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Exigen colectivos de familiares de desaparecidos a Campa Cifrián que los localice vivos o muertos

El titular de la Subscretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dijo que la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en el estado se hará hasta que se encuentren vivos o muertos, pues así se lo demandaron los familiares.
En una reunión con los colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos en la que estuvo la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Policía Federal (PF), la Policía Científica y la Fiscalía General del Estado (FGE), las autoridades se comprometieron a llevar a cabo las investigaciones de manera coordinada para localizar a las víctimas.
La reunión fue privada en la sala Ignacio Manuel Altamirano del Palacio de Gobierno con Los Otros Desaparecidos de Iguala, el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, familiares de desaparecidos en Chilpancingo y Acapulco y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).
De las autoridades estuvo Campa Cifrián, el fiscal Javier Olea Peláez, el encargado de la CEAV Rubén Vasconcelos Méndez, la fiscal de la Procuraduría Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR Eréndira Cruz Villegas Fuentes, la titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Sara Irene Herrerías Guerrera, la titular de la División Científica de la PF, Patricia Trujillo Mariel, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Armenta Tello y el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.
En breves declaraciones luego de la reunión, Campa Cifrián dijo que los familiares de los desaparecidos exigieron que se busque a las víctimas “con vida y sin vida”, recordó que hay casos que son de larga data, es decir, que ocurrieron hace 8 o 10 años, y que las autoridades se comprometieron a implementar acciones para resolverlos.
Explicó que las acciones serán intercambiar datos con cárceles, panteones, fosas clandestinas y comunes, para localizar a las víctimas de desaparición en el estado.
Añadió que el próximo jueves a las 11 de la mañana habrá una segunda reunión con las familias de los desaparecidos y que en cuatro meses habrá otro encuentro para evaluar los avances.
Por su parte, la secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena dijo que en la reunión las autoridades informaron que según con la reforma a la Ley General de Víctimas, los familiares de desaparecidos investigados en la FGE (del fuero común) recibirán atención en el CEAV, antes de la reforma sólo se admitían a los que investigaba la PGR (fuero federal).
Otro avance importante es que la Policía Científica se incorporó a las acciones para buscar a los desaparecidos, Adriana Bahena dijo que dicha división cuenta con una base de datos de las cárceles del país a la que tendrán acceso los familiares, “de todos o de los estados que a nosotros nos interesen”.
Dijo que en la reunión también se discutió el proyecto de un Centro Comunitario en Iguala, para el cual Campa Cifrián dijo que la Sedatu aportará el 60 por ciento de los 40 millones de pesos que se requieren para la construcción, y el gobernador Héctor Astudillo Flores pondrá el resto.
Explicó que los cinco colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos pidieron a las autoridades que se forme una base de datos en la que se incluya el registro de los detalles de los cuerpos que se vayan encontrando, como ropa, señas y las condiciones en las que estaban, y que esté disponible en internet pero con acceso restringido sólo para los representantes.
Antes, ya habían solicitado la información de los cuerpos que han sido recuperados en la mina de San Francisco Cuadra, Mexcaltepec, cerro del Huixteco, Puente Campuzano, pozo Meléndez y Temazcalapa del municipio de Taxco, así como de Las Parotas en el cerro Gordo, la fosa común de la colonia Fermín Rabadán, San Miguelito, Tijeritas, Monte Hored de Iguala y los recuperados en el municipio de Teloloapan entre 2010 y 2015.
Adriana Bahena dijo que otro punto importante que se discutió es que se revise el cambio de las carpetas de investigación de fuero común al fuero federal, también pidieron que las búsquedas de los desaparecidos se lleven a cabo en periodos de una semana por municipio y que se fortalezca la CEAV en los estados, ya que las fiscalías no cuentan con protocolos para hacer la entrega del cuerpo de una víctima que no sea originaria del lugar.
Durante la reunión, los representantes del Tadeco recordaron que en julio de 2007 conformaron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, pero a más de nueve años de mantener su demanda de presentación con vida de 33 activistas y justicia para 11 asesinados, “esta práctica no cesa, es cotidiana y el número de víctimas de la violencia crece diariamente”.
Por separado, las autoridades se reunieron con otro grupo de familiares de desaparecidos en Chilpancingo, quienes debieron de estar presentes en el primer encuentro pero por decisión de los colectivos se optó por manejar los casos de manera paralela.
En declaraciones, un representante del grupo informó que en la segunda reunión las autoridades se comprometieron a solicitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) los registros de las huellas digitales de sus familiares desaparecidos para compararlos con las huellas de los cuerpos que se han encontrado; también se les dijo que recibirán apoyo de la CEAV.

Pide la Segob a los pescadores de Petacalco información del derrame de combustóleo al río

El dirigente de los pescadores de Petacalco, municipio de La Unión, Gilberto Barrera Reyes informó que el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), René Juárez Cisneros se contactó con ellos para pedirles toda la información que tienen de la contaminación al río Balsas debido al derramamiento de combustóleo, pero no se la dieron porque “él puede conseguirla tanto en el gobierno del estado y en todas las dependencias federales que la tienen, nosotros ya tomamos la decisión y no vamos a dar marcha atrás”.
Ayer vía telefónica Barrera Reyes dijo que tanto René Juárez como su colaborador Daniel Pano Cruz le hablaron para que les enviara toda la documentación sobre el caso del derramamiento al brazo izquierdo del río Balsas de 32 mil litros de combustóleo que eran transportados en una pipa propiedad de la empresa Flensa SA de CV, ocurrido el 13 de febrero del año pasado.
“Pero la documentación la tiene la Secretaría General de Gobierno y como ellos son gobierno ellos se pueden auxiliar pidiendo los documentos necesarios por el derramamiento del combustóleo (…) ya no tiene caso que demos nosotros documentación, solamente queremos que se agilice esto, y para que se agilice no nos queda otro camino más que movilizarnos.”
Agregó, “el gobernador (Héctor Astudillo Flores) ni caso nos hizo y ni modo, somos amigos pero no con amigos se come. Los pescadores de Petacalco tienen hambre, tienen deseos de que les den solución, que nos apoye el gobierno y no ha sido posible. Teníamos confianza de que el gobernador nos iba a recibir para arreglar el asunto con él directamente, desgraciadamente no fue posible, no sé qué piedras hubo en el camino para que no nos atendiera, desgraciadamente no se pudo”.
Dijo que acordaron movilizarse y que no tienen miedo, “porque tenemos toda la razón, porque el derecho nos asiste, tenemos un estudio de impacto ambiental pagado por el gobierno del estado y lo agradecemos, pero no sabemos por qué no nos quiso atender el señor gobernador, quién sabe quién nos ha puesto piedras en el camino para que no nos quiera recibir, pero algún día lo vamos a saber, ya pronto vendrán de nuevo por acá para buscar nuestro voto y aquí será donde nos vamos a volver a ver”.

La CRAC y la UPOEG acordaron impulsar que se ratifique la Ley 701, informa Martínez Veloz

 

El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz se reunió con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y otras organizaciones sociales, acordaron impulsar la ratificación de la Ley 701 del estado de Guerrero, de derecho y cultura indígena.
En declaraciones telefónicas el funcionario federal indicó que el asesor César Flores Maldonado lo comunicó con el gobernador Héctor Astudillo Flores vía telefónia, con quien acordaron programar una reunión con ambas organizaciones de seguridad.
De la reunión el viernes en Barra Vieja con ambas organizaciones, Martínez Veloz dijo que acordaron trabajar juntos para apoyar la ratificación de la Ley 701 como punto de partida, para que “quede consolidada como un instrumento de regulación del trabajo y de los derechos indígenas en Guerrero”. Indicó que se busca incorporar otros derechos excluidos del texto legal, y que tienen que ver con los derechos universales de todas las comunidades indígenas.
El segundo punto es apoyar la resolución del Tribunal Federal Electoral en donde se establece que en Ayutla se utilizara el sistema de usos y costumbres para elegir a sus autoridades, sin la intervención de los partidos.
El otro acuerdo es apoyar los procesos de remunicipalización, “en los municipios o comunidades donde existan las condiciones para realizarse”.
Martínez Veloz indicó que es “la base primera de un acuerdo que quizás en el futuro pueda ser más amplio”.
Comentó que las organizaciones solicitaron su intervención para un acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo que “permita encontrar una ruta de encuentro para lograr concretar los acuerdos y construir una relación sólida con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
Dijo que en la reunión estuvieron Pablo Guzmán de la CRAC y Bruno Plácido de la UPOEG, el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro y Marcos Matías, entre otros.

 

Los expulsados de la CRAC presos en la capital, Eliseo y Adelaida “están muy mal”, dice la CNPA

 

El integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Héctor Muñoz Guzmán informó que acudió al penal de Chilpancingo con un representante de la Unidad de Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a constatar las condiciones en las que se encuentran los coordinadores de la Policía Comunitaria en la Costa Chica expulsados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava, de quienes dijo que física y psicológicamente “están muy mal”.
El representante de la agenda nacional en derechos humanos de la CNPA agregó que están en total desatención las familias de los seis policías comunitarios que murieron en el enfrentamiento contra policías estatales el día de la detención, el 30 de abril de 2015, porque ante organismos de derechos humanos y dependencias estatales no son considerados víctimas.
En consulta telefónica a un año ocho meses de la detención ambos están presos en el penal de Chilpancingo.
Muñoz Guzmán contó que en diciembre visitaron el penal para corroborar el estado físico y psicológico de los reclusos. Adelaida se dedica a la limpieza en ese lugar, mientras que Eliseo se dedica a hacer hamacas.
Dijo que el encuentro duró cerca de 2 horas, además les aplicaron un cuestionario que está siendo evaluado por la Segob para determinar su intervención en el caso, para ver si pueden alcanzar su libertad anticipada.
Resaltó que Eliseo Villar cuenta con 49 averiguaciones previas y Adelaida Hernández está involucrada en 21, ambos por secuestro, robo, sabotaje, motín, lesiones, privación ilegal de la libertad y allanamiento.
De la visita detalló que “Eliseo cuando fue detenido fue golpeado, fue torturado y esas cuestiones, cuando lo llevaron al penal federal entonces él refiere que tiene problemas en la vista un poco y de la columna, que tiene un dolor de espalda”. Sin embargo no le han dado atención médica, que es lo que espera que atienda la Segob.
“Los conocí antes de que los recluyeran, o sea como miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Sicológicamente están muy afectados, imagínate ser policía y acabar en la cárcel, desde ahí para ellos es un impacto muy fuerte, y la otra es la forma en la que se ha dado este encarcelamiento, no ha sido para nada de esto, de rehabilitación social no tiene absolutamente nada, a ellos los detuvo el Ejército, desde ahí era ilegal el asunto”, denunció.
Dijo que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) no los reconoce como víctimas ni a las seis familias de los seis policías asesinados, Modesto Alberto Sánchez Cruz, Pascual Mier Bautista, Erick Manuel Paniagua Bernal, Antonio Martínez Hernández, Bertín Villanueva y Fulgencio Baltazar Suástegui. Dijo que algunos dejaron hasta cuatro hijos que viven en el abandono y la pobreza, y que de una de las familias es notoria su desnutrición.
Relató que el 19 de octubre la asesora jurídica de la CEEAV Everarda Pineda Andraca en una reunión le entregó el oficio P012-2016, que supuestamente le hicieron llegar desde julio del que dijo no tenía conocimiento, ahí le informan que no pueden atender a las familias ni a los presos como víctimas.
Entonces le expuso enfrente de las viudas que también estaban en la reunión que les dijera qué se podía hacer, y que le contestó déspota que nada, le insistió que así como estaba el expediente no se podían reconocer como víctimas.
“Mediante el artículo 46 de la ley número 694 de víctimas vigente en el estado de Guerrero, para el reconocimiento de las víctimas el juzgador penal mediante sentencia ejecutoria debe hacerlo, y evidentemente no lo van a hacer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha sido completamente omisa”, reprochó.
La CEEAV dicen que ese reconocimiento en todo caso se los tiene que hacer el juzgador penal, el juzgador en materia de amparo, el Ministerio Público (MP), la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos o los organismos internacionales.

El sistema de seguridad de la UPOEG fue infiltrado por la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

A cuatro años de que se fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en Ayutla, auspiciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio reconoció que ha sufrido la infiltración de la delincuencia organizada, que el proyecto no se está cumpliendo como fue planeado y denunció la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dividir a la organización.
El SSJC surgió el 5 de enero de 2013 en Ayutla, ahora tiene presencia en 600 pueblos de municipios de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y en la sierra. Cuenta con 5 mil 552 policías ciudadanos.
Ayer el dirigente y promotor Bruno Plácido hizo un recuento de lo que ha pasado en los cuatro años desde que se creó ese sistema, como una alternativa al problema de inseguridad y violencia en el estado.
Fue entrevistado en un restaurante de esta ciudad previo a la asamblea estatal programada para este 4 y 5 de enero en Cruz Grande, con motivo de los cuatro años de que se creó el SSJC.
Dijo que la creación de ese sistema significó una tranquilidad del 80 por ciento en los pueblos donde ahora opera.
Denunció que los conflictos que ha tenido con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en Tierra Colorada (cabecera de Juan R. Escudero) y en el valle de El Ocotito fue porque “se metió” Gobernación federal para confrontar “y vendió la idea de que había un pleito por el territorio”.
“Nosotros no traemos ningún pleito por el territorio, venimos consolidando un proyecto de los pueblos donde la ciudadanía día a día toma decisiones que nunca ha tomado”, dijo.
Explicó que el otro 20 por ciento que le falta por trabajar en materia de seguridad a la UPOEG en los pueblos, es en cuanto al empoderamiento de la gente, para que tome sus propias decisiones, “que decida más, que tengan un concepto de forma de reunirse para tomar una decisión colectiva”.
–¿Cómo vivían los pueblos hace cuatro años, concretamente en Ayutla, donde surgió la Policía Ciudadana, qué motivó la creación de esta policía?,– se preguntó al promotor.
–Vivía una población sometida, a cualquier ciudadano de un pueblo lo humillaban, los extorsionaban. Llegaban hasta los aboneros o empleados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y abusaban de la población y hoy ya no, porque a un pueblo que tiene seguridad ya no tan fácil lo someten o lo humillan.
“Yo creo que sí ha habido cambios. También ha habido errores porque no se puede cambiar tan fácil en cuatro años, pero esos errores los hemos estado cambiando entre todos. No podemos decir que todo es maravilla”, reflexionó.
–¿Hubo algún hecho que derramó el vaso de agua dentro de toda la violencia e inseguridad que se vivía, para que se constituyera la Policía Ciudadana?, porque existe la versión de que se conformó por divisiones con la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).
–Nosotros nunca hemos tratado de dividir a la gente, en 1995 cuando se formó la CRAC su objetivo fue la seguridad y la justicia, pero después entre todos analizamos que era necesario crear un organismo de pluralidad, que no necesariamente fuera indígena para ejercer el desarrollo de los pueblos en la cuestión de carreteras, luz, reordenamiento de los pueblos. Y cuando llegamos a Ayutla les pedimos a los de la CRAC que vinieran a conformar la policía pero por celos de un grupo radical que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al Ejército y al gobierno, no se pudo. El objetivo nuestro no era confrontar, sino ejercer el poder que le pertenece a cada pueblo.
“Esa fue la ruptura, pero no fue para la división, sino que nuestra separación fue por el radicalismo, y porque buscamos la estabilidad de las comunidades sin distinción de raza. Fue así que el 4 y 5 de enero surgimos, quisimos llamarnos Policía Comunitaria pero ellos emitieron un pronunciamiento en el que nos desconocieron y dijeron que la Policía Comunitaria no actuaba como nosotros. Era lógico porque cuando fundamos la CRAC eran otros momentos, y hace cuatro años la delincuencia era más sanguinaria y más cruel, por eso teníamos que romperlos de otra forma”, afirmó el también ex consejero de la CRAC.
–¿Estás satisfecho, era esto lo que querías que fuera en materia de seguridad y justicia, se está cumpliendo lo que se pensó que fuera?
–No se está cumpliendo, nos hacen falta muchas cosas. Lo que queríamos era fortalecer cada uno de los pueblos, para que ejercieran su libertad de decisiones sin temor a nada. Creo que el proyecto de la UPOEG no se está cumpliendo porque hemos tenido muchos obstáculos desde que se inició este proceso.
“Solamente se instituyó un sistema de seguridad y se están constituyendo los consejos municipales en cada uno de los municipios, pero aún así nos hace falta que encuentre tranquilidad la gente a un 100 por ciento”, agregó.
–¿Es el proyecto original?
–Sí, porque fue garantizar la seguridad de la población, hay abusos de algunos compañeros pero estamos purificando. También en algún momento algunos delincuentes se infiltraron para escuchar y ver qué hacíamos, pero también en eso se está trabajando para seguir en una segunda etapa. No podemos negar, hay infiltración de otros intereses.
–¿Fue lo que pasó en el valle de El Ocotito?
–Fue lo que pasó en el valle y en algunos otros lugares.
–Pero también hay acusaciones del FUSDEG en el sentido de que ustedes le sirven al cártel de la Sierra del Sur.
–Hay acusaciones pero una cosa es acusar y otra es probar lo que uno dice. Hay gente que acusa por celos, hay gente que acusa por salvar sus intereses, pero si ellos cumplieran el objetivo de sus asamblea nosotros no tuviéramos ningún conflicto con ellos. Si el método es la asamblea nosotros no tenemos ninguna discusión con ninguna otra organización, porque facilita el caminar de los pueblos, pero surgen organizaciones para confrontar a los pueblos, son grupos de choque para obstaculizar a otros.
“En este caso el gobierno federal tuvo que meter la mano para justificar que el proyecto comunitario no sirve, evidenciando que entre nosotros mismos nos estamos matando. Ese fue el objetivo de fondo. Lo que pasó en Michoacán quisieron aplicarlo en Guerrero, aquí no se pudo porque se viven otras condiciones”, dijo Plácido Valerio.
–Tu también has declarado que el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava apoyó la constitución del FUSDEG, ¿tu si tienes pruebas?
–Ellos (el Gobierno federal) quedaron muy resentidos conmigo cuando retuvimos a los militares en El Pericón (municipio de Tecoanapa, en agosto del 2013) y desde allí se dedicaron a perseguirme, buscaban detenerme o matarme. Rompieron el diálogo con nosotros, sin embargo a ellos (a los del FUSDEG) les dieron toda la lana para controlar a la organización. Nosotros siempre cuidamos las formas y las seguiremos cuidando.
“El gobierno federal utilizó a compañeros a quienes los hicieron crecer, lo mismo hicieron con Eliseo Villar (ex coordinador de la CRAC) a quien utilizaron con dinero para que nos obstaculizara. Fue utilizado por Gobernación federal para la detención de Nestora y para romper a la CRAC, y credencializar a la Policía Comunitaria.
–¿El FUSDEG es una organización domesticada por el gobierno federal?
–Inicialmente se separaron (de la UPOEG) como una inconformidad interna, pero después los capitalizó Gobernación para justificar la confrontación.

Hubo diálogo con Ángel Aguirre, pero no fue su palero, asegura

–También se dice que la UPOEG fue apoyada en sus inicios por el ex gobernador Ángel Aguirre, es público que Bruno es amigo de Ángel Aguirre.
–No es tanto por la amistad, todos los conflictos sociales terminan buscando a un diputado, a un presidente municipal o a algún gobierno para resolver la inconformidad. Cuando nosotros surgimos el gobernador se vio obligado a dialogar con nosotros para la liberación de los 57 detenidos, cuando queríamos formar un tribunal popular para sancionarlos, fue por eso que él entabló el diálogo con nosotros pero eso no significa que hayamos sido paleros de Ángel Aguirre.
“Nos buscó porque si no, se venía la destitución de Aguirre antes de la desaparición de los 43 (normalistas de Ayotzinapa), porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pedía el desafuero del gobernador si no atendía el caso de los 57 detenidos (por la Policía Ciudadana).
–Ahora el gobernador Héctor Astudillo dice que lo que surgió como una solución para la seguridad de los pueblos, se ha convertido en un problema, en referencia a la UPOEG y al FUSDEG, por los enfrentamientos que tienen, ¿la UPOEG asume esta responsabilidad?
–Nosotros no, porque seguimos con el objetivo original de cuidar a la población. Él no puede irse con una sola versión de lo que se diga en un lado. Un gobierno debe analizar a profundidad qué dice la población, no lo que se dice en el Faccebook. Yo creo que ahorita la zona de Petaquillas y del valle de El Ocotito ya está resuelto, solamente hay un diálogo por Tierra Colorada.
–¿Está mal informado el gobernador?
–No mal informado, se fue con una apreciación en un primer momento.
Para Plácido Valerio el proyecto del SSJC no se ha desviado, “lo desviaron otros para justificar la confrontación, a nosotros nos queda bien claro el proyecto”.
Aseguró que los conflictos con el FUSDEG solamente quedan en Tierra Colorada, “de allí para allá todo está resuelto, estamos dialogando”.
Explicó que en Tierra Colorada solamente se está dialogando en la mesa con el gobierno del estado para destrabar el conflicto mediante asambleas, en las que la gente decida en las comunidades.
Informó que cuatro años después de su constitución la Policía Ciudadana del SSJC cuenta con 5 mil 552 hombres armados en 600 pueblos de la sierra del municipio de Chilpancingo y de San Miguel Totolapan. Así como en comunidades de Chilpancingo y Juan R. Escudero, de la zona Centro, además en la zona rural de Acapulco.
Mientras que en la Costa Chica mantiene su presencia en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Este miércoles y jueves la UPOEG hará su asamblea para celebrar el cuarto aniversario de la fundación del SSJC en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal, en donde la agenda será la toma de decisiones en cuanto al incremento al precio de la gasolina, las elecciones por usos y costumbres en los municipios con población indígena y las candidaturas independientes, informó Plácido Valerio.

Indemniza el gobierno a familiares de víctimas de Aguas Blancas tras 21 años de la masacre

 

 
En una reunión privada en el salón de la República de Casa Guerrero el gobernador, Héctor Astudillo Flores firmó el convenio para cumplir con la reparación integral de daños a familiares de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas.
Ante la presencia del director de Atención de Casos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Iván Gutiérrez, así como el presidentes de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, fuera de la agenda de actividades oficiales que Comunicación Social distribuye se hizo la entrega del dinero (cheque) correspondiente a las indemnizaciones para la reparación del daño a que se obliga el gobierno.
La entrega del dinero a los deudos de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas se difundió a través de un tweet de la cuenta oficinal del gobernador cuyo texto anunciaba “Hoy hemos cerrado un ciclo. Después de los 20 años fueron atendidos debidamente los familiares del caso Aguas Blancas”.
En este primer tweet se muestra una fotografía en donde el gobernador se dirige a los familiares que estuvieron presente, así como aparece el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez y el subsecretario de Gobierno de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Sotelo Rosas.
En un segundo mensaje en la misma cuenta de Twitter, el gobernador Astudillo Flores informó que se está ateniendo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que se firmó el convenio de reparación integral de daños del caso Aguas Blancas, cuyo monto no se dio a conocer.
Como se recordará, el 28 de junio de 1995 en la sierra de Coyuca de Benítez, cerca del poblado de Aguas Blancas, fueron asesinados 17 campesinos y otros 21 fueron heridos por agentes de la Policía Motorizada y Judicial del Estado que pusieron un retén por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa, para impedir una manifestación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Los campesinos se dirigían a Atoyac a exigir la presentación con vida de uno de sus compañeros, Gilberto Romero Vázquez, que estaba desaparecido, además de fertilizantes, láminas de cartón, despensas, herbicidas para familias pobres de comunidades de cinco municipios.
Más de 400 policías esperaban para detener a los campesinos en el vado del río de Las Hamacas, a 3 kilómetros de Aguas Blancas, encabezados por los principales funcionarios del área policiaca del gobierno del estado.
Figueroa ordenó la operación policiaca en el vado de Aguas Blancas que tenía como uno de sus objetivos a Benigno Guzmán, a él lo buscaban policías que participaron en la emboscada a los campesinos.
Por otro lado, a las 8:30 de la noche fue publicado en el portal oficial del gobierno del estado el comunicado en el que se detalló que se firmó el acta de cumplimiento y de reparación de daño, con lo que cumple con el informe del fondo 49/97 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la recomendación 104/1995 de la CNDH.
En el comunicado se informó que el gobernador calificó como un paso importante el cumplir con la promesa de apoyar a las familias, “estamos cumpliendo, fue algo que lastimó mucho a Guerrero”.

La UPOEG no va a entrar con fuerza a Tierra Colorada; acordó una consulta, dice Bruno

 

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio rechazó que la Policía Ciudadana pretenda entrar mediante la fuerza a Tierra Colorada, y aseguró que en los acuerdos con el gobierno del estado la organización que encabeza pidió que se consulte a la gente.
Plácido Valerio denunció que quien dividió a la UPOEG fue el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda Nava, para evitar que se expandiera a otros municipios después de la retención de militares en El Pericón, municipio de Tecoanapa, en 2013.
Ayer ofreció una conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), para responder a los diputados locales del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez y Raymundo García Gutiérrez, quienes acusaron que la UPOEG pretende entrar por la fuerza a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
Aseguró que la Policía Ciudadana no ha intentado entrar por la fuerza a esa cabecera municipal y que a los pueblos siempre entra con el consentimiento de los pueblos, mediante las asambleas comunitarias.
Declaró que la Policía Ciudadana y la UPOEG no pelean el corredor Petaquilas-Xaltianguis ni territorio alguno, y que el acuerdo en las reuniones con el gobierno del estado es que se respete el proyecto comunitario, y que las decisiones se tomen con el consentimiento de los ciudadanos mediante las asambleas.
En las intervenciones en la sesión del Congreso local del martes, el diputado del PRD Sebastián de la Rosa Peláez, llevó el tema a la tribuna. Ahí expresó su rechazo a la intención de la UPOEG de “querer imponer su fuerza” en comunidades donde hay presencia del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), aunque esta organización ha denunciado el contubernio entre el perredista y el líder comunitario para apoderarse del corredor.
En respuesta Plácido Valerio contestó que no es la intención de la Policía Ciudadana entrar a Tierra Colorada ni a ningún pueblo, sino que se consense la opinión de los ciudadanos y que su propuesta llegue a acuerdos con el gobierno del estado.
El diputado García Gutiérrez dijo que es indígena y siempre estuvo en contra del proyecto comunitario desde que se fundó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), así que dijo que carece de autoridad moral para hablar al respecto.
Por otra parte Plácido Valerio recordó que la UPOEG comenzó a tener problemas “cuando vino alguien a dividir” para evitar que se siguiera expandiendo a otros municipios a raíz del bloqueo al Ejército mexicano en El Pericón, municipio de Ayutla.
Ante la pregunta de ese “alguien” respondió que “ahí están los acuerdos a los que llegó” con el otro grupo, en referencia al ex secretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava que fue el funcionario federal que se reunió y llegó a acuerdos con los dirigentes del FUSDEG (que es una escisión de la UPOEG), para que se establecieran en el corredor de el valle de El Ocotito, y luego a Petaquillas, de donde ya fueron desplazados por la vías de las armas por la UPOEG.

 

Está paralizada la construcción del cuartel en Teloloapan y aún no llega la PF, informa el alcalde

 


El proyecto para la construcción del cuartel del 41 Batallón de Infantería del Ejército en Teloloapan, anunciado en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, está “paralizado” y sólo se cuenta con la donación de un terrero de 60 hectáreas donde está proyectada su construcción, informó ayer el alcalde perredista Robell Urióstegui Patiño.
Vía telefónica ayer en la mañana el alcalde de Teloloapan explicó que en la administración del alcalde Jesús Valladares Salgado el municipio donó el terreno de 60 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante un notario público, “ya se hizo y estamos en espera de que se puedan etiquetar recursos para que se dé la construcción del cuartel en Teloloapan”.
Dijo que ha estado pidiendo información de cuándo inicia su construcción pero le han dicho que se espera que se etiqueten recursos, aunque por el momento no hay.
Agregó que hace unos días platicó al respecto con el gobernador Héctor Astudillo Flores y éste le respondió que también insiste ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para que inicie la construcción de los cuarteles de Teloloapan y de Chilapa.
Mencionó que el municipio donó 30 hectáreas de terreno y se compraron 30 más con el apoyo del gobierno del estado que aportó tres millones de pesos, y otra parte el municipio. El predio está ubicado al oriente de la cabecera municipal en la carretera Teloloapan-Apaxtla, antes de llegar a la comunidad de Acatempan.
En febrero de 2014 cuando el ex mandatario Ángel Aguirre entregó el terreno a mandos militares de la Sedena, anunció la entrega de un cheque de 10 millones de pesos para el inicio de su construcción y que se habrían dado al ex alcalde Ignacio Valladares Salgado.
Al respecto el alcalde, quien fue tesorero en la pasada administración, dijo que “no se entregó nada, hicieron la entrega simbólica de un cheque pero el recurso nunca pudo llegar a las cuentas (del municipio) porque se tenían que esperar a que la Sedena pusiera su parte. Fue un cheque que se entregó de manera simbólica por 10 millones de pesos pero nunca se hizo efectivo, hasta donde yo sé”.
El 13 de febrero de 2014 tras una sesión del Grupo Coordinación Guerrero que sesionó en Teloloapan, el ex gobernador Ángel Aguirre entregó a mandos militares el predio de 60 hectáreas en el que se construiría el 41 Batallón de Infantería, el cual daría seguridad a los municipios de Teloloapan, Apaxtla, Ixcapuzalco, Cuetzala y parte de Tierra Caliente.
El lunes de la semana pasada y de la misma manera tras una sesión del Grupo de Coordinación Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informaron del reforzamiento de la seguridad en cinco municipios del estado, entre estos Teloloapan.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, decía el boletín del gobierno estatal.
En otro tema ante la pregunta, el alcalde Robell Urióstegui informó que hasta la tarde de ayer la Policía Federal no había llegado a Teloloapan como anunció la semana pasada el vocero de seguridad.
Dijo que el municipio estaba en calma y en espera del arribo de los agentes, “no han llegado a Teloloapan y desconocemos el motivo por el cual no han hecho acto de presencia”, pero confió que en los próximos días lo hagan.
Se le preguntó si es por la petición del gobierno de que se repliegue la comunitaria Tecampanera, y respondió que no porque quien hace la petición de que la comunitaria se repliegue es la Policía Militar.

Reforzarán las autoridades la seguridad en cinco municipios tras el “desafío” de criminales al Estado, dice el vocero

 

 

Ante el “desafío” de la delincuencia al Estado que hizo repuntar la violencia en la entidad, el Grupo de Coordinación Guerrero acordó la tarde de este lunes en una reunión urgente, “reforzar” y “fortalecer” el esquema de seguridad en Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa, informó el vocero único en materia de Seguridad y delegado de la Secretaría de Gobernación, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario reconoció, consultado vía telefónica, que la violencia repuntó en algunas partes de la entidad, por lo que el Grupo de Coordinación Guerrero “revisará lo que tenga que revisar, fortalecerá lo que se tenga que fortalecer y corregirá lo que se tenga que corregir”.
Cuando menos dos ciudades en donde ha repuntado la violencia en los últimos días, Acapulco y Chilpancingo, están dentro de los cinco municipios con más violencia en el estado y en donde se supone que existe una operación especial del gobierno federal, para disminuir el índice delictivo en las 50 ciudades más violentas del país.
Mientras que Tixtla, en donde fueron encontrados 9 cuerpos desmembrados la noche del domingo, es un punto cercano a Chilpancingo e intermedio con Chilapa, que también es considerada una ciudad de alta incidencia delictiva y con una operación especial del gobierno federal.
–¿Cuál es la visión de los gobiernos federal y estatal cuando se supone que en Chilpancingo y Acapulco existe un operativo especial porque son de los cinco municipios considerados con más violencia, y, sin embargo, siguen ocurriendo casos extremos de violencia?– se le preguntó.
–La delincuencia desafía la acción que realiza la autoridad. Esta es una lucha que se libra todos los días y de manera constante. Hay días en donde el propio interés de los delincuentes por el control de su territorio, el trasiego y la venta de drogas genera un desafío constante a la autoridad. La autoridad realiza su trabajo de coordinación entre las dependencias federales y estatales, pero el desafío de la delincuencia continúa–, respondió.
Del caso del secuestro masivo en San Jerónimo El Grande, municipio de Ajuchitlán, Álvarez Heredia precisó que fueron 10 los plagiados.
Explicó que en las primeras horas de cometido el secuestro, cuando llegaron los agentes de la Policía Ministerial adscritos a la agencia del Ministerio Público de Arcelia, recibieron la información de vecinos que fueron entre 12 y 14 las personas secuestradas pero que cuando tuvieron contacto directo con los familiares de las víctimas precisaron que son 10.
El funcionario informó que la mayoría de las víctimas son de San Jerónimo el Grande y de condición humilde. La mayoría de ellos campesinos y los dos menores de edad son estudiantes. Afirmó que ya regresaron tres.
–¿Se confirma que los responsables son integrantes del grupo de Los Tequileros?
–Todo hace indicar que sí, se trata del grupo de Los Tequileros, de acuerdo a los testimonios de los propios familiares de las víctimas que están detenidas.
En la noche el gobierno del estado informó de los acuerdos asumidos por el Grupo de Coordinación Guerrero la tarde de ayer en el puerto de Acapulco.
“Ante los acontecimientos violentos del fin de semana, el Grupo de Coordinación Guerrero, en reunión convocada de carácter urgente acordó reforzar la intervención de la federación para fortalecer el esquema de seguridad en Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa”, se dijo en el comunicado.
Agregó que las acciones de reforzamiento de la seguridad en esos lugares, acordadas con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y el coordinador de la estrategia de seguridad en el estado, el general Alejandro Saavedra comandante de la Novena Región Militar, son para los municipios de Teloloapan y Arcelia en donde se acordó reforzar los operativos de vigilancia y la instalación de tres bases de operaciones mixtas, integradas por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Asimismo se informó que se instalarán tres puestos de control en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano para la revisión de personas, vehículos y el transporte público.
De los municipios de Tixtla y Chilapa, se acordó la instalación de tres bases de operaciones mixtas integradas por 150 elementos, reforzar las acciones de inteligencia para detectar a los grupos delictivos y lograr la consignación de los criminales.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, dice el boletín del gobierno estatal.
Informó que continuará la búsqueda de los secuestrados en el municipio de Ajuchitlán del Progreso y que se hizo el compromiso de “cerrar filas con los instrumentos de la ley de las instituciones para detener a los responsables”.

Niegan FUSDEG y UPOEG que utilicen armas de alto poder ante la amenaza de desarme

 

 

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) aseguraron que portan armas de bajo calibre y legales, ante la advertencia de un posible desarme a quienes utilicen armas de uso exclusivo del Ejército.
El miércoles el director regional de delegaciones de la Secretaría de Gobernación Juan Salgado Brito advirtió que puede darse un desarme de las policías comunitarias en el estado, si usan armas exclusivas del Ejército o si salen de sus territorios.
Al respecto la promotora de desarrollo comunitario del FUSDEG, Ruth Delgado señaló que la organización no tiene ningún inconveniente en que la Secretaría de Gobernación (Segob) tenga entre sus planes el desarme.
“Nos amparamos en la Ley 701, porque dice que esa ley es para pueblos originarios. Nos adjudicamos y es una cuestión de identidad, no es una cuestión de que alguien va a venir y decir ustedes son esto, pertenecen a esta etnia, no pertenecen a esta otra, entonces eso no lo determina nadie, lo determinamos nosotros, los pueblos. No tenemos ningún inconveniente en que ellos hagan lo que tengan que hacer”.
Agregó que también hay acuerdos a nivel internacional que defienden y amparan a la organización y a todas las policías comunitarias que operan en el estado.
Resaltó que con las armas de alto poder no tienen inconveniente, además que si el estado o Gobernación les garantiza la seguridad se replegarán sin necesidad de que haya un desarme con violencia y sangre.
La promotora subrayó, “nosotros aceptamos el desarme, aceptamos replegarnos pero que primero pudieran  quitarle todas las armas de alto poder que traen  los grupos delincuenciales que operan a nuestro alrededor, si hacen eso, felices nosotros”.
Aseguró que las armas que utiliza FUSDEG no son las exclusivas de las fuerzas armadas.
Indicó que las autoridades han aceptado que hay ingobernabilidad en Guerrero porque el narcotráfico ha sobrepasado los límites, y que entonces en este contexto es entendible que el pueblo haya tomado la decisión de defender la vida.
“Es absurdo que venga (Gobernación) a decir que habrá un desarme cuando no están garantizando nada, al contrario, con esto están provocando que en otras zonas también se levanten las autodefensas, también se levante la gente armada y ahí sí ya no con armas de bajo calibre”, sostuvo Ruth.
Consultado telefónicamente el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio respecto del anuncio de Salgado Brito recalcó que esa organización trabaja mediante asambleas en coordinación con los municipios.
Refirió que mientras la UPOEG esté cumpliendo con el objetivo de dar seguridad a la población con base en un protocolo de legitimidad ante la asamblea comunitaria, no hay ningún problema.
Sostuvo que “el señor Juan está hablando que aquellos que utilizan el nombre de policía comunitaria no están cumpliendo el objetivo de policía comunitaria, ellos hablan de ese tipo de grupos”.
–¿Se refiere al FUSDEG?
–No sé a quién se refieran ellos pero están hablando de gente que se posicionan como policía ciudadano o comunitario, pero que no están cumpliendo el objetivo de cuidar a los pueblos, pero se escudan en la membresía de policía comunitario o policía ciudadano, de eso están hablando ellos.
Aseguró que su organización no tiene conflicto porque hay un respaldo de la población y cumplen su objetivo de dar seguridad.
–¿Qué tipo de armas utiliza UPOEG?
–La básica, las que son permitidas por  la ley.