámite a su denuncia.
Indicó que la queja la presentó el 29 de enero, pero que el titular del Ministerio Público hasta la fecha no ha querido recibir la ratificación de la misma, “no obstante tantas súplicas; tal parece que está confabulado y asociado con los inculpados, en virtud de que Abdías Acevedo fue presidente municipal y dice que está bien palanca con el gobernador René Juárez”.
Dijo que incluso el agente del Ministerio Público, Benítez Valderrama, le dijo, el 6 de mayo, que “le haga como quiera y que acuda a las instancias que yo quiera, que de todos modos a él no le hacen nada porque recibe órdenes de arriba para que no ratifique su denuncia”.
En su queja ante la Dirección de Averiguaciones Previas, demanda que se investigue el abuso de autoridad del que ha sido objeto por parte del representante social”.
En tanto que ante la Codehum pide que se de seguimiento a su denuncia, a fin de que en caso de que no se proceda en contra del funcionario se emita la recomendación correspondiente.
El campesino informó que el terreno del que pretende ser despojado, y que utiliza para la siembra de maíz, se encuentra ubicado en el paraje Agua Zarca, y que tiene una superficie de 17 mil 894 metros cuadrados, mismo que le fue donado por su abuelo Rafael de los Santos González.
Señaló que el 22 de enero, el ex alcalde Acevedo Rojas y las otras tres personas se introdujeron “de manera furtiva a la parcela de mi propiedad”. Dijo que para entrar rompieron el candidato de la tranca y que cuando su esposa y su hija le reclamaron a Acevedo Rojas el por qué entraban, el ex alcalde les dijo que era su propiedad.
Agregó que el 25 de enero el ex alcalde volvió a entrar y a destruir la cerca, y que cotaron la cañuela y el rastrojo, sin embargo señaló que a pesar de que presentó la denuncia de los hechos esta no ha procedido.