Lamenta el PRI fallo del Trife que exonera al líder de Morena de violencia política de género

Daniel Velázquez

La dirigencia estatal del PRI consideró que el falló del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que rechazó que hubiera violencia política en razón de género por parte del diputado y dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, en contra de la diputada Gabriela Bernal Reséndiz, “pone en riesgo el avance en materia de derechos políticos de las mujeres y es un evidente retroceso en la lucha por la igualdad”.
En un posicionamiento difundido por el PRI de Guerrero en sus redes sociales, suscrito por el presidente Alejandro Bravo Abarca y la secretaria general Pilar Vadillo Ruiz, del Comité Directivo Estatal, lamentan el fallo del Trife y consideran que se trata de “un duro golpe” a la lucha de las mujeres por lograr condiciones de igualdad y equidad.
A mediados de abril de este año se conoció un extracto de un discurso que el dirigente estatal de Morena dio ante militantes de su partido en Ometepec, donde expuso que la belleza de la diputada fue usada como la estrategia política por el PRI en el proceso electoral de 2018, para presentar la imagen de Bernal Reséndiz en la candidatura al Senado y no la de quien encabezaba la fórmula, el todavía senador Manuel Añorve Baños.
Debido a sus expresiones, fue acusado de violencia política, y se presentó una queja en su contra. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) brindó medidas cautelares en las que prohibió al morenista acercarse a la diputada priista por el riesgo alto de volver a incurrir en violencia.
El 25 de agosto el Tribunal Electoral del Estado (TEE) resolvió que González Varona sí incurrió en actos de violencia política en razón de género y ordenó que su nombre permanezca por un año cuatro meses en la lista de personas sancionadas por esta falta, le impuso una multa de 15 mil pesos, y debería presentar un disculpa pública y tomar tomar cursos sobre el respeto de los derechos de las mujeres.
La semana pasada el Trife resolvió que “el reconocimiento de la belleza de una persona como estrategia política para la postulación de una candidatura no es una cuestión que impacte de manera exclusiva a las mujeres, por lo que la referencia a la belleza de una mujer como elemento dentro de una estrategia electoral cuando no se hace cosificándole o restándole méritos propios, como sucedió en el caso, pues se hizo alusión a otras cuestiones de su persona, no implica violencia simbólica ni está dirigida a ella en su calidad de mujer”, y eso no constituye violencia política en razón de género sino de afirmaciones amparadas en la libertad de expresión.
El PRI considera que la sentencia del Trife “sienta un precedente que pone en riesgo los avances en materia de violencia de género, ya que eso da pie a que actores políticos usen este fallo para ampararse y continuar violentando a mujeres que participan en política”.

 

Autoriza el Congreso el regreso de Ramírez Crespo a Cocula y exonera a la alcaldesa de Apango

Con el rechazo de Movimiento Ciudadano y Morena, el Congreso local aprobó ayer el dictamen por el que se deja sin efectos la licencia y se autoriza la reincorporación en el cargo del alcalde de Cocula, el perredista Erick Ulises Ramírez Crespo, quien estuvo preso ocho meses en un penal de máxima seguridad acusado de delincuencia organizada.
También se aprobó el dictamen de la Comisión de Examen Previo que declaró improcedente la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango), Felicitas Muñiz Gómez, y en consecuencia el caso no será turnado a la Comisión Instructora.
Este jueves el Congreso local celebró dos sesiones ordinarias en las que resolvió los casos de Cocula y Apango.
El dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, autoriza a Ramírez Crespo su reincorporación al cargo de presidente municipal.
El pasado 3 de noviembre Ramírez Crespo informó que había solicitado al Congreso una prórroga para que no se tocara el tema de su reincorporación hasta que existieran las condiciones de seguridad para que regresara a Cocula, luego de la amenaza en su contra que se dejó en un mensaje clavado con un picahielos en el pecho del director de tránsito del municipio, Luis Alberto Bahena Mora, asesinado 27 de octubre.
En el documento se lee que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito revocó el auto de formal prisión dictado en contra de Ramírez Crespo, acusado de delincuencia organizada, y en consecuencia se dictó Auto de Libertad con las reservas de ley.
“Por lo tanto, al C. Erik Ulises Ramírez Crespo, le asiste el derecho para incorporarse al cargo y funciones de presidente municipal, por el hecho de haberse resuelto jurídicamente el motivo por el cual esta Legislatura ordenó llamar a asumir el cargo a su suplente”, se lee en el dictamen.
El documento establece que no se acreditó la responsabilidad de Ramírez Crespo en la comisión del delito que se le imputaba, razón por la que se ordenó su libertad y se dejó sin efectos el decreto que ordenó llamar Carlos Alberto Duarte Bahena para asumir como alcalde suplente.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos con el aval del PRI, PVEM, PRD y PT, mientras que Movimiento Ciudadano y Morena votaron en contra.
Por su cuenta, la Comisión de Examen Previo que preside el priista Saúl Beltrán Orozco, presentó el dictamen por el que se declara improcedente la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la alcaldesa de Apango, Felicitas Muñiz, militante de Movimiento Ciudadano.
El dictamen fue aprobado a casi seis meses de la toma del palacio municipal, movimiento que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores que exigen la revocación de mandato de Muñiz Gómez, a quien acusan de nepotismo, desvío de recursos y corrupción.
La toma comenzó la noche del 17 de mayo y 14 días después el grupo opositor presentó formalmente ante el Congreso la denuncia.
En el dictamen, la Comisión expuso que no había elementos que supongan que Muñiz Gómez incurrió en irregularidades o en violaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre o a la Constitución del estado.
“Ha quedado previamente argumentada la inexistencia de actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la Constitución Política Local o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los Municipios, por lo que no se justifica un análisis de este punto para determinar la responsabilidad de la servidora pública denunciada”, se lee.
Otro de los elementos de los que se valió la Comisión de Examen Previo para declarar improcedente la denuncia fue la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) por la que se ordena ejecutar los actos jurídicos y materiales que resulten necesarios, encaminados a garantizar el correcto desempeño del cargo de Felicitas Muñiz como presidenta municipal al considerar que se configuraba violencia política de género en su contra por parte de sus opositores.
Antes de la votación, se desató un debate que se extendió por más de una hora entre diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, pues los primeros consideraron que la comisión dictaminadora no se pronunció respecto a los señalamientos que existen en contra de la alcaldesa, principalmente el de nepotismo, pues consideraron que eso nada tiene que ver con asuntos de género.
Luego de la larga discusión, el dictamen fue aprobado por las fracciones del PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano.