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Incumple constructora con la reparación de caminos en la sierra, denuncian comisarios

Calle de Paso de Arena, municipio de Coyuca de Catalán, bloqueada por el caudal del arroyo que cruza la localidad Foto: Israel Flores

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Comisarios y presidentes de los comisariados ejidales de San Antonio de las Texas, El Durazno y Corrales, solicitaron una instancia supervisora al gobierno del estado debido a que la empresa que obtuvo el contrato para la rehabilitación de carreteras está por retirarse, sin haber concluido su compromiso.
San Antonio de las Texas, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, es el mismo lugar en el que el delegado del gobierno del estado para la región Sierra, Saúl López Sollano, mencionó como una zona en la que está focalizada la violencia, y vecinos del lugar denunciaron que el crimen organizado intenta quedarse con el control porque es zona aguacatera, aunque en estas páginas Texas se ha escrito con “J”. Ayer el comisario precisó que se escribe con “X”.
En un documento enviado al director general de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, exponen “las autoridades Jovanni Cortés Gutiérrez, comisario municipal, Erasto Salto Arreola, comisariado ejidal de San Antonio de las Texas, Azucena Rosas García, comisario municipal de El durazno, y José Acosta Lagunas, comisariado del ejido de Corrales” agradecen “su atencion prestada a nuestra solicitud de brindar seguridad en nuestra region y la reabilitacion de caminos rurales con módulos de maquinaria”.
Detallan que las rutas beneficiadas son El Porvenir-crucero San Antonio Texas-San Antonio Texas Las Fronteras con 82.8 kilómetros de rehabilitación, con un monto de 2 millones 200 mil pesos, El Camarón-El Mameycito-Las Fronteras-El Durazno-El Pescado con 67.5 kilómetros y un monto de 2 millones 300 mil pesos.
Además de La Papaya-El Venado-Crucero de San Antonio Texas-Bayados y de Ramal a Las Mesas, San Nicolás y Santa Rosa con 35 kilómetros y un monto de 1 millón de pesos.
Sin embargo, advierten que como el dinero ya está aprobado pero no hay quién “verifique la ejecucion del recurso antes mencionado en los kilómetros establecidos, solicitamos una instancia supervisora, ya que la empresa que obtuvo el contrato esta por retirarse sin haber concluido dicho compromiso”.
“Esta es la petición que hacemos, que se concluya lo que el gobierno del estado ya autorizó y que nos lo confirmó el director  de la CICAEG (Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero) en reunión el 5 de julio”, expuso.
Informó que aunque el gobierno del estado no ejecuta las obras se incumple el compromiso de que “se tenían que hacer de punta a punta de la zona porque ya estaban aprobadas”, lo que mostró en un mapa de “las tres rutas que no nos han cumplido”.
Para otra ruta que conocen como la Ruta 4, “el encargado en un inicio nos dijo que se tenían autorizados 45 kilómetros, pero ya que los terminó pide firmas por más de 100 kilómetros, luego lo reduce a 82 kilómetros, siendo estos últimos los que sabemos que están aprobados para esa ruta”.
Pidió “recalcarles que estas rutas bien habilitadas van de la mano con los módulos de seguridad que hay en las diferentes comunidades, ya que sin buenos caminos es imposible dar apoyo en caso de ser necesario, y menos ahorita en tiempo de lluvias”.

 

No hay clases debido a la violencia en la sierra en la ruta de Santa Rosa a El Durazno, denuncian

 

Habitantes del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno, que junta comunidades rurales de los municipios de Petatlán, Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán, lamentaron que ante la inseguridad de la región, los principales afectados de manera directa son niños y adolescentes que siguen sin tener clases desde el periodo vacacional de diciembre, “se puede decir que están perdiendo el ciclo escolar porque los maestros tienen miedo de subir a la sierra y con justa razón”.
En comunidades como Las Mesas, El Porvenir, El Parotal, El Mameycito, Arroyo Verde, El Cayado, Corrales, El Durazno, Santa Rosa, entre otras, no hay clases en ningún nivel educativo desde la masacre en El Durazno el 10 de diciembre pasado, que derivó en más violencia en El Parotal, La Calera de Santa Lucía, El Manguito, Santa Rosa y recientemente en Las Mesas.
Ayer lunes vía telefónica, uno de los habitantes de estas comunidades, se dolió de la falta de interés de los gobiernos federal y estatal para establecer el orden y la paz social en esa región, “no es posible que teniendo el conocimiento, los hombres suficientes, el armamento igual o mejor que el que trae esa gente que anda haciendo males, no es posible que no sean capaces de enfrentarlos para que dejen vivir en paz”.
Dijo que el miércoles de la semana pasada estuvo en la reunión con el director de Gobernación Francisco Rodríguez Cisneros, con comisarios municipales y comisariados ejidales, en donde “le hicieron ver que los niños no tienen clases desde diciembre porque tienen miedo de subir a los pueblos porque la situación está difícil”.
“Según salió el compromiso de que iban a dar una respuesta para que pusieran las bases (de Operaciones Mixtas) acá arriba y entonces sí, los maestros pudieran venir a dar clases, también los doctores que hacen falta, pero pasó esto de Las Mesas, ¿usted cree que van a querer subir los maestros?, no van a querer y no los culpamos porque con el ataque a Las Mesas muchas familias se están saliendo de ahí y de otros pueblos, se están yendo para otros lugares”.
Criticó que los gobiernos federal y estatal “sean tan buenos con esa gente, no los persiguen, no los molestan, no les hacen nada, al contrario, hasta parece que mandaron a los soldados ahí en Santa Rosa para que cuiden que la gente no se defienda mientras ellos entran a los pueblos a meter miedo, terror, a agarrar a gente inocente y sacarle las tripas para que las familias nos salgamos y dejemos nuestras tierras”.

Las comunidades Corrales y Juluchuca estaban entre los “focos amarillos”, precisa

Resueltos dos conflictos agrariosañejos en Petatlán, informa la SRA

 El gobierno del presidente Vicente Fox, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, resolvió dos conflictos agrarios denominados “focos amarillos” en Guerrero, en el municipio de Petatlán, en la comunidad de Corrales, y de Juluchuca, que databan de hace 37 y 39 años, respectivamente.

La dependencia federal, que encabeza Florencio Salazar Adame, llevó a cabo la ejecución total de una Resolución Presidencial, que data de 1967, a favor del poblado de Corrales, misma que por los años transcurridos ya se había convertido en un problema social con características de “foco amarillo”.

Se entregaron al ejido tres mil 697 hectáreas que tenían en posesión irregular, con lo cual quedan debidamente inscritas dentro de la propiedad ejidal, y con ello estarán en posibilidad de obtener algún crédito y de participar en los programas del gobierno federal para mejorar la producción en el campo.

Con esta acción se benefició a 300 familias de la zona, que dieron fin así a más de tres décadas de incertidumbre sobre sus posesiones.

De igual forma se llevó a cabo la ejecución complementaria de una Resolución Presidencial que data de 1965, a favor del poblado Juluchuca, al cual se le regularizaron 658 hectáreas, y con ello se cumple la ampliación del ejido que ordenaba el Ejecutivo federal hace 39 años.

Este conflicto había tomado también las características de  “foco amarillo”, pues su falta de atención en el pasado afectó el desarrollo social y económico de la comunidad, y generó tensión social que de no atenderse podía desbordarse.