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Comparecen ante un juez de Tlapa comunitarios de la Casa de Espino Blanco acusados de privación de la libertad

 

Policías comunitarios de Tototepec, Tlapa, y de la Casa de Justicia de Espino Blanco, con sede en Malinaltepec, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) comparecieron ante el Juzgado Primero de Tlapa ante una demanda de privación ilegal de la libertad, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
En consulta telefónica, informó que el agente del Registro Civil de Tototepec, Fidel Villegas, sometido a reeducación en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia a principios de agosto, se amparó y presentó una demanda por secuestro, pero el juez del fuero común reclasificó el delito y liberó órdenes de aprehensión a 18 comunitarios.
En el proceso penal, dijo Rosales Sierra, los policías comunitarios también se ampararon para decir ante la justicia federal que tienen facultades de seguridad y justicia respaldada por distintas leyes y tratados. Asimismo, este martes y miércoles ofrecieron pruebas documentales ante el juzgado penal en Tlapa para confirmar que la Policía Comunitaria es legal y está facultada para hacer tareas de seguridad y justicia, por lo que no pueden ser acusados de privación ilegal de la libertad.
En consulta telefónica, confió que el lunes, cuando se vence el plazo para definir la situación legal de los implicados, el juez dicte el auto de libertad.
El abogado de Tlachinollan explicó que la Casa de Justicia de Espino Blanco ha tenido un periodo inestable, en dos meses ha retirado a cuatro coordinadores, y en este contexto la comunidad de Tototepec, con una historia larga de división intracomunitaria, llevó a juicio a Fidel Villegas.
Del conflicto en la comunidad, añadió que hay dos grupos contrarios, uno en el que participa Villegas y otro que es parte de la Policía Comunitaria de Tototepec.
Debido a que los hijos del funcionario comenzaron a cometer agravios contra vecinos con la venia de su papá, los comunitarios retuvieron a Villegas y lo trasladaron a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Rosales Sierra destacó que con dos amparos en proceso, el juez se enfrenta a una controversia y debe definir la legalidad de la institución comunitaria este lunes, cuando termina el plazo para definir su situación legal.
Recordó que los juzgados y ministerios públicos locales han evadido analizar los caso de la CRAC que llegan al sistema judicial, aunque existe el precedente de sentencias federales que reconocen a la institución de los pueblos como parte del cuerpo de seguridad pública del Estado, que se establece en la Ley 701.
Por ejemplo, señaló que en la apelación a favor de los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrero, entre otros acusados y presos por delitos del fuero común, un Juez de Distrito determinó que no podrían ser acusados de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, porque sus acciones se enmarcan en sus funciones como policías comunitarios.
Indicó que el juez, dijo que actos de la CRAC deben ser asemejados a actos de autoridad, porque están reconocidos. Incluso, dijo que hay sentencias por la portación de armas de fuego, donde establece que pueden usar armas que no sean del uso exclusivo del Ejército. Añadió que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, tramitó un permiso en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el uso de armas de bajo calibre.
No obstante, todos los jueces locales y el Ministerio Público han sido renuentes, “sí han sido cerrados para aceptar un criterio más garantista, analítico donde digan si la Policía Comunitaria es legal o no”, explicó.

Es definitivo el cese de la Policía Comunitaria en Tototepec, Tlapa, dice el comisario afín al PRI

 

El comisario municipal afín al PRI, de la comunidad de Tototepec, municipio de Tlapa, Laurencio Gálvez Alarcón y su comitiva informaron que el acuerdo de suspender las funciones de la Policía Comunitaria en el poblado es definitivo por la violación a los derechos humanos y porque la han usado como instrumento para “ajustar cuentas políticas”.
En una entrevista en Tlapa, lamentó los señalamientos contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de que hubo dinero de por medio para la liberación de Fidel Villegas, “con eso sólo afectan a la policía, de la que forman parte y promueven”.
Como vecinos aceptamos el trabajo de la CRAC-PC y sus lineamientos internos apegados a los derechos humanos, expuso y agregó, “los coordinadores actuaron bien y eso lo reconoce la familia Villegas, a quien le dejaron ver a su familiar y recibieron todas las pruebas que permitieron su liberación”.
Desmintió que en los Bienes Comunales de Tototepec hubiera una asamblea para designar al presidente del comisariado y al Consejo de Vigilancia, “por ese motivo se desconoce a Honorio Bonilla Morales como presidente, porque no han emitido la convocatoria ni se realizó una asamblea para que se reunieran los mil 606 comuneros o el 50 (por ciento) más uno para hacerla”.
Aunque dijeron tener información de que las actas habían sido enviadas al Registro Agrario Nacional (RAN).
Los vecinos dijeron que desde la elección del comisario en enero de 2015 se agudizaron los conflictos en el poblado y desde entonces hay dos comisarios municipales.
El 10 de abril se acordó no hacer uso del inmueble hasta el 2016, después de elegir a un comisario y se estableció que la Policía Comunitaria estaría al margen.
Los detenidos serían entregados a cada comisario, según su grupo, para que determinaran qué hacer con ellos, “pero no sucedió así y detuvieron a Fidel Villegas”.
Dijeron que Fidel Villegas fue detenido el 4 de agosto por policías comunitarios de Tototepec, por lo que iniciaron algunas pláticas con los coordinadores de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, para pedir su liberación ya que las acusaciones no tenían sustento.
Los vecinos abundaron que Fidel Villegas fue señalado de cometer despojo, tentativa de homicidio y usurpación de funciones, pero estos delitos no se encuentran dentro del reglamento de la CRAC y no eran de su competencia.
De la tentativa de homicidio, los vecinos dijeron que fue un “incidente con sus sobrinos, nietos y pobladores que resultaron atropellados y lo acusaron de autor intelectual, cuando él no había participado y el coche no era suyo”.
Agregaron que por eso se acercaron a la Casa de Justicia de Espino Blanco para hablar con los coordinadores, César Ramírez Bello, Jesús Reyes Basurto, Jesús Cesáreo Sánchez y Valerio Basurto Sánchez, después de tres meses de diálogo y varias sesiones, el 14 de noviembre, después de deliberar más de 12 horas en una asamblea pública, se liberó a Fidel Villegas, pese a la oposición del grupo de la Policía Comunitaria de Tototepec.
Dijeron que los vecinos que denunciaron y parte de la CRAC encabezados por Fernando Montalvo no acudían a las reuniones en Espino Blanco, y concluyeron que “la usaban para desquitarse de manera política y ahora como se actuó con responsabilidad, insultan a los coordinadores diciendo que agarraron dinero”.
Dijeron que en las reuniones de la CRAC-PC en Espino Blanco se habló de liberar a Fidel Villegas y del cese de sus labores en Tototepec, lo que se acordó el 13 de diciembre con una votación de 27 a favor y tres en contra.
Agregó que será el comisario del poblado el que desarme a los comunitarios y dé de baja las armas registradas en Espino Blanco.
En Tototepec hay dos comisarios y se espera que la primera quincena de enero se designe a uno y se ocupe de nuevo el inmueble de la Comisaría.
Dijo que la familia Villegas no pretendía desacreditar al Sistema de Justicia Comunitario cuando denunciaron ante los medios de comunicación que les pedían dinero para su liberación, “el señalamiento era para la PC de Tototepec, porque en la Casa de Justicia los coordinadores actuaron imparciales, recibieron todas las pruebas y argumentos, y concluyeron que no había motivo para la reeducación”.
Remarcaron que no sobornaron a nadie y la decisión fue porque algunos delitos no estaban dentro del reglamento, faltaron pruebas, las imputaciones eran indirectas y se podían resolver dentro de la comunidad sin la intervención de la CRAC.
Además dijeron que la Policía Comunitaria estaba en manos de un grupo que viola los derechos humanos, con quienes no estaban de acuerdo y no participaron en acciones como la balacera el 5 de abril contra pobladores, que derivó en el cierre de la Comisaría.