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En mayo Guerrero fue el más violento del país con 216 homicidios; son 7 muertos diarios en promedio

En mayo Guerrero fue el estado más violento del país con 216 homicidios dolosos, lo que representó en promedio siete muertos diarios, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En la última actualización del reporte mensual, el estado alcanzó un nuevo registro máximo de 955 casos en los primeros cinco meses del año desde 1997. Acapulco acumula el 35 por ciento del total.
Es en la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores cuando se registra la cifra más alta en los primeros cinco meses del año en dos décadas, en 1997 el SESNSP comenzó a contar las denuncias de las procuradurías, por lo que no hay un registro anterior.
En el 2012 se tuvo la cifra más alta registrada, con dos mil 310 casos. Entonces Guerrero registró de enero a mayo 882 homicidios dolosos durante la administración de Ángel Aguirre Rivero. En enero de 2012 hubo 153 averiguaciones por homicidio doloso, en febrero 139, en marzo 186, en abril 198 y en mayo 206.
Las cifras reflejan también que este año superó en 8.5 por ciento al año más violento.
En el país suman 9 mil 916 carpetas de investigación por homicidio doloso. Casi el 10 por ciento de los asesinatos en el país se reportan en Guerrero.
Los datos del SESNSP se nutren de los reportes de las fiscalías estatales, de las denuncias presentadas ante los ministerios públicos de cada estado.

Hubo 216 casos más que en mayo y van en aumento

Al 31 de mayo fueron 955 homicidios, lo que significó un aumento de 216 casos en un mes, en el corte de abril eran 739 carpetas iniciadas por ese delito.
En mayo el número de averiguaciones por homicidio doloso en Guerrero equivalió a abrir una carpeta de investigación por asesinato cada tres horas y media.
En los últimos tres años y en el mismo periodo el número de homicidios dolosos va en aumento. En 2014 el SESNSP reportó 677 averiguaciones iniciadas, en 2015 se registraron 802 casos y el año pasado 857.
Este año en enero se registraron 165 casos, en febrero 175, en marzo 210, en abril 189 y mayo 216, que acumula el récord de 955. El año pasado en enero se reportaron 166 casos en enero, 160 en febrero, 188 en marzo, 178 en abril y 165 en mayo.
Para dimensionar la magnitud de los crímenes que van en el año en Guerrero, se podría equiparar con Guanajuato que en 2016 acumuló 961 casos o Chihuahua que en 2015 reportó 945 delitos de ese tipo. O la Ciudad de México, una de las más densamente pobladas del mundo que reportó en todo el año pasado 952 asesinatos.
En el país Guerrero ocupa el primer lugar de homicidios dolosos seguido por el Estado de México con 855 y Baja California Norte con 739, siguen Veracruz con 625 y Chihuahua con 625 casos.
El Estado de México reportó en enero 165 casos, en febrero 145, en marzo 168, en abril 182 y en mayo 195 carpetas abiertas por ese delito.

Guerrero triplica la tasa promedio

Guerrero encabeza el número de homicidios en el país pero cuando se analizan los asesinatos por cada cien mil habitantes, el estado queda en segundo lugar. Colima tiene una tasa de 31.69 casos, seguido por Guerrero con el 26.47 de los casos, después Baja California Sur con 20.87. El cuarto y quinto son Baja California Norte y Sinaloa que reportaron 20.62 y 20.40 respectivamente.
El promedio en el país por homicidios dolosos es de 8.03 personas por cada 100 mil habitantes, y Guerrero triplica esa tasa.
La tasa de Guerrero también va en aumento aunque se mantiene en segundo lugar. En abril, la SESNSP informó que había 20.49 guerrerenses asesinados por cada 100 mil habitantes. Colima el estado con menor índice poblacional reportó una tasa de 24.74 homicidios el mes pasado.

Acapulco, el más violento

Acapulco se mantiene como el municipio con más reportes de homicidios dolosos, acumulando en lo que va del año 340 casos, más de una cuarta parte de los asesinatos en el estado. En un mes se contabilizaron 78, en abril sumaban 262 casos.
La tendencia a la baja de los homicidios dolosos en Acapulco se mantiene, en comparación con el año pasado y en el mismo periodo Acapulco registró 381 asesinatos, este año hubo una disminución de 41 casos.
De los 78 homicidios dolosos en mayo, 54 fueron por arma de fuego, cuatro con arma blanca y sin especificar 20. En abril 40 por arma de fuego, 1 con arma blanca y 23 sin especificar. En marzo 70 por arma de fuego, 3 por arma blanca y 15 sin detallar. En febrero 49 por arma de fuego y 15 sin especificar. En enero 37 con arma de fuego, 2 con arma blanca y siete sin especificar.
En Chilpancingo van 106 carpetas por homicidio doloso, 25 más que en abril cuando se contabilizaron 81. En mayo fueron 14 por arma de fuego, 1 por arma blanca y 10 sin especificar. En abril 5 fueron por arma de fuego y ocho asesinatos más sin precisar.
Para Iguala los registros de 55 homicidios representaron un aumento de 11 casos más que en abril cuando llevaban 44.
En Chilapa en mayo hubo un aumento de 24 casos, acumulando 65 homicidios.
En Zihuatanejo se acumulan 47 homicidios, en un mes aumentaron nueve casos cuando en abril ese municipio de la Costa Grande reportó 38.
En Coyuca de Benítez el número de asesinatos alcanzó 39, aumentando en un mes seis casos, en abril eran 33 casos.

Robo de vehículo con violencia aumenta casi al doble en un año; suman 2 mil 2

El SESNSP detalló en su informe mensual que el delito por robo de vehículos sigue creciendo en Guerrero, en lo que va del año suman 2 mil 2 carpetas de investigación iniciadas.
En mayo hubo 406 automóviles robados, lo que significó que en promedio cada 2 horas se reporta el delito.
Por separado el robo con violencia reportó mil 115 casos mientras que sin violencia 887.
La tasa de robo con violencia es de 30.91 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas sólo superada por Sinaloa con 52.88, el Estado de México con 50.41. La tasa promedio en el país es de 18.93 y en Guerrero es casi el doble.
Después de marzo, mayo es el mes con mayor número de automóviles robados con violencia, en mayo hubo 249 robos.
En los primeros cinco meses de 2016 hubo 573 denuncias ante la Fiscalía. En un año aumentó casi al doble.
En secuestros el registro en Guerrero es de 23 denuncias, lo que lo coloca en el séptimo lugar nacional. Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México son los primeros tres lugares con 77, 72 y 71.
Sin embargo la tasa de secuestro en Guerrero es de .64 casos por cada 100 mil habitantes. El primer lugar lo ocupó Tamaulipas con el 2.13, después Zacatecas con el 1.75, seguido por Tabasco con el 1.48, Veracruz con .88. Morelos con .76.

El mes pasado fue el más violento del que se tenga registro en el país con 2 mil 186 homicidios

 

Mayo fue el mes más violento en México del que se tenga registro.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), indican que el mes pasado se iniciaron 2 mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso.
Es la cifra mensual más alta por lo menos desde 1997, cuando el SESNSP comenzó a sistematizar las estadísticas delictivas en el país.
Ni siquiera durante el pico más alto de violencia durante la llamada guerra contra el narcotráfico, México llegó a una cifra tan alta.
Antes de mayo de 2017 el récord de violencia lo tenía mayo de 2011 -durante el sexenio de Felipe Calderón-, con 2 mil 131 homicidios dolosos.
Con los asesinatos de mayo reportados por las procuradurías y fiscalías estatales, México llegó a 9 mil 916 homicidios dolosos en los primeros cinco meses del año.
Esta cantidad es 29.4 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado, que sumó 7 mil 658, y la más alta para un periodo idéntico desde 1997.
De mantenerse los niveles de violencia, 2017 se convertiría en el año con más asesinatos de las últimas dos décadas.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano consideró que las autoridades siguen sin encontrar la fórmula para reducir la violencia, “lo que me preocupa no sólo es que hoy tengamos los primeros cinco meses del año más violentos, sino que no veo cómo vamos a lograr reducirlos, no creo que en los próximos meses venga algo que modifique la realidad que estamos viviendo”.
“Parece ser que el rumbo está bastante perdido, es decir, no tenemos elementos que nos guíen con claridad y nos digan: en un año, en seis meses o en tres meses vamos a tener una reducción”, expresó.
Afirmó que las estrategias no están dando resultados contundentes y claros, ni existe evidencia de que los recursos destinados al combate anticrimen estén siendo bien utilizados.
La espiral de violencia inició en julio del año pasado y no ha cesado, a pesar del despliegue de fuerzas federales en distintos estados y la implementación de varias estrategias.
El 30 de agosto de 2016 ante el incremento de ese delito en los meses previos, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una estrategia especial para acotar la violencia.
En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, instruyó la puesta en marcha de un plan en los 50 municipios del país que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos.
Sin que se detallara su contenido se puso en marcha una estrategia con dos componentes generales: prevención del delito y contención criminal con fuerzas de seguridad.
En enero la Secretaría de Gobernación lanzó otro plan para reducir el homicidio en 50 Municipios de Atención Prioritaria con Perspectiva de Prevención, denominados MAPPP.
Pese a las cifras la Segob ha sostenido que las circunstancias en materia de seguridad son distintas a las que se registraban en el sexenio anterior.
Fueron seleccionados mediante tres criterios, homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica, y se les apoyará en el desarrollo de “proyectos especiales”.

Sigue la investigación y no se busca cerrar el caso Ayotzinapa, dice Campa Cifrián

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dijo que las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa continúan y que se busca dar con todos los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva indicó que aunque existe la preocupación de los padres de que pudiera haber la intención de cerrar el caso, “yo puedo reiterar porque estuve presente en la reunión con el procurador la semana pasada, y también con el mecanismo de la Comisión Interamericana, que hay la mayor decisión de concluir este proceso cuando se haya dado con todos los responsables, se les haya puesto a disposición de la justicia”.
Destacó la detención, este martes, de uno de los líderes en Huitzuco del grupo criminal Guerreros Unidos, lo cual era una de las peticiones que tienen los padres, de profundizar la investigación.
Señaló que los caminos están abiertos para los padres de los normalistas puedan hablar con algún funcionario de la Segob, y que siempre ha habido apertura y plena disposición para ello.
Agregó que la noche de ayer habló con Vidulfo Rosales, uno de los representantes legales de los padres, a quien le indicó que las investigaciones continúan hasta dar con todos los responsables y someterlos a la justicia.
Roberto Campa agregó que con Rosales sostuvo una conversación en términos cordiales, de plena comunicación, “y reiteramos por este medio, cualquier interés en un encuentro con la Secretaría de Gobernación, con el titular o con quienes trabajamos ahí y tenemos relación con el caso, pues se puede resolver simplemente con una llamada telefónica, estamos siempre a la disposición”.
El funcionario reiteró que siempre que sea solicitada una reunión con el secretario de Gobernación estará atento a la petición que hagan para conciliar agendas, porque existe plena disposición con el titular de Segob siempre para reunirse con los padres de Ayotzinapa, pero no mencionó que el martes cuando fueron a pedir una audiencia con Osorio Chong, los padres de los estudiantes fueron atacados con gases lacrimógenos por policías federales, lo que dejó a cinco familiares lesionados, justo en las puertas de la Segob.

Se discute hoy en comisiones la Ley de Desaparición Forzada

De la Ley de Desaparición Forzada, Campa declaró que existen todas las condiciones para que se apruebe, que por ahora está en manos de Senado y las cuatro comisiones dictaminadoras se han puesto de acuerdo, se ha trabajado intensamente con ellos y con las organizaciones de la sociedad, con expertos.
Agregó que está programado que se discuta hoy en comisiones y se lleve al Pleno del Senado. Se espera que suceda porque hay muchas familias en México que están esperando que salga la ley.
La ley consta de dos partes, una es la penal y las sanciones, “de lo que se trata es de que tenga el mismo manejo en todo el país, y la segunda parte de la ley es todo el diseño de la política pública, de búsqueda y de investigación”.
“Si somos capaces de romper las cadenas de impunidad seremos capaces de revertir esta realidad que tenemos en materia de desapariciones”, dijo.
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Gasea la PF a padres de los 43 que pedían audiencia con Osorio Chong en la Segob; hay cinco lesionados

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra reportó que tres padres y dos mamás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos sufrieron lesiones provocadas por los gases lacrimógenos que les lanzaron policías federales en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras señalar que los actos de represión que se registraron este martes serán notificados al Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosales consideró que la acción policiaca “evidencia la ruta y la posición que respecto al caso mantiene el gobierno federal” de generar “condiciones de debilitamiento y cierre del caso”.
La protesta en la Segob fue anunciada con anticipación como parte de la jornada de lucha que comenzó con un plantón indefinido de los padres frente a la PGR, para exigir que se investigue la responsabilidad de militares del 27 Batallón de Iguala, que se consigne a los policías federales y municipales involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes, y se profundice en la línea de investigación de trasiego de droga de Iguala a Chicago, que está sin avances desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue expulsado del país.
En entrevista con la Agencia Proceso, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos informó que los lesionados son: Hilda Legideño Vargas, Berta Nava, Mario César González, Hermenegildo Ortega Carlos y Bernabé Abraham, quienes sufren “complicaciones en los ojos y en el sistema digestivo” debido a los gases lacrimógenos.
Señaló que la represión policiaca ocurrió después de que los padres y madres solicitaran una audiencia con el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, antes de un mitin como parte de la jornada de actividades a 31 meses de la desaparición de los estudiantes.
“En lugar de que reciban a la comisión agreden a los padres de esta manera, eso complica mucho más las cosas y orilla a los padres a no caminar en la ruta del diálogo ni en la ruta de la institucionalidad, sino más bien que sea la protesta donde ellos expresen su exigencia por la presentación con vida de sus hijos”, dijo.
Agregó que después de la agresión familiares de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon la avenida Reforma, en Bucareli, y agentes de la Dirección de Gobernación de la Ciudad de México se acercaron a buscar “un puente de diálogo con el gobierno federal”.
Los enviados dijeron que el subsecretario Roberto Campa Cifrián está dispuesto a recibir a una comisión de padres.
Al respecto, Vidulfo Rosales explicó: “rechazamos la oferta porque el subsecretario Campa ya no es interlocutor válido para los padres, porque ellos lo identifican como el que verbalizó la posición del gobierno en Washington. Estamos buscando hablar con Osorio Chong”.
En marzo en la audiencia en Washington en la sede de la CIDH, Campa llamó a los padres a considerar la “verdad histórica” de que sus hijos fueron calcinados en el basurero de Cocula, como una real posibilidad del destino final de los 43 estudiantes, expresiones con las que el funcionario federal intentó echar abajo las conclusiones de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de que esa hipótesis es científicamente imposible.
Tras señalar que la protesta de los padres y madres en las inmediaciones de la Segob “no ameritaba este tipo de intervención de la policía”, Rosales Sierra llamó al gobierno federal a que “rectifique, porque no porque se les reprima van a dejar de exigir la presentación con vida de sus hijos, a menos que detengan a todos los padres, pero no sé si eso resuelve el problema”.
En cuanto a la reciente detención de Walter Alonso Deloya Tomás, El Walter o La Medusa, presunto integrante de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los normalistas, precisó que “fue detenido por otras causas penales distintas y ajenas a los 43, no está directamente relacionado”.
Reconoció que en el expediente se menciona a La Medusa porque “pertenece a Guerreros Unidos y trabajaba para (Alejandro) El Cholo Palacios, pero no hay un vínculo directo, no hay acción penal emanada del caso de los 43”.
Lo que toca ahora a la Oficina Especial para el Caso Iguala, agregó, es buscar “entrevistar al detenido para obtener alguna información adicional, respetando sus derechos procesales”.
Reporta la PF a tres personas con lesiones leves

La Policía Federal (PF) informó que tres personas sufrieron lesiones leves tras la agresión, con gases lacrimógenos, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que se encontraban en las inmediaciones de la Segob.
En una tarjeta informativa la dependencia federal aseguró que dos de sus agentes y un trabajador de la Unidad de Gobierno de la Segob presentaron golpes por objetos lanzados por los manifestantes en la protesta de ayer.
Señala a 40 personas ajenas a los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, como los responsables de arrojar petardos y piedras a los uniformados.
Ante esta acción dispersaron a los manifestantes con un par de bombas de gases lacrimógenos.
“El gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación, reafirma su voluntad y compromiso de mantener, como siempre lo ha realizado, un diálogo constante y abierto con los ciudadanos”.
“Padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa dijeron haber tomado la decisión, por el momento, de no solicitar una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación debido a la presencia de grupos ajenos a su movimiento”, dice la PF.

Reprueba Amnistía Internacional el uso excesivo de la fuerza

Tania Reneaum, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México reprobó el uso excesivo de la fuerza utilizada por la Policía Federal para dispersar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, mientras se manifestaban afuera de la Secretaría de Gobernación.
“El gobierno de México debe recordar que es ilícito usar formas de control que, como los gases y otras sustancias químicas irritantes, afecten a personas que no tienen que ver con la manifestación o que participando de ella no hacen uso de la violencia”, expuso.
De acuerdo con Reneaum, el uso de la fuerza es una clara violación de los estándares internacionales de derechos humanos y una afrenta más a las familias y compañeros de los estudiantes desaparecidos hace más de dos años.
El de los 43 estudiantes desaparecidos, mencionó, es un caso que no ha sido debidamente investigado por las autoridades mexicanas, y hasta ahora se desconoce la suerte o paradero de las víctimas debido a que no se han esclarecido los hechos.
El desalojo fue cuando un reducido grupo de familiares de los 43 normalistas desparecidos y estudiantes de la Normal Rural pretendían hacer un mitin frente a la Segob para pedir una reunión con Osorio Chong.
El grupo nunca alcanzó su objetivo: en Bucareli, a media cuadra del Reloj Chino se toparon con un muro de hierro y luego con bombas de gases lacrimógenos. En el ataque resultaron lesionados cinco padres de los estudiantes desaparecidos.

Incendian normalistas de Ayotzinapa dos camiones y los persiguen policías en Chilpancingo y Tixtla

 

En respuesta a la agresión que sufrieron padres y otros familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, estudiantes de esa escuela incendiaron dos camiones de la tienda departamental Coppel, ocuparon dos cabinas de radiodifusoras para expresar su condena a la agresión a los padres, y tuvieron un breve enfrentamiento con la Policía Estatal.
Un normalista fue lesionado por un impacto de bala de humo lanzado por policías estatales, y fue hospitalizado en Tixtla, informó la dirigencia estudiantil.
El incendio de uno de los dos camiones de Coppel ocurrió a la salida del libramiento de cuota, cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital, cuando el contingente de unos 50 estudiantes se retiraba a la Normal después de haber tomado las dos cabinas de radio en la capital.
Después en su regreso a las instalaciones de la escuela y cerca del entronque del libramiento con la carretera Chilpancingo-Chilapa, en la salida de Tixtla, prendieron fuego a otro camión de la misma tienda departamental, y metros adelante en la estatua a Vicente Guerrero, cerca del internado Adolfo Cienfuegos y Camus, tuvieron un breve encuentro a pedradas con policías estatales que ya los perseguían, y con otros que los esperaban en el lugar.
Estos hechos que se derivaron del repliegue violento que sufrieron con gas lacrimógeno y toletes de granaderos los padres de los 43 estudiantes que se encontraban afuera de las instalaciones de la Segob, empañaron las actividades culturales en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa con motivo del 91 aniversario de la fundación de esa institución.
Los estudiantes se enteraron al mediodía de la agresión a los padres en la Ciudad de México y de inmediato convocaron a una concentración en la cancha techada de la escuela, a la una de la tarde.
Allí relataron que el plantón en la Ciudad de México comenzó el 20 de abril en la PGR para pedir “investigaciones claras” en los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, que se investigue a los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala que actuaron esa noche, la participación en esos hechos de la Policía Municipal de Huitzuco, que se dé seguimiento al rastreo de los celulares de los estudiantes que siguieron activos días después de los hechos, e investigar el tráfico de drogas a través de la línea Estrella de Oro que cubre la ruta Iguala-Chicago, debido a que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) habría sido la

 

Se plantan padres de los 43 en la PGR y se reúnen autoridades con el mecanismo del caso Ayotzinapa

Mientras padres de los 43 estudiantes desaparecidos hacían un mitin afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), donde instalaron un plantón, en el edificio funcionarios de esta dependencia y de la Secretaría de Gobernación (Segob) recibieron a la relatora para México Esmeralda Arosemena de Troitiño (de Panamá) y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão (de Brasil), en la segunda visita oficial del mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa.
Normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos montaron cuatro carpas afuera de las instalaciones en la Ciudad de México, donde permanecerán en plantón indefinido para exigir respuestas a sus demandas.
“Llevamos 31 meses en que no tenemos respuesta, en que no tenemos a nuestros hijos, por eso estamos aquí”, expresó Hilda Legideño, madre del joven Jorge Antonio Tizapa.
El representante de los padres de los estudiantes, Melitón Ortega explicó su ausencia en la reunión de seguimiento a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y de las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer estos hechos.
Los padres exigieron a las autoridades mexicanas consolidar las líneas de investigación sobre una presunta intervención del Ejército, el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación de la Policía Municipal de Huitzuco y el análisis de la telefonía celular de los normalistas.
Dijo que ya no pueden tolerar que los funcionarios se burlen de su angustia, “no estamos dispuestos a que el gobierno siga engañándonos con el mismo discurso, no estamos para seguir escuchando simulaciones, el último procurador general (de tres que han ocupado el cargo en los 31 meses de investigación) ha dicho que tienen interés, pero vemos que es discurso político”.
Demandó que la PGR fije una posición sobre la declaración del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional -un día antes de la llegada del mecanismo de la CIDH a México- sobre la tesis oficial del basurero de Cocula, para insistir en la veracidad de una versión que descartaron científicamente los expertos.
Consideró una falta de respeto que Zerón de Lucio, estando fuera de la PGR siga haciendo declaraciones sobre Ayotzinapa, y validando una investigación a su cargo donde se evidenciaron graves irregularidades, “es falta de respeto a los padres, y exigimos que la PGR aclare si es su vocero”.
De la reunión en la PGR aclaró que sólo sus representantes legales estuvieron en el encuentro de 2 a 4 de la tarde en el edificio, y al salir informaron que no hay avances en los planteamientos de los padres de familia, que son parte de las recomendaciones del GIEI.
Confirmó que en la noche los padres de familia se reunieron en privado con los funcionarios de la CIDH, en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
En un boletín conjunto de la CIDH y de la PGR, se informó que el procurador Raúl Cervantes Andrade dio “un informe detallado sobre las acciones y actualizaciones en materia de investigación y búsqueda, y atención a las recomendaciones del GIEI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como en lo que se refiere a la instrumentación de distintos acuerdos que resultaron de una reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, celebrada en febrero pasado”.
Señala que estuvieron en el encuentro representantes de los familiares de las víctimas, y el procurador manifestó “disposición a continuar dando seguimiento a todas las líneas de investigación, lo que será el caso hasta agotarlas, a fin de esclarecer todo lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan. En ese sentido subrayó la importancia del papel de la CIDH para tender puentes y fortalecer la interlocución con los padres y familiares de los estudiantes”.

“Se agotan los caminos institucionales”, dice Vidulfo Rosales

El abogado de los padres y madres de lo 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 31 meses, Vidulfo Rosales Sierra dijo que “se agotan los caminos institucionales” para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia de los familiares de las víctimas.
Al término de la reunión en la que también estuvieron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, puntualizó que hay “nulos avances” en las investigaciones del caso, además de que, desde abril del año pasado “no ha habido mayores diligencias”.
Señaló que ante “estas omisiones y dilaciones, la institucionalidad se va a agotando” y advirtió que no les están dejando otro camino que la movilización de los padres “adquiera mayor protagonismo”.
Rosales Sierra confirmó que el plantón frente a la PGR continuará hasta que los abogados sean llamados por funcionarios de la dependencia para reportar avances sobre la consignación y detención de policías de Huitzuco y federales, el inicio de líneas de investigación hacia los militares del 27 Batallón de Infantería, el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaky Blanco, así como un reporte de avances del análisis de más de mil teléfonos celulares.
Dijo, la actitud de omisiones y dilaciones en la investigación “está acotando el papel de la coadyuvancia a revisar el expediente y recibir las notificaciones correspondientes”.
Aseguró que durante el encuentro de este jueves ninguna autoridad pudo dar alguna “explicación jurídica o política” del retraso en las actuaciones.
Peor aún, el procurador Raúl Cervantes se mostró “ambiguo” ante la exigencia de fijar una postura pública de reconocimiento a las conclusiones del GIEI, de que hay líneas de investigación abiertas y que “ningún funcionario de la República puede salir a hablar de verdades establecidas”, ante la posición del gobierno mexicano que llevó el subsecretario Roberto Campa a la CIDH, de reconocer como válida la “verdad histórica”.
Vidulfo Rosales lamentó que el titular de la PGR se haya resistido a pronunciarse en torno a las declaraciones de Tomás Zerón, quien insistió en avalar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y señalar que “la investigación va a seguir exactamente igual”.
Cervantes Andrade se limitó a decir que “no puede coartar la derecho libertad de expresión”, según dijo Rosales, quien consideró que los dichos de Zerón no reflejan más que “se trata de una posición de Estado” y que el exfuncionario de la PGR está confiado en que no será castigado por las irregularidades cometidas en el caso.

Padres en Plantón

Al tenso panorama entre padres y madres de los 43 y las autoridades federales, se suma la intención del gobierno de Miguel Ángel Mancera para que desalojen el plantón instalado sobre la lateral del Paseo de la Reforma, justo a las puertas de la PGR.
Antes del mitin Melitón Ortega informó que, conforme a los acuerdos de la Asamblea Nacional Popular, activistas y organizaciones se concentraron en el antimonumento de los 43 instalado en el Paseo de Reforma para marchar a la PGR.
Señaló que la participación fue nutrida con representaciones de 20 organizaciones sociales y sindicales, organizados por turnos para tener presencia las 24 hora del día.
Funcionarios de la Dirección de Gobierno de la Ciudad de México expusieron a Vidulfo Rosales la indicación de trasladar la movilización de los padres al camellón que está frente a la dependencia federal “para no obstruir el tránsito”, lo que fue rechazado por el abogado.
Ante los medios de comunicación, el abogado emplazó al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera a demostrar que su gobierno “no responde a los intereses del gobierno federal”, que pretende imponer la “verdad histórica” y “echar por tierra” las conclusiones del GIEI.
De no solidarizarse con los padres e insistir en el desalojo, dijo, “interpretaremos que el gobierno de Mancera se une a las voces del gobierno en contra de los padres de familia”.
“No es posible que todas las autoridades estén cerrando las puertas y les den las espalda a los padres de familia, si quieren venir a desalojar, ellos sabrán lo que hacen”, expuso.
Insistió: “creemos que la protesta es legítima, hay 43 estudiantes que hoy en día no sabemos dónde están, en un hecho que ha conmocionado al país, abrió grietas, abrió dolores que hoy permanecen abiertos y toda autoridad tiene la obligación para que esto se sepa, para que la verdad y la justicia lleguen a los padres”.
Las movilizaciones por el caso de los 43 desaparecidos continuará mañana viernes con un volanteo en el área cercana al plantón. Para el sábado habrá actividades artísticas y el domingo los padres volverán a tomar las calles para marchar del Ángel de la Independencia al antimonumento a los 43.
El lunes 24 los familiares de los desaparecidos y organizaciones que los apoyan participarán en un plantón en el Juzgado Tercero de Distrito, donde se desahoga el amparo contra la resolución que exculpó a Tomás Zerón de cargos penales.
El martes siguiente llevarán las protestas a la Secretaría de Gobernación y el miércoles 26 tomarán las calles de Reforma para marchar a los 31 meses de desaparición de los estudiantes.

La PGR y la Segob han buscado a los padres de los 43 tras la ruptura en la CIDH, dice Vidulfo Rosales

 

Tras la ruptura en la sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado sostuvo la tesis oficial del basurero de Cocula como la más sólida de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) han intentado acercarse a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, reveló el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
Aclaró que antes de la visita de los comisionados de la CIDH que forman el mecanismo especial del seguimiento de la investigación, del 19 al 22 de abril, será difícil cualquier diálogo con las autoridades.
Sin embargo añadió que mediante la coadyuvancia de los representantes legales están al tanto de cualquier avance en la investigación, y no han recibido ninguna información que indique un adelanto para esclarecer los hechos o determinar el paradero de los normalistas.
Precisó que los abogados en el momento en que lo consideren pueden consultar el expediente en la PGR, y si hay adelantos significativos las autoridades están obligadas a informar antes que a nadie a las víctimas.
Recordó que la última posición de las autoridades, es que todas las líneas de investigación están abiertas, después de que se interpeló la posición en favor de la llamada “verdad histórica”.
De la tesis aseguró que sólo seis personas de 180 en prisión están relacionadas con el basurero de Cocula, el resto fueron detenidos por portación de armas, por pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, por obtener dinero de manera ilícita, por acción y omisión en la responsabilidad y la desaparición forzada de los estudiantes.
De esos seis la mayoría denunció que fue coaccionado para incriminarse mediante tortura, y dos casos fueron debidamente comprobados mediante la aplicación del protocolo de Estambul.
De la visita de los comisionados, indicó que Esmeralda Arosamena de Troitiño llega con otro comisionado y los integrantes del equipo técnico operativo, que se quedarán más tiempo en el país.
En la visita 19 al 22 al país adelantó que habrá actividades públicas, en la que están planteando una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En otro tema opinó sobre los ataques a los periodistas, tema de las reuniones con los padres de familia.
Consideró que la violencia generalizada en el país vuelve turbio el ambiente, genera resquebrajamiento del tejido social, desestabilidad en los ciudadanos que se acostumbran a la muerte reseñada en los diarios todos los días, como a una estadística.
En este mar de violencia e impunidad, se vuelven vulnerables principalmente aquellas personas que promueven o ejercen un derecho y luchan por un cambio en un país.
“Preocupa a los padres esta situación, porque los que salen perdiendo en este clima de violencia al que nos acostumbra el régimen son los defensores y los periodistas, y la muerte de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada es un ataque directo a la libertad de expresión, un ataque artero”.
Mencionó que para que un Estado democrático funcione debe dar garantías a todos los periodistas para ejercer sus derechos, a los defensores, a los que luchan.
Sin embargo señaló que los funcionarios lo pierden de vista y en reuniones ha escuchado expresiones, incluso del secretario de Gobernación, de que no pueden poner policías a cada defensor, porque somos millones los ciudadanos en el país, y reflejan la insensibilidad, falta de visión y de compromiso con los derechos humanos.

Aumentan los asesinatos en Acapulco de 44 en enero a 64 en febrero y en la capital de 15 a 25

 

En un febrero se registraron 64 asesinatos en Acapulco, 25 en Chilpancingo, 10 en Iguala y Taxco, 8 en Chilapa, cuatro en Zitlala, y tres en Zihuatanejo y Cuajinicuilapa, según los datos de la incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Juntos son el 70.1 por ciento de 204 homicidios dolosos cometidos por arma de fuego (175), armas blancas y “otros” no especificado en la estadística oficial, al margen de los homicidios culposos.
El municipio porteño sigue en los de más homicidios dolosos en el país, sólo después de Tijuana, Baja California, que sumó 92 asesinatos en febrero, y Ciudad Juárez, Chihuahua, con 65.
Acapulco se ubica en el tercer sitio, antes de Culiacán, Sinaloa, que contabilizó 37 homicidios dolosos. Chilpancingo está entre los primeros diez sitios con 25 asesinatos.
En Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca y La Unión Montes de Oca se reportaron dos asesinatos dolosos y en otros 22 municipios uno. Estos crímenes en el estado se incrementaron 19 por ciento en un mes, respecto a enero, que tuvo 165 casos.
En Acapulco los homicidios dolosos se incrementaron 31 por ciento, de 44 pasaron a 64 casos documentados por el Sistema Nacional. En Chilpancingo de 15 a 25 en febrero.
En relación con el año anterior la cifra se mantiene en el rango de los dos primeros meses del año pasado. En 2016 se reportaron 343 homicidios dolosos hasta febrero, y 340 en el mismo periodo de este año.
En el registro de 2016 hay un alto número de asesinatos culposos en este periodo: 109 casos donde no se especifica el origen, 16 cometidos con arma de fuego y uno con arma blanca.
En 2017 van 80 sin una causa señalada, uno por arma blanca y ocho por arma de fuego. Este tipo de delito implica el atenuante de que en los hechos no hubo intención de llegar al crimen, o que se cometió en defensa propia. No obstante todos los hechos se encuentran en investigación.
Entre otros delitos hay 19 denuncias por violaciones sexuales en febrero, sumadas a las de enero dan 36 casos en dos meses, de las cuales 26 corresponden a Acapulco. Hubo una en Iguala, una en Zihuatanejo y una en Ometepec.
Asimismo, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco) tuvieron una denuncia de secuestro por municipio en febrero. Taxco lleva dos denuncias, una por mes.
El mayor número de denuncias por amenazas se reportó en Acapulco, 61 en enero y 51 febrero; en Chilpancingo 16 en cada mes y en Iguala se redujo de 10 a cinco casos en un mes;?hubo tres denuncias en Tetipac.
En Acapulco se reportaron en un mes dos robos a bancos, uno con violencia, y un asalto a una Casa de Cambio así como 326 robos a casas habitación, y transeúntes de vehículos entre otros, de los cuales 209 ocurrieron con violencia.
Es el municipio con más denuncias de lesiones, 133 en un mes, cinco por arma de fuego y 18 casos clasificados como delito culposo. En homicidio suma 49 cometidos a balazos, y en 15 no se precisa la causa de la muerte.

En febrero, Guerrero sigue en primer lugar en asesinatos con 175 casos; van 340 en dos meses

En los dos primeros meses del año, Guerrero se mantuvo con la mayor cantidad de homicidios dolosos denunciados en el país, con 175 casos, seguido del Estado de México que sumó 145, y Michoacán 112, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), al 28 de febrero.
En la tasa de homicidios dolosos ocupa el segundo sitio nacional después de Colima, que tiene 13.7 homicidios por cada cien mil habitantes. Guerrero, tiene 9.4 asesinatos por cada cien mil habitantes. La tasa del Estado de México, que sigue a Guerrero en cantidad, es de 1.7 homicidios dolosos por cada cien mil.
Según la estadística hubo diez asesinatos más registrados en febrero de los reportados en enero, y cinco más respecto al mismo periodo de 2016. En total, 340 homicidios dolosos en lo que va de 2017.
En febrero la dependencia registró en el estado 206 homicidios, de los cuales 134 fueron por arma de fuego, tres por arma blanca y 38 no tienen causa específica -está entre los casos el de Xulchuchio, Chilapa donde el 7 de febrero se encontraron seis cuerpos desmembrados-, y 31 homicidios culposos.
En cuanto a secuestros se reportan cuatro denuncias -hubo siete en el mismo periodo de 2016-, y en el caso de delitos sexuales, 19 son violaciones, tres estupro y 10 de “otros abusos sexuales”. Acumulados en dos meses del año se han documentado oficialmente 51 violaciones.
Los robos con violencia se redujeron en cien casos en relación con el mes pasado, y en febrero ocurrieron los dos primeros asaltos bancarios del año, uno con violencia y otro sin violencia. Además de 11 robos a casas habitación, 32 a negocios, 205 robos de vehículos y 36 atracos a transeúntes, todos con violencia.
Además 534 robos sin violencia a casa habitación, a negocios, a transeúntes y de vehículos (153 casos), aunque en 311 eventos no se precisa la forma del delito.
En dos meses del año se acumularon tres denuncias de robo a camiones de carga sin violencia, y 234 por amenazas, 180 en enero y 122 en febrero.

Cumplen 11 días en plantón los nueve despedidos de Prospera; aún no les cumplen su reunión

Este viernes los trabajadores despedidos cumplieron 11 días de plantón en las oficinas de Prospera, dijeron que siguen firmes y fortalecidos para continuar su lucha, a pesar de que el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado, Juan Moreno Barrios incumplió en organizar una reunión con la coordinadora nacional del programa federal, Paula Angélica Hernández Olmos.
Nueve trabajadores continúan su protesta para denunciar su despido injustificado, acompañados de integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero.
La trabajadora despedida Felícitas Martínez Guzmán calificó a los gobiernos estatal y federal de herméticos porque no resuelven el conflicto, agregó que es un precedente para el programa federal en Guerrero y eso fortalece su lucha.
Los trabajadores de Prospera tienen el apoyo de organizaciones como la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Damnificados del Nuevo Mirador, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach).
Exigen la reinstalación de sus puestos, el pago de salarios caídos, una auditoría al programa federal en el estado, respeto a los derechos laborales y la destitución del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia, al que acusan de acoso sexual. (Beatriz García / Chilpancingo).