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Confirma el fiscal que hay un detenido por el asesinato de la doctora Adela Rivas; es el único inculpado, afirma

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez confirmó la detención del encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS de Petacalco como único presunto responsable de la desaparición y asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, y ratificó que el crimen fue por el robo de medicamentos controlados que investigaba la directora de micro región en la Costa Grande.
Dijo que probablemente la doctora entrevistó al inculpado y ahí comenzó el conflicto, mientras que la delegación en Guerrero del IMSS envió un breve comunicado en el que no menciona el robo de medicamentos, pero reitera su cooperación en las investigaciones.
En conferencia de prensa al mediodía de ayer en el Centro Internacional Acapulco, Olea Peláez dio una disculpa a los familiares de la víctima por haber declarado que una de las líneas de investigación era pasional, “debo decir y ofrecer una disculpa a la familia de la doctora Rivas, principalmente si existió un mal entendido a las investigaciones que hacíamos, sin embargo afortunadamente una de las líneas de investigación fue la idónea”.
Confirmó que la detención de Edgar Arturo de 30 años fue alrededor de la 1 de la madrugada del sábado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, como se informó en estas páginas.
Precisó que la detención fue en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán con base en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y no “como erróneamente” fue informado de que esa dependencia del estado vecino detuvo al señalado. Dijo que dos grupos de agentes ministeriales de Zihuatanejo y de La Unión entraron a Lázaro Cárdenas y detuvieron al inculpado.
Agregó que hay los “suficientes elementos para que después de la ampliación del término constitucional –que solicitó el abogado del inculpado– el imputado sea vinculado a proceso, tomando en consideración que las pruebas existentes hacen probable su responsabilidad”.
Indicó que de acuerdo con la carpeta de información 121-3057-0301-090-111-016 radicada en la ciudad de Zihuatanejo, el juez de Control y Enjuiciamiento Judicial otorgó una orden de aprehensión por homicidio calificado, en agravio de la doctora Rivas Obé de 52 años, quien investigaba personalmente la falta de medicamentos controlados en la clínica de Petacalco, municipio de La Unión.
El fiscal dijo que según la información que se obtuvo del número de la víctima así como los números telefónicos con los que tuvo comunicación, “se identificó un número con lada 742, con dicho número tenía comunicación constante en los días previos a su desaparición, así como en los días que fue privada de la libertad. Se acreditó con el teléfono 753 fue localizado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sin embargo el día de la desaparición (el 22 de septiembre a las 11:27), a las 14:54 horas este número se localizó en las inmediaciones de la colonia Industrial de Zihuatanejo, aproximadamente a 150 metros de la clínica del Seguro Social”.
“Al lugar al cual acudió la doctora a una reunión de trabajo, retirándose de dicha clínica alrededor de las 12:40 horas, y minutos más tarde la doctora recibió una llamada telefónica con lada 753 teniendo una duración aproximada de dos minutos, es importante destacar que la comunicación entre estos dos números y el teléfono de la doctora Rivas Obé fue constante hasta el día de su desaparición o privación de la libertad”. La doctora fue encontrada el 11 de octubre en la playa La Majahua, donde según la PGJE de Michoacán Edgar Arturo la asesinó.
Olea Peláez, abundó “es decir, existieron llamadas y mensajes entrantes y salientes en tres momentos, además que los números telefónicos que tuvieron comunicación antes y durante el hecho delictivo con la doctora, tuvieron actividad principalmente en las inmediaciones de la localidad de Petacalco, municipio de la Unión, por lo que se realizaron trabajos de campo para corroborar la identidad exacta de los usuarios de los teléfonos antes mencionados, así como los domicilios y rutinas de los mismos”.
Dijo que mediante “testigos se averiguó que uno de los números con lada 753 es propiedad de Edgar Arturo, quien se desempeña como encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS precisamente en Petacalco”. El fiscal informó que el domingo se realizó la audiencia inicial de la carpeta 20/2016, donde el abogado del imputado solicitó la ampliación del proceso, y fue programada para hoy a la 1 de la tarde. El inculpado se encuentra en prisión preventiva.

El robo de medicamentos

En la ronda de preguntas el fiscal dijo que “desde el primer día de la desaparición en presencia del coordinador general de la Policía Ministerial hablé telefónicamente con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social –José Luis Ávila Sánchez–, y le dije muy claramente que nuestra línea de investigación, más clara, independientemente de cualquier otro tipo era precisamente el robo de medicamentos. Él respondió textualmente que no tenía conocimiento del robo de estos medicamentos”.
“Ella era una doctora que administraba la microzona, entonces tenía que saber qué medicamentos se suministraban, qué medicamentos llegaban o se adquirían, y cuántos medicamentos quedaban, y ahí es donde ella se percata de la falta de medicamentos y muy probablemente entonces entrevista a esta persona, quien era el encargado de la custodia de los medicamentos y ahí probablemente inició el conflicto”, supuso.
Olea Peláez dijo que el inculpado robó más de 200 o 300 unidades de medicamentos controlados en los últimos días, “y él los vendía al público, son medicamentos muy caros. Había psicotrópicos, había medicinas para el dolor, etc. Medicamentos verdaderamente caros y él recibía según las pláticas que se tuvieron con él, las entrevistas que se tuvieron con él, recibía por la venta de estos medicamentos alrededor de 15 o 20 mil pesos”.
El fiscal respondió que Edgar Arturo es el único detenido por el asesinato “es muy difícil hablar de un cómplice, tomando en consideración que el único que tenía acceso a ese tipo de medicamentos controlados era precisamente él. Una línea de la investigación son los testigos que compraban el medicamento”, adelantó.
Abundó que el caso no se cierra porque inicia el proceso penal, e insistió en que la Fiscalía tiene suficientes elementos para procesar al presunto responsable, “las pruebas periciales que son muy precisas”.

El comunicado del IMSS

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en un escueto comunicado que reitera que seguirá cooperando con las autoridades ministeriales en las investigaciones del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé.
La misiva enviada casi cuatro horas después de la declaración del fiscal no menciona el robo de medicamentos.
“Reiteramos que continuaremos colaborando con la autoridad judicial para el desarrollo adecuado del proceso” y “el IMSS reitera su solidaridad y total apoyo a los familiares de la doctora Adela Rivas para el esclarecimiento de su caso”, se lee.
La delegación a cargo de José Luis Ávila Sánchez, emitió un primer comunicado cuatro días después de la desaparición de Adela Rivas, cuando el hijo de la doctora, Bolívar Rojas manifestó que la institución debe velar por la seguridad de sus trabajadores, y lo que sucediera en horario laboral es responsabilidad del IMSS.
Los familiares indicaron que José Luis Ávila se acercó a ellos pero le pedían una posición pública de la institución. El 26 de septiembre en declaraciones a reporteros, Ávila Sánchez pidió el apoyo al gobierno del estado para localizar a la doctora.
El lunes 17 de octubre el fiscal informó que el cuerpo hallado en playa La Majahua seis días antes en Zihuatanejo, correspondía a la doctora Rivas Obé y dentro de las líneas de investigación por el homicidio decía que la directora de la micro zona investigaba la desaparición de fármacos.
Un día después el delegado del IMSS respondió que no había investigaciones internas por robo de medicamento: “puedo decir que de manera oficial y tajante que nosotros no teníamos ninguna carpeta, ningún proceso administrativo, ninguna investigación en curso o algo relativo a ese tema”.
Ávila Sánchez aseguró que en el IMSS hay un control estricto de los medicamentos, “nosotros manejamos algo que se llama Torre de Control en donde están bajo llave y se distribuyen al estado cuando son requeridos bajo estrictas normas de control con el derechohabiente, número de expediente, número de matrícula, todo”. Dos días después, el pasado jueves consultado, reiteró que no había reportes de robo.
Sin embargo ayer la Fiscalía dijo que Edgar Arturo, encargado de la Unidad Médica del IMSS en Petacalco y presunto homicida, traficaba con medicamentos controlados como psicotrópicos y analgésicos.
En otro tema, el fiscal del estado Xavier Olea Peláez llamó a la mamá de la adolescente de 15 años Saira Hernández Chino cuyos restos fueron entregados diez meses después de haber sido encontrados y reconocidos, que diga qué funcionario la trató mal para proceder de forma administrativa.
Dijo que lamentaba el caso de la señora Bellanira Chino Campo y la exhortó a “que me diga qué funcionario la trató mal, y entonces yo procederé administrativamente”.
El viernes después de un año y siete meses desaparecida, y 10 meses después de que encontraron sus restos en una fosa clandestina, la mamá de la joven que trabajaba en una cafetería en Galerías Chilpancingo recibió el cuerpo de su hija.

 

Por extorsión, el asesinato de los empleados de la pastelería, dice el fiscal

 

El fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, informó que el asesinato de los dos jóvenes empleados de la pastelería Charlotte, ubicada en avenida Universidad, “se trata presuntamente de una extorsión”.
Durante la conferencia que dio ayer en el Centro de Convenciones, Olea Peláez lamentó el asesinato de los empleados de la pastelería, uno de ellos una estudiante de la Unidad de Enfermería 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Acapulco, “lo lamento muchísimo”.
Sin dar mayores detalles de la investigación, el fiscal explicó que están a la espera de que los dueños de la pastelería, que están en Guadalajara, se presenten a la Fiscalía y la dependencia tenga acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Indicó que el inmueble que ocupa la pastelería Charlotte fue asegurado y que están “en espera de que vengan esas personas (los dueños) porque hay cámaras, entonces ahí podemos ver los rostros de estas dos personas o tres”, que asesinaron a los trabajadores.
Olea Peláez dijo que “en este caso puede existir la extorsión, necesitamos la declaración de los dueños de la pastelería para saber si a ellos los estaban extorsionando o no. Quiénes los estaban extorsionando, qué tipo de gente era la que los estaba extorsionado, cuáles eran sus características y después el homicidio”.
El sábado pasado, a las 9 de la noche, los empleados de la pastelería fueron asesinados a balazos por hombres armados.
El cuerpo de la estudiante de Enfermería quedó junto a la caja fuerte del negocio, en el área de cobro, mientras que su compañero fue hallado en la zona de atención a clientes, junto a los refrigeradores. Ese día hubo siete personas asesinadas en Acapulco.

 

 

Entregan 76 alcaldías su Ley de Ingresos; el resto deberá ajustarse al paquete fiscal

En total 76 ayuntamientos entregaron al Congreso local su iniciativa de Ley de Ingresos, informó vía telefónica el presidente de la Comisión de Hacienda, Ignacio Basilio García, y explicó que los cinco ayuntamientos restantes deberán sujetarse a la Ley General de Ingresos que presentó el gobierno del estado en su paquete fiscal.
El plazo para que los gobiernos municipales entregaran sus iniciativas, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, venció el sábado pasado, y el diputado local priista dijo que no habrá prórroga, aunque no precisó qué ayuntamientos no cumplieron.
Comentó que el año pasado se dio 15 días más a los alcaldes porque recién habían entrado en funciones y ello complicó la elaboración de sus proyectos.
Basilio García explicó que la Comisión de Hacienda analizará cada una de las 76 iniciativas presentadas, para determinar si son o no procedentes y posteriormente dictaminarlas, y recordó que el pleno deberá avalarlas, con la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes.
Recordó que el plazo para aprobar las iniciativas es el 29 de diciembre, sin embargo dijo que la Comisión de Hacienda trabajará para que a finales de noviembre todas hayan sido votadas. (Carlos Navarrete Romero / Chilpancingo).

Aumentarán todos los impuesto de Zihuatanejo en un 3%

El alcalde perredista de Zihuatanejo, Gusta-vo García Bello, anunció que todos los im-puestos que cobra el Ayuntamiento tendrán un aumento del tres por ciento en 2017.
Este lunes, al término del acto inaugural de la brigada comunitaria de difusión para la atención y prevención hacia las mujeres PAIMEF 2016, dijo que “generalmente los ayuntamientos pueden proponer sus ingresos, pero el Congreso determina si procede o no, yo creo que no estamos en condiciones de elevar impuestos, solamente lo normal, los incrementos anuales son del 3 por ciento”.

Informará hoy el fiscal Olea al CEE del PRD sobre el asesinato de Chavarría

Este martes el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD se reunirá en privado con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que éste informe sobre la situación que guarda la investigación del asesinato del que fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera.

Como cada semana, ayer la dirigencia del PRD sesionó en sus oficinas que se encuentran frente al mercado municipal Baltazar R. Leyva Mancilla, donde se presentó la primera propuesta del partido para la redistritación local y se acordó también una reunión con el fiscal para tratar el caso del diputado asesinado hace siete años, el 20 de agosto de 2009 afuera de su casa en el sur de esta ciudad.
Consultada vía telefónica, la secretaria de Derechos Humanos del CEE, Yenedith Barrientos Santiago, explicó que en la sesión de ayer se planteó la necesidad de que la dirigencia se reúna con Xavier Olea luego de que el domingo se publicó un comunicado de la FGE en el que se informa de presuntas irregularidades en la investigación del asesinato del presidente del Congreso.
En ese comunicado, titulado “Información sobre situación actual y esquema de acción de la Fiscalía General de Guerrero sobre el caso Chavarría”, la institución reconoció que el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar, lo que dio lugar a que no se garantizara “un debido proceso jurídico”.
También reconoció que hubo un entorpecimiento doloso en las investigaciones y responsabilizó de ello al ex fiscal especial José Fernando Monreal Leyva, nombrado en 2009 para el caso por el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo junto a Jesús Miranda Rodríguez.
Ante la revelación de la FGE, Barrientos Santiago dijo que la Secretaría de Derechos Humanos propuso buscar un encuentro con el fiscal, a fin de que amplíe la información difundida en el comunicado.
Explicó que el CEE estuvo de acuerdo y ayer mismo la secretaría que ella encabeza se contactó con Xavier Olea y programaron la reunión para hoy a la 1:30 de la tarde en las instalaciones de la FGE.
Comentó que en la reunión la dirigencia pedirá que se informe el estado que guarda la investigación del caso, además de que exigirán castigo a los autores materiales e intelectuales de ese crimen, que el pasado sábado cumplió siete años de haberse cometido.
“Lo que tenemos que hacer como dirigencia es la exigencia del esclarecimiento del caso. Por eso acordamos sacar una audiencia para que nos reciba el fiscal y ese es el tema único, queremos saber cuál es el procedimiento que se le ha dado al caso, también que nos hable de las probables anomalías, eso es lo que solicitaremos y lo más sustancial es que se esclarezca el caso”, explicó.
Indicó que lo que les informe el fiscal será notificado a la familia de Armando Chavarría.
Respecto a por qué no invitaron a la viuda, Martha Obeso Cázares, o a alguno de los hijos del diputado, comentó que el procedimiento es institucional y por eso asistirá sólo la dirigencia, sin embargo aclaró que sí le informarán a la familia lo que el fiscal exponga.
Por su cuenta, el secretario general y representante ante la Junta Local de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE), Demetrio Saldívar Gómez, dijo que en la sesión de ayer se presentó a los integrantes del CEE la primera propuesta de redistritación elaborada por el PRD.
Dijo que para esta primera propuesta se consideró la situación regional del estado, la cultura que los municipios comparten, sus vías de comunicación, la integración de las comunidades indígenas y otros aspectos, ajustándose a los ocho criterios que establece el INE.
El secretario general del partido comentó que en esa primera propuesta se privilegia la afinidad de los municipios y los criterios poblacionales, porque “no pueden estar regiones distintas en un mismo distrito, como se pretende con Tierra Caliente y Costa Grande”.
Indicó que probablemente el miércoles cada partido presentará su propuesta tanto en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) como en la Junta Local de Vigilancia del INE.
Dijo que se buscará el consenso para impulsar un escenario único. “Se debe privilegiar al electorado, para que los ciudadanos puedan acceder al centro de votación, que el traslado de la paquetería sea rápido, lo mismo que la emisión de los resultados”.

El fiscal Olea le dijo que no hay ningún avance en la investigación, afirma la viuda de Chavarría

La viuda del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, declaró que a siete años de la ejecución de su esposo, el único procurador que dio certeza a las investigaciones fue Alberto López Rosas, pero que cuando encontró evidencias de que el presunto responsable intelectual fue el ahora ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero frenó las investigaciones para protegerlo.
Consultada por El Sur, la viuda de quien era el virtual candidato del PRD a la gubernatura del estado cuando fue ejecutado el 20 de agosto del 2009, insistió en que todos los procuradores y gobernadores han venido actuando con opacidad y que le han negado información y copias del expediente.
Informó que hace dos semanas se reunió con el actual fiscal, Xavier Olea Peláez, quien reconoció que no cuenta con avances de las investigaciones, a pesar de que en marzo pasado declaró estar muy cerca de quienes pudieron haber cometido el crimen.
“Yo estoy convencida que desde hace siete años, el único procurador que hizo investigaciones serias, de todos los que han transitado en la institución de procuración de justicia, fue Alberto López Rosas”, dijo Obeso Cázares
Recordó que fue en junio del 2011 cuando se conoció la información “que le dio seriedad a la línea que lleva a la presunta autoría intelectual del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
“Fue en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando se conoció esta información, pero también cuando se frenó la investigación. Después de eso evidentemente (el caso) se manoseó, se hizo un trasiego sucio, se extrajeron hojas del expediente y se manejó en la más completa opacidad para evitar cualquier vestigio y el expediente del caso pudiera convertirse en una investigación seria y profesional”, se quejó la viuda.
Subrayó que tiene la certeza que el expediente fue manipulado y mutilado para proteger al ex gobernador Zeferino Torreblanca, “por supuesto que creo que se quiere protegerlo a toda costa, que se quiere sustraer cualquier indicio, pista o información que lo involucre y lo señale como autor intelectual”.
Añadió que toda esa información es clave para el caso, pero que también “es la pista y la línea que ellos siempre quisieron desechar”, insistió.
Explicó que tiene la percepción que de parte del entonces procurador Alberto López Rosas había la voluntad de esclarecer y resolver el caso, pero que la investigación fue frenada por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero o por alguien de más arriba.
“Yo tengo esa percepción. O sea, yo digo que quien se interesó en el tema, tuvo la voluntad de esclarecerlo y se comprometió con el caso, y sí realizó investigaciones, fue el procurador López Rosas, pero fue frenado por el gobernador Ángel Aguirre”.
Pero Obeso Cázares declaró que ni siquiera en el periodo en que estuvo el procurador López Rosas pudo tener en sus manos una copia del expediente para conocer cómo se iniciaron las investigaciones, “siempre hemos solicitado copias del expediente porque es un derecho que tenemos como familia directa para poder coadyuvar con el caso, pero siempre nos lo han negado con el argumento de la secrecía”, denunció.
Explicó que en el periodo de López Rosas lo único que logró fue que le entregara algunas hojas que dan cuenta únicamente del levantamiento cadavérico, “y eso lo hizo porque la aseguradora me pedía copia del expediente de las primeras actuaciones para poder cobrar el seguro de vida”.
La viuda de Chavarría Barrera denunció que todas las investigaciones se han hecho en la opacidad, y que incluso la reconstrucción de hechos se realizó “en sigilo, de forma subrepticia y totalmente irregular”.
Contó que una madrugada despertó y lo que vio la llenó se zozobra y de miedo. Afuera de su casa había una invasión de patrullas con sirenas abiertas, y alrededor hombres armados. Ella salió a preguntar qué pasaba y le dijeron que estaban realizando la reconstrucción de los hechos.
Dijo que previamente la familia del asesinado no tuvo conocimiento de nada y mucho menos le solicitaron su participación, “hasta cuando solicité información de lo que estaba sucediendo me dijeron que estaban realizando la reconstrucción de los hechos”.
La fecha no la recordó con exactitud, pero dijo que ocurrió meses después del 20 de agosto del 2009, fecha de la ejecución de su cónyuge.
Ante la manipulación, cerrazón, opacidad, impunidad y el autoritarismo con el que se ha encontrado en la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría de Justicia del estado), dijo que ha recurrido a las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que atraiga las investigaciones y no se cierre ni le den carpetazo al caso y se conozca la verdad.
“Esa ha sido nuestra lucha, que no lleguen a cerrar el caso, como han pretendido hacerlo, particularmente en el mismo gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo”, dijo.
Se quejó que todos los gobiernos que han pasado le han apostado “a que el polvo del olvido cubra y selle la impunidad y nunca jamás sepamos lo que sucedió y no se haga justicia”.
Insistió que contra eso acudieron a la CIDH y que están en espera de la admisibilidad del caso desde diciembre del año pasado.
Además denunció que desde el asesinato de su esposo buscó en el estado abogados que quisieran hacerse cargo del caso pero que nadie aceptó, “todos se excusaron con diferentes argumentos. Algunos me dijeron que era un caso muy espinoso, otro más de plano me dijo que era muy peligroso, que no le permitirían investigar y que estaría en riesgo su vida”.
Agregó que después se fue a la ciudad de México, pero que los que contactó fueron hostigados, amenazados y obligados a dejar el caso.
Recordó que el último intento fue crear una fiscalía especial para el caso, con todo y que las fiscalías no han resuelto ninguno de los casos emblemáticos, pero que en aras de que el caso de su esposo no se empolve y se quede allí, propuso en el gobierno de Rogelio Ortega que se creara esta fiscalía, pero que la respuesta la dio en las postrimerías de su mandato y se hizo la propuesta del abogado y ex rector de la UAG, José Enrique González Ruíz, pero que nunca se aceptó ni se creó la fiscalía para el caso.
Añadió que el problema es que en todos los gobiernos no han querido resolver el caso y que todos ratifican el pacto de impunidad para sellar la protección hacia el contador Zeferino Torreblanca.
“Él (Torreblanca Galindo) ha dicho que se trata de una obsesión mía, pero no es el caso, yo nunca he dicho condénenlo sin investigarlo. Yo lo que he exigido es que se le indicie porque existen pistas claras y señalamientos directos hacia su persona como posible autor intelectual, pero jamás lo han querido investigar”, se quejó.
Declaró que la misma situación se ha encontrado con el actual gobierno del priista Héctor Astudillo Flores, con quien no se ha reunido para tocar el tema, pero informó que sí se reunió hace aproximadamente dos semanas con el fiscal Xavier Oléa Peláez, pero que le dijo que no hay absolutamente ningún avance.
—¿No sé si recuerde usted que en marzo pasado el fiscal Olea declaró que estaba muy cerca de llegar con los responsables y resolver el caso? —consultó el reportero.
—Pues sí, sí lo ha dicho, pero lo cierto es que sólo son palabras. Esa es la verdad. A mí no me dio información de ningún avance, por el contrario, la percepción que me dejó es que tampoco tienen el ánimo ni el interés de resolver el caso.
“Me dijo también que está trabajando en el caso hasta configurar una hipótesis, pero la verdad es que ya van para nueve meses de este gobierno y el fiscal no me informó de ningún avance, por el contrario, me confirmó que no tenía nada”, agregó.
El 2 de marzo el fiscal Xavier Olea Peláez dijo lo siguiente en torno al caso Chavarría Barrera: los anteriores fiscales “no investigaron nada, pero yo en tres meses estoy muy cerca de quienes pudieron haberlo hecho, hasta que no los tenga no te puedo decir son estos angelitos, pero estoy cerca”.
La viuda de Chavarría Barrera informó que las actividades que tienen programadas para este 20 de agosto, en el marco del séptimo aniversario de su asesinato, tendrán la característica de sumar las voces contra la impunidad, “para que se esclarezca y se castigue ejemplarmente a quienes resulten responsables del asesinato de Armando Chavarría y que se retome la investigación de manera profesional y se ponga fin a ésta trasiego descarado de la información, del manejo descarado del expediente”.
Armando Chavarría Barrera, líder del Congreso del estado, fue ejecutado de 10 balazos al salir de su casa, al sur de la ciudad, la mañana del jueves 20 de agosto de 2009.
Los primeros datos que dieron los cuerpos policiacos fue que su cadáver fue encontrado en el interior de su automóvil, recargado sobre la puerta derecha. En la frente tenía un orificio a manera de tiro de gracia.
Cuando fue ejecutado era considerado como el más viable candidato del PRD a gobernador del estado para las elecciones de 2011.

Van hoy al Congreso el secretario de Seguridad, el fiscal y el titular del Consejo Estatal de Seguridad

Este martes comparecerán ante las comisiones de Gobierno, Seguridad y Justicia del Congreso local el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes; el del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Daniel Pano Cruz; y el fiscal general Xavier Olea Peláez, quienes informarán de las acciones emprendidas por esas instituciones para atender el problema de violencia en la entidad.
La reunión se realizará en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local.
A pesar de la insistencia del PRD de que también lo hiciera el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien es la cabeza del gabinete de seguridad del gobierno de Héctor Astudillo Flores, las fracciones del PRI y del PVEM, que hacen la mayoría en el Congreso, lo impidieron.
La comparecencia se da luego de una semana llena de señalamientos entre la dirigencia del PRD y su fracción parlamentaria con el gobierno del estado que, a través de Florencio Salazar, responsabilizó a las administraciones perredistas de la crisis de violencia que priva en el estado y acusó al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, de ser omiso y no cumplir su responsabilidad en la materia.
Estas acusaciones se dieron luego del asesinato del alcalde de Pungarabato, el perredista Ambrosio Soto Duarte, quien fue emboscado por hombres armados la noche del 23 de julio cuando regresaba de Huetamo, Michoacán, lo que motivó críticas del PRD a la estrategia de seguridad del gobierno estatal y federal.
Evodio Velázquez incluso fue a la Ciudad de México para manifestar, a nombre de los alcaldes perredistas, que el asesinato de Soto duarte es un “golpe” directo a la institucionalidad del país, una provocación y un reto a las mismas.
La comparecencia de hoy está programada a las 9 de la mañana en la Sala José Francisco Ruiz Massieu y será a puerta cerrada, por lo que no se permitirá el acceso a los medios de comunicación.
Del PRI habrá cinco diputados, cuatro del PRD, tres del PVEM, dos de Movimiento Ciudadano, y uno del PT, PAN y Morena. Cada funcionario tendrá 30 minutos para leer el informe que presentarán a las comisiones, y después habrá una ronda de preguntas por parte de los legisladores.
El exhorto para la comparecencia del gabinete de seguridad y del fiscal fue presentado desde el 26 de abril pasado por el diputado Sebastián de la Rosa Peláez; su propuesta estaba prevista que se votara como de urgente y obvia resolución, pero al no tener consenso, el diputado solicitó que se turnara a la Comisión de Gobierno.
Días después, el propio Sebastián de la Rosa reveló que pactó un acuerdo con la presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo, para que el exhorto que presentó no fuera votado de urgente y obvia resolución, con el compromiso de que el dictamen sería presentado en dos sesiones posteriores, acuerdo que no se cumplió.
La propuesta se presentó de nueva cuenta el 19 de julio, pero el PRI y el PVEM hicieron valer su mayoría y evitaron que se resolviera como un asunto de urgente y obvia resolución, por lo que fue turnada a comisiones.
Fue hasta después del asesinato de Ambrosio Soto que la Comisión de Gobierno informó que sí se citaría a comparecer al gabinete de seguridad, sin embargo se dejó fuera a Florencio Salazar.

Pidió al fiscal enviar un equipo para investigar la ejecución de Tepecoacuilco, informa el gobernador


Luego de los hechos violentos en la colonia Las Brisas de Tepecoacuilco, donde fueron ejecutados siete miembros de una familia, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que pidió al fiscal general Xavier Olea Peláez que de “manera inmediata organice todo un equipo para que se fueran directamente a Tepecoacuilco”.
En breves declaraciones al concluir un acto en el municipio de La Unión, al gobernador se le preguntó sobre ese hecho y dijo que había hablado con el fiscal Xavier, Olea a quien le pidió que un equipo fuera a Tepecoacuilco, y que éste le informó que “la investigación está corriendo y que espera tener información en el transcurso de este mismo día”.
El Sur informó en su página de internet la ejecución de siete personas, entre ellos una niña de 6 años, un adolescente, tres mujeres y dos hombres, todos integrantes de una familia que vivía en dos casas colindantes.
De acuerdo con el informe fueron asesinados la madrugada de este sábado en la colonia Las Brisas de Tepecoacuilco, a unos 200 metros de la carretera federal Iguala-Huitzuco.
Fuentes de seguridad pública informaron que presuntamente los homicidios ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada de ayer, porque los vecinos escucharon una balacera pero los cuerpos fueron hallados la mañana de este sábado.
El gobernador también comentó sobre la reunión que tuvo con alcaldes el viernes, donde informó que fueron tratados temas generales y ya para particularidades tendrán reuniones por regiones.
Añadió que el punto central fue la exigencia de que se “encuentre a los asesinos de Ambrosio Soto y que se les aplique todo el rigor de la ley”.
Señaló que entre todos harán un análisis de la circunstancias de seguridad de los presidentes municipales, pero precisó que no se habló de algo en particular sino de generalidades y “vamos a pasar a las particularidades en reuniones regionales”.
Este sábado el gobernador Héctor Astudillo Flores estuvo en los municipios de Coahuayutla y La Unión, en la región de la Costa Grande, donde reanudó su gira de trabajo que suspendió el fin de semana pasado ante el asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte
En ambos actos, Astudillo Flores pidió disculpas por posponer su gira por dicha región, y explicó que como todos sabían había sido “asesinado cobardemente el presidente municipal de Tierra Caliente y decidí no hacer la gira por respeto y solidaridad a nuestro paisano que había sido asesinado y para estar al pendiente del desarrollo de ese acontecimiento”.
El primer lugar que visitó fue el municipio de Coahuayutla, donde la bienvenida se la dio el alcalde Felipe Heredia Hernández, quien le agradeció los apoyos llevados, pues es un municipio con una alta marginación y con carencias.
Indicó que es un municipio que necesita obras de telecomunicación, carreteras y agua potable.
Informó que con una mezcla de recursos con el gobierno del estados, el municipio pondrá 2 millones 250 mil pesos y se construirán 250 viviendas.
Astudillo Flores dijo a los presentes que ese municipio cuenta con “su amigo el gobernador, con todo”.
Se informó que para mejora de escuelas en ese municipio se invertirán 8 millones 750 mil pesos. Cuatro millones 800 mil pesos son de Escuelas al Cien y 3 millones 950 mil pesos del programa de la reforma educativa.
Een carreteras se están invirtiendo 17 millones en el camino La Unión-Coahuayutla-La Garita, para pavimentar dos kilómetros.
En obras de agua más de 5 millones de pesos y en la remodelación del hospital comunitario se invirtieron 12 millones de pesos.
Durante el acto se entregaron diversos apoyos como mochilas escolares, zapatos, ropa y bicicletas para alumnos con los mejores promedios.
Luego, Astudillo Flores se dirigió al municipio de La Unión, donde se comprometió a estar frecuentemente porque le interesa que esa zona económica especial crezca, que se pueda promover para que haya inversión y por lo consiguiente empleo.
Dijo a los presentes que estaba ahí con el ánimo de trabajar y ayudar, y que va a regresar cuantas veces fuera necesario, porque “venimos a ayudar y estar cerca de ustedes, vamos a apoyar, no tenemos distancia, no tenemos ningún problema (con el alcalde del PRD), tenemos el ánimo conjunto de servirle a este municipio”.
Mientras que en su mensaje, el alcalde del PRD en La Unión, Aviud Rosas Ruiz, manifestó que el gobernador es una persona sensible a las necesidades de los guerrerenses y ha sabido atender con exactitud cada uno de los planteamientos que se le han hecho.
Dijo que ha sabido atender las “contingencias sociales que se han presentado en Guerrero” y agradeció el apoyo que le ha dado a su gobierno y los programas que han llegado, como el del fertilizante, que se entregó a los campesinos de manera gratuita.
El alcalde perredista subrayó que la situación en la que se encuentra Guerrero no es fácil porque como todos saben “hay problemas, hay quienes se oponen para que se gobierne, hay quienes quieren obstaculizar el desarrollo de gobierno, de los que lo están haciendo, y no podemos permitir eso, no podemos frenar el desarrollo del estado y por eso doy mi respaldo como presidente municipal a Héctor Astudillo Flores; estaremos muy pendientes de las decisiones que tome para respaldarlas en su momento y que Guerrero siga caminando por la ruta del desarrollo que lleva”.
El alcalde indicó que todas las regiones tienen problemas de inseguridad, además del tema magisterial, pero “nuestro gobierno ha demostrado que ha tenido la capacidad de enfrentar esos problemas, de atenderlos y de darles la mejor salida; hoy hemos visto cómo el gobernador ha tomado decisiones que han sabido darle rumbo al estado, por eso tenemos que desde la sociedad para aportar lo que nos toca como ciudadanos y coadyuvar para que las acciones de gobierno sean encaminadas a la tranquilidad, el desarrollo y a la prosperidad del estado”.
Se informó que para infraestructura en escuelas se van a invertir 12 millones de pesos en las comunidades de Naranjillo, Las Tinajas, Lagunillas, Barrancas de Marmolejo, La Ciénaga y La Estancia, entre otras.
Estuvieron en la gira la presidenta del DIF y esposa del gobernador, Mercedes Calvo; el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Terri-torial, Rafael Navarrete Quezada; el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el director general del IGIFE, Jorge Alcocer; el director de CAPASEG, Arturo Palma Carro; el delegado regional del gobierno del estado, Julio César Vargas Calvo, y el director general del DIF Guerrero, Francisco Solís Solís. También los diputados locales Crescencio Reyes, del PRD, y Silvano Blanco de Aquino, de Movimiento Ciudadano.

Trabajaban para el crimen los tres agentes viales de Acapulco asesinados, informa el fiscal Olea


El fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, dio a conocer que los tres agentes de tránsito asesinados en días pasados en Acapulco realizaban trabajo de halconeo para grupos del crimen organizado y su muerte está relacionada con el reacomodo de los grupos delincuenciales que ahí operan.
En conferencia de prensa, el fiscal enfatizó que existen indicios primarios de las actividades que realizaban los tres agentes, pero aseguró que es un “problema” de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco.
En su intervención dio a conocer que en las carpetas de investigación 1203020802000053270616  y 1203008020007001076, se da certeza de que los tres agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco trabajaban para distintos grupos del crimen organizado.
Olea Peláez identificó a los tres oficiales como Víctor José Guerrero Enriques, Neri Hernández Reséndiz y Julio Eduardo García Nava.
El pasado 1 de julio fueron asesinados dos de esos tres agentes, atacados a balazos en la transitada avenida Constituyentes, frente al mercado de flores del Mercado Central y a unos 30 metros de la Vía Rápida casi esquina con la calle Diego Hurtado de Mendoza.
Y el pasado lunes 27 de junio el tercer policía vial fue atacado a balazos cuando dirigía el tránsito entre la avenida Constituyentes y la calle 16 de Septiembre de la colonia Progreso; sus compañeros lo auxiliaron pero falleció en el hospital.
“Se tiene certeza que dichos elementos viales de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Acapulco participaban con distintos grupos delincuenciales y una de las líneas más solidas es que fueron ejecutados en el marco del reacomodo que tienen grupos delincuenciales en Acapulco”, puntualizó Olea Peláez.
Ante las declaraciones del alcalde Evodio Velázquez Aguirre el 1 de julio, en las que urgió a la Fiscalía General del Estado a investigar todas las líneas que sean necesarias para esclarecer el asesinato de los dos primeros policías viales asesinados, el fiscal enfatizó que la única responsabilidad de la Fiscalía es conocer e investigar, pero al municipio le corresponde prevenir el delito y coadyuvar.
“La responsabilidad del señor alcalde de Acapulco es prevenir el delito y coadyuvar para que en este y otros casos más se resuelvan con prontitud y conforme a derecho, ya que la responsabilidad frente al desafío de la violencia es de todos, debiendo entender que la Fiscalía General del Estado solamente se dedica a investigar y no a prevenir, de lo que implica que la policía municipal de Acapulco es la que tiene la responsabilidad de prevenir el delito y no la Fiscalía, no como de manera desafortunada se ha mencionado”, señaló en referencia a las declaraciones del alcalde.
Durante la conferencia, el fiscal señaló que “simplemente” señaló el móvil del asesinato de los policías viales, sin que su información alguna motivación política.
Advirtió que la Fiscalía continuará investigando a miembros de las policías municipales que tengan nexos o lazos con el crimen organizado, y dará a conocer a los directores o secretarios de seguridad publica de los municipios cómo están activados y cómo están trabajando esos agentes para el crimen organizado.
Detalló que no sólo se está investigando en el municipio de Acapulco sino en otros más.
En el tema del ataque a un maestro de la Normal de Ayotzinapa, el fiscal Olea Peláez señaló que un grupo de delincuentes privó de su libertad al maestro y después fue entregado a un grupo de hombres encapuchados que no pudieron ser identificados.
Dijo que no hay ninguna denuncia presentada al respecto, pero que la Fiscalía ya recaba información.
Sobre las órdenes de aprehensión liberadas en contra de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) por destrozos en un edificio de la Secretaría de Educación Guerrero reiteró que por prudencia no se ejecutarán. “El gobierno será extremadamente prudente con los maestros y no vamos a hacer absolutamente nada por el momento”, dijo.

Les daba regalos a las niñas y los padres eran felices, dice el canadiense detenido

En una audiencia a la que asistió el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, la juez del Juzgado Quinto Penal, Beatriz Fuentes Navarro, amplió el plazo legal hasta el 3 de abril para que se haga el desahogo de pruebas en el caso del canadiense Walter Suk, de 68 años, acusado de abusar de menores.
El inculpado, detenido el domingo por besar y tocar a una niña en la Costera, aceptó que besó a la menor en la boca y en la cara. Sostuvo que desde hace cuatro años conoce a las tres niñas, dos de ellas que aparecen en el video, a quienes les da regalos porque sus padres son pobres y a él lo ven como un papá adoptivo.
El fiscal solicitó a la juez que el extranjero no sea liberado con una fianza por el delito de abuso sexual y corrupción de menores, para que no salga del país o enfrente el juicio en libertad. Además insistió en solicitar la reparación del daño.
“Fácilmente puede comprar un boleto de avión, regresar a su país y, en consecuencia, la víctima quedaría en absoluto estado de indefensión”, expresó.
Además pidió que los padres de la niña, Juana Epitacio Santos y Mariano Nava Salvador, se presenten a declarar, además de que la menor declare bajo “sigilo” para respetar sus derechos humanos.
La audiencia inició a las 12 del día y terminó a las 2:20 de la tarde.
Al canadiense le fue asignado el defensor de oficio Jorge Medina Valdés, quien solicitó a la juez ampliar el plazo a 72 horas para conocer el expediente del detenido y presentar pruebas a su favor. La juez amplió el plazo hasta el 3 de abril a las 10:50 de la noche.
En el lugar no se presentó ninguna autoridad del consulado canadiense a pesar de que se le notificó, según expresó Fuentes Navarro a Walter Suk, quien en un primer momento se negó a declarar y dijo que personal del consulado lo había visitado en la cárcel y le había dicho que las autoridades no les habían hablado, pero la juez insistió en que sí se solicitó su presencia.
Las partes, incluida la juez, fueron asistidos por el traductor autorizado por el Poder Judicial de Guerrero, Javier Garay Medina.
Durante el interrogatorio que hizo el fiscal a través de la juez, Walter Suk dijo que desde hace cuatro años conoce a tres menores, dos de ellas que aparecen en el video, a quienes regaló dulces, chocolates y 300 pesos el domingo pasado, y hace un año les regaló bicicletas.
Sostuvo que cuando veía a las niñas lo hacía en lugares públicos, con la presencia de sus padres.
Dijo que no le gusta ver pornografía y que tampoco tenía una computadora en el departamento donde vive, en el edificio Twin Towers Bay (antes hotel Do Brasil y Aca Bay), y que tampoco es afecto a las bebidas embriagantes ni consume drogas.
Walter Suk aceptó que sólo besó a la niña en la boca y la cara.
El fiscal preguntó qué obtenía el canadiense a cambio de los regalos, respondiendo que las niñas se sentaban en sus rodillas como si él fuera su papá adoptivo, y que los padres estaban felices cuando él les daba los obsequios porque son pobres y no tenían trabajo.
Alguna preguntas formuladas por Olea Peláez fueron rechazadas por la juez porque estaban mal formuladas. Por ejemplo, preguntó si era una práctica normal de parte de él darles dulces y dinero a los niños y la juez pidió al fiscal preguntas más concretas, y la pregunta modificada fue si regularmente les hace regalos a los menores.
El canadiense respondió que conocía a tres niñas desde hace cuatro años y que los papás eran felices porque él les daba regalos porque eran pobres. Incluso aceptó que no les pidió permiso para darles los regalos.
Walter Suk agregó que sólo había besado a las menores en la boca y en la cara, y negó que en algún otro lugar del cuerpo.
También aclaró que no vio a ninguna de las menores en un lugar cerrado o en el lugar donde se hospedaba.
Indicó que en Canadá obsequia leche a los niños, pero que no los ve todos los días como en Acapulco, a quienes considera como sus hijas.
Durante la diligencia fue puesto en una computadora el video grabado por un ciudadano donde se observa cómo el canadiense besó a una de las dos menores que aparecen.
El inculpado señaló que en la imagen no aparece la mamá de la menor que besó, e identificó al papá de las otras dos menores que aparece en la imagen vestido con una playera roja.
El canadiense dijo que es divorciado y jubilado y que al año el gobierno de su país le depositaba a una cuenta bancaria de Bancomer unos 14 mil dólares canadienses (186 mil pesos mexicanos), pero que no sabía cuánto le depositaban de manera mensual.
Walter Suk nació el 18 de junio de 1946 y vive en la ciudad de Montreal en Canadá. Indicó que vino a Acapulco de vacaciones porque no le gusta el invierno en su país. Estudió hasta la preparatoria y trabajó en una empresa donde ensamblaba maquinaria pesada.

Mujer increpa al fiscal

Abordado por reporteros, el fiscal dijo que su presencia en la audiencia era “histórica” porque en la historia de país sólo dos procuradores o fiscales habían ido a las diligencias.
En ese momento una mujer, que luego se identificó como presidenta de la asociación Bloques de Mujeres al Poder, Silvia Galeana Valente, reclamó al fiscal que los derechos de las mujeres y las niñas a partir de la violencia en Guerrero son las más afectadas.
“No es posible que por el hecho de querer turismo traigamos a todo tipo de turismo y no tomemos en cuenta que la transformación social es muy importante, y que en el tema de seguridad las primeras perjudicadas somos las mujeres y las niñas, las que hemos sido más violentadas durante este proceso porque esta violencia hacia nosotras es estructural, va más allá de ver a una delincuencia común, pongo en su mesa que el derecho de las niñas sea respetado”, sostuvo.
El fiscal expresó que él siempre ha sido partícipe del respeto de los derechos humanos y de los menores, “ayúdeme acudiendo a mi oficina y no gritándome”, le dijo a la señora antes de retirarse.

Niega el fiscal que dueños del restaurante hayan pedido seguridad ante extorsiones

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, aseguró que los dueños de los restaurantes Los Buzos no interpusieron ninguna denuncia en la Fiscalía y tampoco solicitaron ayuda, como lo informó la cadena de restaurante en su cuenta de Facebook cuando anunció el cierre de sus cuatro establecimientos.
En declaraciones en los juzgados del penal de Las Cruces, el fiscal dijo que los ataques a los restaurantes fueron un “estense quietos por cuestiones del derecho de piso. Estoy seguro que es la razón”.
Insistió en que los dueños de la cadena “conmigo no se acercaron, definitivamente”, y que no hay denuncia. Esto, luego de que en un comunicado subido a la página oficial en la red social Facebook, Los Buzos Restaurant-Bar, se informa a los clientes que las sucursales estarán cerradas hasta nuevo aviso.
En éste se reclama a las autoridades porque que no les garantizaron la seguridad: “Tuvimos un acercamiento para solicitar de su apoyo con respecto a la seguridad de nuestros establecimiento y de quienes desafortunadamente no obtuvimos respuesta”.
El fiscal señaló que los ataques se deben a la exigencia de grupos delincuenciales que piden el pago de derecho de piso, e informó que a la 1 de la tarde hubo un ataque a balazos en el restaurante el Santo Negro, aunque los representantes de éste lo negaron en un mensaje a través de redes sociales.
Olea Peláez no quiso decir si ya tienen identificados a los grupos delincuenciales que han realizado los ataques contra los restaurantes Los Buzos: “con la pena, no te puedo decir qué banda son porque tengo que seguir el sigilo de las investigaciones, me encantaría decirlo”, y dijo que por la situación de violencia en que se vive era mejor no darlo a conocer, pero que han “detectado varias cosas”.
El domingo por la noche, hombres armados irrumpieron el restaurante Los Buzos ubicado a un costado de la Universidad Americana, y en el ataque fueron heridos dos trabajadores frente a turistas y acapulqueños que allí comían.
El 15 julio de 2015, hombres armados entraron en calidad clientes y dispararon contra comensales que festejaban la terminación de un estudiante de secundaria, y este domingo 20 de marzo, la sucursal ubicada cerca de la avenida Wilfrido Massieu, se incendió y tuvo pérdida total.

Habla de un ataque a otro restaurante y lo desmienten

A la 1 de la tarde, el fiscal confirmó el ataque a balazos contra el restaurante Negro Santo ubicado en el fraccionamiento Costa Azul, pero el propio restaurante en un comunicado en su página oficial en Facebook, II Negro Santo Restaurante & Bar, desmintió el hecho.
El fiscal confirmó a la 1 de la tarde que el restaurante el Negro Santo, ubicado a tras del Centro de Convenciones, había sido balaceado y al insistirle del tema expresó que “tenemos que investigar”.
Media hora más tarde el restaurante desmintió el hecho, calificó la información que se había publicado en dos portales electrónicos que como “irresponsables” y agrega: “estamos a sus órdenes y para servirles”.