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No fue el fiscal el que vinculó al sacerdote a un grupo criminal, se deslinda Javier Olea

El fiscal Javier Olea Peláez dijo que en la conferencia que dio el martes en Chilpancingo, no vinculó al sacerdote Germaín Muñiz García de pertenecer a algún grupo de la delincuencia organizada.
La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió un comunicado que Olea Peláez precisó respecto de unas fotografías que circularon tras los asesinatos, que “circularon durante mucho tiempo en las redes sociales, de lo que deviene que en tanto la sociedad como grupos delictivos contrarios observaron dichas imágenes, así como la nota que acompañaba a dichas gráficas, relacionándolo con uno de los grupos delictivos de la referida zona”.
Ayer en conferencia de prensa en esta ciudad, la diócesis Chilpancingo-Chilapa calificó las declaraciones de Olea Peláez como “ambiguas y carentes de sustento”, y pidió a la Fiscalía que si Germaín Muñiz tenía vínculos con la delincuencia que se realicen las investigaciones y que presente las pruebas de sus señalamientos.
“El fiscal general jamás apuntó que el sacerdote Germaín Muñiz García estuviera vinculado con un grupo de la delincuencia organizada, sino que en las gráficas que se difundieron en redes sociales y que son del domino público, se señaló que aquél estaba relacionado con uno de los grupos delictivos de la referida zona”, se lee en el comunicado.
Olea Peláez dijo que no dio declaraciones ambiguas, que de acuerdo a las investigaciones “se desprenden actuaciones ministeriales y de las entrevistas a diversos testigos que concurrieron al evento, las declaraciones desprenden de los acompañantes de los sacerdotes tuvieron un incidente en el evento realizado en Juliantla, municipio de Taxco de Alarcón”.
“En la propia conferencia de prensa se afirmó enfáticamente que se seguirá actuando apegado a la ley para detener a los presuntos responsables, y sea exhortada a quienes estuvieran interesados apegarse al proceso legal”, concluye el comunicado.
Después de la conferencia de prensa de la diócesis Chilpancingo-Chilapa al mediodía de ayer, la Fiscalía publicó en su cuenta de Twitter, que “en ningún momento el fiscal Xavier Olea señaló que sacerdote Germaín Muñiz estuviere vinculado con grupo de la delincuencia organizada”, “Comunicado Obispado Chilpancingo-Chilapa: de las investigaciones se desprende que las/los acompañantes de los sacerdotes tuvieron un incidente en evento de Juliantla”. Y siguió, “Las declaraciones del Fiscal Xavier Olea no son ambiguas, son objetivas que se desprenden de las investigaciones”, “Fiscal Xavier Olea reitera que las investigaciones se basan en hipótesis para arribar a la verdad jurídica e histórica”. (Redacción / Chilpancingo)

 

Mataron a curas y a la youtuber por rencillas de grupos criminales:fiscal

Fiscal: criminales ejecutaron a sacerdotes porque ubicaron a Germaín como de un grupo contrario

Al baile en Juliantla “asistieron grupos de la delincuencia organizada que operan en Guerrero, Morelos y el Estado de México” y de éste son los agresores, dice Javier Olea. El párroco Muñiz García fue relacionado con delincuentes que operan en Mezcala, Carrizalillo, Taxco, Taxco El Viejo y parte de Iguala, señala

Luis Blancas

Chilpancingo

El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez afirmó que los asesinos de los dos sacerdotes y que hirieron a tres personas más la madrugada del lunes en Taxco, pertenecen a un grupo delincuencial del Estado de México.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), Olea Peláez detalló que según las primeras investigaciones, lo que desencadenó el ataque armado fue que hubo un conflicto previo en el baile al que fueron en la comunidad de Juliantla, municipio de Taxco, al que asistieron grupos de la delincuencia organizada que operan en Guerrero, Morelos y el Estado de México, y que éstos ubicaron al padre Germaín Muñiz García como parte de otro grupo delincuencial, debido a las fotografías donde posa portando un arma larga y con hombres armados y encapuchados.
El fiscal comentó que para el jaripeo-baile en donde tocó el grupo Bronco, los organizadores no solicitaron seguridad para resguardarlo.
Dijo que se determinó plenamente que los agresores de los sacerdotes “pertenecen y operan con un grupo de la delincuencia organizada del Estado de México”, pero no dio detalles.
El lunes el obispo de la de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza informó que esa madrugada los sacerdotes y sus acompañantes regresaban de Juliantla en donde se celebró el Día de la Candelaria y fueron “atraídos” por los productores musicales que amenizaron, Los Figueroa (José Manuel y Federico Figueroa) y Bronco (de Guadalupe Esparza).
El fiscal relató que las dos víctimas junto con sus acompañantes salieron de la comunidad de Mezcala en Eduardo Neri (Zumpango) a las 7 de la noche del domingo con dirección a Taxco, hicieron una parada en el hotel Argento, solicitaron dos habitaciones, “para después dirigirse a la comunidad de Juliantla en Taxco, donde llegaron a las 10:30 de la noche de ese día, acudieron a un jaripeo-baile que amenizó el grupo Bronco.
Olea Peláez explicó que con base en información de inteligencia, se sabe que al baile acudieron “muchas personas pertenecientes a diversos grupos delictivos, tanto del estado de Guerrero, como de los estados de Morelos y Estado de México”, además no hubo seguridad de la policía municipal, estatal y federal, porque los organizadores del baile no solicitaron el apoyo. Dijo que esto “facilitó que las personas pertenecientes a diversos grupos delictivos acudieran y lo hicieran portando armas de fuego, consumiendo bebidas embriagantes y probablemente drogas”, indicó.
Dijo que antes del ataque donde murieron los dos presbíteros ocurrió un conflicto en el baile donde hubo un percance con los acompañantes de ellos (los sacerdotes). Además al padre Germaín Muñiz lo identificaron como presuntamente involucrado con la delincuencia organizada, debido a las publicaciones en las redes sociales, lo que pudo ser que desató el ataque armado en contra de ellos.
“En las investigaciones se desprende que el sacerdote Germaín Muñiz García fue fotografiado portando un arma larga, y en otra fotografía en compañía de hombres armados, pertenecientes a un grupo delictivo que opera en Mezcala, Carrizalillo, Taxco, Taxco El Viejo y parte de Iguala. Las fotografías circularon en las redes sociales, de lo que deviene que tanto la sociedad como grupos delictivos contrarios observaron dichas imágenes, así como la nota que acompañaba a dichas gráficas, relacionándolo con uno de los grupos delictivos de la referida zona”, declaró.
El obispo confirmó que es el padre Germaín quien aparece en una fotografía con un arma larga que fue subida hace ocho meses a redes sociales, y fue ampliamente distribuida después del crimen, “pero se trata de calentados para magnificar el caso, la foto es antigua”.
Hace ocho meses el sacerdote Muñiz García apareció en dos fotografías, una portando un arma larga y otra que estaba junto a hombres armados vestidos con ropa militar, las gráficas circularon en las redes sociales y lo vincularon con un grupo delincuencial.
Ayer el fiscal señaló que los dos sacerdotes y sus acompañantes estaban bailando y tomando bebidas alcohólicas en la fiesta, “que de acuerdo a testimonios existió un conflicto durante el baile, de diversas personas con el grupo de personas que acompañaban a los dos presbíteros, de lo que se desprende la existencia de un conflicto previo” al ataque armado.
Agregó que el asesinato de los sacerdotes ocurrió a las 4:30 de la mañana del lunes en el lugar conocido como Sony Gas, en la carretera Taxco-Tehuilotepec, las dos víctimas y sus cuatro acompañantes iban a bordo de una camioneta pick up blanca, modelo Hilux.
Dijo que un kilómetro y medio adelante del ataque armado los presuntos agresores robaron su vehículo a una familia que viajaba a Cuernavaca, “hombres armados a bordo del vehículo circularon y se dirigieron al Estado de México en el municipio de Ixtapan de la Sal, se logró determinar que los agresores de las hoy víctimas, pertenecen y operan con un grupo de la delincuencia organizada del Estado de México”.
Informó que solicitó el apoyo de la Fiscalía del Estado de México para localizar a los responsables.
La madrugada del lunes, hombres armados ejecutaron a balazos en Taxco a dos sacerdotes e hirieron de gravedad a un hombre que los acompañaba, cuando regresaban de un baile de la comunidad de Juliantla. Además iban en el mismo vehículo otras tres personas, de las cuales una joven química de 25 años hermana de uno de los religiosos, y otro joven de 27 resultaron con lesiones en las manos, mientras que una joven más resultó ilesa.
El lunes, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, confirmó el asesinato de los sacerdotes Germaín Muñiz García, quien prestaba sus servicios religiosos en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, e Iván Añorve Jaimes quien oficiaba en Las Vigas, municipio de San Marcos, y demandó a las autoridades el esclarecimiento a fondo de los hechos.

Grupo delictivo, responsable del asesinato  de la youtuber, informa el fiscal Javier Olea

Leslie Ann Pamela Montenegro, Nana Pelucas, también recibió amenazas de un servidor público del Ayuntamiento “que presuntamente tiene relación con la célula que la privó de la vida”, señala en conferencia de prensa. Con la misma pistola que se cometió ese crimen fue ejecutado un chofer de Grúas Picazo también el lunes por la noche, revela

Luis Blancas

Chilpancingo

El fiscal Javier Olea Peláez indicó que un grupo criminal que resultó de la división del Cártel Independiente de Acapulco (Cida), fue el responsable del asesinato de la youtuber Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, conocida como Nana Pelucas, ocurrido la noche del lunes, y que además la víctima recibió amenazas por un “servidor público municipal”.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Fiscalía General del Estado en esta capital, Olea dijo que “de acuerdo con las investigaciones, el que ordenó su crimen fue el grupo delictivo liderado por Javi Daniel Cervantes Magno, El Barbas, quien previamente a la subdivisión de células era parte del Cida comandado por José Ángel Palacios Galeana, El Capuchino, que es el jefe de esta organización”.
Olea Peláez informó que otra de las líneas de investigación es que la víctima fue amenazada por un servidor público del ayuntamiento de Acapulco, “que presuntamente tiene relación con la célula que la privó de la vida”.
Además dijo que Pamela Montenegro del Real publicó en su portal información privilegiada de grupos delictivos que “se advierte de las investigaciones de inteligencia que causaron malestar a los líderes de aquel grupo contrario al que lidera El Capuchino”, y agregó que hace meses el nombre de la youtuber apareció en cinco narcomantas halladas en distintos puntos de Acapulco.
Comentó que el arma que utilizaron los agresores, también fue utilizada para asesinar a un chofer de Grúas Picazo en la avenida Escénica, cerca de la entrada de la Tirolesa.
A las 7 de la noche del lunes, la youtuber Pamela (Pamika) Montenegro, de 36 años, conocida como Nana Pelucas, fue asesinada a balazos adentro del restaurante de su propiedad en la calle Andre Doria del fraccionamiento Costa Azul, ubicado en una zona de negocios similares de esa colonia de la clase media alta de Acapulco, a unos 150 metros de la avenida Costera y cerca de la delegación de la Cruz Roja.
En 2016, Montenegro había sido amenazada de muerte en narcomantas en Acapulco, en las que se señalaba que ella y su esposo Samuel Muñuzuri tenían presuntos nexos con la delincuencia, además la acusaban de trabajar como informante para el gobierno y administrar la página Acapulco sin Censura de Facebook, en la que hacía señalamientos contra grupos de la delincuencia organizada que se disputan Acapulco.

Fiscal: criminales ejecutaron a sacerdotes porque ubicaron a Germaín como de un grupo contrario

El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez afirmó que los asesinos de los dos sacerdotes y que hirieron a tres personas más la madrugada del lunes en Taxco, pertenecen a un grupo delincuencial del Estado de México.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), Olea Peláez detalló que según las primeras investigaciones, lo que desencadenó el ataque armado fue que hubo un conflicto previo en el baile al que fueron en la comunidad de Juliantla, municipio de Taxco, al que asistieron grupos de la delincuencia organizada que operan en Guerrero, Morelos y el Estado de México, y que éstos ubicaron al padre Germaín Muñiz García como parte de otro grupo delincuencial, debido a las fotografías donde posa portando un arma larga y con hombres armados y encapuchados.
El fiscal comentó que para el jaripeo-baile en donde tocó el grupo Bronco, los organizadores no solicitaron seguridad para resguardarlo.
Dijo que se determinó plenamente que los agresores de los sacerdotes “pertenecen y operan con un grupo de la delincuencia organizada del Estado de México”, pero no dio detalles.
El lunes el obispo de la de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza informó que esa madrugada los sacerdotes y sus acompañantes regresaban de Juliantla en donde se celebró el Día de la Candelaria y fueron “atraídos” por los productores musicales que amenizaron, Los Figueroa (José Manuel y Federico Figueroa) y Bronco (de Guadalupe Esparza).
El fiscal relató que las dos víctimas junto con sus acompañantes salieron de la comunidad de Mezcala en Eduardo Neri (Zumpango) a las 7 de la noche del domingo con dirección a Taxco, hicieron una parada en el hotel Argento, solicitaron dos habitaciones, “para después dirigirse a la comunidad de Juliantla en Taxco, donde llegaron a las 10:30 de la noche de ese día, acudieron a un jaripeo-baile que amenizó el grupo Bronco.
Olea Peláez explicó que con base en información de inteligencia, se sabe que al baile acudieron “muchas personas pertenecientes a diversos grupos delictivos, tanto del estado de Guerrero, como de los estados de Morelos y Estado de México”, además no hubo seguridad de la policía municipal, estatal y federal, porque los organizadores del baile no solicitaron el apoyo. Dijo que esto “facilitó que las personas pertenecientes a diversos grupos delictivos acudieran y lo hicieran portando armas de fuego, consumiendo bebidas embriagantes y probablemente drogas”, indicó.
Dijo que antes del ataque donde murieron los dos presbíteros ocurrió un conflicto en el baile donde hubo un percance con los acompañantes de ellos (los sacerdotes). Además al padre Germaín Muñiz lo identificaron como presuntamente involucrado con la delincuencia organizada, debido a las publicaciones en las redes sociales, lo que pudo ser que desató el ataque armado en contra de ellos.
“En las investigaciones se desprende que el sacerdote Germaín Muñiz García fue fotografiado portando un arma larga, y en otra fotografía en compañía de hombres armados, pertenecientes a un grupo delictivo que opera en Mezcala, Carrizalillo, Taxco, Taxco El Viejo y parte de Iguala. Las fotografías circularon en las redes sociales, de lo que deviene que tanto la sociedad como grupos delictivos contrarios observaron dichas imágenes, así como la nota que acompañaba a dichas gráficas, relacionándolo con uno de los grupos delictivos de la referida zona”, declaró.
El obispo confirmó que es el padre Germaín quien aparece en una fotografía con un arma larga que fue subida hace ocho meses a redes sociales, y fue ampliamente distribuida después del crimen, “pero se trata de calentados para magnificar el caso, la foto es antigua”.
Hace ocho meses el sacerdote Muñiz García apareció en dos fotografías, una portando un arma larga y otra que estaba junto a hombres armados vestidos con ropa militar, las gráficas circularon en las redes sociales y lo vincularon con un grupo delincuencial.
Ayer el fiscal señaló que los dos sacerdotes y sus acompañantes estaban bailando y tomando bebidas alcohólicas en la fiesta, “que de acuerdo a testimonios existió un conflicto durante el baile, de diversas personas con el grupo de personas que acompañaban a los dos presbíteros, de lo que se desprende la existencia de un conflicto previo” al ataque armado.
Agregó que el asesinato de los sacerdotes ocurrió a las 4:30 de la mañana del lunes en el lugar conocido como Sony Gas, en la carretera Taxco-Tehuilotepec, las dos víctimas y sus cuatro acompañantes iban a bordo de una camioneta pick up blanca, modelo Hilux.
Dijo que un kilómetro y medio adelante del ataque armado los presuntos agresores robaron su vehículo a una familia que viajaba a Cuernavaca, “hombres armados a bordo del vehículo circularon y se dirigieron al Estado de México en el municipio de Ixtapan de la Sal, se logró determinar que los agresores de las hoy víctimas, pertenecen y operan con un grupo de la delincuencia organizada del Estado de México”.
Informó que solicitó el apoyo de la Fiscalía del Estado de México para localizar a los responsables.
La madrugada del lunes, hombres armados ejecutaron a balazos en Taxco a dos sacerdotes e hirieron de gravedad a un hombre que los acompañaba, cuando regresaban de un baile de la comunidad de Juliantla. Además iban en el mismo vehículo otras tres personas, de las cuales una joven química de 25 años hermana de uno de los religiosos, y otro joven de 27 resultaron con lesiones en las manos, mientras que una joven más resultó ilesa.
El lunes, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, confirmó el asesinato de los sacerdotes Germaín Muñiz García, quien prestaba sus servicios religiosos en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, e Iván Añorve Jaimes quien oficiaba en Las Vigas, municipio de San Marcos, y demandó a las autoridades el esclarecimiento a fondo de los hechos.

 

 

Salen del Semefo de Chilpancingo olores insoportables

Paran en la Fiscalía ante los olores que salen del Semefo; está saturado con 600 cuerpos, informan

Una cámara de refrigeración de la morgue de Chilpancingo está inservible, y la otra es para 180 cadáveres pero tiene 250, además otros están en el suelo, informan

Luis Blancas

Chilpancingo

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) pararon labores, cerraron las oficinas y denunciaron el mal olor que desde hace más de un mes desprenden más de 600 cuerpos que están en las instalaciones contiguas del Servicio Médico Forense (Semefo), y que afecta su salud.
El delegado sindical de la sección Séptima del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), José Luis Nava Delgado informó que están saturadas las morgues, que tienen más de 600 cuerpos, una de las dos cámaras de refrigeración está inservible y cada uno de los depósitos tiene capacidad sólo para 180.
A las 12 del día los trabajadores administrativos abandonaron las oficinas donde laboran debido al mal olor que desprenden los cuerpos, y exigieron que intervenga el fiscal general, Javier Olea Peláez.
Algunos de los trabajadores que salían de sus oficinas con sus manos se tapaban las narices y boca, otros se cubrían con su suéter, playera y cubrebocas.
El delegado sindical del SUSPEG, José Luis Nava Delgado se quejó de que desde hace más de un mes han solicitado a las autoridades el cambio del Semefo, para evitar focos de infección que afectan a los 500 trabajadores administrativos, debido a que las instalaciones están saturadas con más de 600 cadáveres sin identificar.
Comentó que el mal olor del Semefo es debido que está inservible una cámara de refrigeración donde se encuentran los cuerpos de las víctimas sin identificar.
“Pedimos el cambio de Semefo, la verdad afecta la salud de los 500 trabajadores, porque esta saturado con 600 cuerpos, una cámara de refrigeración se encuentra inservible y la capacidad tiene de cada cámara de 180 cuerpos, pero tiene 250 cadáveres, más los que se encuentran en el suelo”, indicó.
Nava Delgado dijo que peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense llegaron al Semefo hace 15 días, y con peritos de la Fiscalía trabajan para la identificación de las víctimas en el acceso, y eso provoca el mal olor que llega a las oficinas de la FGE.
Señaló que han solicitado la intervención desde hace más de dos meses al fiscal general Olea Peláez y los vicefiscales, pero no han tenido respuesta para atender sus peticiones y “como presión abandonamos las oficinas, suspendimos labores y tomamos la entrada de las oficinas de la Fiscalía”.
“Por ejemplo en el caso de nuestro jefe y el mismo fiscal tiene sus oficinas acondicionadas, con aires acondicionados y nosotros como trabajadores las áreas de trabajo están en pésima condiciones y entra el mal olor del Semefo, esto ha causado que mis compañeros sufran dolores de cabeza y náuseas”, declaró.
Otra trabajadora exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Secretaría de Salud estatal que trasladen a otro lugar las instalaciones, y a los trabajadores les otorguen un receso laboral cuando los peritos hagan los trabajos de identificación de los cuerpos, “con el fin de no afectar nuestra salud y respetar nuestro trabajo, porque con el mal olor no podemos realizar nuestra chamba”.
A la fiscalía llegó el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Francisco Javier Hernández Ruiz quien dio la autorización para que los trabajadores se retiraran de la institución, pero no atendió las demandas.

Hacen las pruebas a los cadáveres en el área de descarga ante la falta de espacio

Después un grupo de fotógrafos y reporteros entraron al Semefo, en el acceso donde las camionetas descargan los cuerpos de las víctimas para depositarlos en las planchas y cámaras de refrigeración se constató que había unos seis peritos y trabajadores vestidos de blanco, haciendo las pruebas de identificación de los cadáveres a la intemperie.
Al notar presencia de los comunicadores los empleados metieron las bolsas de los cadáveres que se encontraban en el suelo de este acceso ubicado al aire libre, y uno tomó fotos a los reporteros y fotógrafos.
Consultado por teléfono el delegado sindical de la sección Séptima del SUSPEG, José Luis Nava informó que fueron atendidos por el fiscal general Javier Olea Peláez, y acordaron la suspensión de labores para hoy porque peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del institución continuarán sus trabajos.
Señaló que los funcionarios de la FGE les informarán cuándo regresarán a trabajar a sus oficinas, y Olea Peláez les informó que la institución comprará una cámara frigorífica para que “no haya mal olor” y los cuerpos estén conservados.
Del cambio del lugar de las instalaciones de Semefo tendrán una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, agregó.
Pasadas las 3 de la tarde los trabajadores se retiraron de las oficinas de la Fiscalía.

Se compraron cámaras frigoríficas para las morgues de Acapulco, Iguala y la capital: Olea

El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez afirmó que el gobernador Héctor Astudillo Flores ordenó la compra de más cámaras frigoríficas para las morgues, luego de que en la mañana trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chilpancingo cerraron las oficinas en protesta contra el mal olor de los cuerpos.
Ayer en conferencia de prensa a las 8 de la noche en Acapulco, el funcionario aseguró que ya hubo acuerdos “satisfactorios”, incluso dio a conocer que ya se compraron las cámaras frigoríficas, “hay que instalarlas y va a seguir”.
Reconoció que los malos olores que desprenden los cadáveres del Servicio Médico Forense (Semefo) van seguir, “hay que tomar en cuenta que cuando la Fiscalía necesita un cuerpo o varios cuerpos pues se tiene que abrir los frigoríficos, y de ahí es donde salen los olores”.
Aseveró que las nuevas cámaras frigoríficas son “bastante amplias y grandes”, destinados para Chilpancingo, Acapulco e Iguala, “es evidente que cuando empecemos a cambiar en su momento oportuno los cadáveres a los nuevos para darles mantenimiento a los viejos habrá olores fétidos”.
“Quiero decirles que no nada más ellos sufren, el fiscal general también sufre de esos olores y somos todos, por qué, porque son muy fuertes, muy, muy fuertes”, concluyó.

Cuatro detenidos por un secuestro en la Costa Chica

En otro tema, Olea Peláez informó que la Policía de Investigación Ministerial cumplimentó la orden de aprehensión en contra de cuatro hombres por un secuestro, en la región Costa Chica.
Añadió que el juez de Control determinó a los cuatro hombres prisión preventiva y cinco meses de investigación complementaria.
Contó que la víctima salió de San Luis Potosí donde residía, dirigiéndose a Coyuca de Benítez donde fue interceptado y privado de la libertad siendo trasladado a Chochoapa, municipio de Ometepec, donde fue privado de la vida.
Añadió que un familiar recibió una llamada telefónica en la que le pedían 600 mil pesos a cambio de su libertad.  (Argenis Salmerón).

La saturación de cadáveres en los Semefos, un problema cada vez mayor
El problema de la saturación de cadáveres en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) no es nuevo, desde hace varios meses trabajadores han denunciado la acumulación de cuerpos y los malos olores que se desprenden de ese lugar.
Apenas el pasado 27 de octubre El Sur publicó que trabajadores del Semefo de Acapulco denunciaron que el mal olor se extendía afuera de las instalaciones, porque había más de 300 cadáveres en las cámaras frigoríficas.
El mal olor de los cuerpos alcanzó desde el almacén hasta la avenida Vicente Guerrero, una distancia de 80 metros. Las instalaciones del Semefo de Acapulco están adentro de la Fiscalía Regional en la céntrica colonia Progreso.
En mayo el director general del Semefo, Ben Yenuda Martínez informó que había una saturación de 569 cadáveres en las tres instalaciones en Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
La Fiscalía hizo un proyecto del Cementerio Estatal Forense ubicado en Chilpancingo, para que no hubiera saturación en las tres morgues que hay en la entidad.
En diciembre del año pasado hasta esta fecha han sido depositados en este cementerio 145 cadáveres. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Se compraron cámaras frigoríficas para las morgues de Acapulco, Iguala y la capital: Olea

El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez afirmó que el gobernador Héctor Astudillo Flores ordenó la compra de más cámaras frigoríficas para las morgues, luego de que en la mañana trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chilpancingo cerraron las oficinas en protesta contra el mal olor de los cuerpos.
Ayer en conferencia de prensa a las 8 de la noche en Acapulco, el funcionario aseguró que ya hubo acuerdos “satisfactorios”, incluso dio a conocer que ya se compraron las cámaras frigoríficas, “hay que instalarlas y va a seguir”.
Reconoció que los malos olores que desprenden los cadáveres del Servicio Médico Forense (Semefo) van seguir, “hay que tomar en cuenta que cuando la Fiscalía necesita un cuerpo o varios cuerpos pues se tiene que abrir los frigoríficos, y de ahí es donde salen los olores”.
Aseveró que las nuevas cámaras frigoríficas son “bastante amplias y grandes”, destinados para Chilpancingo, Acapulco e Iguala, “es evidente que cuando empecemos a cambiar en su momento oportuno los cadáveres a los nuevos para darles mantenimiento a los viejos habrá olores fétidos”.
“Quiero decirles que no nada más ellos sufren, el fiscal general también sufre de esos olores y somos todos, por qué, porque son muy fuertes, muy, muy fuertes”, concluyó.

Cuatro detenidos por un secuestro en la Costa Chica

En otro tema, Olea Peláez informó que la Policía de Investigación Ministerial cumplimentó la orden de aprehensión en contra de cuatro hombres por un secuestro, en la región Costa Chica.
Añadió que el juez de Control determinó a los cuatro hombres prisión preventiva y cinco meses de investigación complementaria.
Contó que la víctima salió de San Luis Potosí donde residía, dirigiéndose a Coyuca de Benítez donde fue interceptado y privado de la libertad siendo trasladado a Chochoapa, municipio de Ometepec, donde fue privado de la vida.
Añadió que un familiar recibió una llamada telefónica en la que le pedían 600 mil pesos a cambio de su libertad.

No sabe Martha Obezo qué juez tiene el caso Chavarría; el fiscal actúa con opacidad, dice

Para Martha Obezo Cázares, viuda del asesinado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Armando Chavarría Barrera, es “muy extraño” que el fiscal del Estado, Javier Olea Peláez, haya declarado que presentó los resultados de las investigaciones al Legislativo local pero que los diputados lo desmientan.
Admitió que siempre temió que el fiscal presentara el resultado de sus supuestas investigaciones de manera subrepticia, porque el caso siempre se ha manejado en la opacidad, tanto que le han ocultado hasta qué juez lleva el expediente.
Añadió que en estas circunstancias desconoce cuál es esa “autoridad jurisdiccional” a la que según Olea Peláez también entregó las conclusiones de las investigaciones.
Este miércoles, el fiscal declaró en el acto por el 235 aniversario del general Vicente Guerrero, que desde hace dos semanas entregó al Congreso local y a la “autoridad jurisdiccional” las conclusiones del asesinato del diputado perredista Armando Chavarría Barrera.
“Lo que yo tengo conocimiento es que nunca compareció ante el Congreso, aunque siempre tuve dudas de que lo hiciera de manera subrepticia o que mandara por escrito algo, pero si la Oficialía de Partes del Congreso local no confirma que recibió ninguna información por escrito y no se conoció de ninguna comparecencia, siguen siendo sólo dichos de él”, respondió Obezo Cázares respecto a las declaraciones del fiscal.
Consultada vía telefónica declaró que no le ve sentido que el fiscal insista en una línea de investigación, si no puede transparentar esa información, “si no nos ha informado a nosotros (los familiares) u oficialmente al Congreso local como se comprometió, la información que dice que tiene no es real, o cuando menos no podemos tomarla como seria”, sostuvo la viuda.
Insistió, también, que si el fiscal no presentó la información que prometió al Congreso local, tampoco la habría presentado ante la “autoridad jurisdiccional” como lo afirmó en sus declaraciones.
Al respecto se quejó que otro problema es que no le han dicho qué juez lleva el caso, “toda esa información la han mantenido en absoluta reserva”.
Informó que quiso tener esa información precisa en la audiencia que tuvo con el fiscal el 19 de julio del 2016, pero que lo único que le dijo fue lo mismo que sostuvo cuando compareció ante diputados: “que en el los próximos días estaría en condiciones de dar a conocer las conclusiones finales de la investigación, así lo dijo, en esos términos”.
Contó que, entonces, emplazó al fiscal y le pidió fechas para que le proporcionara copias del expediente y que se comprometió que en 20 días, “pero ya se cumplió un año y nunca más nos recibió y tampoco me dio las copias”.
La viuda de Chavarría argumentó que por eso se reservó la información de esa reunión, porque ella es la principal interesada en conocer el estado que guarda el expediente. Sin embargo denunció que Olea continúa con su estrategia “de hablar sin sustentar sus dichos y sin cumplir su palabra, ni conmigo ni con el Congreso”.
El miércoles pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores también habló del caso Chavarría, y dijo que la investigación no se hace a modo y que en la reunión que tuvo con Obezo no hablaron “de algún ex gobernador”, en alusión a Zeferino Torreblanca.
Al respecto, Obeso Cázares, admitió que “en estricta justicia y en honor a la verdad” no hablaron del ex gobernador, pero insistió que Astudillo Flores le dijo que respetaría la postura de la familia.
Y esta postura es de rechazo a la conclusión del fiscal, en la que, según Obezo Cázares, se culpa del asesinato a la guerrilla del ERPI, y con ello se exonera al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Sin embargo, sostuvo que As-tudillo sí le prometió que hablaría con el fiscal para que no impusiera esas conclusiones, si los familiares iban a objetarlas, “y yo le dije que por supuesto que lo haríamos y que yo hablaría con el fiscal únicamente si cambiaba su postura, o se nos permitiera conocer el expediente”.

Se debe exigir aumento del 25% al salario para compensar el ISR en la UAG, dice un catedrático

 

El catedrático investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Gilberto González Velázquez, recomendó a sus compañeros que ante la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se debe exigir un aumento del 24.9 por ciento al salario.
Por parte de la corriente Acción Revolucionaria, el maestro de la Facultad de Contabilidad y Administración, con 26 años de antigüedad, presentó ayer la exposición Planeación Fiscal del ISR para la Universidad Autónoma de Guerrero, donde propuso varias opciones para que el gravamen no afecte el salario, como la absorción del gobierno del estado para el pago del impuesto, que concluyó que el ISR no es de índole político.
El catedrático partió de que el impuesto no es una consecuencia directa de las reformas estructurales, ni imposición del gobierno federal, como ha sostenido el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
Precisó que el artículo 94 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta vigente establece que los ingresos y prestaciones que provengan de una relación laboral subordinada deberían estar gravadas al impuesto sobre la renta, “por lo anterior entendemos que las prestaciones que actualmente tienen los trabajadores de la UAG están gravadas al impuesto en mención”.
Dijo que en caso de no pagarse, incurrirían en un delito de defraudación fiscal, como lo menciona el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Manifestó que por no enterar al fisco, se pagan multas.
Indicó que la UAG tiene un “gravísimo problema en relación a las multas, ya le llegaron las multas, son millones de pesos de lo que la universidad va pagando de multas por no estar pagando el impuesto que no debería de pagar, y eso es grave, porque está afectando el patrimonio de todos los universitarios”.
Expuso que el convenio en 2005 entre el STAUAG y Rectoría no sirve en la actualidad, el cual es interno. Dijo que un convenio válido se tiene que hacer directamente con la federación.
Entre las propuestas para que el trabajador no se vea afectado, está el aumento del 24.9 por ciento para soportar el descuento del ISR.
Otra propuesta es hacer un convenio con el Servicio de Administración Tributaria, “aprovechando las buenas relaciones del rector Javier Saldaña, bajo el argumento de que los trabajadores de la UAG han perdido gravemente el poder adquisitivo de su salario desde hace más de 15 años”.

 

Exhorta el Congreso al fiscal a que haya justicia en los casos de los universitarios asesinados

En sesión de la Comisión permanente del Congreso local, los diputados aprobaron un exhorto al fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, para que investigue y detenga a los responsables de los asesinatos de universitarios, y al gobierno federal para que se realicen recorridos afuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
La propuesta fue de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y la leyó su coordinador, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien dijo que la responsabilidad por la inseguridad la tienen las malas políticas públicas.
El diputado criticó que el gobierno federal no tome en cuenta los reiterados llamados de los ciudadanos, para que se cambie la estrategia para combatir la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
Además, dijo que las veces que han cambiado la manera de combatir al narcotráfico, los resultados son en perjuicio de la sociedad, “pero en Guerrero todos los sectores han sido vulnerados, sean transportistas, campesinos, universitarios y los grupos vulnerables cada día son más vulnerables frente a la delincuencia”.
Afirmó que la UAG es una de las instituciones más violentada, porque los universitarios han sido atacados “cobardemente, una y otra vez, y las autoridades siempre dicen que es la delincuencia organizada. No creemos en esa línea de investigación, más que una línea de investigación pareciera ser una línea de impunidad”.
El coordinador de los diputados de MC realizó un recuento de los universitarios asesinados, como Francisco Javier Ramírez García, auxiliar administrativo de la Facultad de Psicología; Jeany Rosado Peña, integrante de la Comisión Mixta Paritaria de Becas, del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
También Aidé Fuentes Nava, estudiante de la escuela de Ciencias de la Educación; Manuel Juárez Flores, estudiante de la Preparatoria 33; Juan Carbajal Merino, subdirector de la Preparatoria 5; Ángel Mendoza Ocampo, estudiante de la Facultad de Medicina; Suzy Nava Cruz, estudiante de la Preparatoria 26, y mencionó cinco más.
Sin embargo, dijo que decenas de universitarios más han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos y lamentó que “todavía este círculo de impunidad sigue girando” en la UAG.
Mejía Berdeja insistió en que se necesita reforzar con mayor presupuesto en seguridad y que el Estado asuma “su plena responsabilidad al proteger a la vida de los ciudadanos de esta tierra llena de esperanzas y anhelos de tener una vida mejor, se indemnice a los policías que no pasaron los exámenes de control y confianza y que se aplique la ley a quien la viole”.
El punto de acuerdo se presentó como de urgente y obvia resolución, por el que el Congreso local condenó “enérgicamente los homicidios de universitarios” y hace un exhorto a Olea Peláez “para que la institución a su cargo investigue, detenga y sancione a los autores materiales e intelectuales de los arteros crímenes de universitarios”.
El exhorto aprobado plantea también un atento exhorto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; al general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y al Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina Armada de México, “para que de forma coordinada, continua y permanente, personal a su cargo realicen operativos a fuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que brinde seguridad a los universitarios, así como conforme a sus competencias se detengan a los delincuentes que amenazan a los universitarios”.
En la sesión, los diputados enviaron a la Junta de Coordinación Política un acuerdo para requerir la comparecencia ante el pleno del fiscal general, Javier Olea, “para que informe sobre las políticas públicas, acciones y estrategias que ha implementado al frente de la institución y los resultados de éstas”.
La propuesta fue de la fracción del PRD y de los diputados que eran del PT, ahora independientes, donde señalaron que a casi dos años de su nombramiento, el fiscal “no ha dado muestras de avance y han aumentado los índices delictivos en la entidad”.
La propuesta la leyó el diputado independiente Jesús Martínez Martínez, quien en tribuna afirmó que el poder legislativo no tiene información para conocer, “ni mucho menos analizar en qué medida las políticas facilitan el acceso a la justicia de víctimas, testigos y acusados y aquellas que tiendan a fomentar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal”.
Calificó como “urgente y necesario” que se llame a comparecer ante el Pleno a Olea Peláez e informe sobre la situación de la institución; así como en relación con el video difundido en el noticiero En Punto de Televisa en el que aparece afirmando que el diputado priista con licencia Saúl Beltrán Orozco es “El Tequilero número uno”; también los avances en las investigaciones de los homicidios en contra de reporteros, ex diputados, presidentes municipales, líderes políticos y “ciudadanos en general”.
Se precisó que si el acuerdo es aprobado por la Junta de Coordinación Política, se citaría a comparecer al fiscal el próximo jueves 15 de junio, a las 10 horas, en el Salón de Plenos.
La diputada Erika Alcaraz Sosa planteó un exhorto al poder ejecutivo estatal, al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los municipios, para que junto con el Congreso se instale una mesa de trabajo para la regularización y optimación de la relación comercial y administrativa de la CFE, en los conceptos de pago del suministro de energía el servicio de alumbrado público, recaudación y entrega a favor de los municipios.
La diputada Rossana Agraz Ulloa intervino para hablar de Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio.
También se turnó a la Comisión de Justicia el oficio signado por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado, René Patrón Muñoz, donde remite una iniciativa de adiciones a la ley Orgánica del Tribunal Electoral.

Se aprobará la solicitud para que el fiscal comparezca en el Congreso: Flor Añorve

 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, afirmó que el fiscal Javier Olea Peláez continúa evadiendo su responsabilidad al no detener a Saúl Beltrán y anunció que la próxima semana aprobarán la solicitud de su comparecencia ante el Poder Legislativo.
Respecto a las actuaciones y dichos del fiscal, que se han conocido a través de videos, la presidenta del Congreso recordó que sólo el gobernador puede destituir de su cargo al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo. dijo que “en alguno de los casos el fiscal lamentablemente ha hecho comentarios impropios”, criticó que no fue “cuidadoso, dadas la circunstancia que está viviendo Guerrero”.
La priista dijo que del problema de violencia que hay en Guerrero “él es el responsable de muchas de estas situaciones” y que ese es un tema prioritario para el Poder Legislativo. Esto en referencia al señalamiento del fiscal ante pobladores de San Miguel Totolapan, en el sentido de que Saúl Beltrán Orozco es el tequilero número uno, pero que no lo puede detener porque tiene fuero, porque el Congreso no le quitó la inmunidad constitucional.
También aseguró que pretende inculpar al Poder Legislativo porque según dijo, los diputados están “muy al pendiente de hacer lo que nos corresponde”, esto a pesar de que el Congreso no concluyó el juicio de procedencia para desaforar a Saúl Beltrán y que lo suspendieron cuando el priista pidió licencia.
“Más bien, está evadiendo su responsabilidad”, dijo la priista presidenta del Congreso, al no detener a Saúl Beltrán, “porque aquí se llevó a cabo la autorización de la licencia del diputado y a él (Javier Olea) le corresponde lo siguiente”, porque de acuerdo a la legislación local, cuando un legislador pide licencia quedan suspendidos también sus derechos, entre ellos la inmunidad constitucional.
Derechos que puede recuperar si solicita regresar a su cargo, porque tampoco no hay ningún impedimento para eso, informó también que el Congreso aún no es notificado de que se le concedió un amparo al diputado priista.
De la comparecencia del fiscal, Flor Añorve explicó que debe ser la Junta de Coordinación Política del Congreso la que ponga las reglas y convocar la comparecencia, además de que dijo que tendrían que estar las comisiones presentes, en referencia a la de Seguridad Pública y Justicia además de la de gobierno.
Este miércoles concluyó el periodo permanente de sesiones y el martes iniciará el ordinario, en el que sesionará el pleno de la legislatura, en la que dijo aprobarán la comparecencia del fiscal.

“Es una situación bastante fuerte en el estado”, dice de la violencia

Consultada al respecto, Añorve Ocampo lamentó los hechos de extrema violencia que han ocurrido en municipios de la región Centro, principalmente de Chilpancingo y dijo que, “es una situación bastante fuerte en el estado”.
Exhortó a “los diferentes mandos, a que hagan el mayor de sus esfuerzos, no podemos estar viviendo en esta inseguridad”.
A la priista se le recordó el caso de los 176 policías despedidos tras participar en un paro de labores en el que exigían el pago de un bono de riesgo y respeto a su jornada laboral, y reconoció que repercute en la seguridad “pero más afectaría si policías que no están certificados continuaran haciendo un trabajo para el cual no tienen acreditación”.

Presenta Astudillo ante periodistas a la fiscal especializada para delitos contra el gremio

El gobernador Héctor Astudillo Flores presentó como la fiscal especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas a Rigoberta Román Orea, y ofreció que la Fiscalía General del Estado (FGE) informará a los familiares de colegas asesinados en los dos años de su gobierno sobre los avances que se han obtenido en las investigaciones.
La primera reunión con convocatoria abierta a periodistas de las diferentes regiones del estado, se realizó la reunión ejecutiva sobre las acciones del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que la principal demanda fue que haya justicia y castigo a los autores de los asesinatos de colegas y el cese al hostigamiento de funcionarios públicos en contra de reporteros.
En el encuentro que se realizó en Casa Guerrero, no se dieron detalles sobre los casos de los periodistas asesinados durante la administración del actual gobernador, Francisco Pacheco de Taxco, y Cecilio Pineda Birto, de Ciudad Altamirano.
Pero a pesar de esto, Astudillo enfatizó que tiene las tarjetas con la información de hasta dónde ha llegado la investigación, aunque no entró en detalles sobre los avances.
“Tengo información de cómo está cada uno de los casos y cómo se están conociendo algunos de los detalles de estos acontecimientos”, agregó.
En una reunión que duró poco más de tres horas, el gobernador presentó como fiscal especializada en atención a delitos contra periodistas a Rigoberta Román, quien se desempeñaba como directora ge-neral de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Dere-chos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.
En la administración pasada se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Mujer.
“Otro de los compromisos que yo quiero cumplir en esta ocasión es el tema de la persona que será responsable de la fiscalía, la persona responsable es Rigorberta Román”, dijo Astudillo.
Con el fiscal general Javier Olea Peláez a su izquierda, quien formalmente es el jefe de la nueva fiscal, el gobernador le indicó a ésta que deberá buscar un plazo en coordinación con la Secretaría General de Gobierno para echar andar la nueva unidad, así como se deben de buscar enlaces regionales de una sola persona para estar coordinando los trabajos.
También estaban con el gobernador el delegado de la Secretaría de Gobernación Ramiro Ávila, el secretario de Gobierno Florencio Salazar, la de Desarrollo Social Alicia Zamora y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs.
El Ejecutivo no entró en detalle sobre la operatividad y sólo puntualizó que se trabajará también con un número de teléfono especial, que estará a disposición del C4 para una atención inmediata en casos de emergencias.
También propuso que los reporteros nombren a cuatro representantes para la Junta de Gobierno, y nueve para el Consejo Consultivo de este mecanismo.
Tras la participación de 30 periodistas de distintas regiones, Astudillo Flores pidió que formaran una comisión que fuera a dialogar con los diputados locales, para agilizar la reforma a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual se requiere para que el mecanismo entre en funciones.
“El compromiso mío es hablar con los diputados para que la iniciativa de la reforma sea escuchada, ustedes no sé cómo organicen una comisión para hablar con los diputados”, señaló.
También propuso que la Secretaría General de Gobierno dé seguimiento puntual al caso de la corresponsal de El Sur en Zihuatanejo, Brenda Escobar, y se le presten las medidas correspondientes para su seguridad, tras ser amenazada por familiares del detenido que es acusado de asesinar a la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, el pasado jueves.
Y pidió a los reporteros que le ayuden y que haya una coordinación con su gobierno paraque pueda avanzar el estado.
Dijo que también se hará un llamado a los municipios más grandes, para que colaboren en la protección de los periodistas y mencionó a Acapulco, Chilpan-cingo, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Ometepec y Chilapa.
El gobernador insistió en que se debe de crear el mapa de riesgo, siempre y cuando los reporteros participen, y que también lo hagan elaborando una lista de los reporteros en riesgo en cada una de las regiones de Guerrero.
“Yo, finalmente les agradezco que hayan venido a Chilpancingo a reunirse, yo a todas y todos les reitero mi afecto y mi respeto”, terminó.
En su intervención, el corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores Contreras, subrayó que en Guerrero no hay libertad de tránsito, ya que cuando tratan de realizar su trabajo deben cruzar retenes de grupos armados en las carreteras.
“Esto fue lo que propició el ataque a nuestros siete compañeros (en Acapetlahuaya), que fueron prácticamente asaltados por la situación que todos conocemos, de los grupos que operan en la región Norte”, agregó.
Insistió en que la violencia es un hecho que afecta a todos, hasta a los propios colaboradores del gobernador.
“Han asesinado a trabajadores del gobierno del estado, han asesinado a profesores, han asesinado estudiantes, niños, periodistas y lamentablemente no vemos a nadie en la cárcel, no vemos eso que reclaman las madres de Chilapa”, agregó.
Por su parte, Jaime Irra, de la Agencia IRZA, puntualizó que no hay seguridad de que las dependencia encargadas de impartir justicia cumplan su tarea de castigar.
En la reunión, varios reporteros coincidieron en que el problema más significativo es que el gobierno del estado no puede garantizar seguridad ante los recurrentes hechos de violencia.
Otros preguntaron qué seguridad pueden tener, si el propio gobierno del estado se dedica a hostigar a los reporteros durante su trabajo diario, por lo que no compartían la factibilidad del mecanismo.
En las poco más de tres horas de reunión, algunos de los asistentes aprovecharon para señalar que es importante que las empresas de medios mejoren los salarios y las prestaciones de sus trabajadores.
También demandaron que se mejore la atención a los periodistas en el sector de salud y el Fondo de Apoyo para Periodistas, además atenciones personalizadas en las diferentes dependencias para cada una de sus peticiones.