Guerrero no es “santuario de mujeres”, pues siguen las desapariciones, señalan colectivos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Litigio Estratégico en Derechos Humanos (I(dh)eas), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), alertaron del incremento exponencial de las desapariciones de mujeres en Guerrero, así como la omisión y complicidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con los grupos criminales generadores de la violencia.
En un documento, refieren que de acuerdo a cifras del proyecto RedLupa, en el 2022 hubo 690 mujeres desaparecidas; en el 2023 se registraron 731, y en los primeros seis meses del 2024 ya suman 729.
Los organismos piden justicia por el caso de Marisol Castro Gatica de la comunidad de Mecatepec, municipio de Tecoanapa, desaparecida el 8 de junio y hallada asesinada el 19 de julio pasado en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Exigen que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha dicho que Guerrero es un “santuario de las mujeres”, informe cuántos detenidos y sentenciados hay por el delito de desaparición de mujeres.
Reprochan que a los “dueños del poder” en la entidad lo único que les interesa es enriquecerse a costa del dolor y desconsuelo de cientos de familias.
“Todo crimen causa consternación, pero cuando se trata de una mujer este sentimiento se convierte en indignación en contra de las autoridades que se muestran tolerantes ante el jugoso negocio que significa la desaparición de mujeres, en su mayoría jóvenes, para el comercio sexual”.
Denuncian que en este negocio podrían estar involucradas las autoridades, “porque sólo así se explica que la desaparición de mujeres se haya incrementado en forma exponencial en el corredor de Tierra Colorada a Ayutla en la medida que en Guerrero aumenta el número de elementos del Ejército mexicano en tareas de seguridad, así como el aumento de agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal y Ministerial”.
Las agrupaciones refieren que en el contexto de violencia va en aumento contra las mujeres en la entidad, de acuerdo a datos del proyecto RedLupa, que lleva el registro de violencia en contra de las mujeres. En el 2022 hubo tres mil 802 desaparecidos, de las cuales 690 fueron mujeres; en el año 2023 hubo cuatro mil 106 desapariciones, y 731 fueron mujeres; en tanto que en los primeros seis meses del 2024 se han contabilizado cuatro mil 313 desaparecidos de los cuales 729 son mujeres.
“Hay que mencionar que de enero a los primeros días de mayo se presentaron ocho denuncias por la desaparición de niñas”, refiere el documento.
Las agrupaciones señalan que uno de los meses en los que se presentaron más denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición de mujeres fue junio pasado, pues del total de 99 desapariciones ocurridas en ese mes, 53 fueron mujeres.
“Toda la violencia en general, y contra las mujeres en particular, crece a pesar del abierto apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha declarado que el estado es un santuario para los derechos de las mujeres”.
Reprochan que, sin embargo, de nada ha servido el envío de cientos de elementos de la Guardia Nacional a la entidad, pues de enero a junio de este 2024 han habido 845 homicidios dolosos, “como consecuencia de seguir permitiendo el accionar de alrededor de 16 grupos criminales y narcoparamilitares que se disputan el control del estado”.
Indican que esta violencia que crece en el estado como consecuencia de la expansión de los grupos criminales, “con el permiso gubernamental”, ya se veía venir “y lo habíamos manifestado que después de los estragos provocados por el huracán Otis, el problema crecería por el reacomodo e implementación de otros giros delincuenciales”.
Refieren que en este ambiente de violencia que se vive en la entidad, la comunidad afromexicana de Mecatepec, municipio de Teoanapa “aún se encuentra consternada tras la localización del cadáver de Marisol Castro Gatica, de 29 años de edad, desaparecida el 8 de junio y 40 días después, el 19 de julio, hallada muerta en Ixtapan de la Sal, Estado de México.
“Por el lugar y las condiciones en que se localizó su cuerpo es necesario que la familia se mantenga alerta y preparada para una lucha larga y complicada por verdad y justicia, porque tal parece que se pretende hacer recaer la responsabilidad en una sola persona y dejarlo solo como un hecho de feminicidio, ajeno al accionar de grupos delincuenciales”.
La joven salió de su casa el sábado 8 de junio por la mañana a una cita médica al puerto de Acapulco y regresaría al otro día a su comunidad de Mecatepec, de donde era originaria, pero ya no lo hizo.
Su cuerpo fue hallado el 19 de julio pasado envuelto en plástico y en avanzado estado de descomposición en la colonia 24 de Febrero de Ixtapan de la Sal, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales de ese estado para que se le practicara la necropsia y determinar las causas de su muerte así como la fecha del deceso.
El cadáver de la joven guerrerense fue encontrado por integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), policías de investigación, efectivos de la Marina, Policía Estatal y Municipal.
La Fiscalía de Guerrero informó el martes pasado la detención y vinculación a proceso a Maximiliano “N” por el presunto feminicidio de Marisol.
El presunto responsable fue detenido en El Mogote, municipio de Taxco de Alarcón, sólo por el delito de secuestro, según denunciaron los organismos que reclamen justicia para la joven y su familia.
Destacan también en su documento las desapariciones de cuatro mujeres en distintos lugares de la entidad, dos de ellas menores de edad, tres que desaparecieron en los últimos cuatro meses y otra en el 2021, de las que a pesar de que sus familiares pidieron la intervención de las autoridades y se emitieron las fichas de alerta Ámber y se encuentran activas, no hay indicios de que se esté investigando su paradero.
Ellas son: Yohana Yuridia Marín Molina, de 16 años, quien desapareció el 9 de abril en el municipio de Copala; Naomi Torres Pintor, de 16 años, desaparecida el 6 de abril en el municipio de Chilpancingo; Alondra Daniela Olea Hernández, de 19 años, desaparecida el 12 de abril en Acapulco, y Sarahí Suástegui Callejas, de 24 años de edad, desaparecida en el 2021.
Sin embargo, insisten que las mujeres desaparecidas son muchas más derivado de la espiral de violencia en el estado.
Ante ello, I(dh)eas, el IMDHD y el Centro Morelos, exigen “verdad y justicia para las víctimas de desaparición y sus familias”, además, que la gobernadora Salgado Pineda informe cuántos detenidos y sentenciados hay en Guerrero por el delito de desaparición de mujeres.
Asimismo, que la tarea de la seguridad pública esté en manos de civiles y que la estrategia correspondiente surja de las propuestas de la sociedad. También que se investigue a las autoridades y funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno “para terminar con su complicidad, corrupción e impunidad que protege a los responsables de las desapariciones”.

No rechazaron exhorto para un fondo de apoyo a damnificados, dicen diputados de Morena

Diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, aseguraron mediante un comunicado que es falso que hayan rechazado la propuesta de crear un fideicomiso para destinar recursos a las personas afectadas por el huracán Otis.
El miércoles se informó en El Sur que como parte del orden del día, la diputada del PRI, Gabriela Reséndiz propuso, con su compañero Ricardo Astudillo Calvo, un exhorto para que las cámaras de Diputados y Senadores creen un fideicomiso o cualquier otra figura financiera viable para destinar recursos y apoyos a las personas afectadas por el huracán Otis, propuesta que fue rechazada por los diputados de Morena y sus aliados.
Según los diputados de Morena, la información “es falsa”, porque lo que se puso a discusión para su aprobación fue “que la propuesta solicitada como de urgente y obvia resolución se aprobara sin mayor análisis, considerándose que lo más conveniente por procedimiento legislativo es que estas propuestas pasaran para su discusión y dictaminarían a la comisión legislativa correspondiente”.
De acuerdo al comunicado de los diputados locales de Morena, los integrantes de la comisión legislativa “reforzarán el contenido, y en su caso presentarán el dictamen correspondiente con un mayor análisis a las propuestas realizadas y estas puedan ser un medio sustentable de lo solicitado por la y el diputado proponente y sean votadas en próxima sesión”.
Los legisladores insistieron en su escrito: “Reiteramos a la sociedad que en ningún momento se discutió el contenido de la propuesta que sigue su trámite legislativo de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero vigente”.
Hacen, además, un llamado en su escrito “a no mal informar a la población y a no generar protagonismos políticos”. (Redacción / Chilpancingo).

Niegan el TSJ y la Fiscalía información sobre los casos en el nuevo sistema de justicia penal

 

A más de un mes de que comenzó a operar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la zona centro del estado, y a partir del 1 de junio en todo el estado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) mantienen en la opacidad los datos relacionados con las carpetas de investigación que se han integrado y cómo se van resolviendo.
La discreción en que se mantiene la información se da a pesar de que la transparencia y la publicidad de los casos son una de las características que rigen este nuevo sistema de justicia penal.
El veterano abogado y profesor de la materia de derecho procesal penal desde hace 15 años en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Román Ibarra Flores, declaró que la transparencia es una de las características del nuevo sistema y que los periodistas no deben andar “mendigando” la información porque es obligación del presidente del TSJ (Robespierre Robles Hurtado) y del fiscal general (Xavier Oléa Peláez), proporcionarla.
En el distrito de los Bravo, con cabecera en Chilpancingo, comenzó la implementación del nuevo sistema de justicia penal a partir del 20 de mayo, sin embargo desde entonces se desconoce el número de carpetas de investigación que se han integrado y cómo se han resuelto.
El reportero acudió a la Comisión Implementadora del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, a cargo de Luis Camacho Mancilla, sin embargo la respuesta fue que solicitarían la información a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia, pero al final el organismo dijo que la información debe solicitarse directamente ante ambas instancias.
Sin embargo, la Fiscalía informó que las estadísticas las tiene el TSJ, pero esta instancia a través del área de prensa informó que toda la información se encuentra publicada en la página de internet, pero en dicha página no se han subido las estadísticas y solamente se encuentra la información relacionada con la agenda de los juicios orales.
En esta agenda sólo se incluyó, en el caso del distrito de los Bravo con cabecera en Chilpancingo, el asunto relacionado con la carpeta C-07/2016, que se desahogó en la sala de juicios orales el 21 de junio a las 16 horas. El tipo de audiencia fue “por vinculación a proceso”.
Consultado respecto a la opacidad con que se está manejando la información del nuevo sistema de justicia penal, Román Ibarra Flores recordó que la transparencia y la publicidad de los casos y carpetas de investigación es una de las características del nuevo sistema de justicia.
Agregó que es una obligación del presidente del Tribunal Superior de Justicia en su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura del estado -en este caso es el magistrado Robespierre Robles Hurtado-, dar la información con detalle respecto a cuántas carpetas de investigación están integradas a partir de que comenzó a implementarse el nuevo sistema.
Informó que el otro funcionario obligado a proporcionar la información es el fiscal general del Estado, Xavier Oléa Peláez.
“Los periodistas no tienen por qué andar mendigando la información; el presidente del TSJ y presidente del Consejo de la Judicatura está obligado a proporcionarla, él debe estar enterado de todos los procesos penales que hay en el estado, desde que se inician”, declaró.
Añadió que, por igual, el fiscal general debe estar enterado de todas las investigaciones penales, “porque en el procedimiento hay la obligación de informarle”, dijo Ibarra.