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Hay 500 menores desamparados por la violencia en la región de Chilapa, calcula el coordinador de Siempre Vivos

En Chilapa nadie está exento de sufrir una desgracia, porque hay una total impunidad, afirmó el coordinador del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Calculó que en la región hay mínimo 500 niños desamparados, desde primaria a nivel medio superior, como consecuencia de los homicidios o desapariciones de sus padres.
José Díaz acudió a Chilapa este lunes y martes, bajo resguardo de cuatro patrullas de la Policía Federal. Durante su estancia, organizó junto con integrantes del colectivo las actividades para recordar la desaparición de 14 personas, la mayoría jóvenes, del 9 al 14 de mayo de 2015.
Consultado el lunes por la mañana, informó que los próximos días 8 y 9 de mayo se realizará un foro nacional, donde está confirmada la participación del primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez.
Se prepara, dijo, una ponencia sobre la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Del 10 al 14 de mayo organizarán una búsqueda de campo, en lugares donde tienen indicios de que existen fosas clandestinas.
También se dará a conocer un diagnóstico general, a tres años de la creación del colectivo.
A pregunta sobre la situación de los niños desamparados por la violencia, respondió que hace más de un año tenían un registro de 110, pero que no se le ha dado seguimiento por la movilidad de los familiares de las víctimas.
En la actualidad, calculó, habrá en Chilapa, Zitlala y municipios colindantes, unos 500 menores desamparados, la mayoría estudiando desde la primaria a nivel medio superior.
Consultado sobre el homicidio de dos policías municipales, cuyos cuerpos fueron hallados este lunes por la tarde, el profesor José Díaz lamentó que en un mes hayan ocurrido cuatro casos de asesinatos contra preventivos y lo achacó a la impunidad.
“Nadie está exento de lo que le pueda pasar porque no hay investigación, sanción ni justicia. Hay una total impunidad”.
Dijo que desde la creación de Siempre Vivos han buscado la justicia, conocer la verdad de los distintos casos y la reparación del daño, sin lograrlo.

 

Claman ayuda a la CNDH en la sierra de Totolapan; están entre los tequileros y la autodefensa

Vecinos de Laguna de Heyanalco, pueblo en la sierra de San Miguel Totolapan, pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que los rescate, pues se encuentran atrapados en un enfrentamiento entre el grupo criminal Los Tequileros y la autodefensa de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
En un video difundido ayer se ve a los pobladores alrededor de un edificio (al parecer una escuela), un hombre lee una carta, en referencia a una balacera de la noche del viernes de 4 horas entre la autodefensa y el grupo que dirige Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, exponen:
“Preocupados por los hechos de este fin de semana, solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos ayude a encontrar una salida, ya que estamos atrapados, rodeados por comunitarios armados con cuernos (rifles de asalto AK-47), y otras armas de grueso calibre”.
Exigen también “que se investigue a las autodefensas comunitarias y que se haga un recorrido en todo nuestro alrededor, ya que las salidas todas están cubiertas”.
Informan que se les está acabando la comida, “carecemos de alimentación, no tenemos a dónde ir a comprar alimentos, y mucho menos medicinas”.
En el noticiero Milenio tv con Azucena Uresti, la presentadora dice que los vecinos urgieron al gobierno federal acuda al lugar.
El reportero, Rogelio Agustín, dijo que la Policía Ministerial reportó cuatro muertos en el enfrentamiento del viernes, pero que podría haber más porque Los Tequileros se llevaron a sus muertos.

 

Atrae la CNDH el caso de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

Atrajo la CNDH la investigación de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

El organismo solicitó que le entregaran los expedientes para continuar las investigaciones, “por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado”, informa el presidente de la Codehum

Luis Blancas

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humano del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo las investigaciones de la desaparición de los siete jóvenes por policías de Chilpancingo, dos de los cuales fueron hallados muertos, tres torturados y dos de los que aún se desconoce su paradero.
Consultado en el cuartel de la Policía Municipal dijo que la semana pasada la CNDH le solicitó que entregara los expedientes de la desaparición de los siete jóvenes, por la probable participación de los policías municipales de Chilpancingo, para continuar las investigaciones.
Dijo que el viernes enviaron los expedientes “la CNDH nos pidió atraer la competencia de las investigaciones por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado y la ley así lo establece, cuando los asuntos del estado trasciendan el interés nacional la CNDH podrá tener la facultad de atraer este caso”.
Indicó que la Codehum coadyuvará en las diligencias por las desapariciones ocurridas en la última semana de diciembre.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días, y aparecieron vivos en la ciudad.
El 3 de enero los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados en un basurero en el lugar conocido como Tierras Prietas en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de la capital.
El 4 de enero policías federales, militares y estatales tomaron las instalaciones de la Policía Municipal, y desarmaron a los agentes municipales luego de que fueran denunciados por la desaparición.

Ya investiga la FGE las fosas en la capital y el aumento de homicidios en el estado, informa Héctor Astudillo

Anuncia que la Secretaría de Seguridad Pública del estado designará provisionalmente a quien suplirá al ex secretario de Seguridad de Chilpancingo, Esteban Espinoza Montoya, que renunció al cargo tras la desaparición de siete jóvenes en la capital, presuntamente por policías municipales. Había reprobado el examen de confianza y aún así fue designado por Marco Antonio Leyva, revela

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

El gobernador, Héctor Astudillo Flores dijo sobre el aumento en el número de homicidios y la fosa hallada el viernes en Chilpancingo, que en estos dos sucesos la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la investigación en sus “manos”.
El pasado viernes, en una colonia de la periferia de Chilpancingo fueron halladas diversas fosas clandestinas con restos óseos, que hasta este lunes suman siete, lo que derivó en trabajos de investigación de la FGE.
El gobernador aprovechó para referirse a una nota periodística que apareció en un portal de la capital del estado, en la que se difundió sobre el hallazgo de 15 cuerpos encontrados, la cual dijo fue desmentida por el gobierno del estado, que confirmó que hasta ayer por la mañana eran cuatro.
Dijo que en el caso de las fosas “se está generando principalmente una investigación antropológica, es la información que tengo”.
En conferencia de prensa en la que anunció el tercer cambio a su gabinete, a preguntas de reporteros, Astudillo Flores contestó que sobre los hechos registrados en Taxco, donde una mujer fue desmembrada, la Fiscalía investiga el caso, pero no entró en mayores detalles.

Seguridad Pública estatal designará al secretario de Seguridad en la capital

Astudillo Flores informó que la Secretaría de Seguridad Pública del estado designará provisionalmente a quien suplirá al ex secretario de Seguridad de Chilpancingo, Esteban Espinoza Montoya.
Este domingo se dio a conocer que el secretario de Seguridad de Chilpancingo, Espinoza Montoya presentó su renuncia luego de que se reveló que reprobó los exámenes de control de confianza para desempeñar el cargo, y además se difundió un video en Televisa en el que se confirmaba que policías de la capital participaron en la desaparición de uno de los jóvenes.
“La norma es tener secretarios aprobados por el sistema nacional, en el caso de Chilpancingo no estaba aprobado, y se le comunicó oportunamente al presidente municipal (Marco Antonio Leyva Mena), a efecto de que procediera a su relevo. No lo hizo”, contó.
En declaraciones a reporteros tras concluir una conferencia de prensa en la que se presentó el tercer cambio al interior del gabinete estatal, Astudillo Flores puntualizó que si fue un “colaborador” durante su campaña a la gubernatura.
“Si fue un colaborador en al campaña de nosotros, uno de los colaboradores que teníamos en el equipo, posteriormente él fue designado por el presidente municipal (Marco Antonio Leyva Mena) y en su momento por el procedimiento que se requiere fue designado secretario de Seguridad Pública”, agregó.
Indicó que fue acertado que Espinoza Montoya presentara su renuncia para colaborar con al investigación sobre los policías municipales capitalinos.
“Lo que quiero dejar muy en claro es que nunca fue mi jefe de escoltas, creo que era un elemento que colaboraba, pero no mi jefe de escoltas, ni en la campaña ni otro lado”, agregó.
Astudillo Flores reiteró que Espinoza Montoya no es su “enemigo”, pero tampoco es una persona cercana a él.
“El presidente municipal (Jesús Tejeda Vargas) a través de una llamada vía telefónica ayer, me dio conocer la renuncia del secretario de Seguridad Pública de aquí de Chilpancingo, es el mecanismo en el que fui enterado”, agregó en una conferencia de prensa en Casa Guerrero.
Insistió que era necesario dejar claro que en el Grupo de Coordinación Guerrero se decidió notificar “oportunamente” al presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena, sobre la reprobación de su secretario de seguridad por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante la consulta se le preguntó si había solicitado a los alcaldes que haya una certificación nueva de los policías municipales, a lo que respondió que todas las personas que tienen recursos públicos relacionados con seguridad, están frecuentemente convocados y recomendados para cumplir con estos temas.
Informó que ante la salida del secretario, la Secretaría de Seguridad del estado será la encargada de designar al nuevo suplente de manera temporal, además de continuar en coordinación con la policía federal para los operativos de seguridad que se realicen en Chilpancingo.
Comentó que aún no se sabe hasta cuándo duren al mando estas fuerzas, pero se mantendrán para dar la seguridad que requiere la ciudadanía.
“Nosotros habíamos preparado un grupo para llevarlo a la zona económica especial a la Unión, hasta Lázaro Cárdenas, ese grupo que estábamos preparando para moverlo para allá lo dejamos en Chilpancingo, de tal manera (que) lo único que hacemos es posponer el envió del equipo que se había preparado”, agregó.
Recordó que los policías que fueron removidos se reincorporarán a sus labores cuando terminen las investigaciones.

Piden familiares de los policías de la capital castigo sólo a involucrados en desapariciones

Temen por su vida y los hijos de los uniformados sufren de acoso en sus escuelas, afirman. Protestan en la Codehum y el presidente del organismo, Ramón Navarrete acude al cuartel

Luis Blancas

Chilpancingo

Familiares de los policías municipales que fueron desarmados el 4 de enero tras ser acusados de la desaparición de siete jóvenes, protestaron en la explanada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) para exigir a los tres órdenes de gobierno investigaciones conforme a la ley, que se responsabilice a los policías involucrados pero no al resto de la corporación.
El presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno acudió al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los agentes municipales encuartelados hace 19 días, para saber si sufren violación a sus derechos humanos.
A las 8:40 de la mañana unos 25 familiares llegaron a la explanada de la Codehum para demandar una audiencia con Navarrete Magdaleno, y portaban pancartas en mano en las que se leía, “Sr. Gobernador y CNDH hacemos responsables al Sr. Pioquinto Damián Huato de lo que le llegue a pasar a cada integrante de la Policía Municipal”, “Pioquinto por tu culpa los hijos de los policías sufrimos bullying ya basta”, “A parte de ser policías también son padres y madres de familia”, “Exigimos sean respetados nuestros derechos”.
Señalaron al ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pioquinto Damián Huato y a la periodista Denise Maerker (que difundió un video que prueba que al menos cinco agentes participaron en la desaparición de un joven) de difamar a los agentes municipales, “porque no todos en la corporación son delincuentes”.
La familiar de un policía municipal, Aracely Flores Morales exigió respeto a los oficiales que no cometieron hechos delictivos, “mi familiar no es un asesino y el aprobó el examen de control de confianza que realiza la federación, no se me hace justo que por unos paguen todos, él lleva más de 10 años trabajando en la corporación y no ha tenido ninguna falta”.
Flores Morales pidió a los tres órdenes de gobierno que se investigue conforme a derecho la desaparición de los siete jóvenes. Dos fueron hallados asesinados y dos más siguen desaparecidos, “si algún agente es responsable de este hecho que sea juzgado, pero los demás que no tiene nada que ver que los dejen trabajar”.
Comentó que las acusaciones que han salido en los medios de comunicación de que los agentes municipales son responsables de la desaparición de los jóvenes ponen en riesgo su integridad física y la de sus familias, además los hijos de los policías han sufrido bullying en la escuela, “porque sus compañeros de escuela le dicen que su papá es un asesino”.
Un hijo de un policía contó que “en la primaria mis compañeros se burlan de mi papá porque es policía municipal porque lo catalogan a los policías como asesinos, antes era un halago que mi papá es policía, ahora ya no porque los tachan de asesinos porque se llevaron a las personas, pero sabemos que no”.
Otro familiar dijo que las declaraciones de Pioquinto Damián en contra de los uniformados es una cuestión política “el señor Pioquinto quiere ganar votos, gente, y no se vale que afecte a personas vulnerables como los policías municipales”.
Mencionó que hace 19 días los uniformados se encuentran encuartelado en la corporación, no han tenido acercamiento con funcionarios del gobierno municipal ni del estado, además no les han informado qué va a pasar con ellos, si serán despedidos, regresarán a trabajar en la Policía Municipal o serán detenidos, “vivimos con el temor de que sean detenidos, que no lleguen a la casa, nos maten y las familias de los afectados tomen represalias en contra de nosotros, queremos que se aclare bien este caso”.
Después una comisión de familiares entró a la Codehum y se reunió con Ramón Navarrete Magdaleno, quien minutos antes de la 1 de la tarde se trasladó al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los uniformados.
Consultado al salir del cuartel dijo que después de reunirse con los familiares de los agentes municipales se acordó que acudiría al cuartel para saber las condiciones en que se encuentran.
Dijo que platicó con los policías municipales y oficiales de Tránsito quienes no se encuentran privados de su libertad, salen a descansar, cobran su salario, prestaciones, “no están saliendo a trabajar por las investigaciones, pero no hay vulneración a sus derechos laborales”.
“Los elementos de la policía refieren que no están siendo hostigados, que pueden salir a sus domicilios en sus días de descanso, luego se incorporan, eso es una buena señal de que si hay una investigación están siguiendo los cauces legales”, declaró.
La noche del jueves en el noticiero En Punto que conduce la periodista Denise Maerker se difundió un video del viernes 29 de diciembre de la desaparición del estudiante de Enfermería y trabajador de la Secretaría de Salud estatal, Efraín Patrón Ramos de 24 años, donde se ve que estuvieron involucrados al menos cinco policías municipales de Chilpancingo.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días y aparecieron vivos en la ciudad.
El 12 de este mes el juez de control Edgardo Mendoza Falcón vinculó a proceso por homicidio calificado en agravio a Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Catalán Cabrera, al policía preventivo municipal Nicolás.

 

 

Atrajo la CNDH la investigación de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humano del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo las investigaciones de la desaparición de los siete jóvenes por policías de Chilpancingo, dos de los cuales fueron hallados muertos, tres torturados y dos de los que aún se desconoce su paradero.
Consultado en el cuartel de la Policía Municipal dijo que la semana pasada la CNDH le solicitó que entregara los expedientes de la desaparición de los siete jóvenes, por la probable participación de los policías municipales de Chilpancingo, para continuar las investigaciones.
Dijo que el viernes enviaron los expedientes “la CNDH nos pidió atraer la competencia de las investigaciones por tratarse un asunto que trasciende las fronteras del estado y la ley así lo establece, cuando los asuntos del estado trasciendan el interés nacional la CNDH podrá tener la facultad de atraer este caso”.
Indicó que la Codehum coadyuvará en las diligencias por las desapariciones ocurridas en la última semana de diciembre.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días, y aparecieron vivos en la ciudad.
El 3 de enero los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados en un basurero en el lugar conocido como Tierras Prietas en el nuevo libramiento a Tixtla al norte de la capital.
El 4 de enero policías federales, militares y estatales tomaron las instalaciones de la Policía Municipal, y desarmaron a los agentes municipales luego de que fueran denunciados por la desaparición.

 

Emite la CNDH recomendación a la Ssa y a la Fiscalía por muertes de bebés en hospital de Tlapa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que reparen el daño a los padres de ocho recién nacidos prematuros que fallecieron en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa, por falta de medidas sanitarias, infraestructura y equipos adecuados para brindar atención médica.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan registró que en julio y agosto de 2015, ocho neonatos fallecieron a consecuencia de infecciones por las bacterias escherichia coli y acinetobacter baumanni. Los hechos trascendieron y la CNDH atrajo la investigación.
Ayer, la CNDH emitió la recomendación 71/2017 dirigida a Astudillo Flores y al fiscal Javier Olea Peláez debido a la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos en el hospital, que provocaron la muerte de los bebés, así como por la inactividad de la investigación penal correspondiente durante 18 meses.
El expediente de la CNDH indica que en julio y agosto de 2015 hubo un proceso de Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS), en el que se vieron involucrados 20 pacientes recién nacidos en estado crítico, ocho de ellos se infectaron con bacterias y debieron ser atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; sin embargo, ingresaron en otras áreas no especializadas, como la Unidad de Cuidados Obstétricos, la Unidad de Urgencias Pediátricas y la Unidad de Urgencias para Adultos.
Lo anterior, debido a que en el hospital se hacía una ampliación de 12 a 24 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que por falta de presupuesto no se concluyó de manera oportuna, por lo que se improvisaron otras áreas para la atención.
El 28 de septiembre, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) radicó de oficio el Expediente de Queja, que “por su gravedad y naturaleza trasciende el interés de la entidad federativa e incide en la opinión pública nacional”, por ello, la CNDH atrajo el caso.
Para la investigación, la CNDH pidió a las secretarías de Salud, de la Mujer, de la Juventud, a la Contraloría y al Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, en su calidad de integrantes de la junta directiva del hospital, así como al director general del mismo, copia de los expedientes clínicos de los menores afectados y sus madres, e información de las condiciones del hospital, la región Montaña y el municipio de Tlapa.
Al respecto de las condiciones del hospital, la subsecretaría de Salud hizo una visita el 4 de septiembre de 2015, cuando constató que había un área en ampliación y remodelación, sin el permiso sanitario de construcción; no había suficientes medicamentos ni área de curaciones, la sala de urgencias era multifuncional, los procesos de higiene no se hacían de la manera adecuada y tampoco había personal suficiente.
Por los hechos y las omisiones de las autoridades en la investigación, la CNDH recomendó al gobernador que en un máximo de 12 meses se repara el daño a las víctimas, debido a la responsabilidad del personal del hospital, conforme a la Ley de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero (450), con base en las consideraciones planteadas en el expediente.
Que se inscriba a las madres de los menores que fallecieron en el Registro Estatal de Víctimas para que tengan acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; que por el tiempo necesario, de acuerdo con los requerimientos de las propias víctimas, se les otorgue atención psicológica de seguimiento, con oportunidad, calidad y calidez, en algún centro cercano de atención médica perteneciente a la Secretaría de Salud.
En un plazo que no exceda seis meses se giren las instrucciones necesarias para que se establezca un programa y la previsión presupuestaria, conforme al que se tomen medidas para dotar al hospital de los instrumentos, equipo, medicamentos, infraestructura, personal médico y todo aquello que garantice los estándares de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad en los servicios de salud que brinde.
Que el gobernador dé instrucciones para que el hospital acredite la conclusión de las obras de ampliación de la unidad de cuidados intensivos neonatales, en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la aceptación de la Recomendación; que colabore ampliamente con la CNDH en la queja administrativa para iniciar procedimiento disciplinario ante la instancia que corresponda.
Además, en un plazo máximo de 12 meses, debe diseñar e impartir un curso integral y un taller de capacitación en materia del derecho a la protección a la salud en el hospital; específicamente sobre principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad, y conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas en materia de salud, con el objetivo de evitar que vuelvan a originarse actos como el que dieron lugar a este pronunciamiento.
Dichos cursos deberán se impartidos por personal especializado, con perspectiva de género, enfoque intercultural y considerando el principio del interés superior de la niñez.
También deberá dar instrucciones a quien corresponda para que se entregue una copia de la recomendación a las víctimas. En un plazo máximo de seis meses, deben hacer los estudios necesarios que permitan advertir cuál es la relación de causalidad que existe en el alto índice de partos pretérmino que se da específicamente en Tlapa, para que se adopten las medidas que se estimen pertinentes.
Por último, el gobernador deberá designar a un funcionario “de alto nivel” para que sirva como enlace en el cumplimiento y seguimiento de la recomendación. Se debe notificar a la CNDH con copias de los documentos correspondientes que se cumplió con lo dispuesto en la recomendación.
Mientras que el fiscal deberá hacer lo propio para concluir la investigación y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas; capacitar al personal para que estos casos se indaguen de la manera adecuada, mediante cursos que deben dar especialistas en la materia.

“Está dentro de los parámetros normales y dentro de las normas adecuadas, y todo lo que corresponde a evitar las infecciones nosocomiales”, dice el secretario

El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos aseguró que ya se cumplió la recomendación de la CNDH, y que se rehabilitó el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense, ubicado en Tlapa.
Esto en respuesta a la recomendación que emitió ayer la CNDH a la Ssa y a la FGE ante la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos prematuros en ese nosocomio.
Contra la FGE, la recomendación es porque mantuvo inactiva 18 meses la investigación sobre la muerte de los recién nacidos, lo que violentó el derecho de acceso a la justicia de las madres y padres de las víctimas.
En declaraciones ayer después de una visita al nuevo hospital general de Acapulco, el secretario de Salud informó que ya se atendió esa recomendación, pues ya se remodeló el hospital, se capacitó a los trabajadores, y tienen una sala de terapia intensiva neonatal.
“Está dentro de los parámetros normales y dentro de las normas adecuadas, y todo lo que corresponde a evitar las infecciones nosocomiales”, indicó el secretario.
Abundó que las causas del fallecimiento de los recién nacidos fueron individuales y no masivas.
Más tarde, la Ssa emitió un comunicado para aclarar la información publicada en diversos medios sobre las muertes de los recién nacidos en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa.
En el comunicado se numeran seis puntos; el primero, que las muertes de los ocho recién nacidos, “se registraron los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2015; es decir, antes de que la actual administración estatal entrara en funciones”.
En el segundo asegura que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, “realizó una exhaustiva revisión de los casos en la que se concluyó que ‘existe evidencia para determinar que dichas defunciones fueron secundarias a proceso natural de la prematurez que presentaban los recién nacidos, lo cual implica desde enfermedades e infecciones propias de la edad’”.
El tercero es sobre la insuficiencia de medidas sanitarias por falta de infraestructura y personal capacitado, que pese a que el Hospital de la Madre y el Niño Indígena es un Organismo Público Descentralizado, “en todo momento se han brindado las facilidades para la conclusión de obras, por lo que actualmente, se encuentra en total funcionamiento”.
Luego afirma que la Secretaría cuenta “con el personal necesario y capacitado para la atención de los servicios médicos en todos los hospitales de Guerrero”.
En el punto número cinco dice que la Ssa se ha mantenido atenta a las necesidades de las unidades de salud en el Estado y advierte que esperan los dictámenes de la Contraloría del estado, para fincar responsabilidades.
Finalmente, en el punto seis, se hace referencia a la Recomendación de la CNDH, y asegura que “se atenderán”.

Intervendrá la CNDH en el caso de los policías despedidos ante omisión del titular de la SSP

Policías estatales dados de baja en mayo denunciaron al secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, por negarse a dar respuesta a la recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) por abuso de autoridad y despido injustificado de 176 agentes, y ante la omisión del funcionario estatal intervendrá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En conferencia de prensa en la explanada de la Codehum el policía despedido José Muñoz Franco comentó que el 27 de octubre el organismo emitió una recomendación en contra de Almazán Cervantes, en la que tenía un plazo de 15 días que concluyó el 10 de noviembre, para dar una respuesta a la situación laboral de los agentes despedidos, pero no atendió la petición.
Dijo que ante la omisión la Codehum dará seguimiento para que el caso lo atienda la CNDH, “para que tomen cartas en el asunto a la falta de respuesta del Almazán Cervantes”.
Comentó que el martes Almazán Cervantes compareció ante los diputados en el Congreso del Estado para rendir cuentas de su trabajo, pero “no están acatando lo que realmente es dar seguridad a la población guerrerense, y violenta los derechos humanos de los policías estatales”.
Muñoz Franco señaló 57 agentes despedidos recibieron el pago su finiquito, pero el resto continúa el proceso laboral para que sean reinstalados en la corporación, o para ser liquidados conforme a la ley.
“Nosotros no vamos a desistir, no vamos a dejar esto hasta que llegue a las últimas instancias gubernamentales e internacionales para que tomen cartas en el asunto, es violatorio porque nos han dejado vulnerables a todos y a nuestras familias”, declaró.
Después de la conferencia de prensa una comisión de policías estatales despedidos entró a la Codehum en donde entregó un documento para que se envíe a la CNDH para que intervenga.
El 29 de mayo 600 policías estatales del Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de la SSP, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el paro y el 31 de mayo la Secretaría de Seguridad Pública informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías, porque incurrieron en una conducta violatoria de la ley. (Luis Blancas / Chilpancingo).

El estudiante de Veterinaria de la UAG asesinado en Cuajinicuilapa fue torturado, revela Efrén Cortés

En Acapulco familiares del estudiante desaparecido de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona, acompañados de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acudieron al Servicio Médico Forense donde reconocieron a la víctima y reclamaron el cuerpo.
En declaraciones, Efrén Cortés Chávez, uno de los tíos del joven de 24 años y sobreviviente de la masacre de El Charco, reveló que el joven fue torturado, y recriminó que desde que la Fiscalía General del Estado tomó el caso de la desaparición de su sobrino, quien realizaba un seminario de titulación en la escuela de Veterinaria y Zootecnia de la UAG, no informó nada a los familiares quienes se enteraron del hallazgo del cuerpo por otras personas.
Fuentes de  la Fiscalía indicaron que el cuerpo no sería entregado hasta que se realizaran los exámenes de ADN para una mayor certeza, pero a la una de la tarde los familiares informaron que en 2 horas les sería entregado y trasladado a su natal Cruz Grande.
En una llamada informaron que el cuerpo fue entregado a las 3 de la tarde y que las pruebas de ADN se las entregarían después, pero que identificaron plenamente al joven por señas particulares y la ropa que llevaba el día que desapareció.
Según el reporte de la Policía Ministerial que acudió al lugar donde fue encontrado el cadáver del joven desaparecido el 28 de octubre en el centro de Cuajinicuilapa, estaba en una fosa clandestina de unos 80 centímetros de profundidad, en un terreno ubicado en la carretera entre Cuajinicuilapa y San Nicolás.
Dice que el hecho fue reportado a las 10:30 de la mañana del martes por el comandante de la Policía Municipal de Cuajinicuilapa, Benito Gracia Morales, quien informó del lugar donde estaba enterrado el cuerpo reportado por los vecinos.
En un diámetro de 10 metros del terreno ubicado cerca de la comunidad de Montesillo, había ramas de árboles cortados y tierra removida, encontrado una fosa de 80 centímetros de ancho,  un metro con cuarenta centímetros de largo y 90 centímetros de altura, donde estaba la víctima.
El reporte indica que al cuerpo se le apreciaron “múltiples fracturas de cráneo, observándose atado del cuello con una cuerda de plástico de color blanco, así como la mitad de una camiseta de color blanco con rojo con el numero 85”.
El joven sólo vestía un “pantalón de mezclilla de color azul, bóxer gris, cinturón piteado el cual tiene la figura de la cara de caballo en la hebilla, y puesta sobre los brazos una playera tipo polo de color verde con figuras de Mickey Mouse en color rojo”.
El cuerpo no fue trasladado a la morgue a las 2:10 de la tarde, hora en que terminaron las diligencias. En el Servicio Médico Forense los familiares estuvieron acompañados de integrantes del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

Llama a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar

El luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortes Chávez insistió en que la desaparición y el asesinato de su sobrino, el estudiante de Veterinaria Jorge Cortés Carmona, fue un crimen político por su relación de parentesco.
En una conferencia de prensa con representantes del Colectivo de Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero denunció que el gobernador Héctor Astudillo Flores guardó silencio cuando se le pidió su intervención, y la Fiscalía General del Estado (FGE) fue muy lenta en la localización del joven de 24 años, además de que el cuerpo tiene indicios de tortura.
Aseguró que el siguiente día al de su desaparición, el lunes 30 de octubre, hombres desconocidos llamaron al número telefónico del papá de la víctima, y desde el anonimato dieron a entender que ellos sabían dónde estaba el muchacho y podían ayudarlos a localizarlo, sin pedir rescate.
Indicó que los registros telefónicos fueron entregados a las autoridades y no hubo más información del caso, hasta que encontraron su cuerpo enterrado en un paraje rumbo a la comunidad de San Nicolás, por la colonia Miguel Alemán de la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, y la localidad de El Comal.
Estimó que el cuerpo fue enterrado para desaparecerlo, y eso implicaría que el gobierno sabía dónde se encontraba, “¿o quién le dio el pitazo?”.
En tanto no haya una investigación profesional con resultados comprobables y científicos, dijo que insistirá en que el ataque a su sobrino pudo tener una motivación política, debido a las actividades políticas del luchador social. Subrayó que la vida de su familia es lícita.
Aclaró que independiente de los resultados del caso, sean responsables o no las autoridades, hay responsabilidad legal del Estado que debe garantizar la vida de los ciudadanos.
Señaló que la FGE no actuó hasta que la Red Solidaria Década contra la Impunidad solicitó acciones urgentes a las autoridades del Estado mexicano y a organismos internacionales. Entonces, comenzó la aplicación del protocolo de investigación compartida para casos de desaparición forzada.
Llamó a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar “no de simulación. Si hay agentes estatales culpables materiales o intelectuales, o no, debe haber una sanción ejemplar”.
También exigió un pronunciamiento o deslinde del gobernador Héctor Astudillo Flores, “para que explique por qué la autoridad cayó, hubo silencio gubernamental, no hubo comunicación con la familia”.
Del Colectivo estuvieron representantes la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de los mineros de Taxco, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), colonos del Nuevo Mirador, y el integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes García.
Consultado sobre la inseguridad en la entidad, Fuentes García aseguró que el grado de violencia no puede entenderse sin la connivencia de las autoridades.
Aunque hay operaciones militares y policiacas, estimó que hay cierto grado de contención en lugares estratégicos, como Acapulco, no así en las regiones.
“Es grave todo lo que ocurre, no basta toda esa movilización del Ejército y cuerpos de seguridad porque hay presunción de que están involucrados, y en esa circunstancia no puede hacer ninguna seguridad para nadie”,  advirtió.
Mencionó que en la época conocida como la guerra sucia, de la década de 1970, hubo una decisión de Estado para localizar y eliminar un movimiento guerrillero, que no llamaban así, sino de delincuentes, pero no fueron sólo contra los guerrilleros sino tras los familiares y la población que podía protegerlos, “el daño de aquel tiempo no ha sido reparado, no ha habido justicia ni verdad”.
Ahora, señaló que la situación es más compleja por el involucramiento de grupos criminales, “que no podría ocurrir sino fuera por la connivencia del Estado”.

Celebra Siempre Vivos la entrada del Ejército a Zitlala que llegó “después de tantos asesinatos”

El presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa y Zitlala, Siempre Vivos, José Díaz Navarro reprochó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que a pesar de dos quejas para que se investigue por qué las autoridades no han investigado los 140 asesinatos cometidos en lo que va del año y más de 110 desaparecidos en esos dos municipios, no haya intervenido.
Por otra parte celebró que el Ejército y la Policía Estatal hayan tomado el control de la seguridad en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en donde opera el grupo armado Paz y Justicia, aunque se tardaron más de dos años y cuestionó que hayan llegado “después de tantos asesinatos y desapariciones”.
Díaz Navarro urgió a las fuerzas federales y estatales a que también tomen el control de la seguridad en la ruta del sur de Chilapa desde Atzacoaloya hasta los municipios de Quechultenango y Mochitlán en donde opera, dijo, el grupo Paz y Justicia con el grupo criminal Los Ardillos.
Vía telefónica informó que la organización Siempre Vivos presentó una queja en contra de la autonombrada policía comunitaria del grupo Paz y Justicia desde la desaparición de 30 personas, durante su irrupción del 9 al 14 de mayo de 2015 a la cabecera municipal de Chilapa.
Dijo que después, (sin precisar la fecha) presentó una queja más concretamente en contra de este mismo grupo que tiene el control en Tlaltempanapa, pero que el organismo no ha hecho ningún pronunciamiento, en general, en contra de toda la violencia que se vive en Chilapa y Zitlala que ha dejado 140 asesinatos de enero a lo que va de julio, según sus registros.
“Que curioso que la CNDH se convirtió en agencia de investigación criminal para investigar las muertes del socavón en Cuernavaca, de los 28 muertos del penal de Acapulco, del espionaje de Pegasus, pero de los 140 homicidios en Chilapa en los últimos seis meses, no se han enterado”, reprochó Díaz Navarro.
Denunció que en Chilapa y Zitlala han asesinado a niños, a mujeres embarazadas, a mujeres madres de familia, a mujeres de la tercera edad a jóvenes estudiantes, a indígenas, a minusválidos y a padres de familia, “¿y la CNDH dónde ha estado todo este tiempo?, ¿por qué no investiga?”, cuestionó.

Los Rojos fueron desplazados y Los Jefes son Los Ardillos, asegura

Explicó que tampoco se ha hecho nada por los desaparecidos de los que hubo muchos cuando operaba en Chilapa y Zitlala el grupo criminal Los Rojos, porque afirmó que ahora Los Rojos fueron desplazados “casi en su totalidad”, y el grupo criminal que opera es el de Los Jefes y según Díaz Navarro son los mismos que Los Ardillos. Dijo que con ellos ha disminuido en la zona el número de desapariciones pero que aumentaron los asesinatos.
Contó: “una autoridad municipal que no voy a decir quién es, les dice a los familiares que si su familiar está desaparecido que se esperen a más tardar ocho días porque va a aparecer su cuerpo, que aunque sea desmembrado pero que va a aparecer”.
El presidente del colectivo agregó que el razonamiento de esa autoridad municipal, “suena grotesco, pero es la verdad, así les dice”.
Se quejó que para encontrar a los desaparecidos son los familiares los que los buscan, aunque la mayoría de las veces los encuentran vivos, “y cuando la gente aparece muerta los familiares ya no le mueven, ya no piden justicia, ya no piden nada, se conforman que por lo menos tuvieron la oportunidad de darle sepultura al cuerpo y aunque se lo hayan entregado en pedazos”.
Explicó que por esta situación no tiene un número exacto de desaparecidos, y contó que él se quedó en 110 en lo que va del año, “pero yo mismo ya no di avance en el registro de los desaparecidos porque es muy difícil de llevarlo, como sí podría hacerlo la autoridad”.
Mencionó que él ya no vive en Chilapa, de donde salió desplazado por la violencia, pero que también muchas familias ya no denuncian a sus familiares desaparecidos.

La situación de violencia en Zitlala es similar a la de Chilapa

De la operación militar y policiaca que asumió el control en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, después de dos enfrentamientos que tuvieron a golpes, a pedradas y a palazos el miércoles y el viernes con habitantes del grupo Paz y Justicia, Díaz Navarro declaró que “se tardaron más de 2 años” en ir a tomar el control de la seguridad, y que fue “después de tanta gente desaparecida y asesinada en Zitlala, en donde se vive una situación similar a la de Chilapa”.
El colectivo Siempre Vivos, ha venido denunciando a la auto llamada policía comunitaria de Paz y Justicia que mantiene el control en ese pueblo ubicado a 15 minutos al norte de Zitlala, de ser la responsable de los asesinatos y desapariciones en la zona. También ha denunciado que pertenece al grupo criminal Los Ardillos.
Sin embargo reconoció que la presencia del Ejército y la Policía Estatal es “excelente”, pero que en general, el Ejército y las policías ya deben de tomar la rectoría de la seguridad en todas las zonas en donde está a cargo de grupos ilegales y anticonstitucionales.
Concretamente pidió que el Ejército tome el control en las comunidades del lado sur de Chilapa, desde Atzacoaloya, El Jagüey, San Ángel, Xiluxuchicán y Ayahualulco, donde opera el grupo Paz y Justicia, y hasta Quechultenango y Mochitlán en donde dijo que operan Los Ardillos.
También pidió el control de la seguridad en las comunidades de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa y Tepoztlán, municipio de Ahuacuotzingo, en donde informó que opera un grupo criminal encabezada por un delincuente apodado La Culebra o El Talibán, “que está generando mucha violencia y el desplazamiento de familias”.
Los militares y policías “están para resguardar la integridad de los ciudadanos y salvaguardar nuestras vidas. No puede ser que un grupo de borrachos, drogadictos y delincuentes se hagan cargo de la seguridad sin que nadie los controle, nadie los regule, nadie sepa quiénes son ni cuántos son, y que hayan generado tantísima violencia a partir de que empezaron a operar”.
Anunció que cuando haya garantías y la seguridad de que el Ejército y la Policía Estatal retomaron la seguridad en la zona, el colectivo va a reiniciar con los familiares la búsqueda de los desaparecidos.
“Más adelante vamos a programar una búsqueda en Tlaltempanapa, en donde tenemos información de que hay muchos cuerpos tirados o sepultados clandestinamente. Es un dato curioso, cuántos desaparecidos y homicidios ha habido en ese pueblo y ni si quiera tienen un panteón”, dijo en referencia a que los habitantes de ese lugar tienen que ir a sepultar sus muertos a Zitlala, la cabecera municipal.

 

Atrae la CNDH la investigación sobre la masacre en Las Cruces y emite recomendación a Astudillo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), atrajo las investigaciones de la masacre en el penal de Las Cruces en Acapulco y emitió la recomendación 2/2017 al gobernador Héctor Astudillo Flores “por la subsistencia de situaciones apremiantes a atender y prevenir condiciones que puedan derivar en tortura o maltrato a las personas privadas de la libertad” en los penales de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Taxco.
La CNDH informó en un boletín este miércoles que atrajo las investigaciones del caso para investigar las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, el organismo informó que mediante diversas visitas realizadas a los cinco centros de reclusión del estado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) constató que persisten situaciones de riesgo que en el caso del centro de Acapulco derivaron en los hechos violentos que dejaron 28 reclusos muertos y tres heridos.
El boletín establece que de inmediato personal de la CNDH se trasladó a las instalaciones de ese centro penitenciario, donde permanece realizando las investigaciones correspondientes.
Antes, los centros penitenciarios que habían sido visitados son los de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa de Álvarez, Iguala y Taxco.+

Se informó de las irregularidades

La CNDH informó que entre las irregularidades encontradas en esas cárceles por el Mecanismo destacan la existencia de condiciones de autogobierno, la insuficiencia de personal y falta de capacitación, sobrepoblación y hacinamiento; asimismo, cobros indebidos y áreas de privilegio, falta de espacios exclusivos para mujeres, deficiencia en la atención médica, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento, inadecuada higiene, insuficiente suministro de alimentos o de mala calidad, e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias.
“Esto consta en los informes respectivos emitidos en agosto de 2016 y en mayo de 2017, con el propósito de impulsar las acciones necesarias para optimizar el trato y condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de la entidad, así como analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal”, estableció el comunicado.
Agregó que ante la situación imperante en esos centros de internamiento, el MNPT realizó recomendaciones puntuales al gobierno del Estado de Guerrero, consistentes en que es necesario contar con instalaciones apropiadas, dotar a los internos de alimentación adecuada, atender el problema de la sobrepoblación y hacinamiento, tener establecimientos específicos para mujeres y eliminar las condiciones de autogobierno.
En la recomendación firmada por el presidente de la CNDH y enviada al gobernador Héctor Astudillo Flores, con fecha del 10 de julio, se pide también llevar a cabo programas de prevención y atención de la violencia; y reglamentar adecuadamente la imposición de sanciones disciplinarias.
Asimismo, mejorar las condiciones que permitan el acceso al derecho a la protección de la salud óptimamente y armonizar su normatividad, de conformidad con las legislaciones nacional e internacional vigentes y con los estándares existentes.
En cuanto a instalaciones apropiadas, la recomendación pide realizar de inmediato una evaluación sobre el mantenimiento y equipamiento de los penales para planear y programar a corto, mediano y largo plazo, la asignación de recursos suficientes para que las instalaciones reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene que permitan a las personas privadas de la libertad una estancia digna, particularmente que cuenten con planchas y colchonetas suficientes para dormir; iluminación, ventilación e instalaciones sanitarias en adecuadas condiciones de funcionamiento que permitan privacidad y suministro de agua para satisfacer requerimientos individuales mínimos.
En el aspecto de alimentación adecuada, la CNDH recomienda realizar de inmediato las acciones pertinentes para garantizar que todas las personas privadas de la libertad en los Ceresos reciban tres veces al día y en horario establecido, alimentos cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud, poniendo atención en su calidad e higiene.
Para resolver el problema de sobrepoblación y hacinamiento, el organismo demanda girar instrucciones para que de inmediato se procure una adecuada distribución que atienda a la clasificación y separación de los internos que marca la Ley y se eviten áreas que sobrepasen su capacidad.
Otra de las recomendaciones se refiere a las instalaciones para mujeres y al respecto pide prever los recursos presupuestarios para la construcción de un centro femenil en el Estado, que reúna las condiciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como en las Reglas de Bangkok y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, para resolver el problema de autogobierno, la CNDH pide realizar de inmediato una evaluación de las necesidades en materia de personal de seguridad, vigilancia y custodia que se requieran para garantizar la tranquilidad, la disciplina el orden y la gobernabilidad de los centros de reclusión, para que la autoridad penitenciaria ejerza las funciones que legalmente le corresponden e imposibilite que los internos participen en ellas, y para evitar cualquier clase de abuso contra la población recluida, los cobros ilegales y forzados y la existencia de privilegios de cualquier naturaleza.
También exige la contratación del personal con el perfil adecuado, “con competencias profesionales de acuerdo a los fines del Sistema Penitenciario, de conformidad con las observaciones y recomendaciones contenidas en el pronunciamiento denominado Perfil del Personal Penitenciario en la República mexicana”, emitido por esta Comisión Nacional en 2016.
Con respecto a la imposición de sanciones disciplinarias, la CNDH recomienda girar instrucciones para que las sanciones disciplinarias en las cárceles sean impuestas conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal y con base en la Recomendación General 22 sobre las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la República mexicana, emitida por este Organismo Nacional el 13 de octubre de 2015.
Con respecto al servicio médico, pide realizar las gestiones correspondientes para que a la brevedad posible, cuenten con los servicios de personal médico y de enfermería suficiente, medicamentos, instalaciones y equipo necesarios para brindar a las personas privadas de la libertad una atención médica adecuada.
En cuanto a normatividad, el organismo nacional, establece que “es necesario actualizar o emitir uno o los reglamentos que se requieran para los centros de reinserción social del Estado de Guerrero, de conformidad con la normatividad vigente, en un plazo de seis meses, informando trimestralmente al respecto.
El documento de la CNDH emplaza al gobierno del estado para que vaya informando trimestralmente el cumplimiento de la recomendación.

“Tiene muchas probabilidades de recuperarse”, informa el esposo de la locutora de Ometepec

 

“Tiene muchas probabilidades de recuperarse, la herida no es para causarle la muerte”, indicó el esposo de la locutora Marcela de Jesús Natalia, Mario Martínez Bautista, luego de la valoración que le hicieron a su esposa como resultado de la tomografía que le tomaron.
El regidor del PRI en Xochistahuaca urgió a las autoridades para que se investigue y detenga a quienes dispararon contra su esposa, para que no se vuelva costumbre la agresión a quienes trabajan en medios de comunicación.
La locutora indígena Marcela de Jesús Natalia fue agredida a balazos el pasado sábado por la mañana, cuando salía de las instalaciones de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), en Ometepec.
Al mediodía de ayer se encontraba estable, según lo dicho por los médicos a sus familiares. Su esposo explicó que los doctores indicaron que tiene “muchas probabilidades de recuperarse”, que la mantienen sedada porque tiene inflamada una parte del cerebro, aunque al parecer no tiene daño, lo cual se confirmará una vez que ceda el absceso.
Los médicos dijeron a la familia que probablemente mañana se pueda determina qué cirugías requiere.
Marcela de Jesús cumplió años el mismo sábado. Su esposo consideró que la agresión “fue planeada, la esperaron”, por eso exigió que se investigue el hecho. Enfatizó que como familia están enfocados en la salud de su esposa, porque es lo que les preocupa ahora, sin embargo consideró que esta semana la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de dar resultados de la investigación que inició por el atentado.
Expuso que es importante que se detenga y castigue a quienes atentaron contra su esposa, porque “sino se va a volver costumbre agredir a la gente que trabaja en los medios”.
Por la mañana, desde la Secretaría de Salud se informó que Marcela de Jesús se mantenía sedada, conectada a un respirador, sin deterioro neurológico, fiebre y taquicardia leve, y había recibido trasfusión de sangre.
De Jesús Natalia es conductora de diferentes programas en RTG, uno de ellos es dirigido a niños y otro a mujeres indígenas, que tiene el objetivo de concientizarlas en temas de desarrollo para empoderarlas.
Mario Martínez dijo que su esposa, además de locutora, es gestora social y colabora con diferentes organizaciones. Habla ñomndaa (amuzgo), que es su lengua materna, un savi (mixteco), español y un poco de inglés. Tiene cinco hijos.
Hace tres meses dejó el cargo como presidenta del DIF de Xochistlahuaca, porque no tenía apoyo para ejercer sus funciones, el cual ocupó luego de haber apoyado la candidatura de la priista Aceadeth Rocha en la pasada elección. Antes buscó en ocasiones diferentes la precandidatura a diputada local y a la de presidenta municipal por el PRD, partido que dejó por no permitirle avanzar políticamente.

Va al hospital Hipólito Lugo, de la CNDH

Vía telefónica, el coordinador de la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Acapulco, Hipólito Lugo Cortés, informó que visitó a los familiares de Marcela de Jesús en el Hospital General, en la preocupación por preservar la vida y garantizar el derecho a la salud de la gestora amuzga.
Expuso que los médicos les dieron el diagnóstico y se analiza todavía si requiere o no cirugías. Lugo Cortés enfatizó que como CNDH tendrán “los ojos puestos” en el caso, para insistir a las autoridades en la investigación de los hechos y que se detenga a los responsables, porque si no se castiga quedará en impunidad y permitirá que sigan ocurriendo hechos similares.
Se congratuló de que los reporteros de Guerrero se hayan solidarizado con Marcela de Jesús, porque consideró que es una manera de insistir a las autoridades para que cumplan con la investigación.
El sábado, en un comunicado, la CNDH informó que solicitó al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, medidas cautelares para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida de De Jesús Natalia, además de resguardar las instalaciones de las radiodifusoras en las que labora, pues también tiene un programa en Radiorama. También solicitaron medidas de contención emocional para los familiares de Marcela y de quienes trabajan en RTG.
Recalcó que Guerrero ocupa el tercer lugar en homicidios de periodistas, junto con Tamaulipas y Chihuahua, con 14 casos; en primero se encuentra Veracruz, con 20, y Oaxaca en segundo, con 15.
En Guerrero persiste una situación de gravedad en contra de quienes ejercen el periodismo y la libertad de expresión, “cuestión que debe obligar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a establecer las acciones y las políticas públicas acordes con la preocupante situación”.
La CNDH se solidarizó y respaldó a todos los periodistas del país y en especial de Guerrero. Demandó “a las autoridades correspondientes una investigación ágil y diligente para dar con los responsables de esta agresión y evitar a toda costa que haya impunidad”.
También, el sábado, el alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos, condenó y lamentó el atentado contra la locutora y ex presidenta del DIF Municipal de Xochistlahuaca, la cual dijo “se enmarca en esa descomposición social de la que todos somos parte”.
Se expuso en el comunicado emitido por el Ayuntamiento que las circunstancias en que se vive obligan a reforzar los esfuerzos para contrarrestar el fenómeno de la violencia e inseguridad, así como a no politizar la agresión contra la locutora, “la prudencia, el respeto y la solidaridad deben ser los valores que prevalezcan”.
Indicó que el gobierno municipal estableció comunicación con el fiscal general del Estado “para ser coadyuvantes con la disposición de las grabaciones registradas en las cámaras de videovigilancia, de manera que las autoridades competentes tengan y dispongan de elementos para el esclarecimiento y castigo a los responsable de este aberrante suceso”.
Asimismo, en una carta que circuló el mismo sábado, 132 periodistas y reporteros de Guerrero condenaron la agresión y exigieron a la FGE que “haga su trabajo”, al ser la dependencia encargada de la investigación de los hechos y dé resultados inmediatos.
En el texto se expone la “inoperancia” de las instituciones que deja en indefensión a los guerrerenses, “todo puede pasar en Guerrero porque los delitos quedan impunes, por ello es urgente que den resultados las autoridades investigadoras”.
Los reporteros expusieron que se vive en un ambiente de intimidación, con la que se pretende callar a quienes quieren comunicar lo que la sociedad siente ante la “incontenible violencia”. Solicitaron “acciones de protección, una investigación profunda y castigo a los autores materiales e intelectuales del atentado”.