El 28 de mayo tuvo ocasión el “Foro Guerrero Minero 2025” en Chilpancingo. Se reunieron directivos de cinco empresas mineras que operan en Guerrero, principalmente en la zona Centro y Tierra Caliente. Con euforia y optimismo celebraron que las tierras surianas están comprendidas dentro del Cinturón de Oro de la Sierra Madre del Sur, lo que lo convierte en un polo de inversión y desarrollo. Por su parte, las autoridades se unieron al optimismo empresarial y dijeron que donde se asienta una unidad minera se detona un polo de desarrollo.
La realidad dista mucho de la euforia extractivista. La minería en México es el símbolo de la opresión, explotación y saqueo voraz de los colonizadores. En el pasado miles de toneladas de oro y plata fueron llevadas de estas tierras. El desarrollo y modernización de la Europa bárbara y periférica, en buena parte, obedece a este saqueo monumental. Nuestros pueblos poseen tanto oro y plata que los saqueadores no se llevaron todo. Ahora, vienen por el resto.
El saqueo de nuestros bienes naturales se ha justificado históricamente con las promesas de desarrollo y progreso para los lugareños, pero los únicos que se han enriquecido son las empresas mineras, mientras los pueblos han quedado con sus territorios destruidos, sin trabajo y en la desolación.
La minería moderna o a cielo abierto, para extraer minerales, destruye cerros completos y vierte cianuro y otros contaminantes al suelo y a los mantos acuíferos causando graves daños ecológicos.
Los contratos de ocupación de las tierras son por 50 años prorrogables a un plazo igual, el pago por la tierra es irrisorio para ejidatarios y comuneros. Si bien es cierto hay empleos para los locales, pero es para mano de obra no calificada, los puestos de mayor relevancia los ocupa personal de fuera. La relación que mantiene con las autoridades de los pueblos afectados es asimétrica. Se les mira como empleados, no como autoridades con las que se debe mantener una relación horizontal.
Por lo demás, la actividad minera no genera ingresos para el erario público, Guerrero obtiene más del turismo que de la minería. Las ganancias millonarias se las llevan las empresas extranjeras.
En Guerrero las condiciones de los pueblos donde se asentaron las empresas mineras no mejoraron, al contrario, se han generado conflictos sociales. Sólo Carrizalillo logró tener una relación más o menos horizontal con la minera canadiense Equinox Gold a fuerza de sendas movilizaciones de sus pobladores.
Carrizalillo era el ejemplo de prosperidad compartida, buenas relaciones construidas con la comunidad. Sin embargo, en los últimos años la relación se volvió tensa porque la empresa empezó a incumplir sus compromisos en materia de salud, educación, empleo, conservación del medio ambiente y dotación de agua. La falta del vital líquido en la comunidad fue el punto de quiebre.
En el año 2020 los ejidatarios bloquearon la entrada de la minera en protesta por el incumplimiento. Ésta interpuso sendas acciones legales contra la comunidad, aduciendo que obstruyeron los trabajos de la empresa, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas. Demandó el pago de millones de pesos. En una audiencia, el comisariado de Carrizalillo le dijo al magistrado del Tribunal Unitario Agrario de Iguala: “licenciado, cómo es posible que prestes tu casa y después el forastero te quiera cobrar renta, así la empresa, está ocupando nuestras tierras, contaminando, destruyendo y todavía nos quiere cobrar”.
En efecto, de las 969 hectáreas de tierras propiedad de Carrizalillo la minera canadiense Equinox Gold ocupa 782, las tierras de cultivo, para el pastoreo de ganado y los manantiales de agua están en poder de la minera. Al día de hoy no tienen tierras ni agua, sólo el asentamiento humano donde tienen sus casas.
En 2019 el ejido todavía contaba con un manantial de agua limpia, pero la minera les dijo que se lo rentaran, a cambio les daría agua de la misma calidad. Se comprometió a traerla del ejido de Tlipajapa pero no cumplió. Hizo unos pozos de manera provisional cerca de la comunidad, pero resultó que el agua tiene altos niveles de aluminio, arsénico, hierro, manganeso, plomo, cadmio, mercurio y zinc cuyos niveles rebasan lo que la norma oficial mexicana establece para el consumo humano. A la fecha los pobladores tienen que comprar pipas y garrafones de agua.
Sin tierras ni agua, los cerros convertidos en hoyos profundos, las llanuras en lagunas llenas de cianuro, la pregunta es ¿de qué vivirán en Carrizalillo cuando la minera se vaya? Si esta comunidad que logró construir relaciones más equitativas con la minera está devastada y tiene un futuro incierto ¿qué será de las demás? Aquí no hay prosperidad compartida. Las ganancias millonarias han sido para las mineras no para los pueblos que sólo tienen contaminación, destrucción de sus territorios y desolación.
Lo paradójico es que este gobierno siga incentivado la minería, promoviendo falsas promesas de prosperidad compartida, mientras tanto, la Ley minera facilita la devastación de los territorios dejando a los pueblos en la indefensión.
La reforma a la Ley minera en el gobierno anterior, sólo protegió al litio, pero se omitió incorporar el deber de consultar a los pueblos indígenas antes de otorgar concesiones, explorar o explotar minerales en sus territorios, no se disminuyó la temporalidad que las mineras pueden ocupar las tierras que sigue siendo de 50 años prorrogables a un tiempo igual, no se obliga a las mineras a realizar un monitoreo ambiental, mitigación de impacto ecológico, mucho menos a restaurar el territorio al cierre de sus operaciones.
Mientras las empresas mineras en Guerrero llevan años saqueando el oro y la plata enriqueciéndose a manos llenas, nuestro estado sigue ocupando los primeros lugares de pobreza y marginación, ¿Dónde está la prosperidad compartida?
Cuando se trata de enfrentar y limitar la voracidad de las empresas mineras, de banqueros y las élites financieras, la 4T ha sido pusilánime. Mantiene un pacto de no afectar a la clase capitalista sacrificando a campesinos, ejidatarios, pueblos indígenas y obreros.
Teniendo mayoría en las cámaras, pudo reformar la Ley minera para proteger las tierras de comuneros y ejidatarios, el artículo 2 constitucional otorgando la propiedad ancestral de los territorios y bienes naturales de los pueblos indígenas, abrogar la Ley del ISSSTE para que trabajadores del estado tengan una jubilación y pensión dignas, pero eso implicaba afectar a las empresas mineras y extractivistas, a los banqueros y las élites financieras. Es mejor sacrificar a los de abajo y congraciarse con los ricos.
Esos son los límites y contradicciones de la 4T, incapaz de profundizar y empujar la transformación a la izquierda.

Las relaciones de producción del capitalismo han estado marcadas por una lu-cha asimétrica entre patrones y tra-bajadores que constantemente demandan mejor salario, prestacio-nes y condiciones laborales dignas. Varias han costado sangre de la clase obrera.
Las ideas del socialismo que irradiaron Europa en el siglo XX y las luchas del proletariado obligaron a patrones y gobiernos a dar-les mejores condiciones. La bipolaridad del mundo fue un contrapeso para los capitalistas que terminaban cediendo ciertos derechos para los trabajadores. Las circunstancias cambiaron con la caída del socialismo real. Las políticas del libre mercado se erigieron como norma en el mundo. Los grandes sindicatos se diluyeron y todo lo que oliera a derechos sociales se proscribió del debate político. Por si fuera poco, las máquinas y el avance tecnológico sustituyeron el trabajo manual casi por completo.
En este contexto todo reclamo de los trabajadores se satanizó. En el capitalismo moderno no cabía la inconformidad de los trabaja-dores. El triunfo del capitalismo había traído movilidad social y confort para las fami-lias, para qué cuestionar el orden económico que trajo progreso. Mientras tanto en el mundo real millones empobrecían y unos cuantos se enriquecían de manera obscena. Bajo esta narrativa subyacían significativas pérdidas de conquistas laborales.
Los contratos colecti-vos prácticamente desaparecieron y surgieron nuevas figuras en el mundo laboral, como la terce-rización. Los trabajadores yacen en la indefensión. Sin prestaciones sociales y frente a accidentes de trabajo son despedidos sin más. Como parte de esta ola de precarización laboral, los gobiernos neoliberales reformaron las leyes desmantelando las conquistas históricas de los trabajadores. Una de estas fue la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que entre otras cosas prolongó la edad de la jubilación y sustituyó el esquema de pensiones solidarias por uno individual administrado por las Afores y para complicar la situación en 2016 se modificó el sistema de pago de multas y obligaciones, de salarios mínimos a UMAS (Unidad de Medida y Actualiza-ción)  impactándose a los traba-jadores porque el pago de pensiones se realiza mediante este sistema.
Estas y otras medidas fueron de corte neoliberal y favorecieron a los banqueros y empresas que ad-ministran las Afores. En el sexenio de AMLO los bancos obtuvieron ganancias superiores a un billón 178 mil millones, el doble que en el gobierno de Peña Nieto que fue de 620 mil millones de pesos. Mientras que las Afores obtuvieron 134 mil millones en la década reciente. Tan sólo en cuatro meses de 2025 ob-tuvieron una ganancia neta de 4 mil 702 millones de pesos por admi-nistrar el dinero de las pensiones (Luis Hernández Navarro, La Jornada 20 de mayo de 2025).
La abrogación de la Ley del ISSSTE que reclaman los maestros de la CNTE implica quitar estos privilegios a los ricos y exigirles que paguen más im-puestos; conllevaría también a una reforma fiscal que grave al capital, así el gobierno no se quejaría de que no hay dinero.
Ese es el punto medular del debate y de las definiciones de un gobierno que hasta ahora no ha tocado ni un ápice a los ricos. La apuesta por los pobres es mera-mente simbólica y parte de una narrativa significativa, pero que se requiere acompañarla de reformas que graven al capital y devuelvan a los trabajadores su dinero.
El gobierno se encuentra en esa disyuntiva de quitar a los ricos un poco de lo que se embolsan o dejar las cosas como están, enarbolando un discurso que favorece a los pobres, pero con insuficiencia presupuestal para hacer vigentes sus derechos. De poco habrán servido las reformas constitucionales de septiembre pasado si no hay dinero. Quedarán como derechos progra-máticos de difícil cumplimiento.
La lucha de la CNTE coloca al gobierno en una posición incómoda, por eso les irrita. Los obliga a definir de qué lado están: con los banqueros o con los trabajado-res. Tocará al capital o dejará que los trabajadores sigan padeciendo la precariedad y jubilándose en condiciones indignas.
Hoy toca a los trabajadores del campo y la ciudad acuerparnos con la CNTE. En las calles de la Ciudad de México se libra una batalla decisiva entre la clase trabajadora y los ricos, hasta ahora respaldados por el gobierno.
Lo que reclaman los maestros de la CNTE es el dinero de sus pensiones que usufructúan las empresas y una jubilación digna. Fue una promesa de campaña del gobierno anterior y del actual. Han esperado pacientemente por más de siete años, es justa y legítima su exigencia. Hoy los maestros alzan la voz con dignidad y reclaman lo que les corresponde y no sólo para ellos sino para otros trabajadores al servicio del Estado e incluso los que cotizan en el IMSS que están casi en las mismas condiciones.
La lucha de la CNTE ha venido a remover las aguas en la izquierda colocándonos en una disyuntiva. Profundizamos los avances, obli-gando a una distribución más equi-tativa de la riqueza, quitando a los ricos algo de lo que escandalosa-mente han acumulado o dejamos que las cosas sigan como hasta ahora, en un mar de adulación al gobierno, conformándonos con una narrativa que favorece a los pobres.
Es momento de definir el derrotero de la izquierda: se pro-fundiza en la transformación pi-sando callos a las oligarquías o se continúa con un discurso simbólico por los pobres, pero cogobernando con las élites económicas.
El énfasis del gobierno por los que menos tienen es importante pero es declarativa. Los programas sociales junto a las reformas constitucionales del mes de septiembre del año pasado (igualdad sustantiva, derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, salud y vivienda) son importantes, pero el problema es que se requiere dinero para hacerlos efectivos; de lo contrario, serán meras proclamas de gobierno.
Todos los que estamos en la izquierda debemos abrazar la lucha de la CNTE reconociendo que los maestros que la integran son la punta de lanza que exige profundizar la transformación. La lucha no es contra la presidenta o Morena, mucho menos contra los militantes de a pie; la batalla que se libra es contra las oligarquías ra-paces que esquilman a los pobres.

Es un hecho que las agresiones a líderes sociales, defensores de la naturaleza y periodistas han persistido en este gobierno. Diversos informes de organizaciones de derechos humanos y organismos como Naciones Unidas han documentado más de 200 agresiones, entre las cuales figuran más de 20 asesinatos.
El gobierno se ha deslindado diciendo que son perpetradas por actores no estatales, que este gobierno es diferente y no reprime. En efecto, la mayoría de las agresiones fueron perpetradas por particulares, sin embargo, el gobierno ha contribuido para crear un clima adverso y hostil que deja en la indefensión a los luchadores sociales y periodistas. En seguida esbozamos algunos elementos.
Primero, el gobierno anterior y en menor medida el actual, han atacado con virulencia a las organizaciones sociales, se les adjetiva de mediadores y responsabiliza de quedarse con los recursos públicos destinados a la gente de las comunidades, barrios y colonias. Incluso en su última visita a Acapulco la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los recursos para la reconstrucción se entregaron de manera directa y no a través de “organizaciones”.
En realidad, eran instancias de gobierno las que incurrían en tales actos. Los recursos federales pasaban por los estados, delegaciones y municipios y las comunidades quedaban sin nada. No se puede atribuir estas acciones a las organizaciones sociales.
Por el contrario, las organizaciones sociales de izquierda han jugado un papel importante en la movilización popular, así como para elevar la conciencia de clase, eso permitió por años la supervivencia de la izquierda en México golpeada y perseguida por gobiernos autoritarios. Cuando los partidos flaquearon, la organización y las luchas populares emergieron, cuestionando la legitimidad y exhibiendo las contradicciones del sistema político y económico imperante, como en el 68 con la primavera estudiantil, en los años 70 con las luchas guerrilleras, en los noventa con el movimiento Zapatista y recientemente las insurrecciones populares de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, el Cecop en Guerrero, la insurrección magisterial de la CNTE y el levantamiento popular por la desaparición de los 43.
Con el ascenso de Morena al poder se pretende anular y desdibujar las luchas populares independientes. Desde el poder presidencial se les descalifica, insulta y denuesta. Los encasillan con las organizaciones y partidos de derecha para deslegitimarlos y enlodar su trayectoria.
Segundo, a menudo el gobierno niega su responsabilidad por los asesinatos a dirigentes sociales y periodistas. Sostiene que tales agresiones fueron cometidos por agentes no estatales.
La aseveración es debatible, pero más allá de esto, el gobierno tiene la obligación de cumplir con uno de los principios fundamentales de la Convención Americana: el deber de respeto y garantía. El primero consiste en impedir que a las personas bajo su jurisdicción les sean vulnerados sus derechos y el segundo en prevenirlas razonablemente. Este último se traduce en acciones positivas a cargo del Estado, como la realización de investigaciones de amenazas previas a defensores y periodistas, dictar medidas de protección, evitar descalificaciones y criminalización de sus luchas y su quehacer. Resulta ilustrativo para el tema, el caso familia Barrios vs Venezuela que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los primeros integrantes de esta familia fueron asesinados por la policía, otros más por particulares. En el primer caso el Estado venezolano aceptó la responsabilidad, pero por los últimos la negó, aduciendo que fueron ultimados por particulares, la Corte IDH condenó al Estado, estableciendo que tenía un deber de garantía que no cumplió, la familia había sido hostigada por la policía y las autoridades, sus integrantes sufrieron amenazas previas y el gobierno no tomó medidas para prevenir las agresiones por lo tanto era responsable.
Este criterio se podrá cuestionar porque viene de un organismo internacional de derechos humanos, pero habría que reflexionar sobre la validez intrínseca del fallo, como un precedente que oriente las acciones de un gobierno de izquierda. No criminalizar a los que luchan por un cambio, dictar medidas de protección ante eventuales amenazas que sufran, investigar las agresiones y castigar a los responsables y sobre todo reconocer que se está asesinando a los que luchan por un mundo mejor y que es necesario desplegar acciones preventivas para que esto no ocurra.
Un tercer elemento es la verticalidad de la Cuarta Transformación y su contumaz rechazo a la crítica y al debate, por el contrario, se exalta y premia el culto a la personalidad y la adulación a los dirigentes, allí no caben el disenso político entre correligionarios. Cientos de líderes sociales y militantes tienen que callar para no enfrentar el escarnio y la descalificación de propios y extraños.
Nos queda claro que los señalamientos de la derecha y ultraderecha son infundados, falsos y de mala fe, además devienen de personajes manchados por la corrupción y obviamente se les tiene que responder con firmeza, evidenciar sus contradicciones y su doble moral, pero no se debe tratar con el mismo rasero a los luchadores sociales que vienen de la izquierda, del movimiento social que lucha por un cambio, a los militantes de a pie de Morena que despliegan críticas constructivas, un debate y diálogo fraterno para orientar el rumbo de la lucha por un mañana mejor.
Sin embargo, hoy día, se vislumbra un ambiente de poca tolerancia y escucha a quienes señalan yerros en el gobierno y su partido. Quienes tienen la osadía de hacerlo enfrentan la descalificación a ultranza, los vituperios e infundios que se orquestan desde la esfera del poder, que en seguida replican en redes sociales y medios de comunicación alineados al actual gobierno.
Por ejemplo, la semana pasada en una conferencia mañanera el connotado periodista Julio Hernández López que dirige la columna y programa Astillero, denunció el extractivismo contra comunidades y acusó a algunos funcionarios de dar la espalda a los pueblos. A la presidenta le crispó el comentario y rechazó la aseveración. Horas más tarde saldrían artículos y comentarios en redes sociales denostando a Julio, insultándolo de manera vil y ramplona, sin el mayor análisis.
Así, desde el gobierno se va creando un ambiente hostil contra los luchadores sociales y periodistas que señalan las injusticias y los yerros del gobierno, contra estudiantes de las Normales Rurales que se sienten interpelados por una realidad donde todavía pesan las desigualdades y cunde la miseria, contra maestros y trabajadores en precariedad laboral y contra las víctimas que claman acceso a la verdad y la justicia.
Estos descontentos que toman forma de protesta en las calles, en tribunas populares, de debates en reuniones y foros, son cuestionados y descalificados con virulencia.
En este mar de hostilidad impulsado desde el gobierno y la clase política dominante, a cualquier gobierno, cacique o grupo delictivo le sale barato agredir a un defensor de derechos humanos o periodista, como pasó con Samir Flores en Morelos, Arnulfo Cerón Soriano en Tlapa, Marco Antonio Suástegui o con el periodista Anwar Delgado Peralta que en días recientes fue amenazado por un diputado local.

El Jueves Santo el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa en su homilía dijo que el amor al prójimo se traduce en dar la vida para que el otro viva, en alusión a la muerte de Jesús que de acuerdo con La Biblia dio su vida por nosotros. Al día siguiente Marco Antonio Suástegui era acribillado en la playa Icacos, su único delito fue luchar por el agua y la tierra, defender a su gente de la voracidad de los ricos.
Esa ha sido una de las máximas de la lucha por la construcción de un mundo nuevo. Uno de los principios que guían a aquellas mujeres y hombres que han decidido dejar el confort personal y aportar para un mañana mejor. Esa ruta es escabrosa. Los que la transitan, saben que hay que enfrentar a los poderosos y el aparato de Estado a su servicio. Muy probablemente morir en el intento. De ahí emergieron las consignas de la izquierda: “vencer o morir”; “patria o muerte, venceremos” o “es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. Preceptos que muchos luchadores sociales decidieron llevar hasta las últimas consecuencias. No se arredraron y no claudicaron.
Figuran en el pódium de la historia hombres de la talla de Espartaco, Mahatma Ghandi, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Salvador Allende y sin duda el ícono mundial de las luchas de la izquierda, Ernesto Che Guevara.
Este último es considerado un emblema de la rebeldía, la osadía para enfrentar a los poderosos, mística y valor a toda prueba. El Che tomó el fusil para luchar por libertad de Cuba. Al triunfo de la revolución se convirtió en alto funcionario. Lo dejó todo para irse a luchar por la libertad en Bolivia. Herido en combate fue llevado prisionero a una escuela en la comunidad de La Higuera. Allí fue ejecutado. Hasta el último momento enfrentó a su verdugo. Lo miró a la cara y le dijo: ¡Dispara cobarde que vas a matar a un hombre! Al tiempo que el sargento Mario Terán tembloroso y cerrando los ojos jalaba el gatillo.
La figura del mítico guerrillero inspira las luchas de los oprimidos en el mundo, no hay movilización en el orbe donde no resalte su efigie en todo lo alto. En el fragor de las batallas que se libran contras los poderosos y sus esbirros, las consignas de “patria o muerte” y “vencer o morir” resuenan y nos mantienen en pie con miras a la victoria por ese mañana mejor.
Así como el Che otros compañeros ofrendaron su vida por mejores condiciones para los oprimidos. En Guerrero, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas tomaron las armas llevando en el corazón las más altas aspiraciones del pueblo: un mundo más justo.
Recientemente otros luchadores sociales en Guerrero como Arturo Hernández Cardona, Ranferi Hernández Acevedo, Rocío Mesino, Luis Olivares, Antonio Vivar, Arnulfo Cerón, Vicente Iván Suástegui Muñoz y ahora Marco Antonio Suástegui Muñoz fueron asesinados porque luchaban por defender el agua, la tierra, la salud, la educación, la libertad y la justicia, peleaban por un mundo mejor, porque los demás viviéramos en una sociedad más justa e igualitaria, donde pudiéramos tener pan y techo y no ser tratados como ciudadanos de segunda.
Sufrieron ataques, descalificaciones, persecución y toda clase de vituperios. Marco Antonio Suástegui fue encarcelado en tres ocasiones y tenía más de seis procesos penales en su contra, lo descalificaron y tacharon de delincuente en campañas subrepticias orquestadas desde el gobierno.
Las de los compañeros eran voces incómodas y su acción rupturista con el sistema político y económico. De una u otra forma habría que silenciarlos. En todos los casos se usó a la delincuencia organizada para eliminarlos. No fueron las fuerzas de seguridad las que actuaron. Así, los costos políticos para el gobierno son mínimos, es más, han eludido su responsabilidad diciendo que no fue el Estado sino la delincuencia, algún problema en lo personal habrán tenido, por lo tanto, sus asesinatos no están relacionados con sus luchas, sino que responden a otras cuestiones.
El problema es que no ha investigado estos crímenes, dilucidarlos permitiría saber cuál fue el móvil, se establecería si las agresiones están relacionadas con su lucha o tuvieron otras motivaciones. Su omisión y silencio los coloca del lado de los responsables.
En los casos de Arturo Hernández Cardona y Arnulfo Cerón desde el gobierno municipal se les agredió. Un gobierno municipal en connivencia con el crimen organizado. Desde allí se les atacó y descalificó con la complacencia de las autoridades estatales, que los respaldaron en todo momento, dando la espalda a los luchadores sociales.
El gobierno del estado en ese entones recibía al presidente de Iguala, dialogaba con él, el PRD lo consideraba su correligionario, con suficiente dinero como para financiar campañas y por lo tanto, necesario para sus fines políticos pragmáticos. Arriba sabían de sus nexos delincuenciales, sabían que en Iguala desaparecían a personas a la luz del día, pero nada hicieron. Así le fueron dando permiso para actuar a sus anchas, hasta que mataron a Arturo Hernández Cardona y ni así actuaron para frenarlo, de no ser por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el caso de Arturo Hernández Cardona seguiría en la total impunidad.
Arnulfo Cerón fue atacado desde el poder municipal de Tlapa, una camarilla de derechistas advenedizos que se incrustó en el gobierno con las siglas de Morena lo atacó con virulencia. El defensor indígena nunca se doblegó, lo descalificaron y calumniaron. Arnulfo públicamente los encaró y les demostró que los corruptos eran ellos. No les quedó de otra que silenciarlo.
Por otro lado, a casi un mes del asesinato de Marco Antonio Suástegui las autoridades no tienen ningún avance en las investigaciones, a pesar de haber sido ultimado ante decenas de testigos, a la luz del día, en un lugar público sumamente transitado, junto a grandes hoteles con cámaras de seguridad, la Fiscalía de Guerrero no tiene ninguna pista del asesino. Mientras la Fiscalía permanece pasmada, los asesinos con toda impunidad fueron a robar dos motocicletas de Marco Antonio.
En estas circunstancias es difícil creer que la Fiscalía no tenga pistas de un pistolero solitario que asesinó a Marco y se fue caminando por la playa, que no sepan su identidad, que los investigadores no hayan entrevistado a los trabajadores que atestiguaron el hecho. ¿Los aparatos de inteligencia y la Marina no saben qué grupo delictivo opera en la playa? ¿no saben cómo hostigaban a Marco Antonio? Claro que lo saben, pero algún pacto tiene con los delincuentes por eso no investigan y se hacen los desentendidos.
Los luchadores sociales fueron silenciados porque optaron por defender a los de abajo, porque peleaban por la justicia, la libertad e igualdad. Lo más sencillo hubiese sido quedarse en el confort de su casa atendiendo a su familia. Cuando los amenazaron pudieron hacerse a un lado y dejar que las aguas se calmaran. Recuerdo que a Marco Antonio y a Arnulfo les advertimos de los riesgos a su vida, era mejor hacerse a un lado. Rechazaron esa posibilidad. Ellos no dejarían de luchar. Estamos luchando por la vida, “no tengo nada que temer” respondió Arnulfo.
No permitamos que los crímenes contra quienes defendieron a los de abajo queden en la impunidad. Es menester alzar la voz y exigir justicia para ellos. La marcha del 8 de mayo es un buen inicio.

(Segunda y última parte)

Después de la asamblea de El Campanario donde Marco Antonio Suástegui y los campesinos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) triunfaron al descarrilarla, el 14 de agosto de 2005, decenas de comunidades empezaron a adherirse a la lucha contra la presa. Por su parte el gobierno realizó otra asamblea el 23 de agosto de 2005, llevándola, ahora, a la comunidad de San Juan Chico, municipio de San Marcos, para evitar que los del Cecop la estropearan. Cientos de policías resguardaron poniendo retenes en la carretera federal para impedir el paso de los inconformes. Sendos enfrentamientos tuvieron ocasión, pero la asamblea se realizó.
Marco Antonio juzgó necesario impugnar por la vía legal las asambleas. La movilización social por sí sola no era suficiente, más cuando el gobierno los tachaba de rijosos que se oponían al desarrollo. Como pudo contactó a los abogados de Tlachinollan. Nos contó su lucha. Quedamos sorprendidos por su arrojo, la fuerza de sus palabras y su determinación. Estaba informado de las afectaciones que la hidroeléctrica ocasionaría a su pueblo, era un hombre con fuertes convicciones por la defensa del agua y la tierra. Decidido a todo. Fue claro al decirnos: “A la CFE y al gobierno no le vamos a dar ni un centímetro de tierra”.
Nos dijo que teníamos que acompañar la lucha legal impugnando las asambleas agrarias turbias e ilegales del gobierno. Muy pocos abogados conocíamos la materia agraria, pero al oír a Marco no nos quedó más que aceptar.
La Ley Agraria dispone de sendas formalidades y requisitos para una asamblea de comuneros. La mayoría habían sido vulnerados por el gobierno. Los abogados de Tlachinollan argumentaron en los tribunales agrarios que las asambleas deberían ser con formalidades esenciales y no simples. En las primeras, de acuerdo con la Ley, se necesita convocar con mayor anticipación y mayorías calificadas. Las realizadas por el gobierno no cubrían este requisito y no lo podrían hacer porque el padrón se componía de 7 mil 286 comuneros frente a 40 mil avecindados, además no estaba actualizado, varios comuneros ya no vivían o estaban fuera de Cacahuatepec. El tribunal resolvió en contra del Cecop. Adujo que esas asambleas eran simples no se necesitaban mayoría calificada por que en realidad se trataba de una decisión en la que la asamblea autorizaba al Comisariado para celebrar convenios de ocupación de las tierras e iniciar los trámites de expropiación. Eran trámites administrativos, además la Ley no facultaba a la asamblea para abordar el tópico de la expropiación.
El Cecop recurrió el fallo ante el Tribunal Superior Agrario, obteniendo una sentencia a favor en el año 2007. Resolvió que las asambleas del gobierno eran nulas, ya que debieron ceñirse a las formalidades esenciales porque se trataba de decidir el futuro de los bienes comunales. Una superficie considerable de tierras saldría del núcleo comunal, además, de los daños que podría ocasionar la presa hidroeléctrica. Una decisión de esa naturaleza ameritaba mayorías calificadas.
Después de la asamblea en San Juan Chico, con las mismas trampas e irregularidades, se llevaron a cabo las asambleas en Dos Arroyos, Los Huajes y la Palma. El Cecop también las impugnó. Con el criterio del Tribunal Superior Agrario a favor del Cecop, el Unitario de Acapulco tuvo que declararlas nulas de pleno derecho.
Aún con los fallos en contra, el gobierno persistió. El día 20 de mayo de 2007 de nueva cuenta intentó realizar una ulterior asamblea, ahora en el poblado de El Bejuco, lejos del bastión del Cecop. De nueva cuenta Marco Antonio y comuneros de Cacahuatepec llegaron hasta la huerta donde se realizaba, derribaron el portón e ingresaron. Los asistentes se espantaron y empezaron abandonar sitio. Allí, los opositores acordaron con el gobierno realizar una asamblea limpia, sin policías y con la participación de todas y todos los avecindados. Los resultados deberían ser respetados. Vendrían los expertos de la CFE para explicar las bondades del proyecto y expertos independientes para ahondar en las afectaciones, después de lo cual los comuneros votarían. Se hicieron varias reuniones de preparación entre las partes. Se pactó su realización el día 12 de agosto del año 2007 en el poblado de Agua Caliente.
Recuerdo que discutimos con Marco le manifestamos que era un error realizarla en Agua Caliente. Allí iba operar el gobierno con dinero y acarreo y al estar cerca de la carretera nacional tenía facilidades para movilizar su maquinaria. Lo mejor era hacerla en Cacahuatepec. Marco se negó y nos dijo: “yo sé lo que les digo, yo conozco a mi gente y sé que me va a responder”.
El 12 de agosto llegamos al lugar de la asamblea, al ir circulando por la carretera un río de gente caminaba rumbo Agua Caliente. A nuestro arribo fue al encuentro Marco Antonio. Sin más, nos dijo: ¡Abel, nos llevan diez a uno! ¿qué hacemos? Toda esta gente que ves son acarreados del gobierno. Mientras el gentío se arremolinaba para entrar a la asamblea. Adentro estaban las pantallas gigantes y maquetas de la CFE listos para concretar la presa. Todo estaba a su favor.
Nos reunimos con el equipo del Cecop y diseñamos un plan rápido. Se trataba de tener el control de la asamblea y conducirla. Alguien con temple y determinación debería estar al frente. Ese era Marco Antonio Suástegui, él condujo la asamblea. Los expertos de la CFE y los independientes expusieron ventajas y desventajas. Mientras tanto un ambiente de tensión prevalecía en el recinto. Más de diez mil personas reunidas pero todas a favor de la presa hidroeléctrica. Afuera la tristeza invadía a las señoras. Desde sus casas decían, ahora sí nos van a quitar nuestras tierras. La voz corrió en todo Agua Caliente, Oaxaquillas, Salsipuedes, Amatillo y poco a poco empezaron a llegar. Adentro la correlación de fuerzas empezó a equilibrarse.
Marco Antonio con su sombrero negro y micrófono en mano arengó a la multitud diciendo, compañeros, ya escucharon la información. La presa La Parota nos traerá la muerte. No permitiremos que se haga. ¡Nadie nos sacará de nuestras tierras, aquí vivimos y aquí moriremos! La multitud con frenesí acompañaba la arenga del líder histórico del Cecop. Esa era la señal inequívoca de que la correlación de fuerzas había cambiado y era el momento de dar la estocada final al proyecto hidroeléctrico. Desde la tribuna Marco Antonio sentenció: “Compañeros aquí frente a los funcionarios de CFE decidamos de una vez, alcen la mano los que estén en contra de la presa hidroeléctrica la Parota”. La inmensa mayoría alzó la mano gritando: ¡fuera la CFE! ¡la tierra no se vende! Marco preguntó de nuevo, levanten la mano los que estén a favor de la presa: un grupo reducido como de 200 personas alzó la mano. Marco sabía que habían ganado y selló la sentencia, diciendo: “para que no quede duda del resultado de la asamblea, de nueva cuenta compañeros levanten la mano los que estén en contra de la presa la Parota”. La inmensa mayoría levantó la mano. Volvió a preguntar: levanten la mano los que estén a favor. Ya nadie alzó la mano. El Cecop había ganado.
A la fecha no nos queda claro si la correlación de fuerzas se inclinó a favor del Cecop porque llegó gente opositora al proyecto o el discurso de Marco convenció a los presentes que terminaron por votar en contra de la presa La Parota. Al fin y al cabo, todos eran gente de Marco, campesinos, pobres, que vivían del río Papagayo que al escucharlo de viva voz decidieron cambiar su voto por la vida, por la tierra, por el río Papagayo y por Marco Antonio Suástegui.

Marco Antonio Suástegui Muñoz, hijo de Pedro Suástegui Valeriano y Noelia Muñoz Rodríguez, campesinos de La Parota. Los Suástegui son los fundadores del núcleo comunal de Cacahuatepec, ellos y otras familias pelearon para la creación de los bienes comunales. Más tarde otros líderes serían cooptados por los priistas de la Confederación Nacional Campesina (CNC), una de las figuras caciquiles fue Eduardo Valente Navidad. Estos líderes corruptos ponían y quitaban comisariados y vendían las tierras al mejor postor.
En el año 2000 el gobierno federal empezó hablar de varios proyectos de infraestructura de gran calado. Aeropuertos y grandes represas para generar energía y dotar de agua a ciudades y pueblos, se edificarían. Uno de estos se haría en Guerrero. Se trataba de la presa hidroeléctrica La Parota. Tendría una extensión de 17 mil hectáreas y 190 metros de altura. Abarcaría los municipios de Acapulco, San Marcos y Juan R. Escudero. El vaso de la presa sería utilizado como lago para ecoturismo. La bahía de Acapulco se uniría con la presa La Parota.
En el 2003 con René Juárez como gobernador, ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) empezaron a construir los pozos y casas muestras, helipuertos y demás obras básicas, sin consultar a la comunidad. Los campesinos se empezaron a inquietar y obtuvieron información de los perjuicios de la obra.
Los poblados de Garrapatas, Arroyo Verde y San José quedarían sepultados bajo el agua. Eso los preocupó y en sus asambleas decidieron instalar un plantón en El Fraile para evitar el paso de la maquinaria y al personal de CFE. Los campesinos fueron a ver a Marco Antonio y Felipe Flores para que los asesoraran y fortalecieran el movimiento. Marco Antonio no lo dudó ni un momento. Se fue al plantón. Junto con Felipe Flores empezaron a organizar la lucha, recorrieron varios pueblos de los bienes comunales, los ejidos de Dos Arroyos y Los Huajes.
Marco Antonio era un joven afromexicano, recién egresado de arquitecto, bragado y con una oratoria nata que cautivaba a las masas campesinas. Le dio nuevos bríos al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), construyó una narrativa que resignificaba la historia de lucha por la tierra del general Juan Dorantes, la importancia de la tierra, los bienes naturales y el río Papagayo, a la que estaba indisolublemente ligado. La tierra y el agua eran su hábitat.
El río Papagayo los alimentaba y les aseguraba la vida, allí curaban a los enfermos. Tenía una dimensión sagrada que garantizaba el ciclo de la vida. Hacer la presa representaba morir lentamente y eso no lo iban a permitir. El grito de Marco Antonio era estridente y resonaba en los cerros y llanuras de Cacahuatepec: ¡la tierra no se vende, se ama y se defiende!
El temple y la bravura de Marco Antonio fortaleció a los campesinos. Ya no los iban a engañar ni intimidar como lo hizo Rubén Figueroa cuando construyeron el sistema de Agua Papagayo II que abastece de agua a los turistas de Acapulco. En esa ocasión llegó el gobernador con los guachos, a La Parota. Allí en un árbol estaba una soga. Categórico les dijo: “pídanme lo que quieran y el que no esté de acuerdo en que se haga la bocatoma que alce la mano para ahorcarlo ahorita”. Nadie alzó la mano. El proyecto se hizo y las promesas no se cumplieron. Eso ya no iba a suceder, iban a defender el río a toda costa y ahora contaban con un líder carismático y valiente que los acompañaba.
La prueba de fuego se presentó el 14 de agosto de 2005. Ese día el gobierno desplegó toda la fuerza del Estado con miles de granaderos que resguardaban la asamblea a realizarse en el poblado de El Campanario, una comunidad ubicada cerca de San Marcos, lejos del bastión de los pueblos en resistencia, Marco Antonio y la gente del Cecop como pudieron llegaron hasta allá. La multitud enardecida rebasó a la policía y los organizadores reventando la asamblea donde se iba autorizar la expropiación y ocupación de las tierras para la presa.
La valentía de Marco y la fuerza del Cecop despertó la simpatía de los comuneros, esa acción significó un triunfo del movimiento. El proyecto del sexenio neoliberal se empezaba a desmoronar. Aunque posteriormente las asambleas agrarias se impusieron a la fuerza, ya estaban viciadas de origen y los tribunales agrarios le dieron la razón al Cecop declarándolas nulas de pleno derecho. Estos reveses del gobierno implicaron que no tuviesen los permisos legales para iniciar los procesos de licitación. Las empresas vieron una inversión riesgosa y así se descarriló el proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota.
La osadía de Marco Antonio y el Cecop no iba a quedar así. El líder campesino pronto empezó a ser perseguido. En el 2005 fue encarcelado acusado de privar de la libertad a unos ingenieros de CFE y robar maquinaria. Con Ángel Aguirre le fabricaron delitos de robo y daños en supuesto agravio de un empresario gravillero, sin fundamento legal fue llevado al penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, violando su derecho de defensa y lejos de su familia como un castigo por desafiarlos. Con Héctor Astudillo de nueva cuenta se le trató de implicar en un multihomicidio que no cometió. Nunca le comprobaron ningún delito. Los jueces lo absolvieron de todos los cargos falsos que los gobiernos le imputaron.
Cuando parecería que todo volvía a la calma, lo cimbró la desaparición de su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz, también dirigente del Cecop. El 5 de agosto del 2021 Vicente fue llevado con violencia por hombres armados. Hasta la fecha no se sabe su paradero. Marco Antonio inició las búsquedas y exigencias de justicia. De manera abierta denunció a los que lo desaparecieron, eso le valió nuevas amenazas. Hasta la playa Icacos donde trabajaba prestando servicios turísticos llegaban a querer matarlo, decenas de veces denunció y pidió protección al gobierno del estado y el federal. Nunca lo escucharon. Desdeñaron sus denuncias y este 18 de abril fue agredido por un pistolero que con toda impunidad abrió fuego en plena playa contra el líder del Cecop. En un hospital luchaba por vivir. Al estar escribiendo este texto el líder histórico y defensor del agua perdió la vida.
Su muerte cala en lo más profundo del alma. Marco es un ícono de la lucha social. Es de esos líderes que no claudicaron, no se arredró ante nada ni nadie. Su vida la puso al servicio de los pobres de los bienes comunales de Cacahuatepec. Enfrentó a los poderosos para restituir la dignidad de los de abajo. Marco venció a los que pretendían saquear el río Papagayo. Exigimos justicia por su artero asesinato. ¡Honor y gloria a Marco Antonio Suástegui!

De acuerdo con el recuento de El Sur, tan sólo en este mes han ocurrido 33 homicidios en Acapulco. El Martes Santo fueron ultimadas siete personas en el puerto.
Hace unas semanas fue asesinado Noel Garay Benítez ex secretario de Obras Públicas y destacado activista de Morena en Coyuca de Benítez y recientemente Maricela Morales Ortiz excandidata de ese partido a la presidencia de Pilcaya.
La reacción del presidente estatal de Morena ante el asesi-nato de sus correligionarios fue una monumental indolencia. Del primer caso dijo que el activista no valoró adecuadamente las amenazas en su contra, prácticamente lo culpó de su asesinato. En el segundo con frialdad e indiferencia expresó que la dirigente asesinada fue una candidata externa de Morena e incluso con ella se perdió la elección y que casi no la conocía.
La supina indolencia del dirigente del partido guinda resulta hasta ofensivo para las familias de los deudos. Noel Garay incluso era uno de sus operadores en Coyuca de Benítez que lo promovía en su aspiración a gobernador, y resulta inconcebible que se pronuncie con esa ligereza, lejos de hacer una condena enérgica y demandar una investigación pronta.
La superficialidad, arrogancia e indiferencia del dirigente estatal no es aislada. Esta actitud persiste en las autoridades del estado y la clase política, quienes evaden el problema, optan por acciones de relumbrón y frívolas en lugar de construir un diagnóstico serio de la violencia que vive la entidad.
A nivel federal persiste un debate sórdido que se ha polarizado entre aquellos que sin fundamentos y objetividad señalan de narco gobierno a esta admi-nistración y la Cuarta Trans-formación que los tilda de conservadores de los que heredaron la corrupción y la violencia que se vive en el país. Así, la confrontación tiene tintes político electorales sin posibilidad de arribar a un análisis serio que permita identificar los entramados delictivos que los grupos del hampa han edificado en territorios completos, las alianzas construidas con grupos políticos y cuerpos de seguridad.
Desde Morena y el movimiento progresista debe emerger el análisis, la reflexión y la crítica constructiva que ponga el dedo en el renglón. Existen liderazgos y compañeros de altas miras que pueden contribuir a este cometido, pero se debe estar dispuesto a alzar la voz poniendo en el centro los problemas que aquejan nuestra entidad. No se trata de callar para congraciarse con los de arriba con tal de proteger un interés personal o de grupo.
Como lo hemos dicho, hoy día los grupos delictivos ya no sólo se ocupan del negocio de las drogas, controlan el comercio, el transporte público, el lavado de dinero, tomaron gobiernos municipales y tienen el poder en amplios territorios. Allí ellos imponen sus leyes con la complacencia de las autoridades y fuerzas de seguridad del Estado.
La marcha del 4 de marzo pasado en Chilpancingo encabezada por 13 presidentes municipales, nos da una idea del control que el hampa tiene en la estructura del poder municipal. No se trata de un enquistamiento en la administración pública, sino un ejercicio efectivo del poder pú-blico, desde donde administran el presupuesto, deciden la obra pública sirviéndose con la cuchara grande, controlan la seguridad, el comercio, el transporte, panteones y espectáculos públicos dentro del marco legal. Tienen halcones y sicarios con uniforme de policía de tránsito y preventiva. El hampa no necesita esconderse de nadie, ya es parte del poder público institucional.
Así como estos municipios ya son gobernados por los grupos delictivos, ¿cuántos más están a su merced? En la sierra, Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica se habla de varios Ayunta-mientos que corren la misma mala suerte.
No se puede seguir en la misma narrativa de descalificar a quienes hagan estos señalamientos porque en nada contribuirá a disminuir la violencia que padecemos. Lo mejor es analizar y reflexionar cómo se desmontan estos entramados criminales que ya se han fortalecido.
Desde el prisma de la se-guridad ciudadana, el problema ya no se puede abordar trayendo a policías y militares. Por ejemplo, se debiera pensar en una nueva forma de hacer política: que en las campañas no prevalezca el dinero, ni gane el que pueda comprar votos; que el candidato cumpla perfiles de honestidad, mística y entrega por las causas del pueblo; que cuente con una trayectoria política probada y cercana a la gente y con un programa político; que estos elementos no sean sólo éticos ni morales, sino que se eleven al plano legislativo, siendo un requisito formal para tener una candidatura.
Los partidos políticos y dirigentes deber estar bajo el escrutinio y supervisión de instancias legales para que no admitan en sus filas personas con vínculos delictivos a riesgo de ser sancionados. Se deberán endurecer y transparentar las reglas de operación para adjudicar las obras públicas municipales. Sancionar e investigar a ediles que sostengan reuniones con líderes de bandas delictivas y no como acontece hoy en día que algunos medios ensalzan a la ex presidenta de Chilpancingo por haberse reunido con el jefe de un grupo delictivo. Policías y funcionarios públicos municipales y de otros niveles que evidencien lazos con el hampa deben enfrentar una investigación seria; los crímenes de alto impacto como el del presidente municipal de Chilpancingo y otros deben esclarecerse; se debe buscar decididamente a los desaparecidos, atender a los desplazados y erradicar la violencia contra las mujeres.
Las demandas de salud, educación, empleo y apoyo al campo se deben poner en el centro. El Estado tiene que hacer presencia en las comunidades, dar una atención a ras de suelo y no dejar vacíos y omisiones. En suma, se debe construir un gran diálogo y ruta para la paz donde se puedan analizar estos y otros tópicos.
Esta realidad no se puede seguir ocultando, pues tarde o temprano se desbordará con consecuencias lamentables. Si el gobierno de Estados Unidos está fichando a líderes criminales en México es porque tiene informa-ción de primera mano; el contexto comentado en este texto lo sabe de sobra, y por eso sus señalamientos contra el gobierno.

La desaparición forzada es una práctica abominable que data de varios años. En la Se-gunda Guerra Mundial se utilizó contra quienes los nazis conside-raban enemigos. En las guerras y en regímenes autoritarios ha sido un mecanismo recurrente para comba-tir a los enemigos u opositores políticos. En América Latina se usó contra quienes luchaban por las libertades y sociedades igualitarias y justas. México no fue la excepción. En los años 1970, los órganos del Estado sembraron terror desapare-ciendo a decenas de activistas sociales. A esta etapa se le llamó “guerra sucia”.
Del año 2006 en adelante en el marco de las disputas de grupos delictivos empezaron a registrarse miles de desapariciones de per-sonas en el país. Las denuncias lle-garon a diferentes organismos in-ternacionales de derechos huma-nos. Las autoridades de entonces negaron las desapariciones forza-das. Dijeron que en el país no existían esas prácticas, que en realidad se trataba de ajustes de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada que las autoridades estaban combatiendo.
Con la desaparición forzada de los 43 estudiantes d Ayotzinapa, el gobierno ya no pudo negar nada. Lo que pasó en Iguala no era un caso aislado sino un ejemplo de lo que acontecía en el país.
En días recientes el debate que se creía superado irrumpió en la palestra. A las autoridades les irritó que el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) dio a conocer que esta instancia de la ONU tenía información fundada de que en México hay una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada y por lo tanto solicitaría informes al gobierno con miras a llevar el caso ante la asamblea general.
El gobierno sostiene que es un ataque a un gobierno democrático puesto que en el país no existe la desaparición forzada, que esa era una práctica del pasado que los integrantes del gobierno actual combatieron. Las desapariciones que existen son perpetradas por la delincuencia organizada, no por agentes del Estado.
La respuesta gubernamental tiene una fuerte carga política e ideológica desprovista de un análisis objetivo de la violencia que azota el país, del control territorial y autogobierno que en los hechos tienen los grupos delictivos y del complejo entramado delictivo que el hampa ha construido con los cuerpos de seguridad del Estado.
Tenemos que tomar en cuenta que hoy en día la delincuencia or-ganizada ha modificado su modus operandi. Ya no se dedica exclusi-vamente al negocio de las drogas. Ha ampliado su espectro de acción. Controla el comercio lícito: la venta de gas, pollo, agua, tortilla y de otros productos de primera necesi-dad. En amplias regiones establece y controla los precios y el flujo del mercado. También financia cam-pañas electorales logrando imponer a presidentes municipales. Así, toda la estructura del gobierno munici-pal está al servicio del grupo delictivo en cuestión. En vastas zo-nas de Guerrero policías preven-tivos, de tránsito y protección civil realizan verdaderas tareas delic-tivas. Ponen filtros y retenes a las entradas de los municipios y desde ahí revisan, toman datos, nombres de personas y placas de vehículos. Otras veces la policía preventiva detiene a jóvenes y lejos de ponerlos a disposición de la autoridad formal los entrega al grupo delictivo para el cual trabaja. La policía estatal y otros cuerpos de seguridad también mantienen colusión con los grupos delictivos y participan en las desapariciones de personas.
En el caso Ayotzinapa existe prueba irrefutable de este entramado y complicidad criminal. Allí policías preventivos de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, policías estatales, ministeriales, federales y militares del 27 Batallón de Infantería estaban al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos que operaba en Iguala y sus alrededores. Mandos militares recibían miles de dólares a cambio de permitir el trasiego de droga y la comisión de otros delitos a Guerreros Unidos; la Policía Federal vigilaba los caminos, el movimiento de grupos antagónicos o vehículos extraños; la policía preventiva era el brazo armado ejecutor que detenía y desaparecía por orden del grupo delictivo y así la noche del 26 de septiembre en un operativo conjunto, hampa, policías y militares desaparecieron a los 43.
El caso de Ayotzinapa es tan sólo un ejemplo de lo que ocurre en vastas zonas del estado de Guerrero y del país, donde gobiernos municipales están al servicio de la delincuencia organizada. Hace días pudimos ver en Chilpancingo una marcha sui géneris donde más de 10 alcaldes encabezaron esta supuesta movilización, cuando en realidad, quien mueve los hilos de esta extraña protesta es un grupo criminal que actúa en varios municipios de la zona Centro y Montaña de Guerrero.
En este contexto resulta difícil disociar una desaparición cometida por particulares y autoridades porque ambos actúan de manera conjunta y protegen intereses delin-cuenciales.
En varios casos los colectivos de desaparecidos han denunciado que sus familiares fueron desaparecidos por policías municipales que los entregaron a un grupo delictivo, como el caso del defensor Arnulfo Cerón en Tlapa que fue detenido por el grupo delictivo de ese lugar, por órdenes de las autoridades municipales en turno.
Así las cosas, ¿cómo disociar una desaparición cometida por un grupo delictivo que actúa con la protección de policías preventivos, tránsitos y hasta presidentes municipales que están al servicio de los grupos delictivos? ¿Cómo diferenciar a policías estatales y hasta al Ejército cuando hay algunos batallones y jefes militares que mantienen acuerdos y permiten la actuación de grupos delictivos?
Resulta un argumento débil decir que las desapariciones son cometidas por grupos delictivos, cuando gobiernos municipales completos están a su servicio, cuando la economía lícita es controlada por el hampa ante la inacción de las autoridades.
No es positivo iniciar un debate impregnado de contenido político e ideológico, es menester revisar seriamente estos contextos de entramados criminales donde los grupos delictivos tienen gobiernos municipales y otros cuerpos de seguridad a su servicio.
El gobierno debería hacer una fuerte presencia en las sesiones del CED para proveer información de los contextos complejos en que ocurren las desapariciones y los esfuerzos institucionales que realiza para revertir esta práctica, lejos de confrontar al CED y hacer vacío en las sesiones oficiales. Reaccionar como hasta ahora sólo alentará a los grupos delictivos y aumentarán las desapariciones.

Guerrero es cuna de la izquierda en nuestro país. Aquí se forjaron hombres y mujeres que incendiaron las praderas por la lucha contra la opresión de caciques y tiranos. Jesús H. Salgado sería uno de los gobernadores zapatistas que con fusil en mano tomó Chilpancingo; la lucha emblemática de Feliciano Radilla en Atoyac; Lucio Cabañas y Genaro Vázquez; la del profesor comunista Othón Salazar en la Montaña y el primer municipio comunista en Alcozauca; la Normal Rural de Ayotzinapa, la CETEG, la CRAC-PC, el Cecop y otros movimientos sociales de ayer y hoy reafirman el carácter de un pueblo bravo y de izquierda que lucha por un mundo mejor.
Estas luchas y movimientos nutrieron al PRD a fines de los ochenta. Este partido lograba la confluencia de las izquierdas otrora fragmentadas y dispersas. Pero no tardaría en agrietarse esa unidad frágil y coyuntural. Pragmáticos y arribistas sin escrúpulos se apode-raron de la dirección de ese partido con las consecuencias ya sabidas.
Los movimientos indepen-dientes continuaron su lucha. La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), más tarde el Cecop, la CETEG y la CRAC han logrado de la mano de pueblos y comunidades revertir proyectos extractivistas, políticas y legisla-ciones neoliberales que pretendían saquear y esquilmar a los pobres. Mientras los de abajo libraban épicas y asimétricas batallas contra los neoliberales, la clase política guerrerense arremetía contra los insumisos y el PRD se unía al coro de neoliberales y caciques.
Con algunas diferencias y matices Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador apoyaron y respaldaron las luchas sociales independientes. No así el PRD local que fungió como lacayo de los caciques y terminó albergándolos en su seno.
Con el arribo de Morena al poder en el 2018, López Obrador adoptó una posición política de combatir a los conservadores representados por los demás partidos políticos, ex.presidentes, algunos empresarios y los medios de comunicación que sustentaron el modelo neoliberal en México, sinónimo de corrupción y vendepatrias, por lo demás, su discurso se centró en una apuesta simbólica por los pobres que se tradujo en los programas sociales y su carácter constitucional. Bajo esta línea han denominado a su movimiento la “Cuarta Transfor-mación”. No es el objetivo de este texto dilucidar y debatir sus yerros o aciertos o su carácter de izquierda o verdadera revolución. Lo cierto es que AMLO construyó un robusto discurso que apuesta por los pobres, combate a los conservadores y lucha por el cuarto proceso revolucionario. Cuenta su partido con un programa o una bandera política muy clara legitimada y abrazada por los de abajo y consentida por conveniencia por clases medias y altas, así como arribistas y acomodaticios.
Pero Guerrero merece otro análisis, esta entidad suriana se cuece aparte. Aquí no llegó el neoliberalismo, nunca gobernaron los tecnócratas. Más bien, la clase política es heredera del ala derecha y conservadora de la Revolución Mexicana que se comporta como semi feudal. Los caciques, ganaderos y terratenientes concentran el poder político y económico, sirviéndose del poder público para acrecentar su patrimonio personal. Se han caracterizado por ser represivos dejando una cauda de líderes sociales muertos y desaparecidos. Con virulencia han disuadido las protestas sociales con saldos de decenas de muertes.
A estas calamidades sociales se ha sumado la violencia que generan los grupos delictivos que ya gobiernan formalmente amplias zonas de la entidad, por ejemplo, en días pasados vimos a alcaldes de por lo menos ocho municipios impuestos por un grupo delictivo encabezando supuestas protestas sociales y poniendo de rodillas al actual gobierno.
Con esa forma de hacer política los caciques han hundido al estado en el sótano del desarrollo. Un año sí y otro también figura en los primeros lugares de pobreza y marginación, y hasta ahora, ni los programas sociales del actual gobierno han revertido este sufrimiento del pueblo de Guerrero.
Frente a esta problemática, el movimiento de la Cuarta Transformación que impulsa Morena no tiene una propuesta, programa político o política pública que combata estos lastres sociales. Ni siquiera ha identificado a los adversarios políticos ¿En Guerrero quiénes son los conservadores? ¿Loret de Mola? ¿Joaquín López Dóriga? ¿Claudio X. González? No se tiene un diagnóstico del pasado caciquil y opresor que nos mantiene en la pobreza secular ni se nombra a quienes nos llevaron a este desastre.
Pero tampoco está identificado en términos simbólicos al pueblo y a los pobres que ese movimiento defiende. Al igual que el PRD, la clase política de Morena le da la espalda a la CRAC y a los pueblos indígenas que luchan por el reconocimiento constitucional de sus derechos, a los maestros de la CETEG que luchan por sus derechos laborales, a las madres y padres de los 43, a los estudiantes de Ayotzinapa, a las madres buscadoras y a los desaparecidos.
Sin esa claridad política ¿cómo saber si Morena en Guerrero representa un cambio? ¿Qué lo hace diferente de los gobiernos caciquiles y corruptos del pasado? Se dirá que su carácter humanista, pero ese humanismo debería de traducirse en políticas públicas que reviertan de manera decidida los problemas arriba descritos. Deberían desmontar y confrontar abiertamente al cacicazgo responsable de la miseria y la opresión del pueblo de Guerrero.
Sin esa consistencia política, Morena naufraga en la indefinición ideológica, privilegiando un pragmatismo craso, con dirigentes sin visión política y extraviados, que prefieren la adulación, en detrimento de la crítica y el análisis de la realidad guerrerense.
Ese extravío de los dirigentes de Morena en Guerrero hace que se piense que nada pasa si se permite el ingreso al partido de personajes identificados simbólicamente con ese pasado opresor del pueblo, responsables de la miseria y dolor que lleva a cuestas nuestra entidad.
Un principio pragmático dice que en política se suma, no se resta, pero en este momento político la correlación de fuerzas está de lado de Morena que no necesita estas fichas quemadas y corroídas, por el contrario, es menester virar a la izquierda con nuevos y frescos liderazgos que abracen las luchas del movimiento social y de los pueblos.
En la agenda de la Cuarta Transformación deben figurar los 43 estudiantes desaparecidos, la demanda de las madres buscadoras, el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, reactivar el campo construyendo autosuficiencia alimentaria, políticas y estrategias para revertir la violencia en particular contra las mujeres, y justicia y reparación integral del daño a las víctimas.