La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó que la recomendación por las violaciones graves cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa tenga alguna consideración política, y aseguró que su contenido no legitima la versión de que los estudiantes fueron incinerados en Cocula, como dice la “verdad histórica”.
En un comunicado emitido este lunes la CNDH argumentó que su investigación “estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades, así como una serie de negativas y obstáculos para el desarrollo de sus labores”.
Insistió en que “la extensión, alcance y duración del trabajo desarrollado por este organismo nacional no atendió a cálculo o consideración política de ninguna índole”.
Por tanto, se dijo comprometida “con las víctimas y la obtención de la verdad”.
Dice que su investigación “estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades que en ámbitos diversos desarrollaban la investigación del caso, así como una serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores”.
“Para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos la CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida”, justificó.
Reiteró también que no avala la “teoría de la verdad histórica”, pero las críticas y cuestionamientos en contra de ésta y otras hipótesis “no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar cualquier elemento vinculado con las mismas”.
Explicó que ha sido su prioridad básica determinar el paradero y destino de los normalistas desaparecidos, y por eso llamó la atención “sobre la necesidad de que se revisen los más de 63 mil fragmentos óseos que habrían sido recuperados en el basurero de Cocula y en el río San Juan, y que obran en resguardo de la Procuraduría General de la República”.
Respecto a las irregularidades u omisiones que pudieran servir para corroborar que se cometieron durante la obtención de los fragmentos óseos aludidos, consideró que implicarían “la comisión de delitos o la apertura de nuevas líneas de investigación, que necesariamente tendrían que ser desahogadas con independencia de que se determine si los restos óseos hallados corresponden a los normalistas desaparecidos”.
Pidió dejar que “la ciencia hable” sobre los resultados de su investigación. “Si bien aún no se ha podido llegar a la verdad en este caso, el trabajo que desarrolle cualquier instancia u organismo de seguimiento e investigación al caso tendrá en el trabajo desarrollado por la CNDH una guía y orientación”.
Revictimización de los padres
La recomendación de la CNDH presentada el 29 de noviembre fue criticada por Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista con Aristegui Noticias la abogada dijo que la información sobre los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula –que retoma en su informe la CNDH como una posible evidencia de que en el sitio fueron asesinados, quemados y tirados al río los normalistas– “puede llevar a equívocos”.
Buitrago detalló que esta versión recuperada por la CNDH en su informe podría “seguir revictimizando a los padres con la historia del basurero de Cocula”.
Este lunes tras la firma del convenio para crear una comisión investigadora del caso Ayotzinapa, una de las madres de los jóvenes desaparecidos desestimó el informe presentado por la CNDH, pues no tiene nada nuevo y retoma líneas ya descartadas.
“No nos aferramos a una visión, pero queremos todo demostrado científicamente”, exigió.