“Es una visión equivocada” dijo el abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, sobre el pronunciamiento de procuradores y fiscales del país en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para resolver el caso.
El jueves procuradores y fiscales que participaron en la 39 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Acapulco, consideraron que el tribunal se “excedió” en sus atribuciones y que “vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público”.
Ayer vía telefónica Rosales Sierra dijo que las procuradurías no son independientes y reciben “línea” del poder Ejecutivo, además de que sus fallas en cuanto a la falta de acceso a la justicia, los abusos y las investigaciones imparciales e ineficientes “dan cuenta de la ineficacia del Ministerio Público, de la ineficacia y de las irregularidades de las procuradurías en su conjunto, incluyendo a la PGR”.
Dijo que en el país “se tienen que poner controles” a los ministerios públicos “que se han convertido en jueces instructores” y que el fallo del tribunal colegiado “pone el dedo en la llaga”.
Aseguró que los magistrados de Tamaulipas de ningún modo trasgreden el orden constitucional, “es una resolución y un criterio que tiene una interpretación amplia de la Constitución y de los derechos humanos”.
Expuso que los procuradores y fiscales están inconformes con la creación de la Comisión de la Verdad, pues consideran que el tribunal sólo debió ordenar la ilegalidad de las pruebas obtenidas bajo tortura y la liberación de los implicado, pero los magistrados interpretaron de manera amplia la constitución y están facultados a hacerlo conforme a los derechos humanos, así como a la ley.
Explicó que el tribunal analizó las pruebas ilegales que pesan sobre los detenidos, la utilización de la tortura, lo excluye y ordena la reposición de proceso pero también no deja en estado de indefensión a las víctimas.
Además los magistrados consideraron el protocolo de Minnesota que ordena la creación de comisiones independientes cuando hay casos de graves violaciones a los derechos, estos son la tortura, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y en el caso de Ayotzinapa ocurrieron los tres.
Por ello el tribunal ordenó la creación de la comisión no de manera independiente pero sí dentro de un marco “totalmente legal, constitucional” y no lo deben olvidar los procuradores: estará integrada principalmente por el Ministerio Público, no se le desplaza sino que “se le van a poner contrapesos dado que se observa en el caso Ayotzinapa una investigación sesgada, parcial, poco independiente” pues se investigó una sola línea, que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Para que no vuelva a ocurrir” se le ponen contrapesos al Ministerio Público, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los representantes legales de las familias de los normalistas, precisó que el tribunal no va a coordinar el trabajo de la comisión, lo hará el MP “y eso también debe quedar claro”.
“Desde nuestro punto de vista no habría razón para que hoy en día el ejecutivo, la PGR, estén soslayando el cumplimiento de esta resolución, sin embargo lo que estamos viendo es una estrategia” del gobierno federal encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de la PGR “para omitir el cumplimiento de esta resolución”.
Informó que conoce que “en el plano formal”, la PGR recurrió a “incidentes” de incumplimiento del fallo y la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión a uno de aclaración, mientras que en el “plano mediático” se expresa que el fallo es inconstitucional, así como lo manifestaron los procuradores y fiscales en Acapulco.
Declaró que los siguientes días habrá “una cascada de opiniones conservadoras de carácter restrictivo de nuestro derecho constitucional, que van a tratar de socavar la resolución y sus efectos”, así como a la Presidencia de la República, a los diputados federales y la PGR, “queriendo avasallar a los padres”.
Lamentó la situación y añadió que habrá una disputa legal y mediática pues “a este gobierno no le bastó desaparecer a los estudiantes, no le bastó manipular las investigaciones, no le bastó cometer diversas irregularidades y tener en la impunidad a sus funcionarios, sino que ahora pretenden cuestionar la legalidad de un fallo judicial” e incumplirlo, “nos parece delicada la situación”.
Del planteamiento de la ONU-DH para que se deje en libertad a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, detenido equivocadamente por el caso Ayotzinapa, expresó que ilustra las irregularidades en la investigación.