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La Segob no puede decidir si no hay más prórrogas para los expertos, responde el abogado de los padres

 

El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que brinda asistencia técnica en el caso de la desaparición forzada de 43 alumnos de Ayotzinapa, “será de seis meses y puede extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”, dice el acuerdo firmado por el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los beneficiarios de medidas cautelares brindadas por el organismo internacional a víctimas de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Por lo tanto la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no habrá otra prórroga para los expertos es una posición política y unilateral que vulnera la responsabilidad que México aceptó ante organismos internacionales, denunció el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica concedió que el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) puede decir que ya no quieren la asistencia técnica del GIEI, pero no puede tomar esa decisión sin un análisis, diálogo y consenso entre las partes que firmaron el acuerdo.
El martes el secretario de Gobernación declaró en radio Fórmula que el periodo del GIEI concluye su mandato el 30 de abril y que no habrá prórroga. Hoy se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) entregue los resultados del cuarto peritaje de fuego que realizó en el basurero de Cocula, con el cual va a concluir en definitiva la tesis oficial sobre el destino de los desaparecidos.
Dicha versión, descartada por científicos de la UNAM, el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense en estudios independientes, pero sostenida por la PGR, dice que todos los estudiantes fueron cremados en un basurero a cielo abierto y sus cenizas lanzadas a un río.

Medidas cautelares por los heridos y los 43

Rosales Sierra estimó que a Osorio Chong le faltó un análisis del Acuerdo de Asistencia Técnica desde la perspectiva de Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de los 43 Estudiantes de la Normal Rural, antes de fijar una posición pública.
El acuerdo depende de las medidas cautelares MC 409/2014 que emitió la CIDH en favor de los 43 alumnos desparecidos y los heridos de los ataques de policías a estudiantes y civiles en Iguala, que México está obligado a cumplir porque firmó la Convención Americana de Derechos Humanos.
Precisó que en este procedimiento México no está siendo prejuzgado de alguna responsabilidad en los hechos de Iguala, pero el organismo consideró que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que está en riesgo la vida de 43 estudiantes. Por lo tanto el Estado debe tomar medidas para salvaguardar esas vidas.
A partir de las medidas cautelares, México debe informar qué hizo para dar con los desaparecidos, la investigación para esclarecer los hechos y a dar asistencia médica y sicológica a los afectados.
En este marco las víctimas solicitaron asistencia técnica internacional y un requisito es que el gobierno mexicano hiciera la solicitud a la CIDH.
Después de las pláticas el 12 de noviembre de 2014 se estableció la creación del GIEI, sus objetivos y su primer periodo de mandato, que se prorrogó seis meses el 19 de octubre de 2015.
En estricto, consideró que debe haber una valoración técnica sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, y revisión del acuerdo entre las partes, antes de fijar una posición.
Sin embargo indicó que la declaración no es casual, se da en un contexto de descalificación de agresión a los cinco integrantes del GIEI, y una serie de obstáculos para que desarrollen su labor.
Con anticipación los padres y abogados han considerado que la intención de las autoridades es delegar su responsabilidad de investigar y esclarecer en hechos en los expertos independientes, y acusarlos de la falta de resultados.

Osorio prometió la permanencia del GIEI, que ahora rechaza: padres

El señor Mario González, papá del normalista desparecido Mario César González Hernández, recordó que en la última reunión que sostuvieron el año pasado en Acapulco con el secretario de Gobernación, éste les prometió que el GIEI permanecería hasta esclarecer los hechos.
“Ayer (martes) lo supimos, en realidad ellos dicen sus cosas pero que recuerde lo que prometió en Acapulco, que no veía ningún problema si se acababa el tiempo de los expertos, (dijo) que daba la vida por saber la verdad, que la permanencia del Grupo se podía extender el tiempo necesario y no había necesidad de que él lo consultara con el presidente, porque era el segundo y tenía autoridad”, relató.
Insistió en que la verdad se va a saber cuando permitan que declaren los militares y los policías federales implicados en los hechos, bajo la supervisión de los expertos, “sabemos quién participó y a quiénes están protegiendo, pero la verdad de lo que aconteció todavía no la sabemos, mientras no declaren los tipos que tienen los videos”, dijo en relación a los soldados que observaron y documentaron algunos ataques.
Consideró que tal vez el gobierno quiere utilizar el último peritaje del basurero para encubrir a las corporaciones policiacas y militares, pero advirtió que los padres no se van a dejar engañar.

Exigen en un mitin en la Ciudad Judicial en la capital la libertad de los presos de la CRAC

Familiares de los policías comunitarios presos en Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron ayer en un mitin afuera de la Ciudad Judicial en Chilpancingo, la libertad de todos los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La protesta comenzó a las 12 y media de la tarde, mientras en el interior, en la Cuarta Sala penal, había una audiencia de vista relacionada con el proceso que se sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, por el delito de secuestro en agravio de Katia Espinoza Bolaños y Pedro Gil Apreza Salmerón.
La causa penal 59-I/2015 y las presuntas víctimas que acusan a Campos Herreras son las mismas que acusaron a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, quien la mañana de ayer quedó en libertad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, quien da seguimiento al caso de Campos Herrera, informó que la Cuarta Sala Penal deberá resolver en 15 días el auto de formal prisión o de libertad.
Otro de los abogados de Tlachiniollan, Vidulfo Rosales Sierra reclamó a las autoridades que manifiesten la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los otros ocho presos de la CRAC, y que también sean liberados, puesto que los delitos de los que se les acusa y los supuestos agraviados son los mismos que enfrentó Nestora Salgado, que ya fue liberada.
Los ocho presos a los que se refirió Rosales Sierra son Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González, así como el coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, y cinco policías comunitarios de esta misma casa, presos en el penal de Ayutla.
Arturo Campos Herrera es consejero de la Policía Comunitaria de Ayutla y fue detenido el 1 de diciembre de 2013, al final de un acto con el que Tlachinollan inició la campaña 12 días por la libertad de los presos políticos, en la Alameda de Chilpancingo. El detenido fue trasladado inmediatamente al penal del Altiplano, en el Estado de México.
El 28 de mayo de 2015 el juez Cuarto penal de Acapulco le dictó el auto de formal prisión, pero la defensa interpuso el recurso de apelación, del que derivó la audiencia de vista en la Cuarta Sala penal de ayer.
El abogado Téliz García, quien entró a la audiencia, informó que los supuestos agraviados que la administración de Ángel Aguirre Rivero presentó como víctimas para acusar a Campos Herrera son Pedro Gil Apresa Salmerón y Katia Espinoza Bolaños, quienes no acudieron ayer a la audiencia.
“Esperábamos que vinieran; ellos presentaron un escrito en el que manifestaron que iban a estar pendientes en el desahogo de la audiencia, pero no estuvieron, porque saben que son falsas sus acusaciones”, dijo.
Pero informó que la audiencia tuvo lugar y que él presentó un escrito de agravios “donde combatimos el auto de formal prisión; decimos que en ningún momento hay el delito de secuestro, que él (Campos Herrera) como perteneciente a la Policía Comunitaria, todos los actos que realiza se asemejan a actos de autoridad amparados por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, además, por la Constitución federal en su artículo 2º, que establece que los pueblos indígenas pueden organizarse, ver y resolver la forma interna de sus pueblos.

Tienen que aplicar en el caso de Campos Herrera el mismo criterio que usaron en el de Nestora, insiste el abogado

El abogado dijo que el delito y quienes acusan a su defendido son los mismos que acusaron de secuestro a Nestora Salgado, a quien el juzgado de Ayutla le resolvió el auto de libertad, “y ese mismo criterio tiene que aplicar la Cuarta Sala penal y emitir la resolución inmediatamente”.
Explicó que existe un plazo de 15 días para que la Sala emita su resolución, “pero no podemos esperar más ante un hecho de injusticia, cruel e inhumano y la Sala penal tiene que emitir un fallo rápidamente para que Arturo Campos pueda recobrar su libertad y se una a la impartición de justicia en sus pueblos”.
Dijo que los agravios están bien sustentados y que está seguro de que “se va a caer” el auto de formal prisión, porque no se tipificó el delito de secuestro; “el secuestro tiene la finalidad de que se prive a una persona de su libertad con el objeto de pedir un rescate, y aquí no se dio esto”, dijo.
Mientras se realizaba la audiencia de vista, afuera, en la entrada principal de la Ciudad Judicial, más de 50 personas, entre familiares de los presos en el penal de Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal de Ayotzinapa, participaron en un mitin y exigieron la libertad de todos los presos de la CRAC.
En declaraciones afuera, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra expresó que esperan que la resolución de la Cuarta Sala penal sea por el auto de libertad de Arturo Campos, como ocurrió con Nestora Salgado.
Reclamó a las autoridades la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los ocho presos de la CRAC, dijo que los magistrados y jueces deben ceñirse a los mismos criterios que utilizaron en el caso Nestora, pero que pareciera que, por el contrario, “hay consigna” para que los otros ocho presos de la CRAC sigan en prisión.
Recordó que los miembros de la CRAC fueron detenidos por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando el movimiento iba en ascenso y la Policía Comunitaria mantenía sus vínculos con ese movimiento en contra de las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Añadió que, por eso los gobiernos federal y estatal pretenden mantener presos a los miembros de la CRAC.
Explicó que en el caso de Nestora Salgado pesó más la presión política, porque se convirtió en un emblema nacional e internacional, y por eso el gobierno determinó su libertad, pero que la están condicionando para que abandone el país, “al parecer ella ha aceptado, aunque dice que sale por motivos de salud”.
Rosales Sierra explicó que, en el caso de los ocho presos de la CRAC siguen su propio procedimiento jurídico, y que aunque con la libertad de Nestora se abre una posibilidad para que salgan libres, “si en términos políticos no hay una voluntad como la hubo con Nestora, no saldrán libres”, dijo.
Reconoció que se han dificultado la liberación de estos ocho presos, porque no han sido “visibilizados” como Nestora, a quien benefició la presión de los organismos nacionales e internacionales, por lo que el gobierno se vio obligado a liberarla.
En el mitin también habló Minerva Donaciano de Jesús, esposa del comandante de la Policía Comunitaria preso en Ayutla, Ángel García García, que dijo que es injusto el encarcelamiento de su compañero y del resto de los policías comunitarios, “no porque sean indígenas y nos humillan, sino porque los detuvieron cuando buscaban justicia y seguridad para los pueblos, lo que no puede ofrecer este maldito gobierno”.
Agregó que, si el gobierno pensaba que con su detención “ya no nos íbamos a levantar, se equivocó, seguimos luchando ahora también por la libertad de nuestros esposos porque sabemos que son inocentes”.
Denunció que para mantenerlos presos les fabricaron delitos, “los acusan de delitos que nunca cometieron”.
Añadió que, como indígenas se sienten orgullosos y felices de que haya salido libre Nestora Salgado, “pero si ya reconocieron que ella es inocente, ahora también que liberen a nuestros esposos, acusados de lo mismo que ella”, dijo.

Enfocarán padres de los 43 normalistas su lucha en la investigación del quinto autobús

La próxima etapa de lucha de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, se enfocará en la línea de investigación del quinto autobús en el que viajaban 14 de los 43 normalistas, y del que no ha informado la Procuraduría General de la República (PGR).
Ayer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que seguir esta línea de investigación es clave para saber el paradero de los 43 jóvenes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, y que para ello también es clave conocer qué pasó con los videos que fueron grabados por el sistema de vigilancia del Poder Judicial de Iguala, que captó la detención con violencia de este autobús en donde viajaban 14 de los desaparecidos, pues persiste la sospecha de que el material videográfico no existe porque fue destruido.
Adelantó que para esclarecer estas dudas van a pedir la permanencia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuando menos por otros 6 meses, para que se pueda esclarecer que pasó con el quinto autobús.
El abogado declaró ayer a los medios de comunicación durante un mitin afuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo en donde familiares de los detenidos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), padres de los 43 estudiantes desaparecidos y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, exigieron la libertad de todos los presos de la Policía Comunitaria tras la liberación de la coordinadora de esa organización en Olinalá, Nestora Salgado García.
El abogado de los padres reiteró que persiste la percepción de que la PGR y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) destruyeron el material videográfico con las imágenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, tomadas por el circuito cerrado instalado en la sede de Poder Judicial en la salida de la ciudad de Iguala, donde fue detenido con violencia este quinto autobús del que bajaron a los 14 estudiantes.
“Para nosotros allí debemos enfocarnos, allí debe estar nuestra lucha y también exigir que se amplíe el plazo de los expertos, porque creemos que sólo ellos nos pueden ayudar a esclarecer esta línea de investigación”, dijo Rosales Sierra.
Expuso que por lo menos debe ampliarse otros seis meses y que la petición la plantearán en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza los primeros días de abril.
De los videos tomados afuera del Poder Judicial de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Robespierre Robles Hurtado declaró el 9 de marzo que entregó a la PGR un respaldo en una memoria USB y que forma parte de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
Dijo que el original está instalado “completito”, “y cuando hablo de respaldo, hablo de una actuación del Ministerio Público en donde va, comparece, verifica, obtiene la información, la certifica y se la lleva, pero el aparato físicamente sigue instalado en el mismo lugar”, aseguró en referencia al original.
Sin embargo Rosales Sierra reiteró que en la memoria que entregó a la PGR, igual que en el original del que habla Robles Hurtado, no hay imágenes que hayan sido tomadas los días 26 y 27, “sí hay imágenes anteriores y posteriores, menos de esos dos días”.
Añadió que eso implica que desaparecieron o destruyeron esos videos, puesto que hay constancia también de que cuando la PGR no encontró ninguna imagen en el USB que le entregó el TSJ, se constituyó en el Palacio de Justicia de Iguala para buscar en la base de datos que tiene el área de informática para realizar una inspección.
“De la inspección encontró que, efectivamente, en esos días hubo de tres a cuatro ingresos de personas para revisar esos videos que por alguna razón ya no están allí, entonces eso es lo que tenemos y no nos queda hoy la menor duda de que no existen esos videos, porque los desaparecieron”.
Insistió que por eso ahora enfocarán su lucha a exigir una investigación exhaustiva de la cadena de mando y la cadena de custodia de los videos, “para saber quién del personal del Tribunal Superior de Justicia ingresó, dónde están esos videos y que se sancione a esas personas”.

Llaman a la lucha conjunta de los padres y estudiantes por la presentación de los 43

El vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, Melitón Ortega, declaró que “es una obligación” de los normalistas apoyar a los padres en la lucha por la presentación con vida de sus hijos.
El papá Melitón Ortega, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el papá Emiliano Navarrete Victoriano, familiares de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), estuvieron en la inauguración del foro Diálogo Nacional por la Educación, organizado por la FECSM con el objetivo de defender la educación pública; la Normal Rural de Ayotzinapa será la sede de las mesas de trabajo del foro, que comenzaron ayer y concluirán mañana.
Durante la inauguración, Melitón Ortega dijo que los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, “no hemos, ni un minuto, descansado, a más de 17 meses de esta lucha; mientras no regresen los estudiantes, no se esclarezcan los hechos (los ataques en Iguala), la lucha seguirá”.
Manifestó que los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos le exigirán a las autoridades que todas las líneas de investigación “se ejecuten, hasta el último”. Además, los padres exigirán a las autoridades que se entreguen todas las evidencias del caso Ayotzinapa al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como a la Procuraduría General de la República (PGR), “para identificar a los responsables y saber el destino de los estudiantes”.
Señaló que la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos tiene que ser conjunta entre los padres y los estudiantes, “hoy por hoy, lo importante es que estamos juntos, una lucha aislada no avanza”, señaló.
Aseguró que el foro también es parte de la lucha, ya que en las mesas de trabajo los estudiantes aprenderán cómo mantener la unidad.
Declaró que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y los padres de familia “somos los que resistimos”, pues otras organizaciones se fragmentaron y dejaron de participar en la lucha, “eso fue lo que logró el Estado, desgastar el movimiento (…) Como Ayotzinapa, tenemos la obligación de seguir en la lucha, es obligación de los estudiantes mantener la lucha hasta el final”, concluyó Melitón Ortega, y después los 150 asistentes a la inauguración del foro corearon la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Por su parte, los secretarios generales del Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa expresaron que un pueblo con armas, pero sin educación, está indefenso, por lo que agradecieron la presencia de los normalistas, así como el apoyo de la FECSM a su lucha.
A la inauguración del foro asistió la fotógrafa Emily Persson, quien presentó una exposición de imágenes que capturó en distintas manifestaciones de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la Sala de Medios Audiovisuales de la Normal, y que donó para que los estudiantes recuerden el movimiento.

Hay que recuperar la identidad normalista: Enrique Ávila

La primera ponencia del foro fue Historia del Normalismo, que impartió el profesor Enrique Ávila Carrillo, egresado de la Normal Superior de México y maestro en educación primaria, quien llamó a los estudiantes a recuperar su identidad como profesores normalistas.
Enrique Ávila relató el origen de las normales públicas y rurales, como un proyecto del gobierno para “enseñar las normas” a la sociedad; así como del comienzo de la educación que primero fue únicamente para los sacerdotes e hijos de gobernantes.
Señaló que los normalistas son clave en la educación, pero a los maestros (egresados de las normales públicas) se les quitan sus derechos y la identidad, a través del poder de los medios masivos de comunicación, como la televisión, “por los deseos del grupo de empresarios Mexicanos Primero”.
Criticó que cuando los maestros tienen que aplicar un examen a sus alumnos, éste se lleva a cabo sin complicaciones, en cambio a los docentes se les forzó a participar en la evaluación del desempeño del Servicio Profesional Docente, que en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, contó con la asistencia de policías y militares, porque así convenía a los intereses del Estado.
Dijo que cuando los normalistas egresen, se enfrentarán a la realidad de los maestros, del proceso para obtener una plaza y la pérdida de su formación en las normales públicas y rurales, para convertirse en “docentes”, por lo que les pidió que se preparen de la mejor manera.
Puntualizó que el Estado creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para “hacerle creer” a los maestros que tendrían un respaldo en sus derechos laborales, pero, “el SNTE y el gobierno son lo mismo”.
Enrique Ávila donó a la biblioteca de la Normal Rural de Ayotzinapa y a estudiantes de otros estados, como Oaxaca, ejemplares de libros de su autoría que abordan la lucha normalista en 2015, e invitó a los jóvenes a documentarse para saber cómo enfrentar al Estado.

Tendrá la SEP un programa para desaparecer las licenciaturas en las normales: Lev Velázquez

La segunda ponencia del foro fue del integrante de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con sede en Michoacán, Lev Moujahid Velázquez Barriga, quien habló sobre el Plan Integral, Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales (Pidifern), un programa piloto que las autoridades pondrán en marcha en las normales en el ciclo escolar 2016-2017.
De acuerdo con Lev Velázquez, el Pidifern es un programa cuyo fin es desaparecer las carreras en las normales, como la licenciatura en Educación Primaria, Preescolar y otras, de manera que a los normalistas se les forme para convertirse en maestros “idóneos”.
Sobre el Pidifern no hay información pública, tampoco se sabe cuáles serán las normales en las que se implementará; sin embargo, Lev Velázquez dijo que los normalistas deben investigar y conocer el programa para evitar que les afecte.
Manifestó que los normalistas tienen muchos motivos para dar una lucha social unificada, sólo necesitan organizarse para defender a las normales públicas y rurales.
En el primer día del foro, Vidulfo Rosales leería una ponencia sobre Derechos Humanos y Desaparición Forzada, pero debido al retraso en la inauguración y a fallas técnicas en la Normal Rural de Ayotzinapa, su participación se pospuso para el domingo.

Protestan padres de normalistas en la PGR; aún buscan reunirse con el Papa, dice su abogado

 

Padres y alumnos de la Normal ural de Ayotzinapa protestaron ayer con antorchas frente a la Procuraduría General de la República (PGR), por la intención del gobierno federal de alargar la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y denunciaron que se pretende cerrar el caso con la tesis oficial de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Asimismo, los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), dieron a conocer el dictamen del peritaje que hicieron en el basurero de Cocula y desmintieron la versión oficial de la PGR de que los normalistas fueron incinerados en el basurero y las cenizas fueron arrojadas a un río.
Durante la manifestación hicieron un llamado al Papa Francisco para que se reúna con las víctimas de la violencia y no con la clase privilegiada que prepara un escenario irreal para su recibimiento, luego de que se informó que las autoridades eclesiásticas ofrecieron a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que sólo una comisión de ellos participe en la misa por los desparecidos que oficiará el líder de la Iglesia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En una consulta el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, adelantó que los familiares no tienen dinero para trasladarse a Ciudad Juárez , y su intención es reunirse con el pontífice abiertamente, y no acudir a un acto masivo, para el que les ofrecieron algunos pases.
Sin embargo, aclaró que en los siguientes dos días los padres van a insistir para que los integren en la agenda informal del Papa Francisco, es decir, a sus reuniones privadas, y si no se puede, van a buscar la manera de hacerle llegar una carta sobre su sentir y sus demandas.
Ayer, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), presentaron el dictamen del peritaje que hicieron en el basurero de Cocula, y mostraron más elementos de pruebas con base científicas de que en el basurero no hubo tal incendio ni quemaron ahí a los estudiantes desparecidos.
A las 6 de la tarde, después de la conferencia del EAAF, los padres y estudiantes de Ayotzinapa se trasladaron a la PGR, a pocas cuadras del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, para protestar por 43 minutos con antorchas y consignas.
En el mitin sobre la calle lateral del paseo de Reforma, estuvieron los activistas de organizaciones de la Ciudad de México que mantienen desde diciembre de 2014 un plantón frente a la PGR con la consigna “desencuartelen la verdad”, por la negativa del Ejército y de la Marina a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, pese a que hay señalamientos de que algunos soldados intervinieron en los hechos ocurridos en Iguala.
Durante el mitin, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra señaló que “la visita del Papa no debe servir para el lisonjeo de políticos ni para que los católicos de alcurnia le rindan pleitesía, su palabra debe servir para dar aliento a los pobres, a los desvalidos, a lo que sufren en este país”.
Asimismo, dijo que su visita “tampoco debe ser para remozar las calles, ni para invisibilizarnos, (a ese movimiento) pero les decimos que aquí estamos presente, y en cada acto del Papa habrá un símbolo de los 43”.
Antes, en la conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Miguel Pro Juárez, Santiago Aguirre, informó que las autoridades eclesiásticas que preparan la visita del Papa Francisco en México, propusieron a los padres de Ayotzinapa asistir a una misa por los desaparecidos del país en Ciudad de Juárez. Precisó que aún no hay nada definido, y continua el diálogo con el episcopado.
El defensor de derechos humanos añadió que el Papa viene a México en un contexto de crisis de derechos humanos y de violencia, y tiene múltiples solicitudes de audiencia, entre ellas la de los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Es posible que los padres de Ayotzinapa se reúnan con el Papa en su visita, dice Vidulfo Rosales

 

Contrario a lo que dijo el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, el abogado de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra aclaró que hay un diálogo fluido y fructífero con el Episcopado Mexicano, sobre la posibilidad de que los padres se puedan reunir con el papa Francisco en su gira por el país, la próxima semana.
Consultado en el primer día del Encuentro Nacional por la Indignación, en el auditorio del sindicato de telefonistas, Rosales Sierra aclaró que los padres no tiene interlocución con el clero, y es a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de jesuitas con quienes se está revisando la posibilidad, a pesar de la oposición del gobierno mexicano y de los grupos de derecha.
En declaraciones en Iguala, el obispo Rangel descartó el encuentro del Papa con el comité Los Otros Desaparecidos y con los padres de los 43, porque están “politizados”, dijo. En particular, consideró incorrecto que los padres de los estudiantes de Ayotzinapa basen sus protestas en gritos, huelgas o protestas.
En declaraciones en Iguala, el obispo reveló que en una reunión en Morelia con el cardenal Alberto Suárez Inda, los padres le gritaron al clérigo, de quien se menciona es uno de los tres obispos más cercanos al papa, por su nombramiento que proviene de una diócesis que antes había tenido un obispado.
Dijo que el tema Ayotzinapa es “incomodo para autoridades, para las élites económicas y de derecha, porque desnuda la corrupción del país”.
Además estimó que el papa no puede negar una palabra de aliento a los padres, cuando el jerarca de la Iglesia católica reconoció en otro momento la grave problemática de México en violaciones a los derechos humanos y sobre desapariciones forzadas.
Precisó que tampoco tienen certeza del encuentro, sin embargo añadió que “hay un avance”.
Al insistir en la posibilidad de una reunión privada, para cuidar la diplomacia con el Estado mexicano, Rosales Sierra aclaró que no les han planteado nada aún, pero entienden que sí hay una intención del gobierno federal de impedir que el papa públicamente dé una palabra de aliento a los padres.
Explicó que la sola mención de los 43 es evidenciar la realidad del país: un Estado delincuencial, coludido con el narcotráfico, y la intención de los grupos conservadores y de derecha es silenciar esas voces.
Apeló a la sensibilidad del Episcopado y del papa con las víctimas de desaparición forzada que sufren por tener hijos asesinados o desaparecidos.
Recordó que en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, policías atacaron a estudiantes, “ese hecho aberrante, deleznable merece una palabra de aliento, las élites no se pueden escudar en que los padres están indignados ante la forma en que funcionarios públicos trataron a sus hijos”.
Estimó que las palabras del papa son importantes para empujar la demanda de presentación de los normalistas. os padres consideran que en un crimen vigilado por todos los agentes de seguridad del Estado que había en Iguala, es imposible que desconozcan el paradero de los normalistas detenidos-desaparecidos.

Marchan en México 9 mil ciudadanos junto a los padres de los 43 contra las reformas estructurales

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se sumaron a la marcha de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Frente Amplio Social Unitario (FASU), contra la política y reformas neoliberales que implementa y proyecta el gobierno federal, bajo el lema “Salario y empleo digno, soberanía alimentaria, unidad social y derechos humanos”.
En la marcha en la que participaron unas 9 mil personas, se hizo presente la demanda de liberación de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, a través de pequeñas pancartas de colores que distribuyeron integrantes del Comité Nestora Libre, de la Ciudad de México.
Las organizaciones campesinas, sindicales y sociales integradas a los colectivos nacionales, en solidaridad con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, llamaron a esta jornada de lucha que comenzó el 26 de enero, día de acción global por Ayotzinapa, y concluyó ayer con esta marcha nacional.
Entre sus demandas que enarbolaron está la presentación con vida de los 43 normalistas, justicia y medidas para la no repetición de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, la libertad de los presos políticos, y solución a los conflictos de los jornaleros de San Quintín, Baja California. En general, la demanda principal fue la abrogación de las reformas estructurales y la construcción de una coalición capaz de sacar adelante una agenda social para transformar al país.
La marcha partió del Ángel de la Independencia con los coordinadores de la jornada nacional en la vanguardia, los representantes sindicales de los telefonistas, de distintas universidades y de organizaciones nacionales, entre ellos, el abogado de los padres y alumnos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, y el representante de los padres de familia de los 43, Melitón Ortega Martínez.
El acuerdo del orden de los contingentes fue que detrás de los representantes sindicales y dirigentes sociales irían los padres de los estudiantes desaparecidos y los normalistas de Ayotzinapa, el Frente Popular Francisco Villa, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) y el Frente Popular Revolucionario (FPR), entre otros.
La marcha comenzó sin incidentes en el Paseo de Reforma, fue monitoreada por policías de Tránsito para agilizar la vialidad, hasta que cerca de la Alameda; antes de entrar al Centro Histórico, el bloque del STUNAM se metió detrás de la vanguardia con sus banderines blancos, frente a los padres de familia.
Alrededor de las 5 de la tarde, la marcha entró al primer cuadro de la ciudad, y comenzó un mitin que duró alrededor de una hora. Subieron al templete los dirigentes de las organizaciones, y después de unos momentos, llevaron a los padres de los 43 a la esquina izquierda del templete.
En su intervención, Rosales Sierra advirtió que el gobierno federal no sólo está aplicando reformas contra la población, “está desapareciendo a los luchadores y a los sindicatos, porque somos los que defenderemos a capa y espada los derechos conquistados, que nos ha permitido tener una vida mejor”.
Señaló que el movimiento de los padres de Ayotzinapa coincide con las demandas de cambio de las organizaciones y sindicatos, y dijo que están decididos a no claudicar hasta lograr la presentación con vida de sus hijos.
Lanzó un mensaje a las autoridades federales sobre la continuidad de esta lucha, “si pensaban que a un año y cuatro meses nos íbamos a cansar y nos íbamos a dividir, decimos ‘aquí estamos’, con los sindicatos, el pueblo y los trabajadores, caminando juntos por un cambio de este modelo económico que nos esta matando”.
Convocó a la reunión nacional por la dignidad que están convocado los padres de los 43 alumnos desaparecidos, este 5 de febrero, en el sindicato de los telefonistas en la Ciudad de México, para analizar y diseñar una estrategia que permita un cambio profundo en el país, sin violencia ni desapariciones forzadas.
En la protesta, activistas del movimiento Nestora Libre distribuyeron carteles exigiendo la libertad de Nestora Salgado García, que ondearon el representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Francisco Jiménez Pablo; el dirigente de la Central Campesina Cardenista, Max Correa; y el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Mario González Aguilera.
En su pronunciamiento, la UNT y FASU llamaron a construir una coalición social capaz de llevar una agenda social para transformar al país y diseñar una plataforma para transformar el régimen económico, político y social de México.
Tras una hora de intervenciones de los líderes, concluyó el mitin político con el canto del Himno Nacional.

Marchan en Oaxaca padres de Ayotzinapa en la tercera caravana por la presentación de sus hijos

En Oaxaca, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala, denunciaron que no hay pruebas científicas que indique que sus hijos están muertos, por lo tanto, van insistir en que el Estado los devuelva con vida, en las acciones de la tercera caravana por la presentación de los estudiantes en 14 estados del país.
La primera actividad fue una conferencia en la sección 75 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que comenzó el padre del normalista desaparecido originario de Oaxaca, Cristián Tomás Colón Garnica, el señor Juan Colón Juárez, demandó la presentación con vida de los estudiantes detenidos desparecidos por policías municipales en Iguala.
Por la tarde, tras una marcha en el primer cuadro de la ciudad, la señora Hilda Legideño, mamá de Jorge Antonio Legideño Vargas, pidió el apoyo de las organizaciones y ciudadanos de la capital oaxaqueña para que las autoridades regresen a sus hijos, “porque ellos se los llevaron y sabemos que ellos los tienen”, aseveró.
En un mitin en el Zócalo frente al Palacio de gobierno, explicó que desde el 26 de septiembre de 2014, madres y padres salieron a buscar a los estudiantes desaparecidos y siguen dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperarlos, “por eso salimos, a pedir que nos acompañen en las acciones globales por Ayotzinapa, para que el gobierno sienta la presión de la sociedad”.
Aseguró que sólo con la solidaridad de la población que se une a las marchas han podido obtener algunos resultados.
Asimismo, María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez Guerrero, denunció que los jóvenes que quieren superarse son blanco del gobierno, y la población no puede permitir que siga desapareciendo a jóvenes y estudiantes.
El papá de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Maximino Hernández señaló que el gobierno “no puede salir del problema en que se metió”, cuando se llevó a 43 estudiantes detenidos, pero se niega a asumir la responsabilidad y decirles con certeza dónde están.
Antes, a las 12 del mediodía, Colón Garnica, vecino del municipio de Tlacolula de Matamoros, a menos de una hora de recorrido de la ciudad de Oaxaca, informó en conferencia de prensa que no hay pruebas científicas que indiquen que sus hijos están muertos, como han dicho las autoridades federales que les piden resignación.
Insistió en que los estudiantes fueron detenidos por policías –agentes del Estado–, y ellos deben decirles dónde están.

Insistirán en que la investigación incluya al Ejército pese a la resistencia de funcionarios, dice Vidulfo

Ante reporteros locales, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló de los avances en la investigación, por la lucha de los padres de familia y el respaldo que recibieron; la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la unidad especial de investigación para que lleve este caso, y la apertura de cuatro líneas de investigación: la búsqueda con vida, la búsqueda sin vida, el quinto camión, y el crimen organizado y su relación con los funcionarios locales.
Aclaró que van a insistir en que se incluya el Ejército pese a la resistencia de autoridades y de la red de funcionarios y políticos de la región Norte que, aunque no lo mencionó, han sido señalados de vínculos con narcotraficantes.
El sobreviviente de los ataques del 26 de septiembre, Ernesto Guerrero recordó que aquella noche vieron como los policías municipales se llevaron a sus compañeros.
También se pronunciaron contra la reforma educativa, que incluye en un apartado por la desaparición de las normales rurales, incluso las públicas estatales y federales, cuya implementación comienza este año con un programa piloto de dos únicas licenciaturas y maestrías de especialización.
A las 5 de la tarde, de la calle Libres, frente al Sindicato de Telefonistas, salió la marcha de protesta encabezada por los padres con unas 700 personas, rumbo al Zócalo, para insistir en sus demanda, y en la solidaridad de la población, bajo la consigna, “no fue el narco, fue el Estado”.
Caminaron 10 cuadras hacia el oeste, una de las madres se santiguó cuando pasaron frente a la catedral y un parque, donde han participado antes en mítines; recordaron que han viajado por el todo el país, incluso al extranjero porque en México recibieron mentiras de las autoridades.
El vocero Felipe de la Cruz denunció que la verdad histórica que daba por muertos e incinerados a los normalistas, “quedó en la historia”, estimó que pronto se sabrá la verdad científica, y por eso continúa el hostigamiento y el acoso, incluso a los expertos extranjeros, mediante una campaña de calumnias.

No son de normalistas los cuerpos hallados en Cocula por la Unidad Especializada para Ayotzinapa, informan

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron que, con base en información extraoficial que se les dio a conocer, los dos cuerpos que fueron hallados cerca del basurero de Cocula por la Unidad Especializada de Investigación del caso Ayotzinapa, son de una mujer y a un hombre mayor, que habrían sido asesinados e inhumados hace aproximadamente dos años.
En estas páginas se dio a conocer que el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra informó que entre el 11 y el 13 de diciembre, cerca del basurero de Cocula, en un sitio conocido como Canal Grande, integrantes de la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa encontraron restos de dos cuerpos en cuya identificación participa el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Consultado sobre este hallazgo, un integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala dio a conocer que fuentes extraoficiales les confirmaron del hallazgo de los dos cuerpos por la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa.
Informó que de los cuerpos hallados uno corresponde a una mujer y el otro a un hombre mayor, y que ambos tenían cerca de dos años de haber sido inhumados, por lo que no se descarta que sean de familiares de miembros del Comité de Los Otros Desaparecidos.
Confirmó que esos dos cuerpos no están entre los cinco que ellos hallaron y que fueron exhumados de tres fosas por peritos y antropólogos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Barranca de la Carnicería, ubicada a 1 kilómetro y medio del basurero de Cocula, exhumaciones del 5 y el 12 de enero.
Solo informó que el Canal Grande está cerca de la zona del basurero y la Barranca de la Carnicería de Cocula, pero los hallazgos realizados por ellos son diferentes a los hechos por la Unidad Especializada para el caso Ayotzinapa.
El 5 de enero, la PGR exhumó de dos fosas cuatro cuerpos en la Barranca de la Carnicería, y el 12 de enero recuperó un cuerpo más a sólo unos metros de los anteriores hallazgos.
En casi 14 meses, familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala han hallado unas 90 fosas clandestinas de las que la PGR ha exhumado 121 cuerpos, y de los que sólo 15 han sido identificados y entregados a sus familiares.

Comparecen ante un juez de Tlapa comunitarios de la Casa de Espino Blanco acusados de privación de la libertad

 

Policías comunitarios de Tototepec, Tlapa, y de la Casa de Justicia de Espino Blanco, con sede en Malinaltepec, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) comparecieron ante el Juzgado Primero de Tlapa ante una demanda de privación ilegal de la libertad, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
En consulta telefónica, informó que el agente del Registro Civil de Tototepec, Fidel Villegas, sometido a reeducación en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia a principios de agosto, se amparó y presentó una demanda por secuestro, pero el juez del fuero común reclasificó el delito y liberó órdenes de aprehensión a 18 comunitarios.
En el proceso penal, dijo Rosales Sierra, los policías comunitarios también se ampararon para decir ante la justicia federal que tienen facultades de seguridad y justicia respaldada por distintas leyes y tratados. Asimismo, este martes y miércoles ofrecieron pruebas documentales ante el juzgado penal en Tlapa para confirmar que la Policía Comunitaria es legal y está facultada para hacer tareas de seguridad y justicia, por lo que no pueden ser acusados de privación ilegal de la libertad.
En consulta telefónica, confió que el lunes, cuando se vence el plazo para definir la situación legal de los implicados, el juez dicte el auto de libertad.
El abogado de Tlachinollan explicó que la Casa de Justicia de Espino Blanco ha tenido un periodo inestable, en dos meses ha retirado a cuatro coordinadores, y en este contexto la comunidad de Tototepec, con una historia larga de división intracomunitaria, llevó a juicio a Fidel Villegas.
Del conflicto en la comunidad, añadió que hay dos grupos contrarios, uno en el que participa Villegas y otro que es parte de la Policía Comunitaria de Tototepec.
Debido a que los hijos del funcionario comenzaron a cometer agravios contra vecinos con la venia de su papá, los comunitarios retuvieron a Villegas y lo trasladaron a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Rosales Sierra destacó que con dos amparos en proceso, el juez se enfrenta a una controversia y debe definir la legalidad de la institución comunitaria este lunes, cuando termina el plazo para definir su situación legal.
Recordó que los juzgados y ministerios públicos locales han evadido analizar los caso de la CRAC que llegan al sistema judicial, aunque existe el precedente de sentencias federales que reconocen a la institución de los pueblos como parte del cuerpo de seguridad pública del Estado, que se establece en la Ley 701.
Por ejemplo, señaló que en la apelación a favor de los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrero, entre otros acusados y presos por delitos del fuero común, un Juez de Distrito determinó que no podrían ser acusados de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, porque sus acciones se enmarcan en sus funciones como policías comunitarios.
Indicó que el juez, dijo que actos de la CRAC deben ser asemejados a actos de autoridad, porque están reconocidos. Incluso, dijo que hay sentencias por la portación de armas de fuego, donde establece que pueden usar armas que no sean del uso exclusivo del Ejército. Añadió que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, tramitó un permiso en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el uso de armas de bajo calibre.
No obstante, todos los jueces locales y el Ministerio Público han sido renuentes, “sí han sido cerrados para aceptar un criterio más garantista, analítico donde digan si la Policía Comunitaria es legal o no”, explicó.