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El énfasis debe ponerse en el regreso paulatino de los militares a los cuarteles, plantea Tlachinollan

 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el matiz que gobernadores están dando a la Guardia Nacional, para que sus mandos sean civiles, es un avance.
Subrayó no obstante que el énfasis debe ponerse en regresar paulatinamente a los militares a sus cuarteles y fortalecer a las corporaciones policiacas –como recomiendan la ONU y al CIDH–, pues con el nuevo cuerpo se afianza a los soldados en las tareas de seguridad.
Lamentó que en el debate sobre la Guardia Nacional que promovió la Cámara de Diputados, se hayan excluido a los organismos civiles de derechos humanos.
Este martes 8 de enero, varios gobernadores, entre ellos Héctor Astudillo Flores de Guerrero, participaron en la primera audiencia en la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional, para apoyar su integración con soldados, marinos y policías federales, con la condición de que el mando sea civil y recaiga en la Secretaría de Seguridad Pública y no en la de Defensa Nacional como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También rechazaron que la Guardia Nacional propuesta tenga facultades de investigación, como plantea la iniciativa presidencial, pues ésta es una tarea que corresponde al Ministerio Público.
En consulta telefónica, Barrera Hernández, ratificó que legalizar la Guardia Nacional deja la puerta abierta a la permanencia de los militares en los cuerpos de seguridad pública.
Señaló que se habla de que van a crear nuevos grupos de seguridad “desde una perspectiva militar, y creemos que en términos del modelo de seguridad, no cumple con estándares internacionales que señala Naciones Unidas y varios organismos internacionales”.
Recordó que los organismos de derechos humanos han reiterado que en gobiernos democráticos “el ejército no puede por ningún motivo suplantar a cuerpos policiales, sino, no tendrían razón de ser las corporaciones policiacas ni su función de prevenir el delito, proteger el patrimonio de las personas, su integridad física y garantizar el orden”.
Mientras los policías son agentes de atención y proximidad a la población, la formación de los soldados encuadra en la lógica de la guerra, de combatir al enemigo. En este contexto comparó el uso de soldados en actividades de seguridad pública, como un médico que atiende no sólo personas, sino a todo ser viviente, “aquí es como torcer mucho la figura de una Guardia Nacional que se quiere decir civil, con militares”.
Insistió en que con la Guardia Nacional se quiere imponer una mezcolanza, particularmente en Guerrero, donde los militares han asumido antes tareas de seguridad con una visión de contrainsurgencia, que ve a los ciudadanos organizados como rivales o enemigos, “es una visión maquiavélica de que quien actúa críticamente es un peligro para la estabilidad social”.
Advirtió que esa línea dura de usar las leyes para castigar a luchadores sociales y defensores de derechos humanos, que llevó a la cárcel a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, actual senadora por Morena, Nestora García a la cárcel, tiene como punto de quiebre la participación del Ejército en tareas de seguridad.

No hay policía corrupto, si no que hay político corrupto

De los altos índices de violencia, que parecen incrementarse todos los días, y la corrupción de las corporaciones policiacas que argumentaron para mantener a soldados en la calles durante dos sexenios, el defensor aclaró eso es negar que la figura del policía sí se puede profesionalizar.
Aclaró que la fecha no hay un programa que verdaderamente apueste al fortalecimiento de las corporaciones policíacas, “el punto más corroído del sistema de seguridad”, sin embargo, añadió que “no hay policía corrupto, sino hay político corrupto”.
Estimó que no se puede colocar en el banquillo de los acusados sólo a policías, que sí forman parte del engranaje de la corrupción, mientras no rindan cuentas los mandos de corporaciones policías como los funcionarios de gobierno.
El defensor insistió en una reforma que devuelva la confianza a los ciudadanos en los policías.
Por otro lado, confirmó que la vía de los hechos Guardia Nacional ya está operando en Guerrero. Indicó el Ejercito comenzó a tener control de la información de seguridad, porque todos los alcaldes de la región Montaña están entregando informes diarios en el 98 batallón de Tlapa, y se reúnen semanalmente con los responsables de la seguridad municipales.
Confirmó que los organismos están excluidos del análisis de la seguridad en el nuevo gobierno “porque sabemos que es una perspectiva que  debilita gravemente al sistema de seguridad estatal, federal y va en detrimento del fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, que son parte de nuestro sistema democrático”.

 

Respaldan organizaciones la demanda de amparo de San Miguel del Progreso contra las minas

Autoridades agrarias de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, el Consejo de Autoridades Agrarias y representantes de organismos civiles de derechos humanos pidieron a la jueza primera de Distrito de Chilpancingo, Estela Platero Salado, que resuelva el amparo que solicitó el núcleo agrario de San Miguel del Progreso en contra de la declaratoria de libertad de terreno emitido por la Secretaría de Economía del gobierno federal en 2016.
Con esa declaratoria de libertad de terreno se abre la posibilidad de que el gobierno federal decida sobre casi el 80 por ciento del territorio de ese núcleo agrario, que entren a trabajar las mineras que tienen concesiones vigentes.
En conferencia de prensa, las autoridades agrarias y representantes de organismos civiles denunciaron que esa declaratoria del gobierno federal pone en riesgo el territorio indígena del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, y de al menos 24 núcleos agrarios de la región de la Montaña y de la Costa Chica, en donde hay 22 concesiones vigentes para la explotación de minas.
Asistieron a la conferencia, el presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, Valerio Mauro Amado; el secretario, Mariano Morales; el presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, Miguel Santiago; la antropóloga Teresa Sierra; la abogada Maribel González; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares.
La abogada Maribel González, recordó que desde 2013 San Miguel del Progreso ganó un amparo con el que se cancelaron dos concesiones que pretendían explotar las minas Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, en su territorio, pero que la Secretaría de Economía emitió en 2016 la declaratoria de libertad de terreno en esa misma área.
Las autoridades del núcleo agrario solicitaron un amparo contra esa declaratoria, y ahora exigen que la jueza primera de Distrito que lleva el caso, Estela Platero Salado, resuelva conforme a los estándares internacionales el amparo 429 que fue solicitado en 2016.
Informó que la solicitud es respaldada por representantes de 24 núcleos agrarios que pertenecen al Consejo de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña y Costa Chica, que también se oponen a la exploración y explotación de las minas en su territorio.
La abogada dijo que esa declaratoria de libertad de terreno significa una nueva amenaza para las comunidades indígenas pues abre las puertas para que empresas mineras extranjeras entren a explorar y después a explotar las minas de la región.
Informó que el 31 de marzo pasado se realizó la audiencia constitucional, y demandaron que la jueza recurra a los estándares internacionales, que ya son ley en México, para emitir su resolución.
El comisariado de los Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado advirtió a su vez que, “por ningún motivo queremos que las mineras entren a nuestro territorio, porque allí nace el agua, allí están nuestros lugares sagrados y de nuestras tierras nos mantenemos”; añadió que, por ese motivo desde 2011 levantaron actas de asambleas en las que rechazan las mineras, y que fueron entregadas al Registro Agrario Nacional (RAN).
El representante agrario pidió a la jueza que respete el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas me’phaa.
El presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, agrupación que se constituyó hace cinco años y que agrupa a 24 núcleos agrarios de la Montaña y Costa Chica, Miguel Santiago informó que cada dos meses han organizado foros para defender su territorio de las concesiones que ha autorizado la Secretaría de Economía, “porque no nos benefician, ya tenemos como ejemplo Carrizalillo (municipio de Eduardo Neri), en donde la minera sólo ha traído problemas de violencia, por eso nosotros no vamos a permitir que entren esas mineras extranjeras”, advirtió.
Informó que de 12 núcleos agrarios con los que se constituyó ese Consejo, ahora se han incorporado 24, y que cada vez se suman más.
Por su parte, la antropóloga Teresas Sierra informó que elaboró un peritaje antropológico que entregó a la jueza primera de Distrito para que sustente la elaboración del amparo, tomando en cuenta que son comunidades indígenas las que están defendiendo su territorio.
Explicó que pide tomar en cuenta el vínculo sagrado que tienen las comunidades indígenas con su territorio, lo que les da legitimidad a los pueblos indígenas para defenderlo.
La antropóloga sustentó que el pueblo me’phaa, al que pertenece San Miguel del Progreso, tiene raíces arraigadas con sus dioses que consideran están allí, en su territorio, y que éstos son fundamentales para la vida misma del pueblo.
“La relación con su territorio tiene que ver con estos señores (dioses) de los cerros y del agua y si no manifiestan este respeto hacia ellos lo relacionan con desastres naturales, por eso la defensa de su territorio no es solamente un asunto de tierras, sino que está relacionado con los rituales que realizan para visualizar su vida cotidiana”, explicó Teresa Sierra.
La antropóloga expresó que los indígenas piden permiso a estos dioses para el ejercicio de su gobierno, como una forma de respeto hacia ellos.
Añadió que es esta vinculación sagrada con su territorio la que están viendo amenazada con la posibilidad de que entren las mineras extranjeras a explotar los yacimientos minerales de su región.
Frente a la declaratoria de libertad del terreno que emitió el gobierno federal, la antropóloga advirtió que se pretende una afectación “grave y absoluta”, porque además, se ha hecho sin consultar a los pueblos indígenas como lo establecen los estándares internacionales que México está obligado a cumplir.
El secretario técnico de la Red Guerrerense, Manuel Olivares manifestó el apoyo de los organismos civiles al núcleo agrario de San Miguel del Progreso y a los otros 23 que integran el Consejo de Autoridades.
Denunció que con esa declaratoria se evidencia que el gobierno federal está al servicio de las empresas extractivas, y que no le interesa el daño que van a ocasionar a la región.
Al respecto, Abel Barrera, denunció que en Guerrero la tendencia es avanzar más allá de lo que la ley le permite al gobierno para tomar territorios, y que un ejemplo es el del núcleo agrario de Cacahuatepec, en Acapulco, donde se insiste en instalar la presa La Parota.
Dijo que, afortunadamente los pueblos indígenas siguen resistiendo mediante la ley y la organización, mientras que el gobierno pretende reconocer “sólo su parcela y su milpa” como el territorio de los pueblos indígenas.
Barrera Hernández añadió que en Guerrero está demostrado que las mineras solamente traen devastación, y puso como ejemplo las de Carrizalillo, en Eduardo Neri, y la de Campo Morado, en Arcelia, y dijo que la jueza Platero Salado debe proteger el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas.

Visitan padres de los 43, Tlachinollan, ex presos políticos y la CRAC a Arturo Campos en la cárcel

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, seis ex presos políticos y coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso acudieron al reclusorio de Ayutla, a visitar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera para mostrarle su solidaridad y explicarle su situación jurídica actual.
Además le informaron que el 1 de diciembre arrancará una campaña para exigir su libertad, a tres años de que fue encarcelado.
En consulta telefónica su abogado Rogelio Téliz García recordó que el 1 de diciembre de 2013 detuvieron en Chilpancingo a Arturo Campos, cuando a los 12 días por la libertad de los presos políticos en Chilpancingo fue detenido y llevado al penal de Acapulco, después al del Altiplano, y el año pasado lo regresaron a Ayutla por un amparo que se promovió.
Informó que acudieron al reclusorio a visitarlo unas 3 horas junto al director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, coordinadores y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Dijo que fueron a recordarle su solidaridad, que están pendientes de su proceso penal y que el pasado 9 de noviembre el Juzgado Sexto de Distrito en Acapulco se celebró la audiencia constitucional del amparo 7462016, que promovió en contra de la resolución que emitió la Sala Penal, donde se confirma el auto de formal prisión por secuestro.
Resaltó, “recordemos que el Juzgado Séptimo de Distrito en Acapulco fue el mismo que concedió un amparo a favor de Bernardino Francisco y los otros compañeros, donde hace un estudio minucioso y reconoce la función de la policía comunitaria. Y además precisamente dice que la policía en si no puede cometer ni el delito de privación ilegal de la libertad y el delito de secuestro. Y recordemos que esta misma resolución sirviera de base para que Nestora se acogiera a la misma y pudiera obtener su libertad junto con la causa penal de Tlapa y de Ayutla”.
Téliz García agregó que entonces el juzgado ya tiene un precedente de que hay antes una resolución que emitió, por lo que dijo se confía en que Arturo ganará un amparo y va a obtener su libertad.
Añadió que si gana ganaría con el proceso penal de Ayutla. Sin embargo aún está el de Tlapa donde se siguen desahogando pruebas, y donde el 7 de diciembre habrá un careo con los agraviados.
El abogado recordó que en Tlapa está acusado de secuestro contra 43 agraviados en la causa penal 1962012 del Juzgado Segundo Penal, mientras que en Ayutla es en el expediente 592015 y que esta es la resolución que tiene el juzgado, donde a partir del 9 de noviembre entró en estudio.
Manifestó que confía en que se resuelva antes de vacaciones de diciembre y que si no es así en los primeros días de enero.
Téliz García sostuvo que en Tlapa se promovió un incidente de libertad y la jueza de manera “dolosa e irresponsable” y respondiendo a intereses políticos negó el incidente de libertad, argumentando que no era procedente, porque las resoluciones de Juzgado de Distrito, incluso la propia resolución para la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García no le favorece a Arturo Campos, algo que no comparten porque por lógica y por cuestiones legales tendría que beneficiar al promotor de la CRAC, ya que son los delitos de los que se les acusa, los mismos agraviados y las mismas consideraciones que le dieron la libertad a la dirigente.
“Le tienen que dar su libertad, Arturo no es secuestrador, Arturo es un defensor comunitario que lo único que hizo fue organizarse con las comunidades, frenar la delincuencia que el Estado no ha podido hacer”, explicó.
Contó que esta visita que hicieron Arturo no cambia su convicción de que el día que obtenga su libertad seguirá organizando y participando en la Policía Comunitaria.
“Él no claudica, en el tema de continuar defendiendo los derechos él dice yo estoy aquí y no cometí secuestro, yo sé que soy un preso político, que el Estado me mantiene aquí por intereses más políticos que legales”, recalcó el defensor.
Además dijo que mostró su respaldo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y pidió que se respete la Ley 701 que el estado pretende derogar o adecuar al nuevo Sistema Penal Acusatorio. También solicitó a las comunidades que estén pendientes de alguna movilización o protesta para defender la ley. En cuanto a su salud aseguró que está estable.
Por otro lado los visitantes informaron al promotor que “el primero de diciembre va a arrancar una campaña de exigencia de libertad hacia su persona. La campaña va a consistir en que ese día organizaciones harán acto de presencia fuera del penal y visitarlo para arrancar la campaña, justo en el marco de los tres años de estar privado de la libertad”.

Critica Tlachinollan que el fiscal pida soldados para que ocupen los puestos de policías ministeriales

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, calificó como “grave” la decisión del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, de militarizar a la Policía Ministerial, mediante la petición al Ejército de que envíe soldados para que ocupen los puestos de agentes de esa corporación, con el argumento de que está involucrada con el crimen organizado.
“Meter al Ejército en la procuración de justicia es atentatorio a los derechos humanos y a las normas internacionales que piden que sean otro tipo de visiones las que predominen, como el respeto a los derechos humanos, la ciudadanización de las corporaciones policiacas, la investigación científica y no el uso de la fuerza”, dijo.
El sábado, el fiscal Olea Peláez declaró que debido a que agentes ministeriales están involucrados con la delincuencia organizada se hará una depuración, y que pedirá al Ejército que proporcione militares para incorporarse a las filas de la Policía Ministerial.
Vía telefónica, Barrera Hernández, opinó que la propuesta es “grave” porque la procuración de justicia no es un tema que tiene que ver con el uso de la fuerza, sino con una estrategia integral, garantizar la ciudadanización de las policías y el uso de mayores mecanismos de inteligencia.
El defensor de derechos humanos admitió que es necesario depurar a las corporaciones policiacas, pero no para que se militaricen, sino para crear nuevos cuerpos policiacos respetuosos de los derechos humanos, dijo.
Agregó que la del fiscal es una postura “regresiva” y no pensada en el respeto a los derechos humanos, “porque los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con formación militar”.
Añadió que la medida es cuestionable más ahora que los militares están señalados por los casos de la matanza de Tlatlaya, estado de México, y porque no han querido dar cuentas de su actuación en los ataques a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, cuando desaparecieron los 43 normalistas.
Dijo que la propuesta del fiscal va a contrapelo de las recomendaciones de organismos internacionales de ciudadanizar y profesionalizar a los cuerpos policiacos en el campo de la investigación científica.
“Y yo creo que aquí se le está apostando a cerrar filas con el uso de la fuerza, a la represión y a seguir copando a las instituciones con militares cuando éstos no han dado resultados en el ámbito de la seguridad, y, por el contrario, han agravado las violaciones a los derechos humanos, porque no hay controles civiles en términos de rendición de cuentas”, declaró Abel Barrera.
El defensor de derechos humanos advirtió que con la medida de Olea Peláez se deja un espacio para que sean nuevamente los militares los que vayan incursionando en el ámbito civil.
Recordó que eso ya pasó en la época de la guerra sucia, “y eso es grave, es volver a reeditar un nuevo escenario de represión, de uso de la fuerza, de contención social, y se deja de lado el tema de la investigación científica y de la ciudadanización de las corporaciones policiales, que es lo que se necesita”, insistió.
Barrera Hernández opinó que no se justifica lo que dice el fiscal que algunos agentes ministeriales están involucrados con el crimen organizado, porque también “hay un Ejército que tiene cuentas pendientes con la sociedad por los crímenes que ha cometido desde la guerra sucia, hasta lo de Tlatlaya y, obviamente, lo que ha pasado en Guerrero con las violaciones graves a los derechos humanos”.
Agregó que con esos antecedentes “decir que se va a suplantar un cuerpo policiaco por otro represivo y que violenta los derechos humanos, no ayuda a dar más confianza a la ciudadanía, sino a generar mayor temor y terror, porque no sería un cuerpo de seguridad para la investigación científica, sino para la represión”, recalcó
Explicó que tampoco es una buena medida porque “sabemos que el Ejército es una institución que no obedece a los ciudadanos, que tiene su propia lógica bélica, y que siempre va a ver a los ciudadanos como enemigos”.
Barrera Hernández añadió que si los militares se han negado a comparecer por el caso de Iguala, para aclarar su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, mucho menos van a querer rendir cuentas cuando actúen en cuestiones de ejecutar órdenes de aprehensión, “pues sabemos que siempre hay una tendencia del Ejército de ver al ciudadano como un enemigo de la sociedad, como alguien que atenta contra las instituciones, siempre con una lógica guerrerista”.
Alertó que la presencia de militares en la Policía Ministerial, “dañaría bastante” a la sociedad y esa no va a ser la solución.
Subrayó que lo que se necesita es lo que siempre han propuesto los organismos de derechos humanos, que se depuren las corporaciones policiacas, pero no para que se militarice la procuración de justicia, sino para que se sustituya por un nuevo modelo policial formado en derechos humanos, en investigaciones científicas y acorde con las nuevas reformas que obligan a la capacitación de las corporaciones y éstas actúen protegiendo los derechos humanos, usando tecnologías que ayuden a ser una policía profesional y no necesariamente usar la tortura como método de investigación, “que es a lo que recurre el Ejército todavía”.
Recalcó que pensar que es el Ejército la solución es una postura “regresiva”, que no está pensada en la perspectiva de los derechos humanos, “mucho menos en atender las recomendaciones de los organismos internacionales, con relación a la ciudadanización de las instituciones policiacas y transparentarlas mejor, capacitarlas en el tema del respeto a los derechos humanos y sobre todo profesionalizarlas”.
Barrera Hernández concluyó que decir que ahora los militares van a incorporarse como policías de investigación en un estado donde hay “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas por el Ejército y donde la corrupción y el involucramiento con el crimen organizado sigue siendo un problema que afecta al sistema de justicia y de seguridad, “implica que los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con una formación militar”.

Exige el Consejo de Damnificados de La Montaña que se amplíen los apoyos de granos básicos

 

El Consejo de Damnificados de la Montaña marchará hoy en Tlapa “contra el hambre y el olvido”, para que se amplíen los apoyos de granos básicos, se atienda el desplazamiento de comunidades, las viviendas dañadas y a los cafeticultores damnificados por la tormenta tropical Manuel en 2013.
En entrevista, la asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Martha Ramírez Galeana informó que la marcha es una continuación de la caravana de noviembre de 2015, porque ahí se había acordado con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, que en enero de 2016 se analizarían las necesidades de las comunidades que integran el Consejo para determinar los tipos de apoyo que recibirían, y aún no se ha visto nada.
Explicó que otro asunto a discutir es la reconstrucción de las casas, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ya reconoció que hay obras que están mal hechas, y aunque cuenta con cifras y montos, no tiene presupuesto asignado.
Agregó que también hablarán de las viviendas afectadas por los fuertes vientos y lluvias del 8, 9 y 10 de marzo, porque casi son las mismas comunidades que fueron afectadas con la tormenta Manuel.
Criticó que aunque el gobernador Héctor Astudillo Flores acudió a la comunidad de Alacatlatzala a entregar enseres, estos son insuficientes y no responden a un proyecto integral, “por ejemplo, cuánto le va a durar esa despensa o la colchoneta a la gente”; explicó que es necesario implementar programas para este tipo de emergencias.
Dijo que hay más municipios en el Consejo, de 13 pasó a 17, porque los problemas y necesidades han aumentado.
Explicó que la primera etapa de entrega de maíz, frijol, arroz y sal a los damnificados ya concluyó, pero que pedirán la segunda etapa incluida en el proyecto original, y es urgente ante las continuas afectaciones a las tierras de los indígenas causadas por el cambio climático, que provoca fuertes lluvias, y vientos que han deslavado y hundido sus tierras de labor, además de la plaga de la roya a los cafetales que eran parte del sustento de las familias.
Indicó que urge implementar el programa Que llueva maíz en la Montaña, y un programa especial para los cafetaleros, porque la mayoría de los integrantes del Consejo se dedican a la producción del café que implica un ingreso más.
Declaró que el Consejo decidió esta marcha el 12 de marzo en una reunión, y que le apostaban al diálogo, mediante la interlocución del antropólogo Abel Barrera, con el gobierno federal, pero no fue posible.
En la convocatoria, el Consejo anunció que marcharán ante la crítica situación de los pueblos indígenas por el desplazamiento de los programas sociales, la devastación que causó el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, por el olvido, la violencia, la falta de oportunidades y la estrategia bélica del Estado.
El Consejo de Comunidades Damnificadas se constituyó el 22 de septiembre de 2013, ante la devastación de las lluvias provocadas por la tormenta Manuel, que integra a 200 comunidades de los 17 municipios de alta marginación de la Montaña de Guerrero, la población más discriminada y olvidada, y por eso exigen el cumplimiento del programa Que llueva maíz en La Montaña.
Ayer se observó a algunos integrantes del Consejo que llegaban a las instalaciones de la Unidad de Servicios Integrales (USI) del programa de Jornaleros Agrícolas de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), donde se reunirán para marchar este jueves a las 10 de la mañana.

Piden damnificados de La Montaña a la federación casas, granos y que repare los daños de Manuel

Integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña pidieron en una reunión a funcionarios federales y estatales que cumplan la entrega de viviendas y granos básicos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
El integrante del Consejo de Tlacoapa, Vitaliano Navarro Mosso dijo que las viviendas están en mal estado y que en varias comunidades ni se empezaron a construir, que la construcción de casas que les prometieron “quedó tirada” y que “fueron abandonadas las obras” en las escuelas.
Denunció que no se enteraron de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes acudieron a la región “casi a escondidas”.
De la comunidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Antonio García Benito pidió que les dijeran qué pasa con las comunidades en riesgo o que fueron desplazadas, porque no tienen ningún documento de riesgos.
El delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció que hubo deficiencias en los censos y que se iban a revisar los casos, ya que en las administraciones pasadas no tuvieron apoyo, pero que en esta nueva había disponibilidad para hacer los estudios técnicos, y que “prácticamente en dos años no hubo administración estatal”, por lo que varios quedaron fuera y había sub censos.
Dijo que estaban revisando la lista de las empresas contratadas y que se estaban rescindiendo contratos con las que no cumplieron para que asuman su responsabilidad, y también se estaba viendo quién entraría a cumplir con los trabajos; le recordaron que entregara el listado de empresas que trabajaban en las comunidades, porque al momento de exigir no sabían a quién, y que se presentaran ante las autoridades municipales porque “entran muchos desconocidos”.
El representante de la comunidad de Yahuitepec, Zeferino Anzurez pidió que atiendan, porque no hay viviendas y constantemente los ventarrones se llevan sus techos.
La plática se desarrolló en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), donde estuvieron el delegado estatal de la dependencia, Julio César Licona, el de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello; del gobierno estatal, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga, y el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado, quienes se comprometieron a atender las deficiencias y peticiones de los damnificados.
A los asistentes a la reunión les pidieron que compartan la responsabilidad de las acciones para atender a la población, como el caso de Malinaltepec, uno de los más afectados, y acordaron un recorrido para verificar las afectaciones a las viviendas.
Los presidentes municipales que estuvieron presentes fueron, de Malinaltepec Sebastián Ramírez, de Acatepec Jerónimo Mora y de Cochoapa el Grande Rosa Lorenzo; también acudieron representantes de Zapotitlán Tablas, entre otros.
Hubo comisarios, delegados y representantes del Consejo, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, su director, Abel Barrera, y la asesora jurídica, Martha Ramírez, quien pidió que los promotores de la Cdi no se comporten prepotentes y que no exijan cosas que no se toman en los acuerdos de las mesas, como las firmas de tarjetas para darles maíz, frijol, arroz y sal a vecino de las comunidades; también que el Consejo fue el que envió su padrón de las comunidades y sus peticiones, y que no podían ser exclusivos ya que había familia de presidentes municipales como beneficiarios.
Pidió que se respete la entrega de las remesas de granos que faltan, que se entregue el padrón de empresas que trabajan en la región y los dictámenes de Protección Civil de la Sedatu, ya que la única dependencia que lo hizo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Barrera Hernández dijo que se replantearía el programa de granos básicos como permanente, porque tendrá una reunión en la ciudad de México con el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda para que este no se termine con la última entrega, y que se seguirá revisando la calendarización para atender las viviendas.
Esta reunión duró unas dos horas, de las 3 a las 5 de la tarde; los funcionarios federales se retiraron en helicóptero tras comprometerse a revisar periódicamente el cumplimiento de las demandas.

Provocación, la actitud del gobernador hacia La Parota, opina Abel Barrera

 

El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, consideró la actitud del gobernador Zeferino Torreblanca, respecto del proyecto La Parota, como una provocación y una alerta a la confrontación que anuncia un desenlace fatal, porque quiere “generar condiciones para que sea la fuerza la que dirima los conflictos hondos”.
Vía telefónica, dijo que el gobernador debería encabezar otros asuntos como la violencia, la inseguridad o privilegiar el diálogo con actores sociales donde ha dejado un vacío.
Con su actitud, agregó, el gobernador mostró el rostro duro de un gobierno que se niega a la construcción del diálogo “y es un mensaje para la ciudadanía”.
Insistió en que Zeferino Torreblanca muestra una posición parcial que quiere llevar a la realización del proyecto, “muestra un diálogo que no es neutral, abona para la desconfianza, confrontación y anuncia un desenlace fatal, eso debe tomarse muy en cuenta”.
Comentó que Tlachinollan, que lleva la defensa jurídica del Cecop, manifiesta que en lugar de que haya una lectura más profunda y responsable sobre los acontecimientos de violencia y criminalización del conflicto social, se quiere dar una señal más peligrosa de promover la confrontación, de mostrar esta mano dura con expresiones “que nos dejan sorprendidos y desconcertados”.
“El gobernador mostró el poco compromiso para respetar los procedimientos jurídicos que se llevan ante el Tribunal Unitario Agrario por el conflicto del proyecto La Parota”, subrayó.