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“Hay un problema muy marcado” detrás de la ola de violencia en la capital, afirma Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que detrás de la ola sangrienta y ejecuciones desatadas en Chilpancingo en los últimos dos días, “hay un problema muy marcado”, por lo que el sábado hubo una reunión de emergencia entre la Defensa Nacional y el gobierno del estado, que seguramente habrá otra hoy.
Parco, aseveró que esto deviene porque “hay una confrontación muy fuerte entre grupos delincuenciales de Chilpancingo”, que se disputan la plaza en la sede de los poderes en la entidad, donde los registros de asesinatos dan cuenta de ejecuciones y cuerpos desmembrados, que por igual se presentan en Acapulco.
En cuanto a los señalamientos del fiscal Javier Olea Peláez, presentados la noche del miércoles en el noticiario En Punto, de Televisa, donde señala que “El Tequilero número uno se llama Saúl Beltrán Orozco (…) pero tiene fuero” y por eso no lo puede detener, el mandatario estatal opinó que el fiscal sólo habló de una línea de investigación.
“Yo creo que dio a conocer una línea de investigación frente a un grupo de ciudadanos de San Miguel Totolapan y esa línea, por supuesto, también tiene otras ligas. Hay que recordar que hay una investigación, una averiguación, una carpeta y una orden que liberó una juez de Arcelia. Todo esto está vinculado y lo que hizo el fiscal fue decirlo públicamente, eso es lo que yo creo”.
De la locutora amuzga, Marcela de Jesús Natalia, agredida con arma de fuego a la salida de la emisora del gobierno del estado Radio y Televisión de Guerrero en Ometepec, informó que es atendida en el Hospital General de Acapulco y dijo que afortunadamente, dentro de la tragedia que se vivió en su caso la mañana del viernes, ese día un helicóptero del gobierno del estado se encontraba en esa ciudad, de inmediato la trasladaron y fue atendida, por lo que no requirió operación.
“Está en terapia intensiva, podríamos decir, estamos en espera de su reacción, ojalá y salga delante, tiene todas las atenciones y se cumplieron rápidamente los protocolos de atención”, expresó, y dio a conocer que hay líneas de investigación, “no las podría yo dar, pero el fiscal está trabajando de manera rápida en torno a algunos acontecimientos que sucedieron alrededor de ella, entonces esperamos tener alguna información pronto”.
Astudillo Flores estuvo de visita este domingo en la ciudad platera y antes realizó una supervisión del camino que comunicará a las comunidades de San Andrés, San Gregorio y San Francisco Acuitlapán, pertenecientes a Taxco y Tetipac.
En Taxco, hizo un recorrido por la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en Pichahua, parte baja de la ciudad, la cual tuvo una inversión de poco más de 100 millones de pesos. Ahí se dio a conocer la sectorización del sistema de agua potable en una primera etapa, la rehabilitación de los equipos de bombeo eléctrico y mecánico de Chontalcoatlán, la regularización del padrón de usuarios, entre otras obras en las comunidades de Tlamacazapa, Acuitlapán, Taxco el Viejo y Acamixtla, con una inversión cercana a los 240 millones de pesos.
Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo, y funcionarios de su gabinete, además del alcalde, Omar Jalil Flores Majul, y el diputado federal, Salomón Majul González, entre otros alcaldes de la región, entregó también apoyos de fertilizante y del programa Más Maíz, apoyos a empresarios de la masa y la tortilla, sillas de ruedas, bastones, despensas y paquetes de pequeños cerdos a los que se observó recibieron maltrato por parte de los responsables de cuidarlos y hacer la entrega.
Ahí, uno de los invitados fue el comediante El Costeño, quien improvisó sobre el acto y la clase política, y cuestionó la corrupción de “funcionarios menores” que no atienden bien a la gente.

Condena Saldaña el asesinato del estudiante de Artes; el fiscal le informa de las pesquisas, dice

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, condenó el asesinato del estudiante de la Facultad de Artes, Darwin Raymundo Barrientos Miranda, e informó que se reunió con el fiscal Javier Olea Peláez, quien le informó sobre los hechos y la situación de las “pesquisas”.
En declaraciones telefónicas, el rector Javier Saldaña dijo sobre el asesinato del universitario, quien fue baleado cuando viajaba en una motocicleta en Chilpancingo, que era muy preocupante la situación que se vive. “Nos preocupa, es algo que nunca vamos a aceptar, que le quiten la vida a un universitario que tenía muchas ganas de hacer las cosas”, indicó el rector.
Señaló que condena que se vea truncada la esperanza y sueños de los jóvenes universitarios. Que el mismo miércoles se reunió con el fiscal para saber sobre los hechos y que le comentó que están en las “pesquisas de las personas que le arrebataron la vida a nuestro estudiante”. El rector dijo que conoció al joven, pues muchos se le acercan para pedirle una beca alimenticia o económica.
Recuerda que Darwin Raymundo Barrientos le pidió una beca y le contó que su madre ya era una persona mayor a la que sostenía, que sabía que cada fin de semana el joven le llevaba despensa a su mamá a su pueblo en Buenavista de la Salud. Dijo que era un joven animoso, que de viernes a domingo se dedicaba a cantar y tocaba varios instrumentos. Que siempre que pudo le tendió la mano y que, incluso, apoyó para los gastos funerarios.
Indicó el rector que piden el esclarecimiento del crimen, pero también está preocupado por la situación, que en Chilpancingo iba a la baja la inseguridad, “con esto nos preocupa y ojalá por el bien del estado las cosas mejoren”.
Al rector se le preguntó qué le ha dicho el fiscal sobre los crímenes que se han dado contra los universitarios, pues ha pasado el tiempo y no se ven resultados claros de detenidos y dijo que éste le explica cómo suceden las cosas y en algunos casos implicación.
El rector lamentó que en la mayoría de los casos la sociedad se acostumbra y dice que si les hicieron algo es porque andaban metidos y señaló que no es una regla, que es algo a lo que no debemos acostumbrarnos a vivir, porque hay casos fortuitos, pero se quiere que se castigue a los responsables y se haga justicia.
Además, que quieren que no nada más haya justicia, sino que no vuelva a suceder otro caso de un universitario que pierda la vida, que es asaltado o extorsionado y subrayó que por eso su relación cercana con las autoridades, a quien agradeció que estén disponibles, pero que quieren también la prevención del delito, que es clave para todos los guerrerenses no solo para los universitarios.
Sobre la presencia de ministeriales en Rectoría el miércoles, el rector Javier Saldaña dijo que el director de la Policía Ministerial acudió por una llamada que se le hizo, pues afuera había un carro con hombres armados que no eran judiciales, “llegó el grupo de reacción inmediata y pedimos que nos dieran la seguridad”. Que se habían robado un carro y que se retiraron cuando se dieron las detonaciones y fue hasta la tarde que él supo que era un universitario el asesinado.

Se reúne la CETEG con autoridades para discutir las órdenes de aprehensión en contra de maestros

 

La Comisión Política, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el secretario general Arcángel Ramírez Perulero, se reunieron con el fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, Néstor Fiallo Samoya, y el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, para discutir sobre las órdenes de aprehensión en contra de los maestros y la incorporación al Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) de todos los trabajadores.
De acuerdo con Ramírez Perulero, la reunión se llevó a cabo el martes por la noche y ahí se acordó que hoy, los representantes de la CETEG dialogarán en Casa Guerrero con toda la estructura de la SEG, incluidos los directores de los distintos niveles educativos básicos y los ocho delegados regionales de la dependencia, para discutir las demandas particulares de las regiones del magisterio disidente.
Ramírez Perulero informó sobre los acuerdos con Fiallo Samoya y González de la Vega Otero en una asamblea informativa que se llevó a cabo este miércoles por la mañana en el edificio de la CETEG, a la que asistieron integrantes de las distintas regiones del estado.
En declaraciones luego de la asamblea, Ramírez Perulero dijo que preocupó a la CETEG el caso del maestro Crisóforo García Castro, egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de la generación 2003-2007 Lucio Cabañas, quien fue recluido el 6 de mayo acusado de ataques a las vías de comunicación y robo de vehículos.
Recordó que hace más de un mes, un integrante de la CETEG en la región Costa Chica fue detenido por la policía judicial en un retén de vigilancia, por haber participado en las acciones que realizó el magisterio disidente en el 2013 y 2014 en contra de la reforma educativa, aunque fue liberado el mismo día, lo que significa que podría tratarse de una estrategia del Estado para acabar con las manifestaciones.
Dijo que con Fiallo Samoya se acordó revisar la situación de ex dirigentes e integrantes de la CETEG, además de una próxima reunión en la que estará presente el fiscal general Javier Olea Peláez se le informará cuántas órdenes de aprehensión hay en contra de los maestros.
Manifestó que notó que las autoridades “están en la mejor disposición de resolver” las demandas de la CETEG y se comprometieron a revisar todos los casos, para evitar que se repita la situación de Castro García.
Ramírez Perulero expresó que es preocupante el hecho de que diga que hay otras 40 órdenes de aprehensión en contra de egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, que tienen más de diez años de haber dejado la institución, por lo que exigió que se aclare la situación de todos los maestros.
Por otra parte, González de la Vega Otero informó a la CETEG sobre la publicación de la convocatoria para el estímulo a la jubilación y que autorizó una prórroga para que los maestros interesados en retirarse puedan entregar sus documentos hasta el 20 de mayo, ya que en un inicio la fecha límite fue el 10 de mayo.
Dijo que se les informó la situación a los integrantes de la CETEG para que los interesados puedan entregar sus documentos a través del magisterio disidente, con el fin de garantizar que reciban el pago correspondiente.
Además, según Ramírez Perulero, González de la Vega Otero “adelantó” que 400 trabajadores serán incorporados al Fone, por lo que pidió a la CETEG una lista de los maestros que no están en la nómina para que se evite que haya errores y sean incorporados de manera definitiva.
Después de esta primera incorporación, podrían entrar a la nómina otros 300 trabajadores, aunque la cifra dependerá del presupuesto que autorice la federación y tampoco se dio la fecha específica en la que se hará el proceso.
Ramírez Perulero dijo que expuso que muchos maestros tuvieron problemas para participar en la convocatoria de cambios de adscripción, ya que el registro se hizo de manera digital y al tener fallas, quedaron fuera del proceso, por lo que pidió que se brinden facilidades a los docentes para que puedan entregar sus solicitudes y en esta caso, también se concedió una prórroga para la recepción de documentos.
Por último, se acordó que hoy se llevará a cabo una reunión con toda la estructura de la SEG, para discutir las demandas particulares de las regiones de la CETEG como retención de salarios, adeudos de horas, pagos a jubilados y otros casos.

 

Esperaron agresores a Demetrio Saldívar en una esquina antes de su casa: fiscal

 

Quienes dispararon y mataron la noche del miércoles al secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Demetrio Saldívar Gómez, fueron “entre dos y tres personas”, quienes lo esperaron en una esquina antes de llegar a su casa en un auto Tsuru blanco sin placas, según un testigo, informó ayer el fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez.
El dirigente perredista llegaba aproximadamente a las 9 de la noche a su casa ubicada en la calle andador Montes Urales, que se encuentra entre las colonias Tomatal y Las Américas, al oriente de la ciudad, cuando fue atacado.
Los agresores dispararon al menos diez veces con pistolas 9 milímetros. Nueve casquillos percutidos de este calibre fueron encontrados en la escena del crimen, según la carpeta de investigación 12020090500525190417.
El fiscal Olea Peláez informó que de acuerdo con los primero peritajes cinco de estos disparos hicieron blanco en el cuerpo de Saldívar Gómez, cuatro de ellos se impactaron en partes vitales y uno fue un rozón.
El fiscal informó de las primeras actuaciones realizadas en esta caso en una conferencia de prensa después de las 3 de la tarde en Casa Guerrero, en donde el gobernador Héctor Astudillo Flores fijó una postura respecto al crimen del político perredista.
Olea Peláez informó que de las primeras investigaciones se advierte lo siguiente: “En el lugar de los hechos, se encontraron nueve casquillos calibre 9 milímetros; en el cuerpo se encontraron cinco impactos de bala y un rozón con diversas trayectorias, pero se advierte que los disparos fueron hechos en posición frontal al vehículo y ligeramente a la izquierda”, detalló.
Contó que uno de los impactos que pegaron en el cuerpo del secretario general del CEE del PRD invadió el cráneo, “lo que implica que lesionó la parte lateral izquierda del cráneo y se considera como mortal”. Dijo que otros tres impactos invadieron el cuello y otro más pegó en la parte posterior de la espalda del lado izquierdo perforando el pulmón del mismo lado.
Olea Peláez agregó que un quinto disparo fue sólo un rozón en el codo izquierdo.
El fiscal dijo que de acuerdo con un testigo Saldívar Gómez fue esperado por dos o tres sujetos en un vehículo “aparentemente” tipo Tsuru color blanco, sin placas, que se encontraba estacionado en una esquina donde el político y su vehículo tendrían que dar vuelta a la izquierda antes de llegar a su casa.
El testigo supone que al llegar al sitio y dar vuelta a la izquierda la víctima, los agresores descendieron del vehículo y dispararon sus armas en diez ocasiones y penetraron los diez proyectiles en el parabrisas del Jetta blanco que conducía.
“Una vez que privaron de su vida al secretario general del PRD, dichos sujetos condujeron su vehículo para salir al libramiento viejo a la ciudad de Tixtla, desconociendo hasta el momento si se dirigieron a aquella ciudad o regresaron a la zona urbana de Chilpancingo”, explicó el fiscal.
Olea Peláez informó que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia y que fue entregado a sus familiares a las cinco de la mañana de este jueves.
El fiscal reveló que vecinos de la escena del crimen “percibieron” la presencia de una camioneta color negro “con sujetos ajenos a la zona a bordo”, previo a la agresión al dirigente del PRD, pero no existen evidencias de que haya relación de éstos con el homicidio del perredista.

Hay avances en la investigación del ataque a turistas en el retén de Petaquillas, dice el fiscal

El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez informó que hay avances en las investigaciones del ataque de presuntos policías rurales que operan en Petaquillas a la pareja de turistas, que ocurrió la madrugada del sábado en el retén en la salida de Chilpancingo.
Consultado por teléfono Olea Peláez señaló que no podía dar detalles porque se entorpecería la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), para deslindar responsabilidades por la agresión a la pareja proveniente de la Ciudad de México.
El sábado el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó de la agresión a balazos por los “policías comunitarios”, que según el comisario Mario Flores Castrejón son policías rurales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pero el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa afirma que son integrantes del grupo criminal Los Ardillos.
Los afectados no presentaron denuncia por la agresión, pero el vocero afirmó que las autoridades investigarían el caso.
El sábado, Álvarez Heredia informó en un boletín de prensa que la madrugada de ese día “personas armadas que se llaman policías comunitarios” atacaron a balazos a un vehículo que viajaban cuatro personas, dos de ellos resultaron heridos en el retén” que tienen en la entrada a Chilpancingo.

Marchan universitarios en la capital; exigen seguridad y justicia para la familia asesinada

Unos mil estudiantes, maestros y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en esta ciudad para exigir justicia para la familia Cabrera Rosado, asesinada el domingo en la capital, y seguridad en el estado.
Los universitarios le dieron al fiscal general Xavier Olea Peláez, 48 horas para que dé resultados de la investigación del asesinato de la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Jeany Rosado Peña, su esposo y médico internista del IMSS, Nicéforo Cabrera Rojas y su hijo Isaac Daniel, de lo contrario continuarán las manifestaciones y exigirán su renuncia.
En la marcha maestros y trabajadores administrativos de la UAG mediante el equipo de sonido que llevaban le reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que en un año de su administración la violencia y la inseguridad han ido en aumento, le exigieron que si no es capaz de brindar el orden y la paz que prometió en campaña que deje su cargo.
En la movilización participaron integrantes del STAUAG, del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), estudiantes de las escuelas de la Universidad en Chilpancingo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales.

La marcha

La marcha salió a las 10:40 de la mañana de la alameda Granados Maldonado y concluyó con un mitin en Palacio de Gobierno, en el recorrido los manifestantes se detuvieron en el Palacio Municipal y en el Congreso local.
Al frente del contingente marcharon integrantes del Comité Ejecutivo Central del STAUAG, encabezados por el secretario general Ofelio Martínez Llanes, seguidos por integrantes del STTAISUAG con la secretaria general Brenda Alicia Alcaraz González al frente, el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, universitarios y activistas.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leyó: “Astudillo ¿dónde está el Guerrero de orden y paz? Justicia”, “UAG, exigimos a las autoridades correspondientes justicia expedita para los universitarios asesinados”, “Gobierno ¿de qué me sirve pagarte mis impuestos si no me das seguridad?” y otros mensajes similares.
También coreaban consignas como “Astudillo no hace nada, que se vaya a la chingada”, “Justicia, justicia, justicia” y “el pueblo unido jamás será vencido”.
Frente al Palacio Municipal el secretario de Conflictos del STAUAG, David Molina Francisco dijo que los universitarios quieren que se haga justicia a los crímenes en su contra, “el gobernador está callado, no dice nada, por eso vamos al Palacio de Gobierno para ver qué mentiras nos va a decir Astudillo Flores”.
Consideró que el gobernador tiene la oportunidad “todavía” de dar resultados claros, pero si no puede “que nos presente su renuncia, que se vaya”. Pidió que también renuncie Olea Peláez y aseguró que desde que él llegó a la FGE aumentaron los asesinatos en el estado.
El maestro Galdino Nava Díaz dijo que los universitarios le dan 48 horas a Olea Peláez para que de resultados de la investigación, de lo contrario le exigirán que renuncie a su cargo.
En el Palacio Municipal los universitarios reclamaron que en Chilpancingo “no hay autoridad” y aseguraron que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena es un mal gobernante pues “no hace nada”.
En el Congreso local el maestro Antonio García Quiroz cuestionó qué harán los ciudadanos que decidan defenderse de un ataque, explicó que jurídicamente deben de tramitar un juicio de amparo, luego huir “porque la justicia de manera oficiosa lo va a perseguir y encarcelar, ese ciudadano tendrá que huir porque los cómplices de los delincuentes estarán tras sus huesos”.
Dijo que se deben de modificar el Código Penal y las leyes que fundamentan la acreditación de la defensa, porque “la legítima defensa en Guerrero es letra muerta, ciudadano honesto, trabajador que se defiende es víctima del estado”, y exigió a los diputados que legislen al respecto.
“Si no lo pueden hacer consulten a los universitarios y si no pueden, dejen ese espacio tan placentero y váyanse a hacer lo que mejor saben, nada”, advirtió que si en un término no mayor a tres meses, el Congreso local no discute el tema, “vendremos a invitarlos a que dejen su espacio, para que entren los que tienen ganas de trabajar”.

El mitin en Palacio de Gobierno

Martínez Llanes, Alcaraz González, Molina Francisco, Magdalena Salgado Patiño, la maestra de la escuela de Enfermería 1 Catalina Santiago, la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, el integrante de Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense, Román Ibarra Flores, el integrante de la Comisión Política de la CETEG Carlos Botello Barrera, el secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, el dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame, el maestro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) José Luis Ayala García, y la trabajadora de Prospera despedida injustificadamente, Mayra Morales Sánchez estuvieron en el mitin en Palacio de Gobierno.
Martínez Llanes dijo que los universitarios “estamos de luto, hoy hemos decidido marchar para exigir justicia y seguridad para los guerrerenses y los universitarios, le exigimos al gobierno que cumpla su función de darnos seguridad”.
“No queremos que el gobierno diga que la compañera (Jeany Rosado) estaba en el lugar equivocado o que tenía pacto con la delincuencia, no cesaremos las protestas, persistiremos hasta que sepamos la verdad”, advirtió.
Alcaraz González dijo que el STTAISUAG le exige a los tres niveles de gobierno que esclarezcan todos los crímenes que afectaron a universitarios, y recordó que el maestro de la escuela de Psicología de Acapulco, César Urrutia Guerrero está desaparecido desde el 15 de diciembre pasado.
Lamentó que “ya ni en nuestros hogares estamos seguros” y dijo que “todos hemos pasado por situaciones de inseguridad y hoy salimos a exigir nuestros derechos”.
Ramírez García dijo que el Sutcobach apoyará todas las acciones a las que convoquen los universitarios, “de manera inmediata y especial exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos condenables crímenes contra los universitarios, desde aquí le decimos al gobierno del estado que estamos unidos”.
A pesar de que Reyes Guerrero participó en la marcha, “por cuestiones de salud”, fue Botello Barrera quien habló a nombre de la CETEG y dijo que durante los 27 años que el magisterio lleva manifestándose, los maestros han sido asesinados, perseguidos y encarcelados, y que no es tolerable la situación de inseguridad actual, “ya basta de tanta violencia”.
Puntualizó que “hoy tenemos que hacer una lucha unificada sin protagonismos, sin políticos, los ciudadanos tienen que dar la cara porque hemos sido atacados, ¿qué va a hacer la ciudadanía con los que sólo se vienen a enriquecer?”. Añadió que la CETEG se unirá al plan de acción de los universitarios y viceversa.
Chávez Adame lamentó que el Palacio de Gobierno estuviera rodeado de vallas, “hoy Guerrero se viste de luto, hoy frente a estas rejas venimos a manifestarnos, el gobierno insensible priista que ofreció orden y paz, no cumple, los únicos que se salvan son ellos, el gobernador, los diputados, los senadores, hoy las armas las tiene la delincuencia” y que ante esa situación “la unidad es la clave”.

Reclaman la ausencia del rector

En su intervención, Ibarra Flores dijo que los universitarios deben unirse, lamentó los constantes crímenes en el estado y que “este tipo de movilizaciones no las encabece el rector (Javier Saldaña Almazán), es su responsabilidad encabezarlas pero no lo está haciendo porque coincide con el proyecto político del gobernador de Guerrero”.
Algunos universitarios exclamaron “¡hay que correrlo!”, luego, el integrante del Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense dijo que “afortunadamente” se avecinan las elecciones y en ellas “debemos de calificar su conducta”.
Molina Francisco lamentó que Saldaña Almazán no haya respondido a la invitación del STAUAG para que el rector encabezara la marcha junto al resto de los universitarios, y por ello “le haremos un fuerte reclamo”.
Añadió que pese a que las autoridades estatales rodearon con vallas las escalinatas del Palacio de Gobierno, “eso no nos va a impedir entrar”, aclaró que los universitarios no llegaron a la sede del Ejecutivo estatal para cerrarla, pero “el día que queramos hacerlo nadie nos lo va a impedir”.
Pidió a los policías estatales que resguardan el edificio que mejor salgan a cuidar a la sociedad y a dar seguridad en las calles.

Hay avances, les dice un vicefiscal en una reunión

Una comisión de universitarios y organizaciones sociales encabezada por Martínez Llanes se reunió en el Palacio de Gobierno con el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Político, Jesús Vargas Vargas y el vicefiscal a cargo de la investigación del asesinato de la familia Cabrera Rosado, Néstor Fiallo Samayoa, quienes les informaron que “hay avances”.
Se acordó que la próxima semana los universitarios se reunirán en la Fiscalía de manera directa para conocer a detalle los avances en la investigación del crimen, a pesar de esto Martínez Llanes dijo que estarán atentos, porque “si el gobierno no puede debemos asumir nuestra propia defensa”.
Añadió que los universitarios exigirán justicia no sólo para la familia Cabrera Rosado, sino para todos los académicos, administrativos y estudiantes que han sido afectados por la inseguridad, “nunca más un crimen para las universitarias ni para los universitarios, ni tampoco para el pueblo de Guerrero”.
“Desde aquí le decimos al gobierno que nosotros también sabemos actuar racionalmente, los escuchamos, pero necesitamos respuesta y la próxima semana queremos que haya respuesta positiva, la impunidad es lo que nos está matando, el gobierno debe acabar con la impunidad”, expuso.

Dolosa y sin sustento, la acusación del fiscal Xavier Olea, responde López Rosas

El ex procurador Alberto López Rosas calificó como temeraria, dolosa, fuera de lugar y sin sustento la respuesta de la Fiscalía General del Estado a su petición de reabrir el caso de los dos normalistas asesinados en 2011 en la Autopista del Sol.
Pidió al fiscal Xavier Olea Peláez mostrar los elementos de sus acusaciones o retractarse de lo dicho, o de lo contrario “quedará evidenciado con una mentira más y con falta de autoridad moral para continuar en esta función”.
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores no quiso opinar respecto de la declaración del fiscal porque dijo que la Fiscalía es autónoma.
-¿Avala las declaraciones del fiscal Xavier Olea, en el sentido de que el ex procurador Alberto López Rosas, fue quien ordenó el ataque a los estudiantes de la Normal el 12 de diciembre del 2011? -se le preguntó al término de una reunión en la Casa Guerrero.
-La Fiscalía es autónoma. Yo no quisiera intervenir en ello —respondió.
El lunes se publicó en estas páginas un desplegado de López Rosas, quien era procurador de Justicia cuando fueron asesinados los dos estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en el que manifestó que a cinco años de esos hechos prevalece la impunidad, por lo que solicitó la reapertura de la investigación del caso.
También acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) “de ese tiempo” de proteger a policías federales que participaron en el desalojo y que, a diferencia de los estatales y ministeriales, no fueron detenidos ni procesados.
En respuesta al desplegado, el fiscal Xavier Olea Peláez arremetió contra López Rosas, lo acusó de haber ordenado el ataque a los normalistas, de manipular las pruebas que existían en su contra y de integrar de manera deficiente la averiguación previa para obtener “protección federal”.
En declaraciones por teléfono, López Rosas recordó que dejó el cargo de procurador antes de que transcurrieran 24 horas del asesinato de los dos normalistas.
De las acusaciones que le hizo el fiscal, de haber ordenado el ataque a los normalistas, el ex procurador respondió que “yo no formé parte del operativo, los policías ministeriales llegaron cuando había presunción de delitos en flagrancia, el operativo siempre estuvo a cargo de la Policía Federal, de principio a fin, yo me encontraba en Casa Guerrero cuando empezaron las confrontaciones”.
De la averiguación previa que se integró con deficiencia para manipular pruebas, López Rosas dijo que no le correspondió integrar ninguna averiguación previa porque dejó el cargo antes de que transcurrieran 24 horas del asesinato de los dos normalistas, “yo fui el investigado, no el investigador”.
Opinó que la respuesta del fiscal fue incongruente al señalar que no puede abrirse una investigación del caso porque existe “una resolución de  amparo”, y precisó que el delito no ha prescrito para quienes no han sido juzgados.
Aseveró que se trata de una falacia el argumento del fiscal.
Al preguntarle si falta que sean investigados los policías federales, el ex alcalde de Acapulco insistió en que su demanda es que se reabra la investigación y que en el análisis de los videos se resuelva en derecho y se determine la responsabilidad de la Policía Federal, “que desde un principio trataron de negar su participación, lo que contrastaba con todos los elementos visuales y presenciales, por ello creo que es procedente reabrir este caso para la salud de la justicia”.
Dijo que en el desplegado que publicó el lunes fue respetuoso al dirigirse al gobernador Héctor Astudillo Flores, y en cambio recibió una respuesta “ríspida e intolerante, lo que no corresponde a un fiscal que sea serio, y sobre todo que mantenga principios de ética”.
López Rosas acusó a la Fiscalía de exponerlo ante los familiares de las víctimas de ese suceso.
El ex procurador abundó que insistirá en que se analicen y se valoren como evidencias los videos que han sido menospreciados por las autoridades.

Es más humano colocar los cuerpos sin identificar en gavetas que en la fosa común, responde el gobernador

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que los cuerpos que serán inhumados en el Cementerio Forense Estatal de Chilpancingo no han sido identificados por sus familiares pero se cumple con un protocolo.
En conferencia de prensa después de la inauguración del 18 Congreso Internacional en Adicciones, se le preguntó al respecto y dijo que es “más correcto y más humano colocarlos (en las gavetas) que mandarlos a la fosa común”.
Héctor Astudillo reconoció que se trata de un asunto delicado e importante pero asume la responsabilidad de esa decisión.
Del reclamo de la falta de identificación de los cuerpos, el gobernador lamentó que no hay familiares que reclamen los cuerpos, “ese fue el motivo para enviarlos a un cementerio donde se tomaron una serie de medidas de carácter de salud y de trato humano a quienes fallecieron”.
“Entiendo que habrá personas que van a estar diciendo bueno por qué se los llevan si no han sido identificados, pues por eso exactamente porque no han sido identificados”, agregó.
Después el gobernador explicó que donde fueron depositados los cuerpos se trata del “primer panteón ministerial del país” y que en la inhumación de los cuerpos se cumplieron los protocolos internacionales para la conservación e identificación de cuerpos.
Explicó que a los cadáveres se les realizaron diversas pruebas periciales, antropológicas, genéticas, dactiloscópicas, odontológicas, para generar un banco de información y expedientes que permita cruzar información con otras fiscalías y la Procuraduría General de la República (PGR), y de esta forma localizar e identificar familiares vinculados a los cuerpos.
También informó que “las gavetas y bolsas que se utilizan en el panteón ministerial, fueron donadas por la Cruz Roja Internacional, y permiten conservar los cuerpos hasta 50 años”.

Es injustificable la inconformidad de los familiares, dice el fiscal

El fiscal del Estado, Xavier Olea Peláez declaró ayer que es injustificable la inconformidad de los familiares de los desaparecidos por el traslado de cuerpos del Servicio Médico Forense (Semefo) al Cementerio Forense Estatal, y aseguró que se están cumpliendo las reglas y protocolos establecidos en la materia, además, que la Fiscalía cuenta con la base de datos para una posible identificación posterior.
Consultado por teléfono el fiscal informó que los protocolos que se están aplicando son los que les proporcionó la Cruz Roja Internacional, y que continuará el traslado hasta completar 60 en una primera etapa, mientras continúa la aplicación de las pruebas al resto de los 460 que hay en los semefos del estado.
En cuanto a las denuncias que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y ante el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez de la falta de resultados en las investigaciones para encontrar a los desaparecidos, argumentó falta de presupuesto, pero que aún así hay avances y que hasta les dieron a conocer lugares donde pudiera haber fosas posiblemente con cadáveres.
Dijo que la tarde del martes se reunió con el visitador de la CNDH Ismael Eslava a quien le explicó que los cadáveres que comenzaron a ser trasladados al cementerio ministerial son los que no han sido identificados.
“A mí me salta un problema porque dicen que no están identificados los cuerpos. Los cuerpos no pueden ser identificados si ningún deudo los identifica, lo que tenemos identificado es el ADN, las periciales de antropología forense, dactiloscopia, criminología, tenemos todo, pero son desconocidos”, aseguró.
–Pero la inconformidad de los familiares de desaparecidos es que no se ha hecho una confronta–, se le aclaró al fiscal.
–Están confrontados, cómo que no hay una confronta. Pero si no se sabe quiénes son no puede haber familiares.
Explicó: “si yo me muero tengo quien me reconozca, mi esposa o mis hijos. Aquí no es ese el caso, aquí son cadáveres que no han sido reconocidos por ningún familiar. Entonces la colectividad cómo puede estar en contra si no están reconocidos”.
Olea Peláez aseguró también que se cumplieron los protocolos, “los protocolos nos los dio la Cruz Roja Internacional. Somos el primer estado de la República en crear esto, porque en todos los estados y en la Ciudad de México se ha determinado el tiempo que están los cadáveres no reconocidos en Semefo, y son enviados a la fosa común, sin sacarles el perfil de ADN, sin nada”.
En cambio, explicó que con la medida que se aplicó aquí, “si un hermano mío está desaparecido y ya lo metieron a la gaveta, me sacan sangre y saliva e inmediatamente me van a decir: es el número 5 que está en tal lado”.
–En estas condiciones, ¿va a continuar el traslado?
–Evidentemente que va a continuar porque estamos rebasados en el número de cadáveres que podemos tener en los semefos.
Confirmó que en una primera etapa se van a trasladar 60 de un total de 460 cuerpos que hay en los semefos del estado. El martes fueron trasladados 20, ayer miércoles serían enviados otros 20 y este jueves 20 más, “y hasta allí paramos”.
Agregó que después van a continuar aplicando las pruebas al resto de los cadáveres para que “en un tiempo razonable” se trasladen otros 20, “y así vamos a ir descongestionando los semefos”.
Además aseguró que la Fiscalía cuenta con una relación “perfectamente cotejadas”, y dijo que los datos se encuentran en un libro de gobierno.

Falta presupuesto para investigar los casos de desaparecidos

En cuanto a la denuncia que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab y al visitador de la CNDH Ismael Eslava en el sentido de que no hay avances en las investigaciones para localizar a personas desaparecidas y esclarecer los asesinatos, el fiscal argumentó que la Fiscalía carece de presupuesto para hacer su trabajo.
Informó que la tarde del martes se reunió con el representante del Alto Comisionado, “y le dije claramente las penurias que pasa la Fiscalía en ese aspecto”.
Agregó que le explicó al enviado de las Naciones Unidas la escasez del presupuesto, “le expliqué que Guerrero no es Coahuila, no es Chihuahua y que es muy difícil encontrar cadáveres. Le expliqué claramente qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos avanzando”.
Dijo que el Alto Comisionado y el visitador de la CNDH le recomendaron que de alguna manera se tiene que fortalecer la Unidad o Fiscalía de personas desaparecidas.
“El problema es que hoy no tenemos el presupuesto, y vamos a ver si para el año que entra se puede hacer crecer la Fiscalía de desaparecidos”.
Olea Peláez aseguró que el representante del Alto Comisionado y el visitador de la CNDH “estuvieron 100 por ciento de acuerdo” con su respuesta.
La reunión fue en la Fiscalía entre las 5 y 7:15 de la noche y posteriormente se trasladaron a la Secretaría de Gobierno, en donde se reunieron también con el secretario Florencio Salazar Adame.
En esta segunda reunión los funcionarios entregaron un documento que contiene información de los lugares donde existen fosas posiblemente con cadáveres, y les explicaron que en el caso de las que fueron encontradas en Zitlala con 34 cadáveres y 9 cabezas humanas, fueron encontradas en función del trabajo de la Fiscalía, cuando llegaron a un campamento del crimen organizado en donde habían sepultado a 34 de sus víctimas.
Asimismo, informaron al Alto Comisionado y al visitador de la CNDH que en algunas barrancas profundas puede haber más fosas, “y les dijimos en qué parte del estado pueden estar”.
Agregó que con eso demostraron que “sí estamos trabajando y que tenemos en proceso de avance aún cuando no tenemos el presupuesto adecuado”.

Es un proyecto único

En un boletín de prensa conjunto la Fiscalía y la secretaría de Salud informaron que el Cementerio Forense Estatal (como se lee en las placas que pusieron a las gavetas donde depositaron cuerpos este martes), es un proyecto único en su género y que es coordinado por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado.
Se informó que los cadáveres que fueron llevados el martes al panteón ministerial son los que tienen completo el proceso de identificación, “es decir, se realizó la cadena de custodia y las diligencias de traslado, para que todo quede plenamente identificado”
Las dependencias explicaron que cada gaveta fue sellada para inhumación, “misma que cuenta con una placa metálica con número de averiguación previa y fecha de resguardo, previamente se realizó doble verificación de cada cuerpo, es decir peritaje, cuestionario ante mortem y post mortem”.
Se informó que el traslado de los cuerpos será paulatino, mientras continúa el proceso de las pruebas de ADN de todos los cadáveres por el estado en que se encuentran, esto implica que el proceso puede prolongarse, para inhumar los que se encuentran en servicios médicos forenses de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
Las dependencias informaron que en esta etapa de inhumación están concluidos cuatro módulos de 80 gavetas, 40 por cada lado y faltan tres módulos más por construir, “existe un libro de gobierno para ingresar el día y la hora de los cuerpos, un mapa del panteón y cada espacio tiene una ubicación específica”.
“El manejo y tratamiento de los cuerpos se hace bajo los protocolos homologados de necropsia, y el fin último es que en el Panteón Forense se preserven los cuerpos en un lugar específico, para que en la base de datos de genética creada se ingresen los perfiles de los familiares y se haga la correlación de manera sistematizada, previa práctica de los estudios correspondientes de los cuerpos identificables”, agrega.
Se informó que el proceso de inhumación lo hizo la Secretaría de Salud, y que en la primera etapa se tuvo asesoría de la Cruz Roja Internacional, que dotó de un software para facilitar la elaboración de los perfiles genéticos, “señalando que no habrá cadáver en gaveta si no está identificado con todos los estudios que se tendrán al 100%, los cuales se ingresarán a la base de datos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGE”.

 

El gobernador le ordenó “darle pa’bajo” a El Tequilero, dice el fiscal en San Jerónimo, Ajuchitlán

El fiscal Xavier Olea Peláez estuvo en San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán, donde la semana pasada el grupo criminal Los Tequileros secuestraron a 10 vecinos de los que todavía hay siete en cautiverio; informó que la orden del gobernador Héctor Astudillo Flores no es detener al líder criminal Raibel Jacobo de Almonte, El Tequilero, sino “acabarlo, darle pa’bajo”.
Anunció una operación especial por tierra y aire con agentes de Guerrero y Michoacán para ubicar a los secuestrados.
El fiscal llegó a Ajuchitlán poco antes de las 11 de la mañana en cuatro helicópteros, acompañado de policías ministeriales, estatales y de agentes de la Procuraduría de Michoacán.
Ahí estuvo acompañado de los policías y dialogó algunos minutos con reporteros para después volar a San Jerónimo el Grande.
En Ajuchitlán agradeció el apoyo de los agentes de Michoacán en la operación conjunta. Agradeció al gobernador Silviano Aureoles en nombre de Héctor Astudillo, “no quiero bajas de ustedes, quiero una sola baja, a él (El Tequilero) y ya, porque tiene asolada esta región de la Tierra Caliente”.
“Vamos a demostrarles que la ministerial de Guerrero es honesta, y vamos a sacar adelante este trabajo”, dijo.
Xavier Olea expuso que el objetivo de su visita era encabezar la búsqueda y rescate de los siete secuestrados, además de detener a El Tequilero.
Dijo que la estrategia era rodear San Miguel Totolapan incluyendo la sierra para dar con su paradero, “no es fácil, hay muchas cuevas, la zona es abrupta entre los cerros pero vamos a lograrlo”.
Informó que van bien equipados, incluirán un avión de un solo tripulante para tomar fotografías y reconocer las zonas donde se estima que está escondido el líder del grupo criminal Los Tequileros y en dónde tiene a los secuestrados.
En San Jerónimo el Grande unas 30 personas lo recibieron pero poco a poco salió más gente de sus casas. Le dijeron que las personas estaban escondidas por miedo, a pesar de la presencia de la Policía del Estado.

Lloran vecinos ante el fiscal, le piden que regrese a sus secuestrados

“Ya no sembramos, ya no salen los jóvenes a las escuelas, estamos hablando para ver cómo el gobierno nos puede apoyar porque estamos afectados en nuestras actividades económicas, por el miedo a la inseguridad”, fueron las primeras palabras que recibió el fiscal de un vecino.
La gente se desahogó: “ayúdeme, hace ocho meses se llevaron a mi hijo y no lo he vuelto a ver y no sé nada de él, ahora no veo a mi nieto, se lo llevaron”, le dijo una mujer de unos 70 años en medio de su llanto.
Cinco mujeres más lo abrazaron llorando, “queremos primero que recupere a nuestros familiares”.
“Mi hijo fue a la leña, de ahí se lo llevaron, a eso se dedicaba señor”, dijo otra de las mujeres.
Xavier Olea dijo que llevaría todos los testimonios ante el gobernador, que le diría lo que vio, que “en San Jerónimo hay hambre, que está escaseando el trabajo porque la gente no sale a trabajar por miedo, que realmente están resguardados en sus casas”.
Dijo que “el mensaje que quiero que tengan es que es un operativo. La verdad yo no les puedo prometer el resguardo de la población porque traigo 80 policías solamente, 51 policías del Estado de Michoacán que nos están apoyando”.
Agregó que este viernes “nos mandan un avión para tomar fotografías, para buscar los campamentos. Ya se encontró un campamento por la Policía del Estado, desafortunadamente no estaban ahí los secuestrados. Esta gente se mueve en la noche, hace caminar mucho a sus secuestrados”.
“La intención con este sujeto, se los digo con el corazón en la mano, no es detenerlo, vamos a acabar con él, pero para que ustedes se sientan más tranquilos, para que ustedes trabajen a gusto y que puedan sobrevivir, que esta Navidad sea placentera, primero es el rescate y después le damos pa’bajo a ese sujeto o al mismo tiempo, pero primero son ustedes, ese es el mensaje del gobernador que les manda por mi conducto”.
“Que sepa el tipo este, El Tequilero, que están armados pero no anden pululando en las calles con las armas porque se pueden meter en problemas, ténganlas en sus casas”, pidió el fiscal.
En San Jerónimo la gente fue clara, “no tenemos empleos, no podemos vender nuestra leña por miedo a salir fuera del pueblo y topar esa gente, no podemos ni trabajar la tierra de riego porque los canales no sirven, y si salimos con una camionetita nos topamos con los ministeriales o con los federales que nos quieren extorsionar”. El fiscal se comprometió a tomar cartas en el asunto.

Piden 4 millones de pesos de rescate por los siete secuestrados; son campesinos y un chofer las víctimas

Los familiares de los secuestrados confirmaron que ya tuvieron contacto con los sicarios, quienes piden medio millón de pesos por cada uno de los que se llevaron, pero a uno de los siete le piden un millón de pesos.
La versión dada por los familiares indica que desde el primer día tuvieron contacto, “aquí sale la gente a pedir pero estamos cooperando entre el mismo pueblo y pues no podemos dar más, los muchachos que se llevaron se dedican al campo, cortan y venden leña, a uno lo levantaron poniendo una cerca, otro el que tal vez más modo tenga es chofer de una combi, pero cuánto puede dar, no tienen dinero sus familias para juntar medio millón”.
También se informó que los primeros tres liberados ya no están en el pueblo y que no pagaron rescate por ellos.

Vecinos armados vigilan desde los cerros

Vecinos de San Jerónimo el Grande instalaron tres puestos de control en las entradas y desde tres lomas ubicadas en puntos cercanos. No están a pie de la carretera pero se alcanzan a ver a lo lejos, y ellos ven todo vehículo que entra y sale.
“Lo decimos porque dicen que van a ir a los cerros a buscar, no se confundan, los que están aquí cerca son nuestros”, informó uno de los vecinos a los policías que llegaron.
En el pueblo no se ven los hombres armados, ahí permanece la Policía del Estado que instaló un grupo este miércoles. Ellos se encargan de la seguridad en la comunidad. Afuera están los civiles porque temen otra irrupción por brechas fuera de los caminos comunes.
La Policía del Estado convocó este jueves a una reunión con los vecinos. Llamó a los líderes de los hombres que están en la autodefensa a desarmarse y a permitir que la Policía Estatal se hiciera cargo de la seguridad.

Ya saben las autoridades quiénes son los que mataron a los dos militares, informa el fiscal

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, declaró este martes que “aparentemente” ya se sabe quiénes son los responsables del asesinato de dos militares en Acapulco, aunque no quiso abundar más en cuanto a la identidad del grupo criminal y de los motivos que tuvieron para levantarlos y después asesinarlos, pues insistió en que no prestaban ningún servicio en la entidad.
A su vez, el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, destacó que los militares fueron levantados en una zona donde hay presencia de grupos delictivos, “y una acción permanente y directa de las corporaciones federales y estatales para quitarle a los criminales el control de ese territorio”, por lo que dijo que pudiera ser esa la causa, pero tampoco quiso identificar al grupo responsable que opera en esa zona.
Consultado por teléfono, el fiscal se quejó de que se “tergiversaron” sus declaraciones, en referencia al noticiero nocturno de Radio Fórmula a cargo de Carlos Loret de Mola, en el que se difundió la versión de que ya había detenidos sobre el caso.
“Tergiversaron todo. No hay detenidos. Eso es una mentira. Yo no dije eso. Yo dije que se está investigando y que aparentemente sabemos quiénes son, pero no hay nada”, subrayó el fiscal.
-¿Ese aparentemente qué implica concretamente, fiscal?
-Que no los tengo.
-¿Cómo van las investigaciones, entonces?
-Muy adelantadas, por eso dije aparentemente.
-¿Si aparentemente se sabe quiénes son los responsables, se conoce también cuáles fueron los móviles y a qué banda criminal pertenecen?
-Las investigaciones están en el sigilo correspondiente, y punto. Por eso te digo: se abren comillas, aparentemente -dijo prolongando la pronunciación de la palabra “aparentemente”.
-De acuerdo con ese “aparentemente”, ¿el asunto se va a resolver pronto?
-Siempre he tratado de resolver los asuntos rápido. Algunos se resuelven rápido y otros desafortunadamente no, pero los asuntos se resuelven conforme a derecho. Yo no he dicho absolutamente que ya tenemos detenidos.
-¿Fueron levantados y después asesinados como consecuencia del servicio que prestan?
-Los militares vinieron a hacer un curso a Pie de la Cuesta, no eran gentes que estuvieran asignados a alguna región de Guerrero.
-¿Fue circunstancial su muerte, entonces?
-Fue totalmente circunstancial.
El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró que también a él, el fiscal le confirmó que no hay detenidos y que las investigaciones siguen su curso, “y hasta el momento se tienen identificados quienes pudieran ser los responsables de los homicidios, pero por el sigilo que requiere esta investigación se tiene que mantener en absoluta discreción”.
El funcionario añadió que a él no le corresponde señalar qué grupo pudiera estar detrás de los homicidios, “lo que te puedo decir es que no hay todavía detenidos por estos casos, la investigación va avanzando y se tiene una coordinación e intercambio de información e inteligencia con la Procuraduría General de la República (PGR)”.
Aclaró que el caso está bajo la responsabilidad de la Fiscalía del estado, dado que la PGR todavía no ha tomado la decisión de ejercer su facultad de atracción, “entonces hasta este momento las investigaciones corren bajo el mando de la Fiscalía del estado, pero con la coordinación y el intercambio de información que se tiene con la PGR”.
El vocero dijo que tienen conocimiento que en el asesinato de los dos militares “hubo extrema violencia en contra de los efectivos militares, no te puedo abundar sobre los detalles pero sí que en este caso tan lamentable se usó una violencia extrema”.
-¿Qué indica eso, qué mensaje se interpreta con eso? –se le preguntó al vocero.
-Más que dar una opinión en relación a esto, yo diría que el contexto en el que se llevaron a cabo estos hechos tan condenables, fue en una zona como la colonia Progreso, el mercado Central, el Tianguis Campesino, en donde hay presencia de grupos delictivos y ha habido una acción permanente y directa de las corporaciones, sobre todo federales, Ejército nacional, Marina, Policía Federal, Policía del Estado y Ministerial, y todos ellos han trabajado intensamente, palmo a palmo, para quitarle a los criminales el control de este territorio. Probablemente eso puede explicar lo que ocurrió cuando grupos criminales identificaron o se dieron cuenta de la presencia de estas personas y tomaron la decisión de privarlos de su libertad y después las consecuencias que todos ya sabemos.
-Esto implica que se trata de la misma banda delictiva que ha venido cometiendo ilícitos y que según versiones controla la zona del mercado?
-A mí no me corresponde señalar qué grupo pudiera estar detrás de estos homicidios, lo que te puedo decir es que todavía no hay detenidos por estos casos. La investigación va avanzando y se tiene una coordinación e intercambio de inteligencia con la PGR.
-Hay versiones que aseguran que los cuerpos de los militares fueron encontrados uniformados, ¿cómo aseguran ustedes que no estaban en servicio y que era su día de asueto?
-Los soldados pertenecían a la brigada de paracaidistas. Estaban destacamentados en otra región militar, fuera de la entidad. Habían tomado un curso de actualización de la base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta y les habían dado su franquicia para hacer sus actividades de carácter personal. No estaban uniformados, no estaban armados, vestían de civil y fueron al mercado seguramente a comprar productos de carácter personal, incluso algunos recuerdos para sus familias. Bajo este contexto fue que se encontraban en ese lugar, en donde hay mucha venta de artesanías y se encontraban allí en calidad de francos.
-Si no prestaban su servicio en la región, no estaban uniformados y no tenían permanencia en Guerrero, ¿cómo es que fueron ubicados e identificados por los delincuentes que los levantaron y después los asesinaron con extrema violencia?
-Esa pregunta hay que hacérsela a los grupos criminales. Ellos tienen su sistema de vigilancia, los halcones, y probablemente detectaron la presencia de personas sospechosas, que no eran locales, les llamó la atención y tomaron la decisión de privarlos de su libertad y posteriormente cometer este ruin asesinato.
-¿Si ya se tienen identificados a los que cometieron el crimen, que indica, quiénes son?
-A mí no me corresponde decir quiénes pueden ser porque estaría yo violando la secrecía que se tiene que tener en estos delicados procesos de investigación. Lo que sí te puedo decir es que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía del estado con la colaboración y el intercambio de información estratégica y de inteligencia de la PGR, y con la colaboración e intervención directa de todas las dependencia de carácter federal y estatal en materia de seguridad. Esto ha permitido que las investigaciones tengan un avance importante, que, obviamente, esperamos que se puedan completar con la detención de quienes pudieron ser los responsables.