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Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Que diga qué documentos tiene del asesinato de Hernández Cardona, instruye Inai a PGR

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) asumir su competencia y pronunciarse sobre los documentos en su poder relacionados con el asesinato de Arturo Hernández Cardona, defensor de Derechos Humanos en Guerrero.
Hernández Cardona fue líder del movimiento campesino Unidad Popular, que se declaró en franca oposición al presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, quien estuvo al frente del Ayuntamiento de enero 2012 a octubre 2014.
Una particular solicitó a la PGR todos los documentos en su poder relacionados con el asesinato de Arturo González (error de origen en la solicitud), radicado en el expediente HID/SC/01/0758/2013 y asignado por el Ministerio Público del estado de Guerrero.
Sin embargo la PGR se declaró “notoriamente incompetente” para conocer de la solicitud, con el argumento de que lo requerido no está ligado a las facultades que tiene la dependencia para investigar y perseguir delitos del ámbito federal.
La PGR indicó que la información solicitada podría estar relacionada con las atribuciones de la Fiscalía General de Guerrero, por lo que sugirió presentar la solicitud ante la misma.
Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el Inai en el que manifestó como agravio que la PGR no realizó una búsqueda exhaustiva, para determinar la posesión de la información solicitada.
La PGR reiteró su incompetencia en la fase de alegatos.
Al analizar el caso la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez advirtió que la PGR, a través de la Unidad de Transparencia, se limitó a manifestar su incompetencia para contar con los documentos requeridos, sin realizar una búsqueda exhaustiva de la información en diversas áreas facultadas para atraer expedientes, carpetas de investigación y averiguaciones previas instauradas en las fiscalías locales.
A juicio de la ponencia de Salas Suárez, la PGR “sí puede conocer de lo requerido”, ya que diversas áreas a su cargo cuentan con esa facultad de atracción de investigaciones por delitos del fuero común.
Por ello, a propuesta de la ponencia del comisionado Salas Suárez el pleno del Inai consideró fundado el agravio de la particular, revocó la respuesta de la PGR y le instruyó a que asuma competencia para conocer de lo solicitado y emita la respuesta que en derecho corresponda, conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia.
Salas Suárez refirió que de acuerdo con diversas notas periodísticas el asesinato de Arturo Hernández es atribuido al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien también se le relaciona con los ataques a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Indicó que según una entrevista concedida al periódico El País, Nicolás Mendoza Villa entonces colaborador de Arturo Hernández relató que el secuestro, tortura y muerte del activista fue perpetrado por agentes del Estado, mismos que son investigados por asociarse con el crimen organizado u otros agentes privados, tal como sucedió en otros sucesos como Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa, San Fernando, Tlatlaya o Nochixtlán.
“Sus características responden a los parámetros del derecho internacional para calificarlos como violaciones graves a derechos humanos, como lo explican fuentes expertas como los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que colaboró en la investigación del caso Ayotzinapa, o la organización Open Society Foundations en su informe Atrocidades Innegables de 2016, apuntó.
En dicho informe señaló el comisionado del Inai, se ofrece evidencia para afirmar que: “la magnitud de los asesinatos, desapariciones y torturas durante varios años satisface el umbral legal para ser considerados como un fenómeno generalizado. Asimismo, la amplitud, los patrones y la intensidad de los delitos sugieren firmemente que también pueden ser considerados como fenómenos sistemáticos”.
Por ello Salas Suárez insistió en la importancia de constituir y fortalecer las instituciones en materia de combate a la corrupción, toda vez que “las autoridades que formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción y las que forman parte de los Sistemas Locales Anticorrupción, no podemos permitir que la corrupción y la impunidad debiliten la capacidad del Estado”.
“La información pública contiene la evidencia que servirá para investigar y esclarecer casos como el de Arturo Hernández Cardona. Es el insumo por excelencia para fincar las responsabilidades correspondientes e intentar dimensionar las reparaciones debidas a las víctimas y sus allegados, pero también para que cada historia se conserve en la memoria de los mexicanos y que nunca más se repitan”, concluyó.

 

Allanan marinos y la PGR un rancho en Petatlán; se llevan dinero y documentos, dice un trabajador

El trabajador del rancho La Pequeña, a unos 5 minutos de la comunidad Coyuquilla Norte en el municipio de Petatlán, Ángel Rivera Melitón denunció que marinos y agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) allanaron esa propiedad, lo golpearon y se llevaron dinero en efectivo, documentación, llaves de diferentes vehículos, entre ellas las de un tractor.
Rivera Melitón, quien se desempeña como huertero en la propiedad denunció que el 28 de mayo entre las dos y tres de la tarde, “muchos marinos” y agentes de la PGR en vehículos oficiales entraron a esa propiedad que se ubica en la zona costera oriente del municipio de Petatlán, a un costado de la carretera nacional Zihuatanejo-Acapulco, a unos cinco minutos pasando la comunidad Coyuquilla Norte con dirección a la cabecera municipal de Petatlán.
Agregó que estaba acompañado de su esposa y sus cuatro hijos de 18, 16 y 13 años de edad, “uno de los gemelos de 13 años es de capacidades diferentes, cuando entraron los marinos y vio todo lo que estaban haciendo se puso muy mal”.
Ángel comentó que los marinos le quitaron a él y a su esposa sus teléfonos celulares para revisárselos, así como revisaron de manera exhaustiva la casa del dueño del rancho y el resto de la propiedad, al tiempo que del interior de la casa del propietario se llevaron 60 mil pesos en efectivo que iban a ser utilizados para pagar a los peones y comprar insumos, así como toda la documentación que encontraron en la que iban las facturas de los vehículos y de la maquinaria como un tractor.
Además tomaron las llaves de los carros, “dejaron todo un desorden por todos lados, cuando se metieron a la casita donde vivimos con mi familia se llevaron 8 mil pesos y unos aretes de mi esposa”.
Añadió que a él lo vendaron de los ojos y lo esposaron, para luego llevárselo con rumbo desconocido donde lo golpearon mientras le exigían que les dijera el nombre del dueño del rancho y dónde se encontraba, “yo les dije que el dueño es una persona conocida, que junto con su familia se han dedicado a trabajar en su huerta sembrando el coco y criando vacas, que no sabía por qué me golpeaban si no somos gente de mal”.
“Los marinos me soltaron como a las 8 de la noche, me dejaron lejos de la carretera y me dieron 100 pesos que para que agarrara un taxi y me regresara al rancho, yo tengo miedo de que ellos regresen otra vez a hacer lo mismo porque están aquí mis hijos, uno no es gente que ande haciendo males, nosotros tenemos años trabajando en este rancho con mi patrón, cuidando la huerta y los animales”.
Hizo un llamado a las autoridades federales “que hagan su trabajo y no abusen de su autoridad con la gente inocente”.
El viernes la señora Anabel Álvarez Sánchez, vecina de la comunidad El Parotal en el municipio de Petatlán acompañada de comisarios municipales y comisariados ejidales de esa zona, denunció que en la madrugada del 28 de mayo soldados de la Secretaría de Marina allanaron su casa, hicieron destrozos y se llevaron documentación, mercancía, ropa y artículos de valor. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

 

Simulan gobiernos la búsqueda de desaparecidos, denuncia el activista de Iguala Vergara

El activista y buscador de fosas clandestinas, Mario Vergara Hernández denunció que los gobiernos estatal y federal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR) simulan la búsqueda de los desaparecidos, luego de que se evidenció con fotografías que los carteles para anunciar la recompensa a quien informe de su hermano desaparecido, fueron hallados en una oficina de la Fiscalía regional, al parecer protegiendo parte de una impresora.
“Esta es la realidad que estamos viviendo los familiares de los desaparecidos, el gobierno sólo simula buscar a nuestros familiares. Nosotros ya les demostramos que sí se pueden encontrar, ellos tienen la preparación, tienen el dinero y el equipo, pero sólo simulan y eso causa rabia, impotencia y tristeza”, se quejó.
En redes sociales se publicaron fotografías de los carteles que emitió la PGR para ofrecer recompensas económicas para hallar a personas desaparecidas; el cartel que se ve en la imagen es el del hermano de Mario, Tomás Vergara, un taxista que fue secuestrado y desaparecido el 5 de julio de 2012, en Huitzuco.
En declaraciones por teléfono, Vergara Hernández acusó, “sólo simula el gobierno que están trabajando, y se escudan que con esos carteles están trabajando en la búsqueda de nuestros familiares”.
Mario Vergara urgió a que se reanuden los trabajos de búsqueda de fosas clandestinas y lamentó que cuando ellos buscaron en los cerros, en lugar de tener apoyo de las autoridades fueron reprimidos y amenazados con acusarlos cometer delitos por alterar escenas de crimen, “eso es lo único que va a ayudar a encontrarlos, el salir a buscarlos a esos lugares”, recriminó.
Insistió en que al gobierno no le importan los desaparecidos, y lamentó que ninguno de los candidatos a diferentes cargos de elección se pronuncie sobre el asunto, “el mismo gobierno esconde la problemática de México”.
Dijo que los familiares de desaparecidos no son de interés de los candidatos, porque lejos de darles votos, “les damos problemas, les exigimos trabajo, les hacemos mal nosotros, como familiares de desaparecidos, porque les exigimos búsqueda, trabajo y justicia que está desaparecida en nuestro país”.
Mario Vergara dio a conocer que un testigo le informó que en un cerro cerca de Huitzuco, hace cuatro años hallaron el cuerpo de un hombre adentro de una bolsa, el cual se empezaron a comer los animales; sin embargo, la gente no denunció por el miedo y la desconfianza a las autoridades.
Dijo que organizará una búsqueda de ese cuerpo, para ver la posibilidad de que encuentre algún resto para lograr su identificación.

 

Ya están libres trabajadores que tomaron Prospera y se entregaron a la PGR, informan

El integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame informó que los tres compañeros despedidos de Prospera y acusados de la toma de las instalaciones que se entregaron voluntariamente a la Procuraduría General de la República (PGR), ya están de regreso con sus familias.
Los ex trabajadores de Prospera, Mayra Xóchitl Morales Sánchez, Arturo de la O Nava y Rubén García García, se presentaron de manera voluntaria en la Procuraduría General de la República (PGR) el lunes, y fueron trasladados a Acapulco ayer para su audiencia en el Poder Judicial de la Federación de manera oral, por las carpetas de investigación que les abrieron luego de tomar las instalaciones de la dependencia federal el 24 de enero del año pasado, para exigir justicia ante sus despidos.
Vía telefónica, el también dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), dijo que se entregaron de manera voluntaria a las 8 de la mañana
Recordó que un día antes acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Acapulco, para interponer una queja, luego acudió a entregar documentos que se le requirieron con el abogado de oficio que llevó su caso el 14 de mayo, cuando fue detenido por la PGR por el mismo caso.
Dijo que tenían dos posibilidades, ampararse o entregarse, que el proceso de amparo iba a ser tardado, y que además la queja en CNDH le ayudó.
Resaltó que sus compañeros se entregaron porque no habían cometido un delito mayor, y lo único que hicieron fue protestar. Contó que luego de que se entregaron, fueron remitidos a la delegación de la PGR, “y ahí estuvieron declarando… en la revisión que hace el médico legista para ver si no tenían algún golpe o un maltrato, se constató que iban bien; por el otro lado se hizo la declaración preliminar y de ahí fueron remitidos a las 5 de la tarde al Poder Judicial de la Federación, que se encuentra en Acapulco, para que iniciara su juicio oral a las 7 de la noche”, detalló.
A las 9:35 de la noche terminaron los tres juicios orales de los despedidos de Prospera, que pudieron retirarse a sus casas.
Argumentó que sus compañeros gozan de su libertad bajo las condiciones que les impusieron, hacer trabajo en beneficio de la comunidad, entregar constancias de trabajo si lo tienen (aunque recordó que son desempleados), la constancia de radicación y la constancia del servicio social, además de presentarse a firmar periódicamente en un juzgado federal.
El juicio continúa en tanto no se cumplan los requerimientos que hace el juez de distrito. Añadió que él comenzará a firmar el 1 de junio, durante seis meses, cada viernes.
Reconoció la valentía de los tres ex trabajadores que tuvieron “la calidad moral de enfrentar a la justicia representada por la federación (para) que ya no fueran hostigados… el valor civil y una respuesta positiva”, dijo.
El 15 de noviembre pasado fue la primera detención que hizo la PGR por la toma de la instalaciones de Prospera, la de la trabajadora despedida Roselia Francisco Tranquilino, que fue liberada esa misma noche.

 

Detiene la PGR nueve horas a Chávez Adame por la toma de Prospera en 2017, informan

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) este lunes, y trasladado a un juzgado federal en Acapulco, por haber participado en la toma de las instalaciones de Prospera en enero del año pasado, ante el despido injustificado de trabajadores de esa dependencia.
Fue detenido a las 10:30 de la mañana y liberado a las 7:40 de la noche en el juzgado de Acapulco.
A las instalaciones de la PGR llegaron familiares y un compañero del también dirigente de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, para saber la situación jurídica de Chávez Adame.
En consulta telefónica, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra contó que, luego de que le informaron de la detención del dirigente se comunicó a la delegación de la PGR, donde le dijeron que la orden de aprehensión fue por obstrucción de realización de obras, y que un compañero abogado estaría en la audiencia de Chávez Adame.
Consultado fuera del edificio de la dependencia federal, el integrante de la APPG, Raúl Nájera Nájera contó que alrededor de las 10:30 de la mañana fue detenido el dirigente en el barrio de la Santa Cruz, después de visitar a su madre.
Expuso que el motivo por el que lo detuvieron fue la toma de las instalaciones de Prospera en apoyo a despidos injustificados de trabajadores, el 24 de enero del año pasado.
Recordó que el dirigente tenía un amparo, junto con otros trabajadores a los que también se les abrió carpeta de investigación, para evitar ser detenido.
Recordó que el 15 de noviembre pasado fue la primera detención que hizo la PGR por este hecho, de la trabajadora despedida Roselia Francisco Tranquilino, que fue liberada esa misma noche.
Dijo que le informaron que Nicolás Chávez sería trasladado a un juzgado federal en Acapulco, a donde se trasladaría junto con su familia.
Nájera Nájera pidió a la prensa estar pendiente de la detención, porque no fue un delito grave el que cometió Chávez Adame, pues defendió los derechos laborales de los despedidos. Dijo que desconocía las condiciones en las que fue detenido.
El 24 de enero, integrantes de la Dirección Colectiva desalojaron a los trabajadores de las oficinas de Prospera, contra el despido injustificado de sus compañeros; tomaron las instalaciones durante 15 días y finalmente fueron desalojados por policías antimotines.
El 23 de marzo siguiente, después de la toma de las instalaciones, el dirigente fue detenido por primera vez, pero no por la toma de Prospera, sino por una orden de aprehensión del 2014, acusado de motín, con el pretexto de que no había pago 3 mil pesos para hacer efectivo el amparo. Luego dio a conocer que le informaron que había siete órdenes de aprehensión contra él y sus compañeros, pero ahora por la toma de Prospera.

 

Se accidentan agentes de la PGR y suspenden búsqueda de fosas en Teloloapan

Las diligencias que ayer harían peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) con familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala en la comunidad de Laguna Seca, Teloloapan, fueron suspendidas a causa de un accidente automovilístico que tuvieron dos camionetas de la agencia federal, debido a las lluvias.
En estas páginas se dio a conocer que el lunes un grupo de buscadores de fosas clandestinas del colectivo de Iguala con agentes de la PGR y resguardo de policías federales de la Gendarmería, reiniciaron la búsqueda de entierros clandestinos.
La búsqueda se realizó en los mismos sitios del cerro Gordo al poniente de Iguala, donde el grupo que lleva el caso Ayotzinapa hizo diligencias entre el 17 y el 24 de abril, sin que se informara oficialmente de los resultados.
La semana pasada el grupo de la PGR acompañado por policías comunitarios del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) realizaron diligencias en cerros de la comunidad de Laguna Seca, Teloloapan, donde ubicaron posibles fosas clandestinas, derivado de denuncias de familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala que son originarios de ese poblado, del que huyeron sus más de 200 habitantes a causa de la violencia, desapariciones y secuestros que cometían miembros del grupo delictivo La Familia Michoacana.
Ayer, según información obtenida con miembros del colectivo de familiares de víctimas de desaparición de Iguala, se dio a conocer que el grupo de la PGR, Gendarmería y buscadores de fosas fueron hacia Laguna Seca, pero a unos 10 minutos de llegar al lugar ocurrió un choque entre dos camionetas de la PGR a causa de la lluvia, por lo que la diligencia se suspendió al no poder llegar al sitio donde se ubicaron los posibles entierros.
Se dio a conocer que el accidente no fue grave ni hubo agentes lesionados, pero por el choque entre las dos camionetas y el reblandecimiento de la tierra a causa de las lluvias, la diligencia se canceló y se espera que se pueda reanudar para este miércoles.
En tres años y medio del surgimiento del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala que aparecieron después del caso Ayotzinapa, con el apoyo de la PGR y la Fiscalía del estado han ubicado y recuperado de más de 150 cuerpos de fosas clandestinas, de los cuales hasta ayer habían sido identificados y entregados a sus familiares 39 de ellos. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Busca fosas la PGR con la autodefensa de Apaxtla en Teloloapan, y Los Otros Desaparecidos en Iguala

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) con familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos buscaron fosas clandestinas en cerros al poniente de Iguala y en parajes cercanos a Laguna Seca, municipio de Teloloapan, en este lugar fueron con policías comunitarios del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), donde fueron hallados presuntos entierros.
Según información de un miembro del MAAC, de quien se reserva su nombre por razones de seguridad, el jueves acompañaron a un grupo de la PGR a una zona cercana a la comunidad de Laguna Seca, en un cerro cerca de las comunidades de Tlajocotla y Puerto del Vigilante, conocido en el lugar como El Filo, por ser una de las partes más altas de esa zona serrana.
En el lugar, dijo, fueron halladas posibles fosas clandestinas. Informó que el día de la búsqueda a la cual acudieron a petición de la PGR, pues los comunitarios conocen bien la zona, no hubo hallazgo de cuerpos, pero hay zonas marcadas como posibles entierros clandestinos.
A finales de enero de 2014 más de 200 familias de Laguna Seca, fueron desplazadas por la ola de violencia, robos y asesinatos que cometían miembros del grupo criminal La Familia Michoacana. El pueblo quedó totalmente abandonado.
Según la fuente la búsqueda de posibles entierros en esta zona obedece a denuncias que familiares de desaparecidos en la PGR, ya que algunos son miembros del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Además, presuntos miembros de la delincuencia detenidos han señalado a las autoridades federales de la posible ubicación de las fosas donde sepultaron a sus víctimas.
En consulta con familiares de Los Otros Desaparecidos confirmaron que esta diligencia inició la semana pasada en Laguna Seca, Teloloapan, pertenece a sus denuncias por desaparición y se espera que hoy martes se reanude la búsqueda y excavación de los posibles entierros hallados la semana pasada.
Por separado, familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron que ayer reanudaron el plan de búsqueda de fosas clandestina en cerros de Iguala, pero en el primer día no hallaron nada.
Según miembros del colectivo, la búsqueda de ayer con el acompañamiento de agentes de la PGR y con seguridad de policías federales de la Gendarmería fue en los mismos parajes donde hace dos semanas la PGR tuvo diligencias como parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Se busca descartar la posibilidad de que en la zona haya más entierros clandestinos, ya que es un sitio ubicado entre al menos siete parajes donde los familiares hallaron y recuperaron 150 cuerpos de fosas, entre 2014 y 2017.
De esas diligencias del caso Ayotzinapa realizadas por la PGR entre 17 y el 24 de abril no dieron a conocer resultados, pero trascendió que se logró el hallazgo y exhumación de al menos cuatro cuerpos. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Apedrean padres de los 43 vidrios de la PGR en Cdmx;exigen que se acelere la investigación

Con las fotografías de sus hijos al frente, padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa protestaron en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) de la calle Río Amazonas, en la colonia Cuauhtémoc, y demandaron la presentación con vida de los jóvenes, conocer los nombres de los responsables de su desaparición y que sean castigados conforme a la ley.
El jueves se cumplen 43 meses de la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando ocurrieron en Iguala los ataques que culminaron en la desaparición forzada de los 43 normalistas, por eso en esta semana hay actividades por la 43 Acción Global por Ayotzinapa y México, que ayer consistió en exigir en la dependencia federal que se acelere la investigación y el esclarecimiento del caso.
A las 10 de la mañana comenzó la acción denominada “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, estuvieron los padres de familia, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, universitarios y simpatizantes, quienes gritaron una y otra vez consignas como “¡Fue el Estado!”, y “¡Nos faltan 43!”.
Hartos de la falta de una respuesta concreta cerca de las 11 de la mañana algunos jóvenes hicieron pintas y arrojaron piedras a la fachada de la sede de la PGR. En las paredes podía leerse: “Asesino, Estado opresor, corrupto”, “Contienda electoral, una farsa”, “Seguimiento 4 líneas de investigación”, “Ni perdón ni olvido”, “Nos faltan 43”, “Vivos los queremos”.
Para presionar a las autoridades a que aclare qué ocurrió la noche de Iguala, los manifestantes también quebraron algunos vidrios del edificio, mientras los padres y madres siempre en fila y con los retratos de sus hijos exigían la presentación con vida de los desaparecidos. No se reportaron personas lesionadas.
La policía resguardó las inmediaciones de la dependencia y poco más tarde, a las 11:30, familiares y simpatizantes subieron a varios autobuses rumbo al antimonumento de los 43 en la esquina de Paseo de la Reforma y Bucareli, y se dirigieron directamente al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Más de tres años de tormento

A fin de recordar que el próximo 26 de abril se cumplen 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes, desde el sábado se efectúa en Ciudad de México la Jornada de Lucha en el Corazón 43×43, convocada por familiares y normalistas.
El vocero de madres y padres, Felipe de la Cruz Sandoval comentó en entrevista con El Sur que el fin de semana se realizaron actividades culturales en el Hemiciclo a Juárez, pero que este lunes decidieron “subir el tono” de sus acciones.
“Subir el tono porque la PGR únicamente ha dilatado las investigaciones, prolongando el tiempo, pero a más de tres años y seis meses no se tiene ninguna respuesta”.
Explicó que se intensifica la exigencia “porque si no hay respuesta y sigue la simulación para nosotros es ya mucho el tormento psicológico por todo el tiempo que ha pasado”.
–¿Las pintas las hicieron ustedes?
–Fuimos nosotros. Tenemos roto el corazón, el alma y siguen simulando investigaciones. Un vidrio roto es lo menos que le debería de importar a la gente y a quienes critican este movimiento. Estas acciones obedecen al hartazgo. Los padres de familia estamos hasta el tope de tantos engaños, tantas mentiras que se publican y que se diga que quieren cerrar el caso.
Definitivamente, insiste, “el tono se eleva porque si no, no vamos a encontrar respuestas. Se impondrá la impunidad. De una manera tenemos que manifestarnos, porque si no hay contestación es un derecho que tenemos como víctimas para poder seguir exigiendo resultados. Ya son tres años y medio y nada”.
Las actividades de los padres continuarán durante la semana. El jueves 26 se efectuará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo que comenzará a las 4 de la tarde. Al otro día, el 27, las acciones culminarán en Iguala.
“Son 43 meses por la desaparición forzada de los jóvenes y los padres de familia, normalistas y organizaciones participaremos en las actividades”, dijo De la Cruz.
La exigencia no ha cambiado: “presentación con vida de los estudiantes y que la justicia pueda aplicarse a los responsables, esa siempre es la demanda”.
–¿Cuál es el ánimo de los papás después de tanto tiempo?
–A este momento claro que hay cierto desgaste físico, económico, pero también hay mucho coraje y rabia. Eso hace que se mantenga firme la idea de que se tiene que llegar a la verdad y al castigo.
–No ha habido respuesta, ¿qué sigue?
–Seguiremos. Cualquier padre lo haría, no puedes dejar en el olvido a un hijo. La demanda es justa, humanitaria. Son heridas que no cierran hasta no saber qué pasó. La autoridad mexicana sigue sorda e insensible, pero los padres de familia vamos a persistir en la lucha hasta conseguir la exigencia. Que así sea.

 

Ya no se ven los agentes que hacían diligencias por el caso Ayotzinapa en un cerro de Iguala

Tras hacer diligencias durante cinco días en el cerro Gordo derivadas de las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado de los resultados.
Ayer en un recorrido por colonias al poniente de la ciudad cerca de la zona de hallazgo de fosas clandestinas, un campesino y vecinos de la zona a quienes se les consultó dieron a conocer que desde el domingo ya no vieron el convoy de patrullas de la Gendarmería ni los helicópteros que sobrevolaron toda esa zona a baja altura, del martes al sábado de la semana pasada.
El campesino al que se le preguntó dijo que él iba bajando de sus tierras de cultivo por el mismo camino en el que la PGR estuvo pasando por cinco días, pero el domingo y ayer ya no los vio subir ni los helicópteros.
En consulta vía telefónica el buscador de fosas Mario Vergara Hernández coincidió con miembros del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, en que a ellos como familiares de víctimas de desaparecidos no se les da a conocer ninguna información relacionada con estas diligencias ni sus resultados.
Confirmó que las diligencias de la semana anterior en el cerro Gordo están relacionadas a las investigaciones del caso Ayotzinapa, las cuales encabeza el agente del ministerio público federal de la PGR de nombre Benjamín, quien encabezó las del colectivo de familiares de Iguala en sus inicios en 2014.
Dijo que han pedido información de los resultados de la PGR, y que no les dan ninguna información porque supuestamente es del caso Ayotzinapa, el cual está en proceso y bajo investigación.
En recorridos el miércoles y viernes de la semana pasada se constató la presencia de los agentes de la PGR con el resguardo de unos 50 policías federales de la Gendarmería en distintos parajes en las faldas del cerro Gordo, en los que se vio además el uso de helicópteros y perros de búsqueda.
El sábado vecinos informaron que el convoy de los agentes federales con el acompañamiento de soldados del Ejército, realizaron diligencias en cercanías de la colonia irregular 15 de Septiembre, al norte de la ciudad en los límites con la comunidad de El Naranjo y el ejido Tijeritas en la salida hacia Taxco.
Todos los parajes donde la PGR hizo las diligencias por cinco días seguidos fueron recorridos por familiares de desaparecidos entre 2014 y 2017, donde hallaros decenas de fosas clandestinas que sirvieron para la recuperación de 150 cuerpos en poco más de tres años.
El martes y miércoles estuvieron cerca del paraje La Joya, y vecinos vieron subir una camioneta del Semefo. El miércoles corrió la versión extraoficial del hallazgo de fosas y al menos cuatro cuerpos, pero esta información no fue confirmada por fuentes oficiales, tampoco negada.
Las diligencias encabezadas por la PGR se hicieron una semana antes de que se cumplan 43 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron atacados a balazos y desaparecidos en Iguala entre la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la calle Juan Álvarez y periférico Norte de la colonia Juan Álvarez, cerca de las instalaciones del C-4.