El ex alcalde Alberto López Rosas, actual coordinador de asesores del alcalde Evodio Velázquez, negó que haya conflicto de intereses o tráfico de influencias en la solicitud que hizo al Cabildo para que éste fijara una postura sobre el reclamo que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 48.4 millones de pesos por 26 obras hechas en 2004, durante su gestión.
López Rosas indicó que la SHCP le pide que reintegre a la Tesorería de la Federación 48.4 millones de pesos, lo que no puede asumir como deuda personal porque se trata de dinero usado para 23 obras y tres acciones, que están comprobadas, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que no se hicieron en zonas de pobreza extrema.
En conferencia de prensa en el hotel Elca-no, el ex alcalde explicó que lo que pretendía con la solicitud presentada al Cabildo es que el gobierno municipal asumiera como propias las obras que se hicieron en 2004 para que el conflicto con la SHCP pasara al Ayuntamiento.
“Estoy presentando una solicitud de definición, no hay demanda de mi parte contra el Ayuntamiento. A lo mejor la hay más adelante, pero en este momento se presentó una solicitud a través del Contencioso Administrativo para que el Cabildo definiera postura”, dijo.
Indicó que la cuenta pública correspondiente al año 2004 fue liberada pero con la observación de que hizo obras con dinero federal en zonas que no correspondían. López Rosas alegó que realizó otras obras para beneficiar a la población en pobreza extrema, una de ellas fue el proyecto El Mirador para acercar el servicio de agua potable a 14 mil familias que viven en la parte alta con una inversión de 70 millones de pesos.
Algunas de las obras observadas son la pavimentación de la calle Vicente Guerrero en la colonia Las Crucitas, la calle Quetzal en la Morelos, un aula en la UPN y un centro de Salud en la colonia Izazaga.
Otra obras son la ampliación de la clínica de Hogar Moderno, y un laboratorio de análisis clínicos. En al resolución la ASF reconoce la inversión pero argumenta que no se acredita que en esa clínica se atenderán a personas de extrema pobreza, lo que consideró el ex acalde como “un criterio bastante lamentable”.

La auditoría

El ex alcalde recordó que en 2004, el entonces diputado federal por el PAN Ángel Pasta Muñuzuri solicitó a la ASF que se auditara su administración. López Rosas indicó que en ese año fue cuando más obra pública hizo su gobierno. “Logramos realizar mas de mil obras”. Ese año el presupuesto fue de 2 mil millones de pesos.
Y dijo que “en ese tiempo no había una definición poligonal oficial, formal que estableciera las regiones de pobreza extrema, hoy ya existen, ese tiempo no existían de manera definida”.
Agregó que las obras observadas “han cumplido su función social y lo disfruta la sociedad acapulqueña”.
Y argumentó que “el Ayuntamiento se está beneficiando en 48 millones de pesos en las obras que están funcionando y como consecuencia no pueden ser cobrados a una persona física porque es un enriquecimiento a favor de una persona moral como es el Ayuntamiento, y si yo lo tuviera que pagar sería un empobrecimiento a favor de un enriquecimiento y eso no puede ser lógico ni justo ni ético”, señaló.
El ex alcalde dijo que “no fue un capricho del presidente el hacer estas obras”, porque fueron aprobadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg) y el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun).
“Sería una deuda particular o privada si se hubiera hecho de manera unilateral, pero se contó con la aprobación de Copladeg y Coplademun, que son los órganos que tienen la capacidad y la competencia para autorizar las obras correspondientes, se contó con todos los requisitos adecuados”.
Dijo que esperaba que el Cabildo asumiera las obras como propias para que mediante “compensaciones” se resolviera el conflicto entre el Ayuntamiento y Hacienda. “Yo voy a ser insolvente siempre para alcanzar ese monto, el Ayuntamiento nunca será insolvente como institución y como recaudadora”.
Agregó que al asumir el municipio las obras, el SAT entraría en negociaciones y se buscarían las “compensaciones” como solventar lo que reclama Hacienda.
López Rosas insistió en que si fuera una deuda particular él podría decir “voy a recoger mis obras”, pero es jurídicamente imposible porque las obras se hicieron con aprobación del Copladeg y Coplademun.

Un exceso

“Voy a demostrar que fue un exceso de las autoridades federales el haberme impuesto este resarcimiento”, sostuvo y explicó que desde hace año y medio lleva un juicio contra Hacienda en el TCA y que ya promovió un juicio de amparo y tiene una suspensión provisional a su favor emitida en agosto.
López Rosas señaló que es “sospechoso” el actuar de Hacienda porque los criterios aplicados que son “tan rigurosos y no los aplican en otros casos que ustedes ya conocen en Acapulco”.
“Yo no tengo conflicto con el Ayuntamiento ni el Ayuntamiento lo tiene conmigo, mi conflicto es con Hacienda, es con el SAT, no es con el Ayuntamiento, porque quien está demandando el resarcimiento es la instancia federal”, dijo.
A pregunta sobre los señalamientos de los regidores, López Rosas respondió que “no hay conflicto de intereses porque yo no he demandado al Ayuntamiento. Solicité la definición de una postura ante el Tribunal de lo Contencioso para que definiera si aceptaba o no las obras. Esa fue una solicitud no es una demanda porque no estoy reclamando nada material, solamente estoy solicitando se defina si el Ayuntamiento hace propias las obras o no, por eso no puede haber conflicto de intereses porque no estoy demandando al Ayuntamiento y en el juicio de amparo el Ayuntamiento va como un tercero interesado”.
López Rosas manifestó que está en la disposición de comparecer “cuantas veces sea necesario ante las autoridades que nos convoquen y ante la opinión pública para dar una explicación de todo aquello que pueda parecer irregular”.
Precisó que el requerimiento que hace la Secretaría de Hacienda “no me inhabilita, no es una multa, no hay sanción para Alberto López Rosas, ni como persona física ni como presidente municipal. No hay multa ni hay inhabilitación ni hay vista al Ministerio Público, precisamente porque las obras se realizaron”.
Al preguntarle por qué procedió contra él la Secretaria de Hacienda diez años después de que concluyó su periodo como alcalde, cuando las deudas con el fisco prescriben a los cinco años y tiene sus cuentas públicas liberadas, el ex alcalde respondió que “eso van a revisar las jueces, irregularidades, lagunas o misterios”.
“Para la gente de honor no existe la prescripción por eso no invoco la prescripción”, dijo.
Reconoció que en enero de 2015 solicitó al gobierno de Luis Uruñuela Fey que el Cabildo fijara una postura sobre esas obras pero nunca se llevó a discusión y sólo se quedó en comisiones.
López Rosas dijo que no le inquieta ni le preocupa ni se siente lastimado por la decisión que tomó la Comisión de Hacienda de Cabildo por rechazar la solicitud presentada, pero criticó que no le dio garantía de audiencia.
Indicó que había pensado en renunciar a su cargo de asesor, pero esperará la resolución del pleno de Cabildo para tomar alguna decisión y nuevas acciones en su defensa.