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Arranca clases con deficientes instalaciones y material de trabajo una secundaria de la capital

Alumnos de la secundaria Otilio Montaño Sánchez, ubicada en la colonia Plan de Ayala, al oeste de Chilpancingo, toman clases en aulas que se encuentran en obra negra y las cuales no cuentan con puertas ni ventanas Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Alumnos de la secundaria Otilio Montaño Sánchez, ubicada en la colonia Plan de Ayala, en Chilpancingo, iniciaron el nuevo ciclo escolar con instalaciones y material de trabajo deficientes, por lo que padres de familia y maestros pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En un recorrido se pudo observar que las aulas son austeras, se cuenta con pintarrones viejos que hacen ilegible la escritura, las butacas son escasas, la dirección y la cooperativa son de madera y la escuela no tiene barda.
La escuela fue creada hace nueve años y está ubicada en la parte baja de la colonia, a unos 20 minutos del centro de la capital en transporte público.
En una entrevista para El Sur, el director Sabino Pablo de la Cruz informó que desde la apertura de la escuela han contado con el apoyo de los padres de familia, quienes han gestionado recursos para su construcción.
Destacó que hace falta la colocación de ventanales, pintura, reparar el techo, porque el que actualmente se tiene es de lámina, así como que no hay piso de concreto y la dirección es de madera, así como la cooperativa.
“Pedimos al gobierno estatal que voltee a ver la secundaria, que nos apoye con los recursos materiales y de infraestructura para dar una educación de calidad”, enfatizó el director.
Las aulas están construidas siguiendo planos que les proporcionó el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), los cuales son para zona semiurbana y tienen una capacidad para 25 o máximo 30 alumnos, es decir, que se tiene un exceso de alumnos en los grupos de primer grado.
Por lo anterior, Sabino Pablo de la Cruz dijo que solicitarán a Planeación Educativa, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), la ampliación de otro grupo debido a la demanda de alumnos, porque sólo se cuenta con los grupos A y el B.
Detalló que debido a la alta demanda se carece de más materiales, pues hay un faltante de 20 butacas, por lo que, de manera momentánea, se les proporciona sillas a los alumnos para que no estén parados.
El director externó que no pueden pedirles a los padres de familia una butaca, las cuales cuestan unos 900 pesos, porque la mayoría son de escasos recursos económicos.
La escuela tiene clave y reconocimiento oficial de la SEG, pero sigue sin tener respuesta a su solicitud de nuevos pintarrones, porque los que se tienen son de hace siete años y también butacas.
El acceso no está pavimentado, por lo que en temporada de lluvia los estudiantes caminan en el lodo y su calzado queda sucio. En algunas ocasiones, maestros y alumnos se han caído debido a que está resbaloso, contó Sabino Pablo de la Cruz.
Los estudiantes de primer grado, sobre todo, toman clases en una silla y no en una butaca, lo que les dificulta escribir.
La cancha que utilizan para los homenajes cívicos y para la clase de educación física es de tierra, no tiene concreto ni está techada.

La SEG no envió los uniformes

En el recorrido, un docente contó que las madres de familia ingresaron a la página que indicó el gobierno estatal y la SEG, para registrarse y que les dieran los uniformes, pero nunca les llegaron.
Indicó que el uniforme lo tienen que comprar los padres y a los alumnos de nuevo ingreso les dan la oportunidad de que, en los primeros días, acudan con cualquier ropa para que no se les complique adquirirlo.
Además, el docente informó que la Secretaría de Educación no ha enviado los libros de texto gratuito.

Reporteros capitalinos, víctimas de robo, denuncian inacción de la FGE

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE), no ha informado de los avances con respecto a los robos del material de trabajo que sufrieron en sus respectivos domicilios este año dos reporteros de Chilpancingo. Y por el contrario, cuando menos en uno de los dos casos, le advirtieron que deje de insistir en la investigación, denunciaron las víctimas.
Yener de los Santos, reportero de Quadratín Guerrero, denunció que ya pasó más del mes de plazo que se dio la Fiscalía estatal para que le informara los resultados de la investigación y no ha sido notificado.
Informó que su abogado le informó la semana pasada que ha acudido a la Fiscalía pero que no le han informado nada.
Dijo que solamente han hecho un peritaje del departamento donde vive y también le pidieron las características de los artículos que le robaron.
Informó que fue la misma Fiscalía la que se dio un plazo de un mes para investigar y realizar rondines cerca de su departamento.
Contó que igual el Mecanismo de Protección para Periodistas se comprometió a proporcionarle terapias sicológicas y estar en contacto permanente con él “por si había alguna incidencia”, pero aseguró que han pasado más de 30 días a partir de que presentó la denuncia y los de la Fiscalía sólo se comunicaron dos veces, tres días después de que presentó la denuncia sólo para preguntarle “si algo estaba pasando en mi casa”.
Yener de los santos sofrió el robo la noche del 18 de abril y el 19 ofreció una conferencia de prensa para denunciar públicamente el caso, en tanto que el 20 se presentó para hacer la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público.
Con respecto a la actuación del Mecanismo de Protección a Periodistas, dijo que “se están echando la bolita el del ámbito estatal con el del federal”.
A más de un mes ve “un poquito complicado su caso porque es claro que las autoridades no le dan importancia, la verdad no veo resultados, no se ve que realmente estén investigando, yo cuando menos quiero que la Fiscalía determine y me diga si el caso que me pasó tiene que ver con mi trabajo o no, para saber a qué atenerme”.
Por su parte Juan Aponte sufrió el robo el 15 de enero y el mismo día presentó la denuncia por allanamiento de morada y robo a casa habitación.
Ambos reporteros lamentaron que por un lado las autoridades hablen de respeto y de que se protege la libertad de expresión, pero en los hechos ni si quiera hacen investigaciones para esclarecer casos como los suyos en los que queda la duda si son parte de los riesgos por su trabajo o robos comunes.