Brenda Escobar
Zihuatanejo
Este viernes se llevó a cabo en Ixtapa la segunda sesión ordinaria 2023 de la zona sureste, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que el fiscal especializado de Control Regional, de la Fiscalía General de la República (FGR), Germán Adolfo Castillo Banuet, informó que en 2022 los delitos del fuero común más recurrentes en esta zona fueron fraude, robo o asalto y la extorsión, mientras que en ámbito federal fueron los delitos patrimoniales.
La segunda sesión ordinaria se llevó a cabo en el centro de convenciones del hotel Azul, en la zona hotelera II de Ixtapa, donde la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fue la anfitriona de sus pares de los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Michoacán y Estado de México.
El fiscal especializado de Control Regional de la FGR, Germán Adolfo Castillo Banuet, estuvo en esta reunión, representando al titular de esta institución, Alejandro Gertz Manero, quien es el presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Castillo Banuet, en su mensaje durante el acto inaugural, mencionó algunos datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, dada a conocer en septiembre de este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), respecto de los cambios que se dieron de 2021 a 2022 en la percepción ciudadana de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Dijo que en 2022, el porcentaje de la población que percibe inseguridad en su entidad subió ligeramente, de 78.8 por ciento a 79.4 por ciento, “lo cual nos compromete a trabajar más arduamente para reducir esa cifra”, al tiempo que agregó que el porcentaje de delitos denunciados aumentó de 10.1 por ciento a 10.9 por ciento, “con lo cual la cifra negra, según esta encuesta, es del 89.1 por ciento, ligeramente inferior al periodo anterior”.
Señaló que “en 2022, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 319 mil millones de pesos, es decir, 1.08 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que equivale a un promedio de 8 mil 192 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito, por eso tenemos que seguirnos coordinando todas las instituciones del estado mexicano para abatir estas consecuencias”.
Luego, dijo que en ese mismo año, según la Envipe, “se cometieron 26.8 millones de delitos asociados a 21.1 millones de víctimas, esto representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima; la incidencia delictiva es mayor en hombres para la mayoría de los delitos, no obstante, en los delitos sexuales las mujeres son más vulneradas, al contabilizarse 11 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres”.
Castillo Banuet destacó que los delitos más recurrentes en el fuero común fueron el fraude, el robo o asalto en calle o transporte público y la extorsión, y que el robo total o parcial de vehículo ocupó el quinto lugar.
“Por ello, esta conferencia está trabajando en la actualización del convenio de colaboración para el intercambio de información sobre vehículos robados firmado en el año 2018, con la intención de contar con un instrumento que establezca mecanismos de colaboración y coordinación entre las instituciones de procuración de justicia, para fortalecer de manera permanente el suministro, intercambio y operación de los datos e información sobre vehículos robados en el Sistema Informático Nacional Interoperable, para su localización, recuperación y devolución”.
Más adelante, apuntó que en lo que se refiere a los casos de delitos federales en esta zona sureste de la conferencia, del periodo de enero de 2019 a febrero de 2023 “la incidencia delictiva es el 25 por ciento, con 15 mil 001 casos de delitos patrimoniales; 15 por ciento, con 8 mil 728 casos violación a la ley federal de Armas de fuego y Explosivo; el 12 por ciento, 7 mil 17 casos de violación a la ley de Vías Generales de Comunicación; 10 por ciento, con 5 mil 632 casos de delitos en materia de hidrocarburos; el 5 por ciento, con 2 mil 884 delitos contra la Salud y 4 por ciento con 2 mil 619 casos de violación a la ley de Migración”.
“Por ello, la Fiscalía General de la República, del total de las carpetas iniciadas en este periodo (319 mil 393) a nivel nacional, el 21 por ciento (66 mil 567) corresponde a esta zona de la conferencia, de las cuales, 12 mil 274 fueron con detenido, judicializando 5 mil 440 carpetas, que corresponde al 44 por ciento, vinculando a proceso 7 mil 640 carpetas de investigación, correspondiente a 11 mil 405 imputados, y 6 mil 747 sentenciados (6 mil 392 de ellos en procedimiento abreviado y 210 en juicio), para lo cual, en muchos casos ha contado con la colaboración y apoyo de las fiscalías estatales y las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales. A todas ellas nuestro agradecimiento”.
Contra la supresión de la prisión preventiva
Más adelante, Castillo Banuet señaló que ya entrando en materia de esta Conferencia Nacional y que “debido a las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que han resuelto inconvencional la prisión preventiva oficiosa, y que las personas juzgadoras federales están aplicando con criterios dispares, pero sobre todo en el juicio de amparo, las fiscalías estamos fortaleciendo nuestras acciones para lograr la prisión preventiva en los procesos penales, mediante la capacitación y formación continua de los agentes del Ministerio Público”.
También con “la adopción de mejores estrategias de investigación del riesgo procesal para acreditar la necesidad de cautela de los imputados, así como en la aplicación de las destrezas de litigación, para justificar esta medida cautelar, especialmente cuando los jueces se nieguen a otorgarla de manera oficiosa y sea evidente que es necesaria y proporcional”.
“Sin dejar de impulsar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el debido cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los expedientes 1 y 3 de 2003 aperturados para tal fin, a fin de evitar los excesos en que están incurriendo los juzgadores, insisto, especialmente los de amparo que otorgan la suspensión provisional con efectos restitutorios que implican, de inicio, suprimir la prisión preventiva, cuando ese tema es el fondo del juicio de amparo, y están dejando en libertad a cientos de procesados e incluso sentenciados cuya condena aun no queda firme”.
Continuó: “En ese sentido, es importante que el Pleno de la Región Centro Sur del Poder Judicial de la Federación emitió un criterio que ratifica la supremacía constitucional y que entra en colisión con el previamente emitido por el Pleno de la Región Centro Norte, y que será materia de una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le haremos llegar la postura de esta conferencia”.
“Sabemos que, como la tendencia es suprimir la prisión preventiva, resulta necesario promover la adopción de sistemas efectivos de control de los imputados que llevan su proceso en libertad y evitar que se evadan de la justicia, a través de pugnar porque las unidades de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, dependientes en su mayoría de los poderes ejecutivos, posean los recursos suficientes y realicen eficazmente su función de asegurar el cumplimiento de las mismas”.
Indicó que este tema requiere que la federación y las entidades federativas “inviertan en la generación de sistemas estatales de monitoreo electrónico que permitan tener supervisados a los procesados en libertad, pues hoy está siendo un negocio cooptado por empresas particulares, no siempre éticas y profesionales”.
“Otra área de oportunidad para un debido proceso es contar con mecanismos eficientes de protección de testigos de la acusación, ya que el sistema acusatorio requiere forzosamente la declaración de éstos en la audiencia del juicio oral y que lo hagan de manera eficiente para lograr la condena, y una constante en las instituciones de procuración de justicia es la carencia de estas unidades y mecanismos”.
Apuntó que en esta sesión, “la FGR abordará las mejoras a la cooperación de las fiscalías para evitar fallos judiciales desfavorables en asuntos trabajados por dos o más instituciones, ante los criterios judiciales cada día más exigentes para el Ministerio Público y más favorables para las defensas”.
Luego, hizo un reconocimiento a la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, “quien ha obtenido recientemente sentencias favorables en casos relacionados con delitos graves que afectan a la sociedad guerrerense, así como por su compromiso con la investigación y persecución de los delitos y por la coordinación que hemos logrado”.
Enseguida aseveró: “Tengo la certeza de que quienes participamos en esta sesión nos esforzaremos para generar acciones concretas en favor de la procuración de justicia y que día a día daremos mejores resultados a las víctimas y la sociedad”.
“Finalmente, quiero expresar mis más sentidas condolencias a familiares, colegas y amigos del licenciado Fernando García Fernández, ex delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Guerrero, así como del teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, ex fiscal regional de Tierra Caliente, quienes en fechas recientes fueron asesinados por grupos delictivos”.
Apuntó que “las instituciones de procuración de justicia lamentamos estos cobardes ataques, y nos comprometemos a esclarecer los hechos y perseguir a los responsables hasta que reciban el castigo que la ley establece”, y pidió para ellos un minuto de aplausos.
“Somos mayoría los que pretendemos el bienestar social”: fiscal
Por su parte, en su breve mensaje de bienvenida a los ahí presentes de menos de tres minutos, la fiscal Sandra Luz Valdovinos, agradeció “a Dios por la oportunidad de reunirnos en este magno evento, para materializar la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia de la zona sureste”.
“Hoy nos honran con su presencia en este auditorio y es para mí un honor y regocijo recibir a cada una y uno de ustedes en este hermoso y paradisiaco lugar del triángulo del sol, Ixtapa-Zihuatanejo, parte de nuestro estado de Guerrero, por lo que en este centro de convenciones se convertirá hoy en un recinto de encuentro entre colegas y expertos en un marco de cordialidad, camaradería y espíritu para la reconstrucción nacional”.
Prosiguió: “Abordaremos temas de importancia para la prosperidad y la armonía de nuestro México, somos mayoría los que pretendemos el bienestar social como servidores públicos, ya que tenemos una gran responsabilidad con la sociedad mexicana que se encuentra ansiosa de la seguridad y la procuración de justicia”.
Acompañaron en el presídium a la fiscal Sandra Luz Valdovinos y al fiscal especializado de Control Regional de la FGR, Germán Adolfo Castillo Banuet; el diputado local, Carlos Cruz López; el consejero jurídico del Poder Ejecutivo en Guerrero, Jorge Salgado Parra, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Gladans.
También el fiscal general de Justicia Militar, Alejandro Ramos Flores; el comandante de la 27a Zona Militar, Martín Gerardo Franco; el comandante de la 16 Zona Naval, Héctor Rafael Solís Hernández y el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec.