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PF, la corporación con más quejas de violación a los derechos humanos; 18 son por tortura

De 175 quejas contra autoridades federales presentadas en Guerrero de enero a octubre en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 47 por ciento son a la Policía Federal, en las que destacan 18 casos de tortura.
Según los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, disponibles en su portal web, la Policía Federal es la que más quejas por violación de derechos humanos tiene en el estado. Destaca con dos quejas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En 2015 en Guerrero fueron presentadas 109 quejas contra la Policía Federal, que está un lugar debajo de Tamaulipas con 127 casos, en Michoacán hubo 83, en el Estado de México 82 y en la Ciudad de México 53.
Guerrero está en el lugar 16 nacional con 175 quejas contra autoridades federales, en 2015 hubo un total de 250 quejas y ocupó el lugar 14. En los primero cinco peldaños aparecen Ciudad de México con mil 947 quejas, Estado de México con 636, Chiapas con 465, Tamaulipas con 402 y Veracruz con 391.
Guerrero es el estado que más quejas tiene contra la Policía Federal con 82 de las que 66 siguen en trámite. Destacan 34 quejas por detenciones arbitrarias, 18 por casos de tortura, 11 por trato cruel, inhumano y degradante y nueve por emplear arbitrariamente la fuerza pública.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene 20 quejas (el 11.42%) de las que 19 siguen en trámite. Siete son por integrar mal la averiguación previa y el mismo número por prestar indebidamente el servicio, además de 4 por detenciones arbitrarias.
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene 19 (10.85%) de las que 16 siguen en trámite. Ocho son por detenciones arbitrarias, 2 por trato cruel, una por apoderarse de un bien mueble sin consentimiento, y una más por desaparición forzada o involuntaria de persona.
La Secretaría de Marina aparece con cinco quejas, todas en trámite, dos por omitir notificar a la familia del arresto, una por privación de la vida, y una por imputar indebidamente hechos.
Otras dependencias que tienen quejas son el Instituto Mexicano del Seguro Social con 13, el ISSSTE con 10, la Comisión Federal de Electricidad con ocho, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con cinco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene cuatro, al igual que la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Con dos quejas cada una en el estado están Caminos y Puentes Federales, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Antropología, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, el Registro Agrario Nacional, la SAGARPA y la Sedesol.
Con una queja cada una aparecen la Comisión para la regularización de la tenencia de la Tierra de la Sedesol, el Fondo de Vivienda del ISSSTE, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Instituto de Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Junta Especial 43 de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Agraria, la SCT, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y la de Salud.
El total de la suma de las quejas es 193, y 175 corresponden a autoridades federales.

Que la CNDH pida al estado que armonice la Ley 701 con las instituciones, demanda la CRAC

Consejeros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pida el cumplimiento de sus propias recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como a la Fiscalía General, que evaden su responsabilidad en la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena con las instituciones.
En un documento sobre la Ley 701, informaron que llevaron una queja formal al organismo nacional -registrada bajo el folio 91993/2016-, porque hay indicios y pruebas de que en Guerrero no sólo se escamotea, sino se conculcan los derechos de los pueblos originarios y el afromexicano plasmados en leyes internacionales y nacionales, por las autoridades estatales.
Aseguraron que hay un riesgo inminente de que llegado el momento el Congreso local apruebe una reforma regresiva de la ley, que conculquen los derechos ya reconocidos en leyes supremas.
Por referencia señalaron el artículo 14 de la nueva Constitución que textualmente dice, “el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad”.
“Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
Aclararon que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos de aplicar sus propias normas para la regulación de sus conflictos internos, y el Convenio 169 -en su artículo 9-, establece que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos recurren para la represión de los delitos cometidos, “por sus miembros”.
La Ley 701 amplía el sentido de este derecho para reconocer que incluso sus métodos se aplican a terceros dentro de su jurisdicción. Sin embargo la actuación de las autoridades de Guerrero “muestra que aún no ha permeado en las instituciones del gobierno el respeto a los usos y costumbres y al sistema de seguridad pública y justicia de la CRAC”, por el contrario, niegan y desconocen la naturaleza y los alcances de los sistemas normativos indígenas.
Ante las controversias del derecho penal y la justicia comunitaria aclararon que corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver sobre “esa aparente dicotomía entre legislación, texto constitucional estatal, Ley 701 y Convenio 169”.
Destacaron que la 701 no únicamente incluye los derechos del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación conocido como la CRAC o Policía Comunitaria, sino los derechos del conjunto de los pueblos náhuatl, mee pha, na savi, ñomnda y afromexicano, por lo tanto es necesaria una gran alianza de todas las organizaciones y representantes de dichos pueblos, para asegurar que la reforma a esa ley sea “progresiva”, es decir que se perfeccione aún más para garantizar a las nuevas generaciones un instrumento jurídico que ampare sus derechos hasta hoy no reconocidos a plenitud.

Buscan policías, militares y el grupo Paz y Justicia en Tlaltempanapa a la familia desaparecida

Haga clic aquí para ver el video: https://goo.gl/wGZ0fN

Militares, policías ministeriales y estatales entraron este lunes a Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en busca de los seis integrantes de la familia García Feliciano que desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Ixcatla, en Zitlala, de donde son originarios.
Tlaltempanapa es una comunidad nahua de unos mil habitantes ubicada a unos 20 minutos al norte de Zitlala, la cabecera municipal, que se encuentra bajo el resguardo de civiles armados del grupo autollamado Paz y Justicia, cuyos integrantes irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 a Chilapa, cuando según el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos fueron levantados 16 vecinos en esa cabecera municipal, y a quienes relacionan con el grupo criminal Los Ardillos.
La búsqueda fue acompañada por el asesor de la Secretaría de Gobierno Jorge Miranda Huesca, el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, y el visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije.
El grupo de civiles armados que opera en esta comunidad puso como condición para permitir la búsqueda en el pueblo y alrededores, que no asistiera el presidente de la asociación de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien aguardó en Zitlala hasta que terminó la búsqueda, sin resultados.
Marino García Capistrán y su esposa María Feliciano Diego, así como la madre del primero, Florencia Capistrán Tecolapa y los hermanos Félix, Santa y Marco Antonio García Feliciano, hijos de la pareja, desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán a su pueblo Ixcatla.
Díaz Navarro ha insistido en que la familia fue levantada en una zona cercana a Tlaltempanapa, y que la deben de tener en un lugar cercano a esta localidad.
Debido a las acusaciones directas las autoridades locales del pueblo se opusieron a que Díaz Navarro formara parte de la búsqueda, en la que sólo participaron el grupo de la Policía Ministerial que se encarga de las investigaciones, la Policía Estatal así como los visitadores de la CNDH y de la Codehum. El equipo fue resguardado por soldados que se desplazaron en seis unidades.
El convoy entró a la comunidad aproximadamente a las 11 de la mañana cuando cientos de vecinos se encontraban concentrados en la cancha techada del centro.
Los responsables de la operación se reunieron en la Comisaría con una comisión de autoridades del pueblo encabezadas por el comisario municipal, Luciano Colotzin Tlalcomatlán y el comandante de la autollamada policía comunitaria, Felipe Dámaso.
El asesor de la Secretaría de Gobierno, Miranda Huesca explicó los motivos de la acción y dijo que era una búsqueda en todos los pueblos para localizar a los seis integrantes de la familia desaparecida.
El comandante del grupo civil armado del pueblo, un joven que siempre mantuvo su supremacía con relación al comisario, que era de mayor edad, dijo a los visitantes que también ellos “están preocupados por estas personas desaparecidas, porque los han ido a culpar a su propio pueblo de su desaparición cuando no es así”, dijo.
Agregó que aquí la policía que se encarga de la seguridad del pueblo, “estamos trabajando bien no para robar ni secuestrar a alguien” y agregó que se organizaron para integrar su propia policía para defenderse de los delincuentes “y porque eran los mismos militares y policías federales los que venían a molestarnos, por aquí en las orillas a cualquiera le daban su chinga”.
Felipe Dámaso ofreció la colaboración de la Policía Comunitaria del pueblo para buscar a los desaparecidos y con el comandante de la Policía Ministerial a cargo de las investigaciones, acordaron las rutas de búsqueda. Primero recorrieron el pueblo y posteriormente se trasladaron a la comunidad de Tezayuca, a unos 5 kilómetros al poniente de Tlatempanapa. Se trata de una localidad fantasma, de casas abandonadas, versiones policiacas señalan que fue un campamento de un grupo del crimen organizado por donde tenían salida a pie para llegar a La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan.
Posteriormente anduvieron por la carretera que comunica con Tlalcozotitlán hasta el puente de Tlapehualapa, en donde hay un tramo de la carretera accidentado y acudieron para confirmar si la familia desaparecida no tuvo algún percance automovilístico en esa zona. Los miembros de la caravana caminaron por las márgenes de una barranca ante la posibilidad de que la camioneta donde viajaba la familia hubiera volcado.
Al finalizar sin éxito la jornada de búsqueda, el visitador de la CNDH, Hipólito Lugo Cortés declaró que para el organismo nacional es preocupante que se den casos como éste en donde hay toda una familia desaparecida, y agregó que la intervención de la Comisión Nacional obedece a la petición de los familiares y la asociación civil Siempre Vivos de Chilapa.
Dijo que se abriga la esperanza de que los seis integrantes de la familia estén con vida a pesar de que llevan dos semanas desaparecidos.
Agregó que ojalá las instituciones cumplan sus funciones de investigar y localizar a los seis.
Subrayó que existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) y una orden girada a la Policía Ministerial, “en este caso corresponde a ellos realizar las investigaciones de manera eficiente, oportuna e imparcial, pero sobre todo con resultados lo más pronto posible, tomando en cuenta que entre más tiempo pase se corre el riesgo de que se atente contra la vida y la integridad de estas personas”.
Mientras tanto el presidente de la asociación Siempre Vivos, Díaz Navarro se mostró insatisfecho porque no se le permitió entrar al pueblo y participar en le búsqueda para proponer los lugares y sitios a los que se debería de dar prioridad.
Insistió en que el grupo civil armado que opera en este pueblo debe saber dónde están los integrantes de la familia que desapareció en este punto de la carretera Tlalcozotitlán-Zitlala, esa tarde del 18 de octubre.
Denunció que cerca de la comunidad de Tlaltempanapa hay un cerro que se llama Tepechpan en donde hay rumores de la existencia de fosas clandestinas, y no descartó que allí se encuentren algunos de los 30 cuerpos de desaparecidos que tiene registrados esa asociación de enero a octubre de este año.
El activista advirtió que de su parte no va a cesar en la búsqueda ni dejar de acompañar a los familiares de los desaparecidos en todas las acciones para encontrar a las seis personas, “tienen que aparecer, no pueden desaparecer así nomás”.

Se reúnen padres de los 43 y la procuradora; insisten en la salida de Tomás Zerón de la AIC


Una vez más la procuradora general de la República, Arely Gómez González sólo reiteró a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, que en la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, se trabaja con “exhaustividad y profesionalismo”.
La reunión entre ambas partes se llevó a cabo un día después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que la causa de la muerte del normalistas de Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontes, una de las víctimas de Iguala, se debió a la multiplicidad de golpes que recibió de policías y criminales, y de que perros y roedores fueron los responsables del desprendimiento de la piel de su rostro.
En la reunión los padres demandaron que se mantenga presos a los policías que atacaron a Julio César Mondragón y sostuvieron sus anteriores demandas: que se dé seguimiento al libro blanco elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la destitución de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a quien señalan de sembrar pruebas en el basurero de Cocula.
En un comunicado la PGR señaló que en la reunión en la sede central de la dependencia, la procuradora refrendó ante los familiares de los jóvenes normalistas el compromiso indeclinable de la institución de esclarecer el caso.
Durante el encuentro se expusieron los avances en las distintas líneas de investigación y se informó sobre las acciones de búsqueda que se realizan, contando para ello con instrumentos tecnológicos de punta.
Según la PGR, en un “ejercicio de plena transparencia” se dio cuenta de los últimos avances en la investigación, como las diligencias practicadas a raíz de las últimas detenciones de personas relacionadas con el caso, análisis exhaustivo en materia de telefonía y trabajos periciales en curso.
Además, Arely Gómez escuchó con atención los diversos planteamientos de los familiares en relación con el desarrollo de las indagatorias y enfatizó en su disposición para seguir trabajando de manera cercana y conjunta, tanto en los mecanismos de búsqueda como en los demás aspectos de la indagatoria, dice.
En la reunión estuvieron el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres; Alfredo Higuera Bernal titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, así como Luis Grijalva Torrero, responsable del Órgano Interno de Control.
Ninguno de ellos dio respuesta a los planteamientos de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes nuevamente solicitaron la destitución de Zerón de Lucio como uno de “los planteamientos irrenunciables” ya que en opinión del abogado Vidulfo Rosales, el Mecanismo Especial de Seguimiento a Víctimas no dará resultados.
Así, temen que una vez más la PGR cambie las investigaciones y recomendaciones que adelantó el GIEI.
Desde el 25 de abril cuando los padres exigieron por primera vez la destitución de Zerón de Lucio, éste suspendió sus apariciones públicas.
Luego del encuentro con la titular de la PGR, los padres de familia se dirigieron a la sede de la Cancillería, donde quitaron su plantón iniciado hace seis días, luego de agradecer el apoyo de artistas y ciudadanos, quienes se solidarizaron con el movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Van siete asesinados en Ayutla; la alcaldesa no deja trabajar a la Policía Ciudadana: UPOEG

 

Integrantes de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) denunciaron que desde que llegó la actual presidenta municipal del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, “no pueden trabajar de forma libre”, por eso en tres meses han sido asesinados siete vecinos, debido a la inoperante Policía Municipal.
En un comunicado los integrantes de la UPOEG de Ayutla llamaron a los gobiernos federal, del estado y del municipio a dejarlos trabajar de forma libre en las colonias de la cabecera municipal y evitar más asesinatos, como el ocurrido el 30 de enero en contra el gerente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Marcos Oved Zarate Liquidano.
Manifestaron su preocupación porque desde la llegada de la nueva alcaldesa los delitos aumentaron. Se precisa que han ocurrido siete asesinatos cuatro de ellos contra ex integrantes de la Policía Ciudadana y tres a otros civiles.
Sobre los policías ciudadanos asesinados se investiga si los hechos fueron por ser parte del sistema de seguridad. Además, se han registrado seis asaltos a casa habitación y tres asaltos a pasajeras en las comunidades del municipio.
En el comunicado se hace “un llamado público a las autoridades municipales, estatales y federales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se preocupen por la seguridad de los ciudadanos, y si el gobierno no puede y no tiene la voluntad de darnos seguridad, pedimos que en Ayutla se nos deje trabajar libremente y que nos den apoyos”, se indica.
A la par de las investigaciones oficiales, la Policía Ciudadana de la UPOEG realiza su propia indagatoria del asesinato del empleado de la CFE, quien fue baleado al salir de un bar en la cabecera municipal, según informó la organización.
Los policías ciudadanos denunciaron que como autoridades han platicado con los responsables de los bares que operan en la localidad, para que éstos cierren a la medianoche y evitar hechos violentos, pero han hecho caso omiso.

Van siete asesinados en Ayutla; la alcaldesa no deja trabajar a la Policía Ciudadana: UPOEG

Integrantes de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) denunciaron que desde que llegó la actual presidenta municipal del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, “no pueden trabajar de forma libre”, por eso en tres meses han sido asesinados siete vecinos, debido a la inoperante Policía Municipal.
En un comunicado los integrantes de la UPOEG de Ayutla llamaron a los gobiernos federal, del estado y del municipio a dejarlos trabajar de forma libre en las colonias de la cabecera municipal y evitar más asesinatos, como el ocurrido el 30 de enero en contra el gerente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Marcos Oved Zarate Liquidano.
Manifestaron su preocupación porque desde la llegada de la nueva alcaldesa los delitos aumentaron. Se precisa que han ocurrido siete asesinatos cuatro de ellos contra ex integrantes de la Policía Ciudadana y tres a otros civiles.
Sobre los policías ciudadanos asesinados se investiga si los hechos fueron por ser parte del sistema de seguridad. Además, se han registrado seis asaltos a casa habitación y tres asaltos a pasajeras en las comunidades del municipio.
En el comunicado se hace “un llamado público a las autoridades municipales, estatales y federales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se preocupen por la seguridad de los ciudadanos, y si el gobierno no puede y no tiene la voluntad de darnos seguridad, pedimos que en Ayutla se nos deje trabajar libremente y que nos den apoyos”, se indica.
A la par de las investigaciones oficiales, la Policía Ciudadana de la UPOEG realiza su propia indagatoria del asesinato del empleado de la CFE, quien fue baleado al salir de un bar en la cabecera municipal, según informó la organización.
Los policías ciudadanos denunciaron que como autoridades han platicado con los responsables de los bares que operan en la localidad, para que éstos cierren a la medianoche y evitar hechos violentos, pero han hecho caso omiso.

Protestan cetegistas en Chilpancingo y Acapulco contra la evaluación y la represión en Oaxaca

Unos 100 integrantes de la CETEG oficial, encabezados por el secretario general Ramos Reyes Guerrero, bloquearon 40 minutos el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas, Ruffo Figueroa y René Juárez Cisneros, en Chilpancingo, para repudiar los ataques a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca.
En Acapulco, por la tarde los dirigentes de la CETEG opositora, en conferencia de prensa recriminaron los actos de los policías enviados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para reprimir las protestas contra la evaluación docente, y anunciaron su plan de acción paralela a la de la CETEG oficial, que contempla la movilización de maestros a la sede alterna del examen.
La protesta fue de las 12:20 a la 1 de la tarde. Los maestros, que portaban lonas y mantas con mensajes en contra de la reforma educativa y la evaluación del servicio profesional docente, se instalaron sobre las avenidas e informaron que el Estado le sigue apostando a la represión a los trabajadores que se oponen a la ley que atenta contra sus derechos laborales.
En el bloqueo, Ramos Reyes declaró que la CETEG se preparará para rechazar la evaluación en el estado, y condenó los ataques a los maestros en Oaxaca, que ponen en alerta al magisterio disidente, pues podría ocurrir una situación similar en Acapulco, donde se aplicará el examen el 3 de diciembre.
Al concluir el bloqueo, los maestros se trasladaron al edificio de la CETEG, ubicado frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), donde se llevó a cabo la Asamblea Estatal Representativa, a la que asistieron 190 representantes de las regiones Centro, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Montaña y Norte.
La asamblea, que inició cerca de la 1 de la tarde y concluyó a las 5, fue para organizar la jornada de lucha contra la evaluación que iniciará el 2 de diciembre con una marcha en la capital, se acordó instalar la Asamblea Estatal Representativa permanente, luego de la primera protesta, para determinar las acciones que se llevarán a cabo en Acapulco.
De acuerdo con la CETEG oficial, por acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, los maestros evitarán confrontarse con la Policía Estatal y la Policía Federal, que resguardarán las sedes donde se aplicará el examen.
Fuentes de la CETEG informaron que durante la asamblea se discutió la situación de Oaxaca, en donde los integrantes de la sección 22 de la CNTE aseguraron que fueron infiltrados enviados del gobierno quienes iniciaron la agresión; sin embargo, en Guerrero se vigilarán todas las actividades para evitar una confrontación con los policías.

Preparan protesta para sede alterna a Acapulco del examen

Representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) opositora, informaron que el 2 de diciembre iniciarán las acciones contra la evaluación que aplicará la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 3 al 6 de diciembre.
Las acciones serán paralelas a las de la CETEG oficial de Ramos Reyes Guerrero. En conferencia de prensa a las 5:40 de la tarde en las oficinas de la delegación de servicios escolares Acapulco-Coyuca de Benítez, los representantes de las regiones Centro, Antonia Morales; Acapulco, Walter Emanuel Añorve; Costa Grande, Manuel Salvador Rosas; Costa Chica, Pastor Mojica; Tierra Caliente, Jesús Rivera Bailón; y Norte, Arturo Nava Torres.
Los maestros llamaron a sus compañeros a unirse a las protestas y a la manifestación masiva en la delegación de servicios escolares de Acapulco a partir del 2 de diciembre, para iniciar la jornada de lucha. Además, indicaron que los maestros de la CETEG de las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente se movilizarán a la ciudad alterna donde se aplicaría la evaluación, si no fuera en Acapulco.
Los dirigentes reiteraron que no están contra la evaluación, sino contra las sanciones que aplica el gobierno, y reiteraron el llamado a una evaluación formadora de maestros.
Llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a organizaciones no gubernamentales a estar atentos a lo que ocurra en el estado con la llegada de policías federales, como se hizo en Oaxaca, donde las protestas fueron reprimidas.
Los dirigentes recriminaron y lamentaron los actos de represión contra sus compañeros de Oaxaca. Acusaron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores del despilfarro de dinero que se gastará en el hospedaje de los maestros en el Hotel Resort Mundo Imperial.
Señalaron que ese dinero se puede ocupar en infraestructura de las escuelas donde hay muchas necesidades. Los cetegistas indicaron que los maestros que no acudan a la evaluación no podrán ser despedidos porque la ley no es retroactiva; sin embargo, si aceptan la evaluación, la nueva ley sancionadora será aplicable, pero sostuvieron que no permitirán que el gobierno despida a maestros.
Insistieron en que la ley los amparará y que está a favor de los trabajadores, y en que a nivel nacional la CNTE ya prepara una estrategia legal para enfrentar al gobierno.

Pide el comité Los Otros Desaparecidos de Iguala que la PGR resguarde la zona de nuevas fosas

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala pidieron en la asamblea de ayer en la parroquia de San Gerardo que la Procuraduría General de la República (PGR) resguarde la zona de nuevas fosas clandestinas, hasta que se hagan las excavaciones y exhumaciones de cuerpos.
En la reunión de ayer en el sótano de la parroquia acordaron suspender la búsqueda de fosas clandestinas el próximo domingo, en tanto que peritos y antropólogos de la PGR no hagan las excavaciones y exhumaciones de los cuerpos de las 11 fosas clandestinas halladas el domingo en el ejido de Tijerillas y la comunidad de El Naranjo, ubicadas al norte de Iguala.
Este domingo una comisión de 30 familiares de víctimas de desaparición forzada, bajo el resguardo de efectivos de las fuerzas federales localizaron 11 probables fosas en un nuevo sitio que no había sido explorado, en una de ellas excavaron y confirmaron la presencia de un cuerpo atado de los pies, y en otras cinco hallaron indicios de restos humanos, campamentos de secuestro en el que fue hallada ropa militar y restos de una osamenta a la intemperie.
Ayer la zona de exploración estaba sin resguardo y el temor de los familiares de víctimas de desaparición forzada es que gente de la delincuencia haga las exhumaciones de los cuerpos o se lleve evidencia, por lo que piden que la PGR ponga resguardo permanente en esa zona.
Dijeron que por esta preocupación y por el hecho de que en algunas zonas la hierba aún es muy alta, suspenderán la búsqueda de fosas que se tenía prevista para el próximo domingo, y se reanudarán hasta que la PGR excave en las ya localizadas.
Según información de los familiares de desaparecidos, los peritos y antropólogos forenses de la PGR que realizaban los trabajos en fosas de Iguala fueron trasladados a la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango) para localizar y exhumar cuerpos de entierros clandestinos señalados por pobladores, entre los que según los vecinos estarían los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A la asamblea de ayer no llegó ningún representante de la PGR, por lo que aún no se ha determinado el día en que se hagan las excavaciones y exhumaciones de los cuerpos hallados en el ejido de Tijerillas y la comunidad de El Naranjo.
A pregunta de los familiares de desaparecidos a los representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en relación con la búsqueda y hallazgo de fosas clandestinas, Juan López dijo: “ustedes no son ladrones de tumbas, no son profanadores de tumbas, ustedes están buscando amorosamente una respuesta, y si existe el espíritu después de morir, quien fue encontrado el domingo sentirá un poco de paz”, dijo en una respuesta y aclaró que era una opinión a título personal y no a nombre de la CNDH.
Añadió, “ustedes fueron obligados a hacer esto (buscar fosas), porque a quién le corresponde para que no sea ilegal, pues han pasado algunos meses y no hay una respuesta contundente”.
En la asamblea nuevamente hubo reclamos hacia la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por el pago en cheques de 100 y 160 pesos de viáticos a las familias, recurso del que dijeron 50 pesos se gastan en ir al centro de la ciudad a cambiar el cheque.
También reclamaron la falta de apoyo de la CEAV en los servicios funerarios del joven que falleció a consecuencia de las heridas de bala que sufrió durante un ataque en esta ciudad el 26 de octubre, quien era hijo de una de las integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos.

Deje de criminalizar a los normalistas y busque a los 43, demandan padres de Ayotzinapa al gobierno

 

El vocero de los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz, demandó al gobierno federal que deje de criminalizar a los estudiantes de la Normal Rural.
La respuesta fue luego de que se filtró en Milenio diario una llamada telefónica de un dirigente estudiantil, donde se menciona que un “grupo” quiso entrar a la Normal presumiblemente para llevarse a cuatro estudiantes a mediados de octubre.
El diario relacionó la información con las versiones que la Procuraduría General de la República (PGR) integró a la investigación de los crímenes el 26 y 27 de septiembre, que vinculan a estudiantes con el grupo de narcotraficantes Los Rojos, y que a su llegada a Iguala motivó la agresión contra los normalistas por el grupo criminal Guerreros Unidos.
El grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que da asistencia técnica el gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa descartó esa posibilidad, y subrayó que los estudiantes iban por camiones a Iguala, y de ello estaban enteradas distintas autoridades de gobierno que vigilaron sus acciones en todo momento.
Ayer Felipe de la Cruz agregó que en más de un año que llevan en la Normal Rural desde la desaparición forzada de los 43, han podido corroborar que los normalistas no tienen relaciones con grupos de narcotraficantes, como sugirieron algunas versiones de la PGR.
Cuestionó que las autoridades las impulsen para desviar la atención de la desaparición forzada de los 43 desaparecidos y su localización, y para alargar los plazos de la investigación.
“Porque el gobierno siempre le ha apostado al cansancio de los padres de familia y de las organizaciones que los apoyan”, denunció.
Insistió en que el GIEI ya aclaró que los estudiantes no iban armados ni en plan de confrontación, fue un asunto fortuito que tomaran un quinto autobús de la Estrella de Oro, que pudo generar la reacción violenta de policías y sicarios contra ellos porque se presume que estaba cargada de drogas.
También cuestionó que se intervengan los teléfonos de los normalistas sobrevivientes, “es sorprendente cómo intervienen los celulares de los jóvenes, sobre todo porque Omar (García, el líder estudiantil que mencionan en el nota y sobreviviente de los ataques en Iguala) hace dos o tres meses está fuera (de Guerrero) en comisiones, no me explico cómo hoy sale la nota de esta manera”.
Insistió en que los estudiantes de la Normal son hijos de campesinos, “por eso insistimos en que dejen de buscar donde no hay nada y comiencen a buscar donde debe de ser, que para nosotros sigue siendo el gobierno de México, y que ya dejen de hostigar a los estudiantes”.
De Tixtla, en donde la población acordó un toque de queda por la violencia y el gobierno municipal reconoció la presencia de un grupo delictivo (extraoficialmente se habla de que Los Ardillos, sacaron a Los Rojos desde la pasada administración municipal), De la Cruz aclaró que la Normal y la cabecera municipal son comunidades distintas.
Dijo que los hechos de violencia son parte de la estrategia para imponer las elecciones extraordinarias del Ayuntamiento, suspendidas el 7 de junio por el boicot que impulsaron los padres de familia.
“Es claro que están peleando los políticos del PRI la imposición de su dictadura, quieren imponer mediante el miedo y el terror las elecciones, como hicieron en el pasado proceso electoral, pero eso no quiere decir que esos grupos estén en la Normal”, afirmó.

La CNDH debe de ser más exigente con las autoridades

Por otro lado informó que la PGR ya envió la investigación de Iguala a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y los expertos trabajan en la conformación de una unidad especializada de investigación que se va a encargar de todo.
En esta unidad estarían alrededor de 50 personas cuyos perfiles son revisados por el GIEI, para que sean confiables, dijo.
La investigación, como lo recomendaron los expertos, ya salió de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En cuanto a la falta de cumplimiento de la PGR a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado de la investigación del caso Ayotzinapa, demandó que el organismo sea más exigente con las autoridades.
Dijo que pasaron más de tres meses para informar la falta de cumplimiento de 26 observaciones y recomendaciones, para corregir distintas diligencias de la investigación, y los padres están enfermando ante el tormento sicológico que implica la espera de noticias de sus hijos.

Ninguna de las 26 observaciones por el caso Iguala ha sido totalmente atendida por la PGR: CNDH

 

12:08.   La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló este domingo que ninguna de las 26 recomendaciones y observaciones que envió desde el 23 de julio a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Iguala ha sido “atendida en su totalidad” y la dependencia ha dado una respuesta “insuficiente e imprecisa” al análisis hecho por el organismo.

El 23 de junio la CNDH envió a la PGR el informe “Estado de la Investigación del Caso Iguala” y el 30 de agosto la dependencia informó que ya había enviado al organismo un avance de caso y “posicionamientos específicos” para responder.

En un comunicado publicado hoy en su página de internet, el organismo informó que ninguno de los 26 puntos del informe ha sido atendido de forma integral y que “en muchos casos, se trató de justificar su observancia con la mención de diligencias no vinculadas al planteamiento específico” y no se proporcionó soporte documental.

Detalló que 20 de las observaciones permanecen como “no atendidas”, solo dos han sido atendidas “parcialmente”, una fue atendida parcialmente con un “avance mínimo” y tres están en “vías” de ser atendidas.

La CNDH también instó a la PGR a enfocarse en el desahogo de las diligencias ministeriales pendientes y reiteró que el cumplimiento de estas recomendaciones y observaciones buscan dar certeza para lograr la verdad jurídica de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa ocurridos el 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala.