El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame entregó una lista de defensores que cuentan con “tutelas” en Guerrero al relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst.
En una reunión a puerta cerrada a las 10:30 de la mañana en la sala Emperador Cuauhtémoc de la Secretaría General de Gobierno, se entregó la documentación solicitada por el relator para el análisis de la situación de los defensores de derechos humanos en el estado.
A la salida del encuentro en breves declaraciones, Salazar Adame dijo que el encuentro fue solicitado mediante la Cancillería hace tres semanas, para entablar una mesa de trabajo de dos horas.
Dijo que en el encuentro se le informó por escrito al visitador de la ONU cuál es la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Guerrero.
“Se les entregó quiénes son los que tienen tutelas y los motivos por los cuales se les dieron, si te quiero mencionar que es delicado dar a conocer los nombres porque estaríamos violando la ley”, puntualizó.
Agregó que quienes cuentan con las medidas cautelares las tienen porque han sido o son amenazados, por lo que en el documento entregado se detalla quienes son y donde están.
En el informe entregado se detallaron nombres, organismos solicitantes, las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de persona defensora de derechos humanos, agregó.
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Hubo obstáculos del gobierno federal para dar con los 43 desaparecidos en 2016, denuncia Vidulfo Rosales
El año 2016 fue de disputas políticas con el gobierno federal, mínimos avances y obstáculos en la investigación para esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, consideró el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En un balance y perspectivas del caso, Rosales Sierra dijo que en 2017 el reto para los padres de los estudiantes desaparecidos será mantener vivo el movimiento y esperar la opinión de organismos internacionales, para que la Procuraduría General de la República (PGR) retome con interés las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además informó que los padres solicitaron la revisión del caso en el Comité de Desapariciones Forzadas, las Relatorías de Desaparición Forzada y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Incluso en el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, también de la ONU porque entre los 43 hay 17 jóvenes indígenas, pero reconoció que este proceso es lento.
Este año los expertos extranjeros coadyuvantes en la investigación de la PGR se retiraron del país por falta de condiciones para continuar su mandato a finales de abril, debido a la campaña mediática de desprestigio en su contra impulsada por el gobierno, que comenzó en febrero.
El abogado relató que hubo un “jaloneo político: que si había extranjeros interviniendo en el país, que si querían descarrilar el sistema, que si cayera (el presidente) Enrique Peña Nieto”, así se perdió en disputas la mitad del año, el mismo tiempo que la PGR tardó en atender las líneas de investigación que el GIEI recomendó.
Como parte de la medidas cautelares que otorgó a las víctimas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se aprobó otro mecanismo especial, cuyas características comenzaron a discutirse con las víctimas y el gobierno mexicano en marzo y comenzó a funcionar en noviembre, a seis meses de la salida del GIEI del país.
Aunque Rosales Sierra estimó que en 2015 se agotó la tesis oficial que presentó el exprocurador Jesús Murillo Karam, sobre el posible destino final de los estudiantes desaparecidos en el basurero de Cocula, el tema se mantuvo latente.
Los padres explicaron en cada manifestación en distintos puntos del estado y del país, las inconsistencias e irregularidades de la llamada “verdad histórica” que dice que los jóvenes fueron incinerados en el basurero, para intentar revertir la penetración de los medios masivos de comunicación que la presentaron como un hecho irrefutable, pese a las pruebas científicas que distintos grupos de expertos presentaron para descartarla.
En septiembre de este año la revista especializada Science publicó los resultados de un experimento del experto en fuego de la Universidad de Queensland, Australia, José Torero, que descartó en definitiva la explicación del gobierno federal de que un cartel del narcotráfico asesinó a los estudiantes y quemó los cuerpos en un basurero a cielo abierto.
Estableció que en el basurero de Cocula no existen posibilidades de incinerar 43 cuerpos, porque sería necesario apilar entre 20 y 40 toneladas de madera para destruir toda la materia orgánica, al punto en que se hallaban los restos levantados en el lugar.
La obstrucción desde la Presidencia
Según la opinión de Rosales Sierra, la procuradora Arely Gómez González (quien sustituyó a Murillo Karam), sí quiso investigar las líneas que recomendó el GIEI distintas al basurero de Cocula: búsqueda con vida y muerte de los estudiantes desaparecidos, aclarar la actuación de policías federales y de los militares, así como el trasiego de heroína de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques coordinados entre agentes de seguridad pública y sicarios del crimen organizado.
Afirmó que en su gestión -del 3 marzo de 2015 al 15 de octubre de 2016-, se retomaron algunas líneas pero nunca tuvo respaldo institucional del poder Ejecutivo, al contrario, aseguró que la obstaculizaron.
Por ejemplo señaló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detenía a presuntos implicados en los ataques del 26 de septiembre y no avisaba a la oficina del caso Ayotzinapa. Tampoco permitía que los interrogaran para contrastar datos o preguntarles directamente de los desaparecidos.
Cuando los agentes del Ministerio Público (MP) solicitaban diligencias para un cateo a una casa refugio de criminales o la búsqueda en algún cerro (por ejemplo La Carnicería ubicado cerca del basurero de Cocula), ésta ya se había hecho sin avisar a la oficina del caso.
Dijo que después de la separación del cargo del director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio (investigado por manipular pruebas en el río San Juan pero nombrado secretario del Consejo de Seguridad Nacional), la oficina de investigación tampoco pudo entrevistar al secretario de Seguridad Pública de Iguala la noche de los hechos, Felipe Flores Velásquez, detenido el 21 de octubre.
Aceptó que había una orden de aprehensión en su contra por otro delito pero había una oportunidad para que la oficina que lleva la investigación lo interrogara del paradero de los normalistas.
En ese tenor fue que siempre se investigó, junto a la postura institucional del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y del presidente Peña Nieto, de que lo más avanzado de la investigación fue lo que presentó Murillo Karam.
Ellos destacan que sí permitieron la intervención de los expertos internacionales para esclarecer los hechos pero no avanzaron, cuando fueron las propias autoridades las que impidieron el trabajo de los enviados de la CIDH. Ahora, siguen mostrando reticencias para abordar las líneas presentadas hace ocho meses.
Estimó que al presidente le reditúa más políticamente de aquí al 2018 que el caso se mantenga como está “en un bache”.
Confió en que el mecanismo de seguimiento de la CIDH puede generar en 2017, “esa palanca de presión que ayuda a impulsar, agilizar la investigación, para impulsar líneas de trabajo, y los padres tenemos el reto de mantener vivo el movimiento para que sea contrapeso al poco interés que ha mostrado la PGR”.
Se fortalece la organización
El abogado Vidulfo Rosales consideró que el núcleo organizativo en torno a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, representado en la Asamblea Nacional Popular (ANP), se fortaleció.
Pese a las dificultades señaló que en la ANP siguen entre 70 y 90 organizaciones constantes, que hacen posibles las caravanas a distintos puntos del país.
Relató que en los primeros meses de los ataques se registraban hasta 600 organizaciones en la asamblea que se celebra en Ayotzinapa. Vino un reflujo en 2015 y este año se consolidó con grupos permanentes.
Destacó que en las regiones también hay un apoyo sólido: en Chilpancingo y Tixtla con el magisterio, en la Montaña con maestros y organizaciones sociales y en el corredor de Costa Chica de donde son la mayoría de los estudiantes desaparecidos que se conjugó con los asesinatos de Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro el 5 octubre, “lamentablemente otra desgracia engarza la indignación con los desaparecidos”.
Se refirió a las organizaciones de Atoyac con años de trayectoria, y en Ometepec donde el magisterio mantenía la demanda de los padres de familia.
Afirmó que ahora se tiene claridad en sus principios, se tiene una agenda con una mirada nacional que se condensa en nueve puntos, los primeros son la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los más de 20 mil desaparecidos en el país, derogación de las reformas estructurales, libertad de los presos políticos, y el cambio gobierno y régimen político.
Legislar para que los soldados hagan labores de seguridad es militarizar al país: Tlachinollan
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra denunció que si se regula la actuación de los soldados en funciones de seguridad pública, “entraremos en un régimen militarizado”.
Reconoció que la ola de violencia en Guerrero y otras entidades del país tiene a la población desesperada, al gobierno, e incluso diputados de izquierda quieren mantener a los militares en labores de investigación y seguridad pública, porque las corporaciones policiacas y los gobiernos municipales están infiltrados por las bandas del narcotráfico.
Mencionó que en Costa Grande la Familia Michoacana, en la zona Centro Los Ardillos y Los Rojos ponen alcaldes y diputados.
En este escenario, dijo que “nadie confía en los policías y piensan que los únicos que pueden salvarlos en esta desesperación son los militares, pero se comete un error”.
Vía telefónica aclaró que el negocio de las drogas no se limita a los policías, están implicados políticos, empresarios que limpian el dinero sucio, y el modelo económico favorece al crimen organizado.
En tanto esa situación prevalezca, “se le estará dando un cheque en blanco a los militares para el autoritarismo, la mano dura, para que se cancelen los derechos fundamentales de los ciudadanos”, advirtió.
Recordó que los instrumentos internacionales dicen que en sociedades democráticas la seguridad pública no puede estar en manos de los ejércitos, pues esa es una tarea de la policía, y la formación de los soldados es eliminar al enemigo, matar.
Así los soldados no caben en la seguridad pública, donde tienen que interactuar con la población civil, aplicar ciertos protocolos en proporción y racionalidad con las leyes, que no observan los militares.
Indicó que la experiencia de golpes en América Latina, los gobiernos militares representan lo más oscuro de la historia: se formaron las dictaduras, hubo miles de desaparecidos, asesinados, encarcelados, principalmente disidentes políticos.
En Guerrero, en la década de 1960 y 70, el Ejército salió a encargase de la seguridad y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, en la llamada guerra sucia.
De casos recientes señaló el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas, transeúnte del servicio público, asesinado por soldados después de una revisión en un retén de Huamuxtitlán en 2009, “porque en el autobús iba una persona con bota militar, eso ocasionó una discusión y después de que el camión se retiró, a menos de 50 metros de distancia los militares descargaron sus armas”.
Como ese, aseguró que hay muchos casos en el país, además de los ataques directos contra grupos de civiles desarmados, como en Tlatlaya en el Estado de México, y del 26 y 27 de septiembre en Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa.
Recordó las recomendaciones del relator contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los Grupos de Trabajo sobre desapariciones forzadas, libertad de expresión, detención arbitraria, desplazamiento forzados que llaman al gobierno de México a cesar la actividad militar en seguridad pública, a capacitar a las fuerzas policiales y regresar a los soldados a su función original. Pero en lugar de que regrese a los cuarteles, ahora piden facultades legales para estar en las calles, contradiciendo la propia constitución, se quejó.
Aclaró que hoy el Ejercito es un gobierno paralelo a los poderes formales en el país, “nadie se imagina a un agente del Ministerio Público llamando a comparecer a los soldados o a un policía obligando a militares a comparecer, o implementar una orden contra alto mando de las fuerzas armadas”.
“Es ahí donde el Ejército fija una posición política, a no ser sometido a una investigación, a no rendir cuentas, es la institución más hermética, no está abierto al escrutinio público, sólo ellos saben lo que pasa en las fueras armadas, carece de controles civiles”, explicó.
A pesar de que hay muchos militares en los mandos de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, opinó que no están exentos de infiltración y cooptación del crimen organizado.
“Aún estamos en un régimen civil, porque es ilegal que un militar entre a una casa a hacer un cateo, a detener a una persona, pero si se aprueba un marco legal los ciudadanos no tendrán forma de defenderse de las arbitrariedades, con facultades legales se va convirtiendo en un régimen militarista”, insistió.
Consideró que los foros a los que llaman diputados locales para discutir una ley que regule la actuación de militares en funciones de seguridad pública, tendría que ser para “arreglar toda esa cloaca en las instituciones, en las policías, qué pasa con los ayuntamientos que se convirtieron en promotores de la droga, precisamente donde la violencia está desbordada”.
Se desvanecieron dos procesos penales por secuestro contra Arturo Campos, informa Tlachinollan
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra declaró que ve la posibilidad de que el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, Arturo Campos Herrera, salga libre pronto.
Explicó que después del careo que Campos Herrera sostuvo el miércoles con quienes lo acusan de secuestro se desvanecieron los dos procesos penales que tenía por ese delito, y que solamente quedaron dos por portación de arma de fuego y uno por robo.
Rosales Sierra acusó que es evidente que el promotor de la CRAC, quien fue detenido el 1 de diciembre del 2013, sigue preso por consigna política y no porque los jueces hayan encontrado elementos para procesarlo.
Consultado por teléfono explicó que la causa penal 196/2013-III por secuestro era la más difícil, pero que durante el careo con cinco de las presuntas víctimas el miércoles, reconocieron que nunca lo vieron en la Casa de Justicia de El Paraíso donde estuvieron detenidos y que tampoco les pidió dinero, por lo que no se configura el delito.
Dijo que quienes acusaban al promotor de la CRAC explicaron que estuvieron detenidos en El Paraíso por acusaciones que les hicieron en sus comunidades, y deslindaron a Campos Herrera.
La causa penal 196/2013-III es la misma que enfrentó por secuestro Nestora Salgado García, quien fue liberada en marzo pasado. También es la misma que enfrenta el promotor de la CRAC de Tixtla Gonzalo Molina González y por la que fueron juzgados y liberados los cinco policías comunitarios de El Paraíso y su coordinador Bernardino García Francisco.
Rosales Sierra mencionó que esta causa penal fue resuelta por los jueces federales, quienes no encontraron elementos para que se configurara el delito de secuestro y absolvieron a los acusados, pero que son los jueces locales los que no han querido pronunciarse en el mismo sentido, “por eso vemos que en el caso de Arturo Campos y Gonzalo Molina siguen presos por consigna política”.
Agregó que ahora que se echó abajo la acusación por la declaración de las supuestas víctimas que exculparon al detenido, la jueza de la causa tendrá que pronunciarse por la libertad de su defendido.
Informó que las otras dos causa penales por los delitos de portación de arma y otra de robo son fáciles de impugnar, y que Molina González tendrá que ser puesto en libertad.
Rechazan padres de los 43 que sus hijos hayan sido infiltrados por grupos criminales
Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que hay una nueva campaña para distraer las investigaciones que hizo la periodista, Anabel Hernández, que involucra a los militares del 27 Batallón de Iguala en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en contra de los normalistas.
Desde la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, el abogado Vidulfo Rosales Sierra informó vía telefónica la decisión de los padres de familia de dar respuesta a una serie de informaciones periodísticas en periódicos, radio, televisión e internet que están provocando inquietud y nerviosismo entre los familiares así como de los activistas que han acompañado sus acciones por dos años.
Ayer en el evento las organizaciones estrecharon las relaciones para dar seguimiento conjunto a sus casos.
Los padres rechazaron las afirmaciones sin sustento de que los estudiantes fueron infiltrados por grupos delincuenciales. En referencia a los artículos difundidos en la sección de opinión del portal digital de El Universal que narran de forma detallada la declaración videograbada de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, un presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, que usó la Procuraduría General de la República (PGR) para sostener la “verdad histórica”, según la cual los normalistas fueron confundidos con un grupo criminal rival y por eso fueron atacados, detenidos, asesinados y quemados hasta las cenizas en un basurero, versión descartada en varias ocasiones con pruebas científicas.
Recordaron que la declaración se obtuvo de una persona que denunció tortura, y por ello no tiene validez.
Asimismo denunciaron que un portal de internet informó sin sustento que el normalista, José Ángel Cantor, uno de los 43 desaparecidos fue hallado como indigente y eso generó dolor en sus familiares quienes aseguraron que la información es “completamente falsa”, sus padres siguen buscando a su hijo y no hay registro alguno en hospitales de Tixtla y Chilpancingo de su paradero.
Denunciaron que la difusión de información manipulada y falsa es una cortina de humo para desviar la atención de los señalamientos y datos periodísticos que responsabilizan al Ejército mexicano de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Insistieron en que la PGR debe profundizar las líneas de investigación que se dirigen al municipio de Huitzuco, al registro de los teléfonos celulares, a la Policía Federal (PF) y al Ejército, y que la investigación de la periodista Anabel Hernández publicada en el libro La verdadera noche de Iguala se incorpore a la indagatoria como línea de trabajo.
También demandaron que no se empañe la lucha de los padres y madres de Ayotzinapa y no jueguen más con su dolor.
Por otro lado, el abogado de los padres informó que acudió con la señora Hilda Legideño al foro Los desaparecidos nos faltan a todos, en la FIL de Guadalajara que convocaron organizaciones tapatías y de Nuevo León, entre estas Ayotzinapa somos todos, Por amor a ellos y Ciencia Forense.
Aunque Jalisco es un estado que vive en aparente calma, distinto a lo que ocurre Guerrero, aclaró que los testimonios denotan que la situación de desaparecidos es grave.
Hablarán del caso Ayotzinapa padres de los 43 hoy ante diputados en el Congreso de la Unión
Diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y la creada para el caso Ayotzinapa escucharán a 10 padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos, en el salón Legisladores de la República del Congreso de la Unión.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló del formato de la reunión que se concretó después de un plantón de cuatro días afuera del recinto legislativo, en octubre, porque los diputados no respondieron a la petición formal de los padres de subir a la tribuna del recinto legislativo a hablar de las irregularidades en el caso, que presentaron desde abril.
Vía telefónica, indicó que la reunión va a comenzar hoy a las 10 de la mañana y la presidenta de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía dará la bienvenida, luego siete padres tendrán una intervención de 5 minutos, seguido de la posición de las fracciones de los ocho partidos que también será de 5 minutos.
Para el cierre tres padres de familia tendrán otra intervención antes de las palabras de clausura.
De la posición de los padres respecto al premio Belisario Domínguez que el Senado entregará el jueves -un día después de la visita de los padres a la Cámara de Diputados- al señor Gonzalo Rivas Cámara, fallecido por los eventos del 12 de diciembre de 2011 cuando fueron asesinados dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, respondió que ese es un tema distinto.
Precisó que los padres van a hablar de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 perpetrado por fuerzas del Estado, donde fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas, seis personas fueron asesinadas, 15 más fueron heridas de bala y tres de estas aún se encuentran graves.
Consideró que otorgar este reconocimiento post mortem, es una decisión unilateral del Senado, y ni padres ni abogados van a caer en el juego de meter en el mismo saco todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la Normal de Ayotzinapa, y que la desgracia de la gasolinera se quiera usar como una provocación, sin embargo, “podemos coincidir que (la decisión del Senado) evidencia que Ayotzinapa ha sido objeto de criminalización sistemática”.
De la investigación aclaró que los padres no han tenido acercamientos ni comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR), pero mediante los abogados coadyuvantes se da un seguimiento puntual del caso.
Señaló que siguen en la búsqueda, análisis de telefonía celular, se sigue requiriendo información del quinto camión, “digamos que se sigue trabajando en esas líneas, no al ritmo que quisiéramos, pero se está en ellos”.
De la última petición para que la PGR investigue al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch por sus probables vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, reveló que respondieron que son analizados los puntos de la solicitud, y que serán respondidos favorablemente.
Entre las peticiones de los padres está que García Harfuch comparezca en la investigación, y se rastree la libreta de direcciones del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado que liga al mando policiaco con los narcotraficantes, y que fue excluida de la investigación.
Piden los padres de los 43 que el Mecanismo de la CIDH esté más tiempo en el país
Formalmente el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro no formará parte del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, como se anunció originalmente, informó el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica explicó que debido a que el comisionado Enrique Gil Botero fue nombrado relator especial para México, asumió la coordinación del Mecanismo, no obstante Cavallaro está pendiente del caso.
Aclaró que desde el punto de vista de las víctimas el movimiento de relator no tiene implicación alguna en los resultados, porque Botero “es una persona muy comprometida, una de las voces más críticas de la CIDH, estamos ante un mecanismo con plena independencia, y se pudo constatar con la primera visita”, dijo sobre la reunión con los padres de familia en la Normal Rural de Ayotzinapa este viernes.
Indicó que su posición fue contundente, en el sentido de que la tesis del basurero de Cocula está rebasada, que representa un “buen debate político” (decir que los estudiantes fueron quemados y tirados a un río), y se tiene que avanzar en otras líneas de investigación.
De los padres señaló que hicieron hincapié en que la CIDH pueda tener presencia más tiempo en el país, y que el mecanismo pueda trabajar casi de lleno en el caso Ayotzinapa.
Recordó que el Mecanismo no es como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se creó exclusivamente para este caso, la diferencia es que éste forma parte de la comisión ejecutiva de la CIDH, “tienen alguna limitante, esperamos que eso se salve”.
Aclaró que oficialmente los integrantes del Mecanismo son Gil Botero y el secretario ejecutivo, y el equipo técnico operador lo conforman cinco miembros de la Secretaría Ejecutiva. Es decir formalmente Cavallaro no es parte del Mecanismo pero “está pendiente”, subrayó.
Estimó que en las siguientes visitas de los integrantes del Mecanismo habría actividades públicas, no así en las visitas del equipo técnico que por mandato puede estar en el país el tiempo necesario para su labor.
Reunificar el movimiento en Guerrero para el 12 de diciembre
De las actividades con los padres de familia adelantó que están preparando reuniones en las regiones del estado para reunificar al movimiento social el 12 de diciembre en Chilpancingo, para recordar que dos estudiantes de la Normal fueron asesinados en un desalojo a balazos en 2011.
El representante de los padres de familia, Melitón Ortega detalló que están construyendo la ruta para convocar a las organizaciones de Atoyac, Tlapa y de Costa Chica a una marcha estatal.
Aunque se aclaró que la acciones confirmadas son conmemorativas de la Revolución Mexicana el 19 y 20 de noviembre en la Ciudad e México con nietos del general Villista Felipe Ángeles, y de uno de los hermanos Flores Magón, están en pláticas con historiadores, entre ellos Paco Ignacio Taibo II para que asistan a las acciones.
Rosales Sierra explicó que hay un movimiento para rescatar una de las imprentas que tenían los hermanos Flores Magón, en este encuentro participarán los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Abren proceso a los detenidos por el caso de la Urvan por asalto y asesinato sin premeditación
El juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha resolvió la mañana de este jueves la vinculación a proceso, con prisión preventiva, de cuatro de los acusados por el asesinato de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, del trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal y del chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo.
La audiencia pública fue en la sala 1 de juicios orales ubicada en la Ciudad Judicial, a las 7:30, en donde el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado sostuvieron que el móvil del múltiple homicidio fue el asalto y que los dos estudiantes normalistas asesinados opusieron resistencia, pero el asesor legal de los dos normalistas, Vidulfo Rosales Sierra insistió en que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados para asesinar a los dos normalistas
También hubo discrepancias en cuanto al número de personas que actuaron en el múltiple homicidio. Los representantes del Ministerio Público (MP) que presenta los elementos y su investigación, y de la Fiscalía que defiende su caso, sostuvieron que fueron cinco, mientras que Rosales Sierra dijo que fueron seis.
Sin embargo hubo coincidencia en cuanto a la mecánica y la ruta que siguieron los ahora imputados la tarde de ese 4 de octubre.
Asimismo compartieron la certeza de que los detenidos son los que participaron en los homicidios de las cuatro personas ese día, aunque al término de la audiencia de vinculación a proceso solicitaron un plazo de cuatro meses para la próxima –la audiencia de juicio-, plazo que utilizarán para presentar más argumentos en contra de los imputados.
A su vez los dos defensores públicos que asisten legalmente a los acusados, se reservaron “por estrategia” su derecho a presentar argumentos a favor de sus defendidos, y también omitieron su derecho a emitir argumentos en su defensa.
La ruta de los acusados
La versión de los representantes del MP y de la Fiscalía, que obtuvieron mediante el testimonio de dos testigos, es que los cinco detenidos (cuatro mayores de edad que ayer fueron vinculados a proceso y un menor de edad al que le dictaron medidas cautelares el miércoles en el Tribunal de Justicia para Adolescentes), abordaron la Urvan de la ruta Chilpancingo-Tixtla en la colonia Indeco, y que cuando llegaban al kilómetro 4 en el punto conocido como El Derrumbe o la Curva del Amate, sacaron pistolas con las que dos de ellos amagaron al chofer y lo obligaron a detenerse.
“Órale hijo de tu puta madre, párate o matamos a todos”, le habría dicho uno de los hombres armados al conductor, quien detuvo la unidad. Entonces otro disparó (no precisa el MP si éstos se hicieron dentro o ya fuera del vehículo), pero dice que después bajaron a los pasajeros y los obligaron a tirarse al suelo para despojarlos de dinero y teléfonos celulares.
Según el MP y la Fiscalía, Jonathan Morales y Filimón Tacuba (estudiantes de Ayotzinapa) opusieron resistencia y fue cuando les dispararon.
También le dispararon al trabajador del IEEJAG, Juventino Carranza, quien quedó herido pero murió cuando era atendido en el hospital Raymundo Abarca Alarcón.
Posteriormente los ahora detenidos dispararon a otros conductores, entre éstos al chofer de una Urvan que circulaba de Tixtla a Chilpancingo e hirieron a un niño de 8 años que iba de pasajero y al conductor. Asimismo resultó herido el chofer de una camioneta de una tienda de abarrotes de Chilapa y el conductor de la Urvan 41 en la que viajaban las víctimas.
Según el MP y la Fiscalía después los cinco hombres armados obligaron a detenerse al conductor de un vehículo particular (del que no mencionan las características) en el que se regresaron rumbo a Chilpancingo y cerca de casa Guerrero lo abandonaron y caminaron rumbo a la colonia Ampliación Revolución (que se encuentra a menos de un kilómetro) en donde en la calle Constitución le hicieron la parada al chofer de la combi número 63 de la ruta Reforma-Mercado, quien al ver que iban armados lo mataron a balazos. Se trata del chofer Marco Antonio Organista Lorenzo.
Enseguida los cinco armados obligaron a detenerse al conductor de un vehículo Chevrolet Sonic negro, quien bajo amenazas los trasladó al otro extremo de la ciudad, a la colonia Sección Séptima, (que se encuentra en la parte alta de la colonia López Portillo, al poniente de la ciudad), en donde se dispersaron y tomaron rumbo desconocido.
El representante del MP y el de la Fiscalía, destacaron que los dos testigos han identificado plenamente a los cuatro detenidos.
La discrepancia
En cambio el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien funge como asesor jurídico de los familiares de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Dijo en su exposición que fueron seis los hombres armados que participaron en el múltiple homicidio.
El abogado citó como testigos a los mismos que utilizaron el MP y la Fiscalía, aseguró que primero en la parada de la colonia Indeco se subieron tres y tomaron los asientos de la parte de atrás de la Urvan. Metros más adelante abordaron la unidad otros tres que ocuparon los asientos delanteros, situación que el abogado utilizó para argumentar que hubo “premeditación” de los imputados pues planearon dejar en medio e indefensas a sus víctimas.
Rosales Sierra insistió en que durante el ataque a los estudiantes no hubo resistencia de los dos estudiantes y que, incluso, les dispararon a pesar de que Jonathan y Filimón les dijeron que eran estudiantes y que no llevaban nada (de valor).
En cuanto a la ruta que siguieron los hombres armados para darse a la fuga, Rosales sólo agrega que hubo cámaras del Centro de Control, Comunicación y Comando (C-4) que registraron a los seis armados y ahora acusados cuando huían por la colonia Reforma.
Sin embargo el juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha resolvió que no existen elementos que establezcan que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados y coincidió con el móvil que expusieron el MP y la Fiscalía en el sentido de que se trató de un asalto circunstancial.
Los representantes del Ministerio Público y de la Fiscalía expusieron que en el lugar donde fueron asesinados los dos estudiantes y el trabajador del IEEJAG se encontraron 11 casquillos de pistola calibre 22, cinco de 9 milímetros, uno de 380 y otro de calibre 25.
Aunque en la necropsia a los cuerpos de las víctimas los impactos que recibieron sólo fueron de 9 milímetros y 22., casquillos de estas dos últimas armas también fueron encontrados en el lugar donde mataron al chofer de la Urvan del servicio público de Chilpancingo, en la colonia Reforma.
De las cuatro víctimas sólo los dos estudiantes de la Normal de Ayozinapa recibieron dos impactos. Filimón Tacuba recibió uno en la cara y otro en la sien, y Jonathan uno en la frente y otro cerca de la nariz. Mientras que Juventino Carranza recibió uno cerca de la patilla derecha y Marco Antonio Organista uno del que no se precisó el lugar del impacto.
Que Dios los Bendiga
Al final el juez de control sintetizó los señalamientos, acusaciones y argumentos del MP, la Fiscalía y de los asesores de los familiares de las víctimas y resolvió la vinculación a proceso de los cuatro imputados.
Asimismo aceptó la petición de los representantes del MP y de la Fiscalía de establecer un plazo de 4 meses para la próxima audiencia que será la de juicio. El plazo fue aceptado por los asesores de los familiares de las víctimas y por los defensores públicos. El juez destacó que este plazo servirá para que las partes presenten más elementos de prueba para la imputación, o bien para la defensa.
Acomodados en sus asientos dos de los imputados se observaron tímidos e intimidados, los otros dos recorrían con su mirada escrutadora la sala y a todos los actores del juicio, uno de ellos incluso parecía retador e interactuó permanentemente con uno de los defensores públicos acreditados para su defensa.
Francisco, el padre del chofer Marco Antonio Organista propuso representarse solo en el juicio, pero el juez le aclaró que tenía que utilizar al asesor de las víctimas del delito que paga el Estado, porque hay términos que sólo éstos conocen y declinó a su propuesta.
Al final quiso participar y el juez le cedió la palabra. Agradeció de entrada a las autoridades por la detención de los acusados, “yo no tengo la certeza (de que sean ellos), ustedes (las autoridades) sí la tienen”, dijo.
Mirando al juez, acusó: “hay autoridades que se corrompen, pero hay un Dios que no”.
Después volteó hacia los acusados y con los ojos húmedos pero firme, les dijo: “sepan ustedes que dejaron a dos niños en la orfandad. Yo no sé por qué hacen ustedes estas cosas que enlutan a familias, ya no sigan matando a gente inocente. Que Dios los bendiga”, se escuchó casi suplicante, y, visiblemente abatido se desplomó en su asiento.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra declaró que tratará de demostrar que los detenidos por el asesinato de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la tarde del 4 de octubre actuaron con “premeditación” y no lo hicieron solos, sino que pertenecen a una estructura superior del crimen organizado.
El abogado insistió en que no se puede conformar sólo con los detenidos, “porque desde nuestro punto de vista no actuaron solos, ellos están ligados a otros vínculos con la delincuencia organizada y no solo con la delincuencia organizada, sino con todo un conjunto de complicidades de autoridades, de servidores públicos que hacen factibles que puedan cometer ese tipo de hechos violentos”.
Informó que personalmente ha debatido con el fiscal (Javier Olea Peláez), “le hemos solicitado que se puedan investigar estos vínculos, y verbalmente nos ha dicho que sí, esperemos que la Fiscalía se aboque a eso”.
También dijo que falta revisar todas las cámaras de video que hay cerca de Casa Guerrero por donde pasaron los detenidos, de la colonia Nueva Revolución e Indeco y de la colonia Sección Séptima, para determinar cómo actuaron los ahora detenidos.
Declaró que en este caso se debe comprobar la voluntad que tiene el gobierno para investigar más allá de los hechos del 4 de octubre. Pero dijo que lo que está viendo es una posición muy férrea de acotar los hechos a los detenidos, y que se asume la postura de que no hay nada más fuera eso, “y eso nos parece grave porque se están quedando cosas sueltas”.
El mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa ya puede visitar México, informan
El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra informó que hay avances con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa, pero queda pendiente la temporalidad del mismo.
Vía telefónica Rosales Sierra dijo que este viernes terminó el diálogo en Washington, pero no les notifican los resultados de los acuerdos ni de la temporalidad, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) propuso que sea de seis meses, lo que rechazaron los padres.
Informó que también se aceptó que el mecanismo de seguimiento haga visitas al país, tres veces “a partir de este momento” hasta octubre.
“Este mecanismo ya se está concretando, sólo hace falta que se concrete el tema del periodo, por parte del gobierno hay una propuesta y por parte de nosotros otra, me parece que se debe de trabajar en esos acercamientos”, informó Vidulfo Rosales. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Padres de los 43 acuerdan con la canciller crear un mecanismo para seguir recomendaciones del GIEI
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron la mañana de ayer con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, con quien acordaron la creación de un mecanismo que dé seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En la reunión los padres propusieron que el presidente y relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro encabece dicho mecanismo de seguimiento.
Se informó que uno de los acuerdos es que el mecanismo podrá hacer visitas periódicas a México para verificar las recomendaciones establecidas en el primer y segundo informe del GIEI.
El próximo sábado 21 de mayo una comisión de los padres y de funcionarios mexicanos viajará a Washington -sede de la CIDH- para afinar los detalles de dicho mecanismo.
Luego de la reunión de aproximadamente 2 horas con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la comisión de padres de los normalistas se dijo satisfecha con el acuerdo.
Al salir de la reunión el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales expresó que “emplazamos a que el compromiso que hoy se hizo aquí con la canciller se pueda refrendar y llegar ya con esos acuerdos a la Comisión Interamericana en su sesión, que será el día sábado”,
Vidulfo Rosales insistió en el reclamo de quitar a Tomás Zerón de la dirección de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).
De los restos encontrados ayer en Iguala, el abogado planteó que aún hace falta “establecer la autenticidad de la llamada anónima para determinar la relación con los hechos”.
Los restos fueron hallados el pasado martes 17 y miércoles 18 de mayo en Coacoyula, Iguala, debido a una llamada anónima al número de emergencias 066 que reportó la presencia de cinco cuerpos a los que se refería como los de “los estudiantes desaparecidos de Iguala por miembros de la delincuencia”, en alusión a los normalistas de Ayotzinapa que fueron atacados y desaparecidos la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala a manos de policías municipales de ese municipio y de Cocula, además de sicarios de Guerreros Unidos.
Luego del encuentro en la Cancillería, los padres salieron rumbo a la sede de la PGR para exigir la renuncia de Tomás Zerón de Lucio.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón explicó que algunos puntos que quedaron pendientes de definir fueron la periodicidad de las visitas del mecanismo a México y si en ellas van a participar integrantes del GIEI.
Del encuentro dijo que “fue una reunión buena, constructiva, y fue una reunión de la que salimos con puntos de vista de coincidencias en los aspectos centrales del mecanismo, eso se tiene que materializar por escrito en la Comisión Interamericana”.
Por separado, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas coincidió en crear el mecanismo de seguimiento aunque dijo que la posibilidad de que integrantes del GIEI formen parte es un tema que aún debe discutirse.
Consideró que las coincidencias entre los padres de los 43 y la SRE son enormes, “esas coincidencias reflejan que sí tenemos muchos elementos en común y que podemos llegar a un acuerdo, esperemos que (el acuerdo) pueda ser el sábado en Washington”.
Ruiz Cabañas dijo que algunas de las coincidencias entre los padres y la SRE es que haya un mecanismo con el acompañamiento de la CIDH que dé seguimiento a la asistencia técnica del GIEI, así como en continuar labores de investigación, búsqueda y atención a víctimas.
Acompañado de Roberto Campa Cifrián, Ruiz Cabañas calificó de positivo y necesario el encuentro, que muestra que hay voluntad de ambas partes para construir acuerdos, pero también el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de alcanzar la verdad y, eventualmente, la sanción de los responsables.
“Nos pareció muy positivo, un diálogo muy fructífero”, resumió.
Para finalizar, Claudia Ruiz Massieu dijo que podría volver a recibir a los padres si así lo solicitan.