Su suplente no comprobó 20 millones en Cocula, afirma Ramírez Crespo

 

El alcalde de Cocula, el perredista Erik Ulises Ramírez Crespo, informó que ha detectado una falta de comprobación de más de 20 millones de pesos que habría ejercido su suplente Carlos Alberto Duarte Bahena, y el cual consideró deberá comprobar ante la Auditoría General del Estado (AGE).
Tras dar a conocer que no se quiere estar “subiendo al ring” con su suplente, al que mencionó como su amigo, el alcalde señaló que lo que busca no es afectar a Duarte Bahena sino deslindarse de los recursos que éste ejerció durante los ocho meses que estuvo al frente de la presidencia municipal, periodo en el que él enfrentó un proceso de arraigo y detención en un penal federal para ser investigado por delincuencia organizada.
Minutos después de las 9:00 de la noche de ayer, vía telefónica el alcalde de Cocula dio a conocer que por la mañana se había reunido en el Congreso con los diputados de su partido, Raymundo García Gutiérrez, Carlos Reyes Torres y Sebastián de la Rosa Peláez, a quienes solicitó su apoyo para gestionar obras y recursos para su municipio.
Ramírez Crespo dio a conocer que en la reunión también pidió a los legisladores asesoría para requerir de manera oficial y ante las instancias correspondientes a su suplente, Carlos Duarte Bahena, que rinda un informe de los recursos que recibió en su ausencia y de su uso, ya que desde su excarcelación no ha tenido comunicación con él.
A una pregunta, el perredista calculó en poco más de 20 millones de pesos la falta de comprobación de su suplente, y dijo que están confirmados 16 millones de pesos.
Detalló que de los 17 millones de pesos que llegan al municipio para obra pública del ramo 33, a través de su director de obra pública sólo ubicaron una inversión física de 11 millones de pesos.
Agregó de los otros seis millones de pesos de ese recurso aún no se han iniciado las obras proyectadas.
Dijo que busca como administración “poner una denuncia para que yo me deslinde de todo el recurso o anomalías que haya en la administración que fungió el doctor Duarte”.
Recordó que al retomar la administración encontró una administración quebrada y deudas con proveedores, sin recursos para el pago de la nómina ni de aguinaldos.
Agregó que de acuerdo con el despacho que lleva la revisión, ha detectado una falta de comprobación de 16 millones de pesos, pero calculó que esta cifra puede aumentar a más de 20 millones de pesos.
Explicó que entre esos fondos hay una devolución de recursos que se hacen de la minera Media Luna, al parecer por el pago de impuestos de derecho de alumbrado público, que son regresados al municipio para obra pública, “espero que los compruebe para bien de él y de la administración, está en tiempo y forma”.
“Yo ya no me quiero subir al ring con él, lo único que voy å hacer es deslindarme del recurso que él (Carlos Duarte) administró, si fue para bien qué bueno y si fue para mal es responsabilidad de él… yo me voy a deslindar y por eso estoy informando de cómo encontré las cosas, sin necesidad de un dolo hacia mi amigo el doctor Duarte, y sin necesidad de que yo quiera dañarlo, sólo que aclare ante las instancias correspondientes y sea responsable de lo que él administró, y nada más”.

Autoriza el Congreso el regreso de Ramírez Crespo a Cocula y exonera a la alcaldesa de Apango

Con el rechazo de Movimiento Ciudadano y Morena, el Congreso local aprobó ayer el dictamen por el que se deja sin efectos la licencia y se autoriza la reincorporación en el cargo del alcalde de Cocula, el perredista Erick Ulises Ramírez Crespo, quien estuvo preso ocho meses en un penal de máxima seguridad acusado de delincuencia organizada.
También se aprobó el dictamen de la Comisión de Examen Previo que declaró improcedente la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango), Felicitas Muñiz Gómez, y en consecuencia el caso no será turnado a la Comisión Instructora.
Este jueves el Congreso local celebró dos sesiones ordinarias en las que resolvió los casos de Cocula y Apango.
El dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, autoriza a Ramírez Crespo su reincorporación al cargo de presidente municipal.
El pasado 3 de noviembre Ramírez Crespo informó que había solicitado al Congreso una prórroga para que no se tocara el tema de su reincorporación hasta que existieran las condiciones de seguridad para que regresara a Cocula, luego de la amenaza en su contra que se dejó en un mensaje clavado con un picahielos en el pecho del director de tránsito del municipio, Luis Alberto Bahena Mora, asesinado 27 de octubre.
En el documento se lee que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito revocó el auto de formal prisión dictado en contra de Ramírez Crespo, acusado de delincuencia organizada, y en consecuencia se dictó Auto de Libertad con las reservas de ley.
“Por lo tanto, al C. Erik Ulises Ramírez Crespo, le asiste el derecho para incorporarse al cargo y funciones de presidente municipal, por el hecho de haberse resuelto jurídicamente el motivo por el cual esta Legislatura ordenó llamar a asumir el cargo a su suplente”, se lee en el dictamen.
El documento establece que no se acreditó la responsabilidad de Ramírez Crespo en la comisión del delito que se le imputaba, razón por la que se ordenó su libertad y se dejó sin efectos el decreto que ordenó llamar Carlos Alberto Duarte Bahena para asumir como alcalde suplente.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos con el aval del PRI, PVEM, PRD y PT, mientras que Movimiento Ciudadano y Morena votaron en contra.
Por su cuenta, la Comisión de Examen Previo que preside el priista Saúl Beltrán Orozco, presentó el dictamen por el que se declara improcedente la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la alcaldesa de Apango, Felicitas Muñiz, militante de Movimiento Ciudadano.
El dictamen fue aprobado a casi seis meses de la toma del palacio municipal, movimiento que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores que exigen la revocación de mandato de Muñiz Gómez, a quien acusan de nepotismo, desvío de recursos y corrupción.
La toma comenzó la noche del 17 de mayo y 14 días después el grupo opositor presentó formalmente ante el Congreso la denuncia.
En el dictamen, la Comisión expuso que no había elementos que supongan que Muñiz Gómez incurrió en irregularidades o en violaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre o a la Constitución del estado.
“Ha quedado previamente argumentada la inexistencia de actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la Constitución Política Local o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los Municipios, por lo que no se justifica un análisis de este punto para determinar la responsabilidad de la servidora pública denunciada”, se lee.
Otro de los elementos de los que se valió la Comisión de Examen Previo para declarar improcedente la denuncia fue la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) por la que se ordena ejecutar los actos jurídicos y materiales que resulten necesarios, encaminados a garantizar el correcto desempeño del cargo de Felicitas Muñiz como presidenta municipal al considerar que se configuraba violencia política de género en su contra por parte de sus opositores.
Antes de la votación, se desató un debate que se extendió por más de una hora entre diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, pues los primeros consideraron que la comisión dictaminadora no se pronunció respecto a los señalamientos que existen en contra de la alcaldesa, principalmente el de nepotismo, pues consideraron que eso nada tiene que ver con asuntos de género.
Luego de la larga discusión, el dictamen fue aprobado por las fracciones del PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano.