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En 2015 Guerrero tuvo el índice más alto de asesinatos en el país, informa el Inegi

Guerrero ocupaba el cuarto lugar nacional en número de homicidios en 2008 pero en 2015 se colocó en el segundo sólo por debajo del Estado de México, que tiene una población de más de 16 millones de habitantes mientras que la entidad suriana cuenta con 3.5 millones y por tanto tiene el índice más alto de homicidios, con 67 por cada 100 mil habitantes.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los datos preliminares del país y por entidad federativa de los homicidios en 2015, y en Guerrero se ha incrementado en mil 395 asesinatos en los últimos ocho años, de mil 5 en 2008 a 2 mil 402 en 2015.
El primer año del recuento que publicó Inegi es de 2008 cuando en Guerrero se cometieron mil 5 asesinatos, en 2009 la cifra aumentó a mil 855, en 2010 hubo mil 555, en 2011 llegaron a 2 mil 416, en 2012 la cifra alcanzó 2 mil 646, que es considerado el año más violento debido a la alta cifra de asesinatos registrados.
Para 2013 los asesinatos tuvieron un ligero descenso a 2 mil 283 casos, en 2014 la cifra bajó a mil 729 homicidios, y en 2015 nuevamente repuntó y llegó a 2 mil 402.
Si los asesinatos en la entidad se comparan con los de Chihuahua, que es el estado que ha tenido mayor número de asesinatos anuales en todo el país, Guerrero lo rebasó en 861 casos durante 2015.
Chihuahua alcanzó récord en homicidios en el 2010 cuando se cometieron 6 mil 407, pero la entidad fronteriza logró una reducción y en 2015 bajó hasta mil 541.
Guerrero ocupa el primer lugar en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes con 67, seguido de Chihuahua y Sinaloa, el promedio nacional es de 17.

Las cifras de Inegi y Segob varían en 15 mil 644 casos

En el país, el Inegi informó que en 2015 se registraron 20 mil 525 homicidios, y que las cifras se derivan de la información sobre las estadísticas vitales captadas de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas generados por cada estado, contiene registros de mil 243 oficialías del Registro Civil, 308 agencias del Ministerio Público (MP) y de 106 Servicios Médicos Forenses (Semefo).
Además de captar datos en las oficialías del Registro Civil sobre homicidios por medio de actas y certificados de defunción complementaron la información con la que proporcionan las agencias del MP mediante cuadernos estadísticos.
Las cifras del Inegi varían mucho de las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob) que tienen un registro de 36 mil 169 homicidios en 2015 basado en el reporte mensual del número de víctimas de homicidio en averiguaciones previas y carpetas de investigación del MP.
En el caso de Guerrero el Inegi tiene el dato de que se cometieron 2 mil 402 en 2015 y el SESNSP dice que fueron 2 mil 721 casos, 319 homicidios de diferencia.

Destinó la federación 73 millones de pesos este año para colonias con violencia: Manrique Pastor

El secretario técnico de Presidencia, Geovani Manrique Pastor, informó que la Secretaría Ejecutiva del programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de la Secretaría de Gobernación, les requirió solventar los recursos que el Ayuntamiento ejerció en 2013-2014.
Consultado en su oficina, Manrique Pastor dijo que el año pasado 66 millones de pesos rescatados de los 100 millones etiquetados para Acapulco, se usaron en actividades como un cine móvil, talleres de elaboración de hamacas, atención psicológica a víctimas de la violencia, además de talleres de prevención de embarazo en adolescentes y un bibliomóvil.
Explicó que este año la federación destinó más de 73 millones de pesos, y de ellos 5 millones serán para talleres para la formación de negocios en las colonias Ciudad Renacimiento y Emiliano Zapata, zonas donde hay mucho desempleo, y poco más de 6 millones para la Jardín para “corredores seguros” con iluminación e intervención artística.
Indicó que se recibió un oficio en el que la Secretaría Ejecutiva del programa “nos pide solventar los ejercicios 2013-2014, y la información que nosotros tenemos y que es fragmentada e incompleta, es que hay irregularidades, vamos a proceder y sanear toda esa parte”.
Recordó que “el ejercicio de 2013 y 2014 fueron muy cuestionados sobre todo en la parte administrativa porque se generaron compromisos para 2015, se apalabraron muchos compromisos y muchas personas generaron expectativas que no se cumplieron”.
Explicó que el año pasado se ejercieron 66 millones de pesos luego de la gestión que hicieron el gobernador Héctor Astudillo y el alcalde Evodio Velázquez para que no se devolvieran los 100 millones que se habían destinado para el municipio, y se llevaron a cabo actividades de cine móvil, bibliomóvil y talleres de prevención de embarazo.
Además de elaboración de hamacas y de huertos productivos, así como atención a niños víctima de violencia, “las cuales este año se retomarán porque no se ha estado haciendo de manera institucional a pesar de que hay una ley”.
Indicó que en 2015 hubo “problemas de carácter administrativo y disputa de quién administraría los recursos, si Finanzas o Pronapred estatal, pero no hubo acuerdo y no se distribuyeron los recursos a los municipios”, pero con apoyo del gobernador y el alcalde se logró que se pudieran ejercer 66 millones de pesos.
Para este año, Manrique Pastor indicó que el Ayuntamiento elaboró un diagnóstico donde se identificaron los factores de riesgo en las colonias Progreso, Petaquillas, Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata y Jardín, para aplicar los 73 millones 800 mil pesos que se ejercerán este año en actividades de prevención social del delito y la delincuencia.
Dijo que el gobierno hará acciones tangibles porque los problemas ya fueron identificados en Ciudad Renacimiento, donde viven muchos jóvenes que no estudian ni trabajan, y en la colonia Emiliano Zapata las personas adultas son las que no trabajan y se prevé capacitarlas para que abran sus negocios.
Explicó que las acciones de capacitación en Renacimiento y Emiliano Zapata hay “una bolsa de 913 mil o 930 mil pesos, no tengo el exacto por polígono, pero son casi 5 millones de pesos destinadas a actividades productivas, para crear microempresas”.
También se trabajará en “corredores seguros” en la colonia Jardín y Renacimiento. Dicho programa consiste en iluminación de andadores, pintura de fachadas con “intervenciones artísticas, vamos muy avanzados y tenemos identificados las áreas de intervención… estamos haciendo el cálculo que serán 300 fachadas por colonia”.
Manrique Pastor sostuvo que los factores de riesgo que identificaron de la violencia tienen su origen en los problemas de desintegración familiar, consumo de drogas, alcohol, falta de cohesión social que genera la ruptura del tejido social, por ello adelantó que el municipio llevará a cabo una campaña en escuelas de prevención del consumo de alcohol, drogas y embarazos.
Dijo que los recursos que ejercerá el gobierno se transparentarán, e incluso el alcalde Evodio Velázquez instruyó a que se informara cómo va a orientarse el presupuesto la próxima semana en la instalación de la Comisión Intersecretarial Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Precisó que el municipio planteará que para el 2017 haya un replanteamiento de los polígonos y se considere a El Coloso, la Colosio, la Progreso y modificarlos para que se puedan incluir colonias como Alianza Popular, Victoria, Burócratas, La Laja y 6 de Enero, que requieren también una atención prioritaria por la violencia.
También se dispondrá de recursos para un diagnóstico de impacto y medir las acciones.

La Segob no puede decidir si no hay más prórrogas para los expertos, responde el abogado de los padres

 

El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que brinda asistencia técnica en el caso de la desaparición forzada de 43 alumnos de Ayotzinapa, “será de seis meses y puede extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”, dice el acuerdo firmado por el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los beneficiarios de medidas cautelares brindadas por el organismo internacional a víctimas de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Por lo tanto la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no habrá otra prórroga para los expertos es una posición política y unilateral que vulnera la responsabilidad que México aceptó ante organismos internacionales, denunció el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica concedió que el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) puede decir que ya no quieren la asistencia técnica del GIEI, pero no puede tomar esa decisión sin un análisis, diálogo y consenso entre las partes que firmaron el acuerdo.
El martes el secretario de Gobernación declaró en radio Fórmula que el periodo del GIEI concluye su mandato el 30 de abril y que no habrá prórroga. Hoy se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) entregue los resultados del cuarto peritaje de fuego que realizó en el basurero de Cocula, con el cual va a concluir en definitiva la tesis oficial sobre el destino de los desaparecidos.
Dicha versión, descartada por científicos de la UNAM, el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense en estudios independientes, pero sostenida por la PGR, dice que todos los estudiantes fueron cremados en un basurero a cielo abierto y sus cenizas lanzadas a un río.

Medidas cautelares por los heridos y los 43

Rosales Sierra estimó que a Osorio Chong le faltó un análisis del Acuerdo de Asistencia Técnica desde la perspectiva de Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de los 43 Estudiantes de la Normal Rural, antes de fijar una posición pública.
El acuerdo depende de las medidas cautelares MC 409/2014 que emitió la CIDH en favor de los 43 alumnos desparecidos y los heridos de los ataques de policías a estudiantes y civiles en Iguala, que México está obligado a cumplir porque firmó la Convención Americana de Derechos Humanos.
Precisó que en este procedimiento México no está siendo prejuzgado de alguna responsabilidad en los hechos de Iguala, pero el organismo consideró que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que está en riesgo la vida de 43 estudiantes. Por lo tanto el Estado debe tomar medidas para salvaguardar esas vidas.
A partir de las medidas cautelares, México debe informar qué hizo para dar con los desaparecidos, la investigación para esclarecer los hechos y a dar asistencia médica y sicológica a los afectados.
En este marco las víctimas solicitaron asistencia técnica internacional y un requisito es que el gobierno mexicano hiciera la solicitud a la CIDH.
Después de las pláticas el 12 de noviembre de 2014 se estableció la creación del GIEI, sus objetivos y su primer periodo de mandato, que se prorrogó seis meses el 19 de octubre de 2015.
En estricto, consideró que debe haber una valoración técnica sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, y revisión del acuerdo entre las partes, antes de fijar una posición.
Sin embargo indicó que la declaración no es casual, se da en un contexto de descalificación de agresión a los cinco integrantes del GIEI, y una serie de obstáculos para que desarrollen su labor.
Con anticipación los padres y abogados han considerado que la intención de las autoridades es delegar su responsabilidad de investigar y esclarecer en hechos en los expertos independientes, y acusarlos de la falta de resultados.

Osorio prometió la permanencia del GIEI, que ahora rechaza: padres

El señor Mario González, papá del normalista desparecido Mario César González Hernández, recordó que en la última reunión que sostuvieron el año pasado en Acapulco con el secretario de Gobernación, éste les prometió que el GIEI permanecería hasta esclarecer los hechos.
“Ayer (martes) lo supimos, en realidad ellos dicen sus cosas pero que recuerde lo que prometió en Acapulco, que no veía ningún problema si se acababa el tiempo de los expertos, (dijo) que daba la vida por saber la verdad, que la permanencia del Grupo se podía extender el tiempo necesario y no había necesidad de que él lo consultara con el presidente, porque era el segundo y tenía autoridad”, relató.
Insistió en que la verdad se va a saber cuando permitan que declaren los militares y los policías federales implicados en los hechos, bajo la supervisión de los expertos, “sabemos quién participó y a quiénes están protegiendo, pero la verdad de lo que aconteció todavía no la sabemos, mientras no declaren los tipos que tienen los videos”, dijo en relación a los soldados que observaron y documentaron algunos ataques.
Consideró que tal vez el gobierno quiere utilizar el último peritaje del basurero para encubrir a las corporaciones policiacas y militares, pero advirtió que los padres no se van a dejar engañar.

Condena la CIDH la campaña de desprestigio contra Álvarez Icaza y los expertos independientes

De manera “categórica” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la campaña que se lleva a cabo en México para desprestigiar a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.

En un comunicado el organismo consideró inadmisible la denuncia contra Álvarez Icaza que interpuso el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, fechada el 15 de marzo, por fraude al gobierno federal y los contribuyentes por un millón 250 mil pesos, que el Estado mexicano aportó para gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de un acuerdo de asistencia técnica internacional que México solicitó a la CIDH.
El secretario técnico firmó el acuerdo internacional en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), precisa.
La denuncia fue interpuesta por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal AC, pero el tema fue llevado a debate por la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace hace seis meses, cuando terminó el primer periodo de mandato del GIEI. Entonces la empresaria dijo que Álvarez Icaza cayó en un conflicto de intereses en un caso del que debió excusarse por su nacionalidad.
En el escrito fechado en Washington, DC, la CIDH (órgano autónomo de la OEA) expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre esta base, “porque no constituye ningún delito, (la denuncia) resulta temeraria e infundada”.
Explica que Icaza Longoria firmó el convenio de cooperación con México en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, a través de la figura de “delegación de firma”.
Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. Por lo tanto, la CIDH no administró los recursos ni lo hizo el secretario Ejecutivo.
Para aclarar el caso el organismo cita el argumento que usó en la querella para desacreditar la labor de los expertos y del funcionario de la CIDH: que Álvarez Icaza “incorporó a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes”.
Sin embargo los quejosos señalaron que Álvarez Icaza “engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos”.
Antes de esta denuncia hubo una campaña dirigida a cada integrante del GIEI para poner en duda su calidad moral y su trabajo en el ámbito de la justicia y los derechos humanos en diferentes partes del mundo, y en especial en América Latina. Los expertos son Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Carlos Beristáin y Francisco Cox.
La CIDH precisó que las partes que firmaron el acuerdo de asistencia técnica internacional (los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Estado mexicano representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República), estuvieron de acuerdo en la selección de los expertos y expertas.
Recordó que se integró el grupo de trabajo a partir de la solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para hacer una verificación técnica de las acciones de las autoridades y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente.
Durante un periodo de seis meses analizarían las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y harían un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Tras el primer informe de trabajo, el 6 de septiembre de 2015, se renovó su mandato por un periodo adicional de seis meses, que vence el 30 de abril.
Del primer informe y conclusiones del GIEI, la CIDH destacó las irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, de las autoridades estatales.
En particular los cuestionamientos a la tesis oficial “la versión histórica” de los hechos de Iguala que dio a conocer el anterior procurador de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula (desacreditada científicamente por expertos independientes), y la apertura de nuevas líneas de investigación para llegar a la verdad de los hechos.
La Comisión reiteró su respaldo al trabajo del GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones que presenta, asimismo, al secretario Ejecutivo de la CIDH, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

No inició la reparación del daño de los ataques a los normalistas en Iguala, precisa la Segob

Ante el reclamo de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que rechazaron el anuncio del gobierno sobre la reparación del daño a casi 18 meses de  la desaparición de los jóvenes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián aclaró que ese proceso no ha iniciado.
En un comunicado explicó en siete puntos de qué manera se llevarán a cabo las tareas de reparación del daño a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por sicarios y policías el 26 de septiembre de 2014.
En el documento aclara que lo que inició fue el  Diagnóstico de Impacto Psicosocial en las Víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hará un equipo de profesionales independientes “y el gobierno se compromete a aceptarlo”.
El diagnóstico, agrega, incluye a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, a los familiares de los estudiantes asesinados y a los estudiantes heridos y a sus familias.
El inicio de los trabajos se refiere al Diagnóstico Psicosocial y  con base en este, “el Estado elaborará un Plan de Atención y Reparación Integral que será consultado con las víctimas y sus representantes”.
Señala que por mandato de ley el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.
En su quinto punto refiere que la reparación prevista en la ley debe ser “integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron”.
Afirm que la reparación integral del daño “es mucho más que el pago de una compensación, debe incluir medidas concretas de restitución, rehabilitación, satisfacción y, especialmente, medidas de no repetición”.
Explica que no se ha acordado en este momento ninguna medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque éstas se determinarán a partir del diagnóstico mencionado.
“Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las víctimas directas e indirectas de los hechos”, al tiempo que destaca que los avances en materia de atención a las víctimas ha sido posible por el trabajo del GIEI.
Tras el anuncio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob de que en próximos días se firmaría un convenio para iniciar los trabajos de reparación a los familiares de los 43 estudiantes, padres de los jóvenes expresaron su rechazo total y calificaron el convenio como “una falta de respeto a los padres de familia”, pues lo que exigen es la presentación con vida de sus hijos, justicia y castigo a los responsables de la desaparición.

Quieren saber de sus hijos, no la reparación del daño, responden padres de los 43

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos no tienen información del convenio de reparación del daño del que habló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián en medios nacionales hace dos días, denunció el vocero Felipe de la Cruz.
Vía telefónica recriminó que el funcionario hable de temas que no se han discutido con ellos, porque uno de los acuerdos con los padres es reservar la información para evitar más agravios a las víctimas.
Campa Cifrián aseguró que la firma del convenio para iniciar el proceso de reparación del año con las familias de los 43 alumnos desaparecidos era cuestión de días.
Felipe de la Cruz consideró que el funcionario ventiló la información de manera intencional, en el marco de la estrategia de desprestigio contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para decir que están concluyendo los temas pendientes antes de que termine el periodo de mandado de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye el 30 de abril.
Dijo que los padres sostienen que no les interesa hablar de la reparación del daño en tanto no sepan dónde están sus hijos y qué pasó la noche de los ataques, “la única forma de reparar el daño es saber qué pasó en alguna medida, es saber qué pasó en el menor tiempo posible, que sepamos qué pasó ese día”.
Denunció que siempre ha habido intentos de las autoridades federales de distraerlos con la reparación del daño, que envían a sus agentes a casa de los padres, y también lo hicieron los primeros días los funcionarios del gobierno estatal.
Consideró que el gobierno federal está fraguando la salida de los expertos de México, es decir, que no se ratifique un tercer periodo para que sigan coadyuvando en las investigaciones de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, con el argumento de que ya no hay más avances ni resultados, al mismo tiempo que termina la campaña contra los integrantes del GIEI.
Aclaró que lo que los padres exigen es un diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para hablar de la continuidad del GIEI en México.
Informó que la próxima reunión de seguimiento del caso Ayotzinapa está programada para el 18 de abril en el puerto de Acapulco, pero los padres han insistido en que se haga en Chilpancingo.
Agregó que los expertos han visitado Iguala y otras partes del estado para hacer inspecciones en los sitios donde se han realizado búsquedas sin vida, en fosas clandestinas.

Reporta Segob 160 asesinatos en febrero en Guerrero; sigue como el estado más violento

 

En los 29 días de febrero de 2016 ocurrieron 160 homicidios dolosos, seis menos que en los 31 días de enero cuando hubo 166, con esa cifra Guerrero continúa como el estado con mayor número y tasa de asesinatos violentos en el país.
En promedio se cometieron 5.51 asesinatos diarios en Guerrero en el segundo mes del año, mientras que en enero ocurrieron 5.35 homicidios dolosos.
Según las estadísticas de la incidencia delictiva publicadas el domingo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), en febrero de 2016 hubo 20 homicidios dolosos más que en el mismo mes de 2015 cuando se registraron 140.
De los 160 asesinatos que se cometieron en Guerrero el mes pasado 111 se ejecutaron con armas de fuego, 10 con arma blanca y 39 más aparecen como “otros”.
Con los 160 asesinatos violentos en febrero Guerrero continúa como el estado con mayor número de homicidios dolosos en todo el país, seguido por el Estado de México donde hubo 149.
Sin embargo en Guerrero la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes es de 9.09 mientras que en el Estado de México es de 1.92. En Guerrero radican unos 3.3 millones de personas y en el estado de México hay más de 15 millones.
En Acapulco ocurrieron 74 de los 160 homicidios en todo el estado en febrero, nueve violaciones sexuales y otros ocho delitos sexuales.
En el puerto también ocurrieron cinco extorsiones y un secuestro según los datos del SESNSP, obtenidos sólo de las denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público del estado.
En Chilpancingo ocurrieron 17 de los 160 asesinatos violentos y ocho delitos sexuales, entre ellos cuatro violaciones, un secuestro y una extorsión.
El delito que incrementó en un 33 por ciento de enero a febrero fueron las violaciones sexuales, en el primer mes del año hubo 18 y en el segundo fueron 26.
Además el registro de las estadísticas de la incidencia delictiva del SESNSP se apuntan “otros delitos sexuales” que no se especifican, de esos, en febrero se cometieron 18 además de las 26 violaciones.
Del secuestro, la información que la Fiscalía General del Estado (FGE) envió al SESNSP es de que en febrero se cometieron siete que quedaron asentados en denuncias ante el Ministerio Público, pero la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en sus registros otros tres casos, por lo que suman 10 secuestros denunciados el mes pasado.
En enero pasado hubo también 10 secuestros denunciados ante la FGE, igual que en febrero de 2014.
Disminuyeron las extorsiones en el estado respecto al primer mes del año, bajó de 15 a 9, sin embargo el fiscal del estado Xavier Olea Peláez afirmó a principio de este mes que los asesinatos en Acapulco y ataques a taxistas son porque los ciudadanos se resisten a pagar cuotas de extorsión.
Los asesinatos en febrero repuntaron desde 2009 cuando hubo 124 asesinatos, en años anteriores las cifras iban desde 85 en 2001, 94 en 2002, 48 en 2003, 44 en 2004, 48 en 2005, 45 en 2006, 48 en 2007 y 56 en 2008.
A partir de 2009 las cifras se mantuvieron en más de 100 asesinatos mensuales. Para febrero en 2010 hubo 102, en 2011 158, en 2012 fueron 139, en 2013 llegaron a 177 y en 2014 se redujeron a 132.

Cierran comuneros por tercer día la presa El Guineo en Tecoanapa; exigen el pago de sus tierras a Conagua

Campesinos de la población Carabalincito, municipio de Tecoanapa, cumplieron ayer tres días de mantener cerradas las compuertas de la presa hidroeléctrica Revolución Mexicana El Guineo, para exigir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el pago de 300 mil pesos por hectárea de las tierras que fueron expropiadas en 1970, informó el vecino Oscar Pineda.
Los campesinos afectados por el embalse solicitaron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para que la Conagua cumpla un acuerdo pactado en 2015, en el que la dependencia se comprometió a pagar “bienes distintos de la tierra” en marzo, y en octubre y noviembre a pagar las tierras, pero no fue así.
Óscar Pineda recriminó que las autoridades federales dan largas al cumplimiento de las cuatro minutas que se han firmado para el pago de tierras, y la Conagua pretende pagar 80 mil pesos por hectárea.
A las comunidades afectadas se les adeuda el pago de 284 hectáreas, 134 son de Nuevo Tecomulapa, municipio de San Marcos, 40 corresponden a La Unión, municipio de Ayutla, 50 hectáreas a Tierra Colorada también del municipio de Ayutla, 30 a Carabalincito municipio de Tecoanapa y 30 a El Porvenir, municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande).
Dijo que por la exigencia del pago de tierras a la Conagua y a la delegación de la Secretaría de Gobernación (Segob), han amenazado con desalojar a los campesinos que mantienen cerrada la presa hidroeléctrica.
Este lunes los vecinos bloquearon el paso en la comunidad de Carabalí Grande, que es el acceso a la hidroeléctrica.
Los inconformes dijeron que no se retirarán del lugar mientras la Conagua no les pague. Hasta ayer a las 6 de la tarde ninguna autoridad los había atendido.
Se observaron algunas pintas en las paredes que están en la entrada de la presa, en donde se lee: “exigimos solución, no más mentiras” y “hace 40 años que se nos deben nuestras tierras, exigimos el pago inmediato”.

Al 46.8 por ciento de los presos en Guerrero no se les ha dictado sentencia y viven amontonados, reporta la Segob

 

En Guerrero, el 46.8 por ciento de los presos están en espera de que les dicten sentencia, de acuerdo con el reporte mensual de información estadística penitenciaria nacional de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El reporte que corresponde a noviembre de 2015, informa que 2 mil 550 reos están en proceso y 2 mil 898 ya están sentenciados, todos viven amontonados en alguna de las 15 cárceles sobrepobladas del estado, según el informe.
Por delitos del fuero común hay en proceso 2 mil 185 internos, de los cuales 2 mil 22 son hombres y 163 mujeres. Por delitos federales 365 reos están en proceso, de los cuales 336 son hombres y 29 mujeres.
Los que están sentenciados por delitos del fuero común son 2 mil 342 presos, de los cuales 2 mil 222 son hombres y 120 mujeres, por delitos federales los sentenciados son 556 reclusos, 535 hombres y 21 mujeres.
En las cárceles de Acapulco, Zihuatanejo, Tlapa, San Luis Acatlán, Arcelia y Ometepec, más del 50 por ciento de los internos no han sido sentenciados, mientras que en las prisiones de Chilpancingo, Iguala, Ayutla y Coyuca de Catalán el porcentaje de internos sin sentencia rebasa el 40 por ciento.

Las cárceles en Guerrero

En la cárcel de Acapulco, más del 50 por ciento de los internos están en espera de que les dicte sentencia, son mil 216 de un total de 2 mil 400 presos.
Esta prisión tiene capacidad para mil 676 reos, pero en ella viven 2 mil 400, con una sobrepoblación de 724 internos, está rebasada en un 43.2 por ciento.
En el reclusorio de Chilpancingo, el 43 por ciento de los presos están en espera de sentencia, 447 de un total de mil 25 reclusos.
Esta cárcel tiene capacidad para 624 internos, pero en ella viven mil 25 reclusos, con una sobrepoblación de 401 presos, está rebasada en 64.24 por ciento.
En el penal de Iguala, el 40 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 180 de un total de 447 reos.
Esta cárcel tiene capacidad para 412 internos, pero viven ahí 447, con una sobrepoblación de 35 internos, está rebasada en 8.50 por ciento.
En la cárcel de Tlapa el 52 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 160 de un total de 306 reos.
Esta cárcel tiene una capacidad para 60 internos, pero viven en ella 306, tiene una sobrepoblación de 246 presos y está rebasada en 410 por ciento.
En la prisión de Zihuatanejo el 50 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 77 de 154 reclusos. Tiene capacidad para 67 internos, pero viven 154, con una sobrepoblación de 87 reos, está rebasada en 129.85 por ciento.
En la cárcel de La Unión el 18 por ciento de los presos no ha recibido sentencia, 26 de 143 recluidos, con una capacidad para 200 internos, y hasta noviembre de 2015 había 143 presos.
En el penal de Chilapa, el 29 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 49 de un total de 164 reos, tiene capacidad para 92 internos pero viven 164, tiene una sobrepoblación de 72 reclusos, su capacidad está rebasada en 78.26 por ciento.
En el reclusorio de Ayutla el 42.97 por ciento de los internos no han sido sentenciados, 52 de 121 presos, no hay sobrepoblación, ya que es para 131 reos.
En Tecpan, el 36.55 por ciento de los internos no han sido sentenciado, 53 de 145 reclusos.
Esta prisión tiene capacidad para 56 internos, pero viven 145, tiene una sobrepoblación de 89 reos, su capacidad está rebasada en 158.93 por ciento.
En el penal de San Luis Acatlán el 65.62 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 63 de un total de 96 internos, tiene una capacidad para 55 internos, pero viven 96, tiene una sobrepoblación de 41 reclusos, está rebasada en 74.55 por ciento.
En la cárcel de Coyuca Catalán el 45.74 por ciento de los reos no han sido sentenciados, 43 de 94 internos. Esta penitenciaria tiene capacidad para 36 internos, pero en ella viven 94, con una sobrepoblación de 58 presos, su capacidad está rebasada en 161.11 por ciento.
En la prisión de Arcelia el 55.93 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 33 de un total de 59 reos.
Este reclusorio tiene capacidad para 38 internos, pero ahí viven 59, tiene una sobrepoblación de 21 reos, su capacidad está rebasada en 55.56 por ciento.
En el penal de Taxco el 37.63 por ciento de los internos están en espera de recibir sentencia, 35 de 93 internos, hay una capacidad para 69 presos pero en ella viven 93, tiene una sobrepoblación de 24 internos, está rebasada en 34.78 por ciento.
En la penitenciaría de Teloloapan el 23.43 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 15 de 64 reos.
Este reclusorio tiene capacidad para 52 internos pero viven 64, tiene una sobrepoblación de 12 reos.
En la prisión de Ometepec el 51.82 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 71 de 137 reos. Este penal tiene capacidad para 52 presos pero viven 137, tiene sobrepoblación de 85 reclusos, está rebasado en 163.46 por ciento.
De octubre a noviembre de 2015 el número de internos en las cárceles de Guerrero aumentó de 5 mil 398 a 5 mil 448, es decir 50 reos más.

Permanecerá el plantón de los padres de los 43 en el DF hasta que los atienda la Segob, advierten

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos advirtieron que permanecerán en el plantón que instalaron el jueves en la avenida Reforma de la Ciudad de México hasta que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometa a dar a conocer el nombre del fiscal y del equipo técnico que retomará la investigación del caso.
En entrevista el abogado Vidulfo Rosales Sierra dijo que esta mañana el gobierno federal les informó que “funcionarios menores” de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, recibirían a los familiares de los estudiantes, pero la posición de ellos, “es que los reciba Osorio Chong aunque hay flexibilidad y consideran que lo más importante es que puedan iniciar los trabajos de investigación y búsqueda”, agregó.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan comentó que ocho de los padres que se encuentran en el plantón tienen problemas respiratorios a consecuencia de las bajas temperaturas en la Ciudad de México y porque no tienen suficientes cobijas, pero “seguimos resistiendo”.
Añadió que “se ha complicado un poco con el gobierno, quieren que traslademos las carpas más hacia el parque (de Chapultepec) y entendemos que a cambio de ello nos pondrían los baños”, pero “la posición de los padres sigue igual”, pues “seguimos resistiendo y esperemos que estos días pueda haber otra postura del gobierno”.