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Se suma en el quinto día el Ejército a diligencias en cerros de Iguala por el caso Ayotzinapa

Por quinto día consecutivo agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) con resguardo de la Gendarmería hacen diligencias en distintos puntos al poniente y al norte de la ciudad, donde familiares de desaparecidos ya han encontrado fosas clandestinas tras los ataques a los normalistas de Ayotzinapa.
El martes vecinos de colonias asentadas al poniente de la ciudad cercanas a la zona de hallazgo de fosas clandestinas reportaron la presencia de decenas de patrullas de la gendarmería y de la PGR, con herramientas y perros de rastreo, así como el sobrevuelo a baja altura de dos helicópteros.
Ayer en la tarde vecinos informaron que el convoy de los agentes federales y ahora también con el acompañamiento de soldados del Ejército realizaron diligencias en cercanías de la colonia irregular 15 de septiembre, al norte de la ciudad en los límites con la comunidad El Naranjo y el ejido Tijeritas en la salida hacia Taxco.
En noviembre de 2015 familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala hallaron en el ejido Tijeritas 12 cuerpos inhumados en fosas clandestinas. Entre el 24 y 25 de noviembre de ese año la PGR exhumó de una sola fosa siete cuerpos, de los cuales seis tenían uniformes de policías municipales de Iguala, y en esa zona también fue hallado un sitio en el que se localizaron uniformes y calzado de soldados del Ejército.
Desde el martes los agentes de la PGR con resguardo de policías de la Gendarmería realizan diligencias en distintos puntos del cerro Gordo, en la zona en que familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos han recuperado más de 100 cuerpos de fosas clandestinas.
El martes y miércoles estuvieron cerca del paraje La Joya y según vecinos vieron subir una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo). El miércoles corrió la versión extra oficial del hallazgo de fosas y de al menos cuatro cuerpos.
Con el uso de dos helicópteros las diligencias siguieron el jueves y viernes pero en una loma más pegada al cerro, a unos 300 o 400 metros de donde realizaron la diligencia el miércoles.
Por información de familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala se ha dado a conocer que estas diligencia son parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa, sin embargo ayer, a cinco días de los trabajos, no se ha dado a conocer ninguna información oficial, tampoco se informa a familiares de desaparecidos.
La versión de familiares de desaparecidos es que la presencia de los helicópteros por parte de la PGR es para la aplicación de la tecnología LIDAR, sistema láser que permite tener una radiografía del suelo de toda esa zona y que indica la ubicación de posibles entierros clandestinos, que es lo que exploran los peritos y antropólogos de la Procuraduría.
Los trabajos de la PGR se dan de forma paralela a las acciones de protesta que padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes y organizaciones que los acompañan para demandar la investigación y castigo a ex funcionarios vinculados con este caso y a soldados del 27 Batallón de Infantería. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Cumplen cuatro días en sigilo las diligencias de la PGR en fosas del cerro Gordo de Iguala

 

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), con el resguardo de la Gendarmería, cumplieron ayer cuatro días de diligencias en las faldas del cerro Gordo, al poniente de Iguala, en completo hermetismo, relacionadas con las investigaciones de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
El miércoles, agentes de la PGR, a bordo de tres camionetas y dos helicópteros con el resguardo de unos 50 gendarmes que se movilizaban en nueve patrullas, cumplieron diligencias en las faldas del cerro Gordo, ubicado entre los parajes La Joya, Monte Hored y La Laguna.
Ese día, de manera extraoficial trascendió el hallazgo de fosas clandestinas en las que habrían hallado cuatro cuerpos, sin embargo la información no fue confirmada por ninguna fuente oficial.
Tras hacer un recorrido entre los cerros, a unos 5 kilómetros del periférico poniente, y tras cruzar las colonias Villa de Guadalupe, Chapultepec, Loma del Zapatero y otras, se toma un camino de terracería usado como saca cosechas, se pasa por los parajes Monte Hored y La Laguna, donde entre 2013 y 2016 fueron hallados más de 40 fosas clandestinas, y en las faldas del cerro se confirmó la presencia de los agentes federales.
La zona en la que se vio ayer a los agentes de la PGR, está a unos 300 o 400 metros del sitio donde se les vio el miércoles, en un pequeño cerro de enfrente, y para llegar a éste se toma un camino diferente. En el predio se alcanza a ver la instalación de una carpa donde al parecer trabajan los agentes federales.
Sólo se vio a cinco patrullas de la Gendarmería y tres de la PGR, pero de acuerdo con información de vecinos de colonias cercanas, durante la mañana sobrevolaron dos helicópteros a baja altura, y los mismos trabajos se hicieron el jueves.
El paraje en el que trabajan ahora los agentes de la PGR, es la única zona de esa parte del cerro que se ve que fue limpiada con la quema de pastizales.
De acuerdo con información de vecinos de colonias cercanas, desde el martes han visto el movimiento de los policías y el recorrido de helicópteros, y durante la tarde del martes vieron una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo) que subió al cerro entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche.
“Ya nos acostumbramos a ver los helicópteros y los policías por esta zona”, dijo un vecino ayer.
Estas diligencias del gobierno federal en cerros de Iguala se han hecho en completo hermetismo y con sigilo, y hasta ayer no se había dado a conocer información oficial sobre los resultados obtenidos.
Integrantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, consultados ayer vía telefónica, dijeron que estas diligencias no están relacionadas con sus casos, sino con las investigaciones del caso Ayotzinapa, y que la PGR tampoco les está informando a ellos de estos trabajos.
Las diligencias de la PGR se llevan a cabo cerca de los parajes La Laguna, La Joya, El Maizal, y la barranca del Tigre, donde el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala han recuperado 150 cuerpos de fosas clandestinas halladas entre 2014 y 2017, de los cuales la PGR ha identificado a 37.

 

Busca la PGR a los 43 en cerro de Iguala y halla fosas

En diligencias por el caso Ayotzinapa en el cerro Gordo de Iguala, halla?fosas la PGR, trasciende

Vecinos informaron de la presencia de patrullas de la Gendarmería y de dos helicópteros. Entre las 6 y las 8 de la noche del martes vieron a los policías y subió una camioneta del Servicio Médico Forense, informan testigos

Alejandro Guerrero

Iguala

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) con el resguardo de más de 50 policías federales de la Gendarmería hicieron una diligencia en el cerro Gordo, al poniente de la ciudad, relacionada con las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y presuntamente habrían encontrado nuevas fosas clandestinas.
Después de las 10 de la mañana de ayer se supo de la diligencia de agentes federales en la falda del cerro Gordo, en la zona en que familiares de desaparecidos hallaron más de 100 cuerpos en fosas clandestinas en distintos parajes, pues vecinos informaron de la presencia de varias patrullas de la Gendarmería y de dos helicópteros que sobrevolaban la zona a baja altura.
Al llegar al lugar a unos 5 kilómetros del periférico Poniente y tras cruzar las colonias Villa de Guadalupe, Chapultepec, Loma del Zapatero y otras, se toma un camino de terracería usado como saca cosechas. Se pasa por los parajes Monte Hored y La Laguna, donde entre 2013 y 2016 fueron halladas más de 40 fosas clandestinas.
En la loma de un cerro se vio uno de los helicópteros, y la zona estaba resguardada por decenas de agentes de la Gendarmería fuertemente armados. A unos 50 metros de donde estaba la aeronave y el resto de las patrullas se colocó un retén de policías para impedir el paso.
La diligencia concluyó a la 1:30 de la tarde, al parecer por la llegada de reporteros, y no se dio a conocer ninguna información. A esa hora se vio la retirada del helicóptero y la salida de tres camionetas de la PGR, algunas llevaban en su caja herramientas como palas y picos, y tras ellos salieron nueve patrullas, en una de las camionetas llevaban perros.
De manera extra oficial se informó del hallazgo de fosas clandestinas, incluso se llegó a hablar de la localización de al menos cuatro osamentas humanas, pero hasta la tarde de ayer ninguna fuente oficial lo confirmó.
Algunos hombres que trabajaban cerca de esa zona en la limpieza de un terreno informaron que entre las 6 y las 8 de la noche del martes, vieron la presencia de los policías y subió una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo).
La zona en la que se vio ayer a los agentes de la PGR queda en una parcela de cultivo de maíz, en medio de los parajes Monte Hored, La Laguna, La Joya, El Maizal, El Copal y la Barranca del Tigre, en los que entre 2013 y después de 2014 tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, familiares de desaparecidos hallaron más de 100 fosas clandestinas.
En una consulta a familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos, se dio a conocer que la diligencia de ayer no está relacionada con sus casos, sino con las investigaciones del caso Ayotzinapa que coordina un agente del Ministerio Público federal de la PGR.
Se informó que en esta zona la PGR aplicó la tecnología Lidar, que señala posibles puntos en los que la tierra fue removida o la existencia de alguna fisura que pudiera ser considerada una fosa, por lo que ya van en busca de puntos específicos.
Ayer después de que los agentes se retiraron del lugar sin dejar resguardo, un grupo de reporteros buscó algún indicio de excavaciones pero no se encontró nada.

Entregan otro cuerpo a familiares de Iguala; van 37 de 150
recuperados: Los Otros Desaparecidos

Integrantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron ayer que fue identificado y entregado un cuerpo más, de los 150 recuperados en fosas clandestinas entre 2014 y 2017, con el que llegan a 37 los entregados a sus familias.
El 29 de marzo la secretaria general del colectivo, Adriana Bahena Cruz, dio a conocer la entrega del cuerpo 36, el cual pertenecía a un vecino de la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), y sus restos fueron hallados por familiares y miembros del colectivo hace aproximadamente un año en cerros de esa comunidad.
En esa fecha informó de la identificación de seis cuerpos más por peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR), que se entregarían en días posteriores.
Ayer vía telefónica Bahena Cruz informó que se encontraba en la Ciudad de México en las instalaciones de la PGR, ya que habían acudido con familiares de la persona identificada a recoger sus restos.
Sólo dio a conocer que corresponde a un hombre y sus restos fueron de los últimos hallados en el ejido Tijeritas, ubicado en los límites con la comunidad El Naranjo, al norte de la ciudad de Iguala cerca de la carretera federal en la salida hacia Taxco.
Sus familiares son integrantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala y han participado en búsquedas de fosas clandestinas.
De acuerdo con la base de datos que se tiene y el recuento de las notas publicadas en El Sur, desde noviembre de 2014 el colectivo Los Otros Desaparecidos que surgió tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, han recuperado 150 cuerpos de fosas clandestinas, de los cuales la PGR ha identificado y entregado 37 a sus familiares. (Alejandro Guerrero / Iguala).

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En diligencias por el caso Ayotzinapa en el cerro Gordo de Iguala, halla fosas la PGR, trasciende

 

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) con el resguardo de más de 50 policías federales de la Gendarmería hicieron una diligencia en el cerro Gordo, al poniente de la ciudad, relacionada con las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y presuntamente habrían encontrado nuevas fosas clandestinas.
Después de las 10 de la mañana de ayer se supo de la diligencia de agentes federales en la falda del cerro Gordo, en la zona en que familiares de desaparecidos hallaron más de 100 cuerpos en fosas clandestinas en distintos parajes, pues vecinos informaron de la presencia de varias patrullas de la Gendarmería y de dos helicópteros que sobrevolaban la zona a baja altura.
Al llegar al lugar a unos 5 kilómetros del periférico Poniente y tras cruzar las colonias Villa de Guadalupe, Chapultepec, Loma del Zapatero y otras, se toma un camino de terracería usado como saca cosechas. Se pasa por los parajes Monte Hored y La Laguna, donde entre 2013 y 2016 fueron halladas más de 40 fosas clandestinas.
En la loma de un cerro se vio uno de los helicópteros, y la zona estaba resguardada por decenas de agentes de la Gendarmería fuertemente armados. A unos 50 metros de donde estaba la aeronave y el resto de las patrullas se colocó un retén de policías para impedir el paso.
La diligencia concluyó a la 1:30 de la tarde, al parecer por la llegada de reporteros, y no se dio a conocer ninguna información. A esa hora se vio la retirada del helicóptero y la salida de tres camionetas de la PGR, algunas llevaban en su caja herramientas como palas y picos, y tras ellos salieron nueve patrullas, en una de las camionetas llevaban perros.
De manera extra oficial se informó del hallazgo de fosas clandestinas, incluso se llegó a hablar de la localización de al menos cuatro osamentas humanas, pero hasta la tarde de ayer ninguna fuente oficial lo confirmó.
Algunos hombres que trabajaban cerca de esa zona en la limpieza de un terreno informaron que entre las 6 y las 8 de la noche del martes, vieron la presencia de los policías y subió una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo).
La zona en la que se vio ayer a los agentes de la PGR queda en una parcela de cultivo de maíz, en medio de los parajes Monte Hored, La Laguna, La Joya, El Maizal, El Copal y la Barranca del Tigre, en los que entre 2013 y después de 2014 tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, familiares de desaparecidos hallaron más de 100 fosas clandestinas.
En una consulta a familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos, se dio a conocer que la diligencia de ayer no está relacionada con sus casos, sino con las investigaciones del caso Ayotzinapa que coordina un agente del Ministerio Público federal de la PGR.
Se informó que en esta zona la PGR aplicó la tecnología Lidar, que señala posibles puntos en los que la tierra fue removida o la existencia de alguna fisura que pudiera ser considerada una fosa, por lo que ya van en busca de puntos específicos.
Ayer después de que los agentes se retiraron del lugar sin dejar resguardo, un grupo de reporteros buscó algún indicio de excavaciones pero no se encontró nada.

 

 

Fue encarcelado en Durango el presunto integrante de Guerreros Unidos, La Rana

La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) internó en la cárcel federal de Gómez Palacio, Durango, a Erick Sandoval Rodríguez, La Rana, acusado de estar implicado en el plagio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Según fuentes federales, la noche del lunes, el mismo día en que fue detenido en Cocula, la PGR lo trasladó de la Ciudad de México a Durango, en cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro.
Según fuentes allegadas al caso, el presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos rendirá su declaración preparatoria vía exhorto ante un juez federal en Gómez Palacio.
El mandato de captura librado contra La Rana corresponde a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el pliego de consignación original, el juez Primero de Distrito en Procesos Penales de Tamaulipas giró las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro, pero las negó por desaparición forzada.
Un testimonio recabado por la PGR, el de Jonathan Osorio, El Jona, ubica a Sandoval Rodríguez en el basurero de Cocula en el momento de la supuesta incineración de los cuerpos de los estudiantes.
Por su captura la PGR ofrecía una recompensa de 1 millón 500 mil pesos.
Para los padres de los normalistas esta detención sólo demuestra que la Procuraduría está interesada en consolidar su versión que señala que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

 

Detiene la PGR a cuatro presuntos narcos en aparatosa operación en Chilpancingo

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a cuatro “posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la región” Centro, luego de que catearon una casa en la colonia 20 de Noviembre, al suroriente de Chilpancingo, informó la Procuraduría.
Por la noche, en el programa de televisión En Punto, el principal noticiero de la empresa Televisa que conduce Denise Maerker, la periodista informó que uno de los cuatro detenidos es Martín Piña Gómez El Charro, uno de los principales colaboradores de Isaac Navarrete Celis El señor de la I, líder de la organización delictiva Cártel de la Sierra.
Por su parte, familiares de los cuatro detenidos denunciaron que los agentes de la PGR de manera arbitraria catearon la vivienda sin mostrar una orden de aprehensión y violentaron los derechos humanos de sus familiares, a quienes les sembraron armas adentro de la casa.
A la 5 de la madrugada de ayer, los agentes de la PGR, a bordo de unas seis camionetas oficiales llegaron a la calle Eucaria Apreza esquina con Álvaro Obregón, en este asentamiento de clase media alta de Chilpancingo, y bloquearon más de cinco horas las dos vialidades impidiendo el paso de los automovilistas; los oficiales sólo dejaban pasar a los transeúntes en la zona.
El operativo generó miedo en los vecinos que viven cerca de la casa de dos pisos, hecha de concreto, que catearon, “pensé que eran hombres armados que iban por alguien, porque las camionetas no están rotuladas; sí nos dio miedo”, contó un vecino que pasaba por el lugar.
Otros vecinos salieron de sus casas para observar la operación de los oficiales de la PGR. Se le preguntó a un oficial el motivo, y contestó que no podía dar información por seguridad.
Minutos después de las 10:40 de la mañana, los policías de la PGR, a bordo de vehículos oficiales se retiraron de la colonia 20 de Noviembre y trasladaron a los cuatro detenidos a la delegación de la Procuraduría para ser investigados y para deslindar responsabilidades.
Fuentes de la PGR informaron que los cuatro detenidos permanecían en la delegación de la Procuraduría en la capital, y se espera que hoy sean trasladados a Acapulco o a la Ciudad de México para seguir las investigaciones.
En la transmisión nocturna del programa En Punto, Denise Maerker dijo que el detenido es Martín Piña Gómez El Charro.
“Es señalado por ordenar y participar en diversos homicidios y por producir una droga sintética que se denomina China White elaborada a base de fentanilio, está identificado como uno de los principales colaboradores de Isaac Navarrete Celis El señor de la I, líder de la organización delictiva Cartel de la Sierra, previo a ello la información de las autoridades es que trabajó para el grupo de Los Rojos; junto con El Charro fueron detenidos otros tres integrantes de esta organización”, informó Maerker.

Familiares de los cuatro detenidos acuden a la PGR

Minutos antes del mediodía, familiares de los cuatro detenidos acudieron a la delegación de la PGR para informarse sobre su detención y para conocer su situación legal.
Un familiar, quien se reservó su nombre, relató que a las 5 de la mañana unos 30 agentes de la PGR, a bordo de seis camionetas llegaron a la casa e intentaron abrir la puerta a golpes y con tubo para poder entrar, pero no lo lograron.
“Cuando ocurrió el operativo estábamos todos dormidos, la señora de la casa les pidió a los oficiales que se calmaran que ella les iba a abrir, pero cuando les abrió ellos empujaron la puerta y a la señora la tiraron al suelo, ya no pudieron hacer nada y estos fulanos entraron a la fuerza”, declaró.
Señaló que en la operación los oficiales dijeron que les iban a enseñar la orden de aprehensión o cateo, pero no ocurrió y se llevaron a sus cuatro familiares, “no podemos decir su nombre por seguridad, y venimos aquí a la PGR para que nos den noticias de ellos y porque los detuvieron”.
Afirmó que en el cateo los policías de la PGR les sembraron armas adentro de la vivienda y además se llevaron celulares, alhajas, video juegos, computadoras y dinero en efectivo, “nos dio miedo porque pensábamos que eran hombres armados, que nos iban a matar, no respetaron nada a pesar de que habían cuatro menores durmiendo”.
“Es una arbitrariedad esto, yo estoy de acuerdo que si alguien hizo algo malo que lo detengan, pero, señores, toquen la puerta cuando hagan esto, así espantan a la gente, no es justo que abusen las autoridades a la gente inocente”, indicó
La colonia 20 de Noviembre es de clase alta y media de Chilpancingo; ahí han ocurrido otros hechos de violencia. Hace un año, presuntos delincuentes rafaguearon una vivienda de tres pisos, cerca donde se llevó a cabo el cateo, en el ataque no hubo heridos o muertos.

El boletín oficial

Anoche, la PGR difundió un comunicado para informar que los detenidos se llaman Martín, Adán, David y Gustavo, y que con estas detenciones, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “cumplimentó una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial, en un inmueble en el estado de Guerrero”.
De acuerdo con el boletín, agentes de la PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SEIDO, detuvieron a cuatro “posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la región” Centro, luego de que catearon una casa en la colonia 20 de Noviembre, al suroriente de Chilpancingo.
La institución señala que durante la operación aseguraron droga cristal y mariguana, “una báscula de las denominadas grameras, un arma corta y un arma larga”.
“Cabe señalar que la detención se realizó en estricto apego al debido proceso y en todo momento les fueron respetados sus derechos”, indica el comunicado.

 

El retraso en los peritajes a los cuerpos en el Semefo frena el esfuerzo de familiares de desaparecidos

La falta de estudios a los cadáveres depositados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), –que según la dirección de la institución suman 750–, frena los esfuerzos de las familias de los distintos colectivos que buscan a sus desaparecidos, y a su vez el gobierno del estado incumple una obligación legal de hacerlos, denunciaron los representantes de los colectivos de Chilpancingo y Acapulco.
La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, Guadalupe Rodríguez Narciso declaró que por el retraso en la aplicación de las pruebas del ADN a los cientos de cuerpos depositados en los semefos, en su reciente huelga afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, demandaron que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que se encargue de la práctica de los estudios.
Dijo que les respondieron que con la nueva ley la federación aporta los recursos para que se hagan en los estados, pero en Guerrero la Fiscalía siempre argumenta que no hay recursos, y que no cuentan con equipo ni material para esas pruebas.
Desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo supuestamente se instaló un “moderno equipo con tecnología de punta” para tomar las muestras del ADN con rapidez para la identificación de los cuerpos, para el que hubo una inversión de 92 millones 887 mil pesos, pero según personal del Semefo de Chilpancingo nunca constataron el uso ni la existencia de ese equipo.
El viernes el director general del Servicio Médico Forense, Ben Yehuda Martínez Villa informó que existen depositados bajo el resguardo de esa institución en Acapulco, Chilpancingo e Iguala 750 cadáveres, problema que se ha generado por el incremento de la violencia en la entidad, pero también por el retraso “más de lo debido” de los Servicios Periciales de la Fiscalía para la práctica de los exámenes de genética forense, antropología y dactiloscopia.
Según los trabajadores del Semefo de Chilpancingo la cifra de cadáveres es “récord e histórica” y rebasa la capacidad de las instalaciones de las tres ciudades que son sólo para 270 cuerpos.
El presidente del colectivo de Acapulco, Ciro Fuentes denunció que las autoridades estatales siempre se quejan de que no cuentan con recursos, con equipo ni material como los reactivos, “y este año menos habrá recursos, todo lo van a destinar a las campañas políticas”, advirtió.
Informó que también por la falta de equipo y recursos desconfían de los estudios que ya se han hecho a los cadáveres, que han sido enviados a la fosa común y al Panteón Estatal Forense, “y creemos que habrá entre ellos algunos de nuestros familiares que están desaparecidos y que andamos buscando”.
Denunció que al no hacer las pruebas del ADN a los cadáveres para la confronta con los resultados de las que se han hecho los familiares, “la autoridad va frenando y obstaculizando los esfuerzos que realizan los familiares que buscan a sus desaparecidos”.
Incluso en el caso de los estudios que ya se han hecho a algunos de los cuerpos que han ido a parar a la fosa común o al Panteón Estatal Forense, “no nos han dado una satisfacción de que hicieron bien las cosas, tenemos muchas dudas y desconfianza en la autoridad”.
Ciro Fuentes declaró que las pruebas a los cadáveres es una de las demandas que han planteado con más insistencia, que también han pedido las exhumaciones a varios cuerpos en los panteones para que se les hagan las pruebas de ADN y poder confrontarlas con los resultados de las que se hicieron las familias, pero no han tenido respuesta.
Por su parte la representante de los familiares de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez exigió a las autoridades “que se pongan a trabajar”, agregó que la existencia de tantos cadáveres en las instalaciones del Semefo es la prueba de que el Estado no ha cumplido con su obligación legal.
Añadió que en su huelga de hambre del 17 al 30 de enero afuera de la Segob, una de las demandas fue que la federación atraiga esa obligación que el estado no ha hecho, “pero nos dijeron que con la nueva Ley de Desaparición Forzada hay presupuesto para los estados y que los van a obligar a que hagan los estudios a todos los cuerpos que tienen”.
Se quejó de que sin esos estudios nunca van a lograr encontrar a sus familiares desaparecidos, “aún cuando a nosotros ya se nos hizo el estudio del ADN, si a los cadáveres no se les práctica no podrá haber la confronta y nunca los vamos a encontrar, por eso para nosotros tiene una importancia enorme que se realicen”.
Denunció que del gobierno del estado no querían hacer nada, y que las autoridades prefirieron instalar el Panteón Estatal Ministerial, “que en nada nos beneficia”.
Rodríguez Narciso denunció que el recurso que les envió la federación para la práctica de las pruebas lo destinaron para la construcción del Panteón Estatal Ministerial, que no sirve en nada para la localización de las personas desaparecidas.
Declaró que la Fiscalía siempre ha tenido presupuesto para los estudios, pero dice que no hay recursos, “entonces lo que vamos a hacer ahora es a obligarlos a que trabajen porque ya estamos cansados de tocar puertas y que nadie nos dé esperanzas”.
Informó que según información que les dieron en la PGR el costo para la práctica de los estudios es de 15 a 20 mil pesos, y que el tiempo puede ser de una semana a 6 meses, según las condiciones en que se encuentren los cuerpos.
Informó que en su visita a la PGR demandaron que si en el estado no hay presupuesto y equipo que contraten servicios particulares, para que todos los cuerpos que estén en las morgues se entreguen a sus familiares pero que no ha ocurrido porque les hace falta su ADN, de lo contrario el gobierno está atentando contra los derechos de esos seres, “porque fueron personas que también tienen derechos”.
Informó que con la nueva Ley de Desaparición Forzada el gobierno estatal tendrá que trabajar tanto con los cuerpos como en la búsqueda de los desaparecidos, de lo contrario advirtió que van a proceder con acciones legales.
Denunció que los familiares han trabajado en la búsqueda de sus familiares con sus propios recursos.
A pesar de que la Fiscalía argumenta a los familiares de personas desaparecidas que no cuenta con recursos ni equipo para los estudios, el 28 de mayo de 2010 el gobernador Zeferino Torreblanca inauguró el Laboratorio de Genética Forense de la entonces Procuraduría General de Justicia (hoy FGE), y el 14 de octubre de ese año entregó a la Dirección de Servicios Periciales el equipo de laboratorio.
Entonces se dijo que era, “un moderno equipo con tecnología de punta”, y Torreblanca detalló en su quinto informe que la edificación y equipamiento del Laboratorio de Genética Forense tuvo una inversión global de 92 millones 887 mil pesos.
El laboratorio está ubicado en el edifico de Servicios Periciales, atrás de las instalaciones de la FGE
En su inauguración se informó que serviría para la identificación de cadáveres, pues se podrían practicar allí estudios para determinar la identidad de personas o restos óseos, y con ello localizar a personas desaparecidas por medio de la extracción de ADN y la tipificación genética.
También se informó que el equipo cuenta con sistemas automatizados de extracción, secuenciación y cuantificación de material genético a través de un robot de extracción que trabaja 16 muestras de forma simultánea y que con ello “se disminuye el tiempo en los dictámenes y se reduce la probabilidad de contaminación para lograr resultados confiables”.
Se supone, por la información que se dio el día de la inauguración, que hay una cámara frigorífica que conserva los restos óseos sin que sufran mayor degradación de los tejidos, así como con área de entomología forense, “que determina en base a la fauna cadavérica el intervalo de tiempo de muerte”.
Sin embargo, trabajadores del Semefo de Chilpancingo aseguraron que nunca han visto trabajar ese equipo por Servicios Periciales en la aplicación de muestras a los cuerpos, suponen que hace falta personal capacitado para utilizarlo, o bien que el equipo nunca existió, pues el lugar en donde supuestamente fue instalado es un área restringida a la que según les han contado los de esa Dirección, el personal no tiene acceso.

 

 

Protestan padres de los 43 en edificio de la PGR; insisten en pedir cárcel para Aguirre, Iñaky y Lambertina

“¡Estamos hasta la chingada!”, gritó en el altavoz el padre del normalista desaparecido Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Clemente Rodríguez Moreno, en el mitin que la mañana de ayer tuvieron padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados por un centenar de alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, frente a las oficinas del Centro de Evaluación y Confianza de la Procuraduría General de la República (PGR), en esta ciudad.
“Nos dicen que aceptemos la verdad, ¿cuál verdad? (a los funcionarios del gobierno federal) les derrumbamos su ‘verdad histórica’ y después de eso parece que hasta los premian”, reprochó.
En el mitin, parte de la jornada a 40 meses de la desaparición de los normalistas, padres, madres, el abogado Vidulfo Rosales y estudiantes mostraron su indignación por el intento del ex gobernador Ángel Aguirre de competir por una candidatura para diputado federal que retiró el 7 de enero debido que lo presionaron, así como la falta de resolución del amparo que promovieron para fincar responsabilidades al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, quien fue eximido de la responsabilidad de irregularidades en la investigación del caso y es señalado de sembrar evidencias en el río de Cocula, donde fueron hallados presuntos restos de normalistas.
Una y otra vez ante altavoces y micrófonos, los familiares exigieron prisión tanto para el ex gobernador Aguirre, al ex fiscal de Guerrero Iñaky Blanco Cabrera y a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Lambertina Galeana, señalada de desaparecer videograbaciones de seis cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia de Iguala que pudieron registrar algunas de las desapariciones de la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Se han de estar riendo de nosotros, pero tenemos el poder y el coraje para hacer las cosas, acompañados de organizaciones y estudiantes”, advirtió Clemente Rodríguez.
Al referirse al desalojo del edificio central de la PGR desde el sismo de septiembre, advirtió: “A donde se se reinstalen los vamos a seguir, les vamos a pisar la sombra. El miedo quedó atrás”.
El contingente se desplazó a unas cuadras del lugar a las oficinas del Centro de Evaluación y Confianza de la Procuraduría, en Río Amazonas número 43. Ahí estudiantes con el rostro cubierto hicieron pintas de protesta en la fachada del edificio, justo arriba del número de la calle ahora se lee la frase “Nos faltan”.
“La demanda es la de siempre, es inclaudicable”, dijo Vidulfo Rosales en referencia a la presentación con vida de los 43 estudiantes, y agregó, “mientras no existan pruebas científicas irrefutables, los seguiremos buscando”.

Espera que el Consejo de la Judicatura los escuche, dice Vidulfo Rosales

Vidulfo Rosales declaró a El Sur que la reunión que concretaron el lunes con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, es un avance importante.
En ella se acordó otro encuentro entre los padres, Aguilar Morales y el pleno del Consejo de la Judicatura el próximo miércoles 31 de enero, aunque aún no han fijado la hora.
“Esperamos que en esta reunión nos escuchen y también que nos expliquen por qué están detenidos los expedientes y el libramiento de órdenes de aprensión”, dijo.
Desde hace un año jueces federales han dilatado tanto la resolución del amparo que interpusieron los padres en contra de la eximición de responsabilidades de Zerón, como la resolución de dos órdenes de aprehensión contra diversos policías federales y municipales de Huitzuco.
Expresó que el Consejo de la Judicatura tiene facultades para agilizar estos procesos.

 

Solicitan a la PGR que atraiga el caso de los tres jóvenes torturados por la Policía Ministerial

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La representante de Ciencia Forense Ciudadana y defensora de derechos humanos, Julia Alonso Carbajal solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga la investigación de los tres jóvenes que fueron detenidos por la Policía Municipal de Chilpancingo y entregados a la Policía Ministerial, que los tuvo privados de su libertad, incomunicados y torturándolos durante siete días y luego aparecieron tirados en un terreno baldío al sur de Chilpancingo.
Alonso Carbajal, quien le da seguimiento a casos de desaparecidos en Acapulco a partir de que el 12 de enero del 2008 desapareció su hijo, Julio Alberto López Alonso, declaró que no existe confianza en la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investigue el caso porque el fiscal Javier Oléa Peláez ha negado que los jóvenes hayan estado en poder de los policías ministeriales, con el fin de protegerlos.
Héctor Josué de 15 años, Juan Miguel de 16 y Alan Alexis Teodoro López de 20 fueron detenidos, según sus familiares, entre las 2 y media y las 3 de la tarde del 27 de septiembre en la calle Pinos de la colonia Jardines del Sur, cerca de las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI, al sur de la ciudad.
Según la defensora de derechos humanos los policías municipales entregaron a los jóvenes a la Policía Ministerial que los trasladó a la agencia del Ministerio Público del sector Central de Acapulco, a un comandante al que solo escucharon que le decían Tino, quien los mantuvo desde el 27 de diciembre hasta la mañana del 3 de enero incomunicados y torturándolos.
Julia Alonso informó que los familiares de los jóvenes se enteraron de donde estaban detenidos porque uno de ellos anotó el número del teléfono de su novia en un jabón, y le pidió a otro detenido que salió libre que le llamara y le avisara en donde estaban.
Cuando los familiares con el apoyo de Alonso Carbajal exigieron que se los entregaran, los tres jóvenes fueron sacados a las 5 de la tarde del 2 de enero y al día siguiente, a las 6 de la mañana, fueron hallados en un terreno baldío cerca del Palacio de Gobierno. Los jóvenes estaban atados con las manos hacia atrás con visibles huellas de tortura y semi desnudos.
Sin embargo el fiscal Olea Peláez ha negado que los jóvenes hayan estado esos siete días en poder de la Policía Ministerial, pero ha declarado que dos de ellos están detenidos por robo y uno más está prófugo, por lo que este jueves solicitó a la PGR que atraiga la investigación ante las sospechas de que la Policía Municipal que los detuvo y la Ministerial que los recibió estén vinculados con el crimen organizado, pues los jóvenes refieren que antes de ser trasladados al puerto de Acapulco fueron llevados a una casa de seguridad.
La defensora de derechos humanos declaró que existe un conflicto de interés de la FGE en este caso, por lo que debe ser atraído por la PGR “para que haya una investigación seria y un juicio justo”.
“El fiscal dice que no es verdad que estuvieron detenidos por la Policía Ministerial, entonces ya desde esa óptica sí está negando, no se va a realizar una investigación imparcial. Aquí lo que se está pidiendo es que si ellos cometieron un delito, que tengan un proceso justo y apegado a derecho”, pidió Julia Alonso.
Denunció que las corporaciones policiacas que participaron en su detención actuaron arbitrariamente y violaron todos sus derechos, “no pueden desaparecer a los jóvenes, no presentarlos y después hacerles cargos, sólo hasta que alguien se dio cuenta que estaban detenidos les fincan cargos diciendo que cometieron actos criminales, por eso se debe de investigar bien qué pasó desde el 27 de diciembre que los detuvieron hasta el 3 de enero, se debe aclarar dónde estuvieron y quién los tuvo, y el fiscal como que quiere negar y obviar eso, como que quiere enfocarse en otras cosas cuando hay una grave violación a los derechos delos jóvenes”, insistió.
Mencionó que el nuevo sistema penal acusatorio establece claramente que nadie puede ser privado de su libertad y no ser presentado, y de los tres muchachos no existe ningún documento que compruebe que fueron presentados desde el 27 cuando fueron detenidos.
Dijo que no es posible que los jóvenes hayan estado privados de su libertad, pero la Fiscalía niega que los haya tenido, sin embargo luego que fueron encontrados torturados de inmediato les atribuye cargos y los detiene, “eso es ilógico”, declaró la representante de Ciencia Forense Ciudadana.
“Todo eso es lo que tiene que investigar la PGR porque se cometió el delito de desaparición forzada, tuvieron la suerte de que fueron encontrados a tiempo”, declaró.

 

Detienen al encargado del trasiego de heroína de Los Beltrán de Guerrero a Estados Unidos

 

Luis Blancas, Agencia Proceso y Agencia Reforma

Chilpancingo y Ciudad de México

Agentes de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) capturaron ayer en la Ciudad de México a Jorge Higashi Chávez, señalado como uno de los ex operadores más relevantes del cártel de los Beltrán Leyva en Guerrero.
Identificado como Jorge “N” en el comunicado oficial de la PGR, Higashi Chávez fue detenido por cohecho, uso de documento falso a nombre de Jorge Alejandro Díaz de la Madrid, y violación a la Ley de Instituciones de Crédito.
La PGR aclaró que Jorge –a quien fuentes extraoficiales mencionan como uno de los excabecillas de la banda criminal Los Rojos y quien supuestamente estaba sólo debajo de Leonor Nava Romero, El Tigre, capturado en 2014-, también era buscado por una orden de aprehensión girada en Guerrero, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada.
Después de su paso por Guerrero, supuestamente se había trasladado a la Ciudad de México donde encabezaba una banda de secuestradores, además operaba en Puebla.
El comunicado de la PGR precisa que era buscado al contar con una orden de aprehensión girada por el juzgado Décimo de Distrito del estado de Guerrero, por la probable “comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro”.
Un despacho noticioso de la agencia Apro mencionó que Higashi Chávez era integrante del cártel de los Beltrán Leyva, y se encargaba del trasiego de heroína hacia Estados Unidos, y mantenía vínculos con grupos criminales dedicados a la siembra de amapola y la producción de heroína.
Se le acusa de estar relacionado con otros grupos delictivos en Sinaloa y lideraba una banda de secuestradores que operaba en los estados de Guerrero, Puebla y la Ciudad de México, cuyas principales víctimas eran empresarios y comerciantes a quienes asesinaba si no accedían a sus exigencias económicas.
Según la PGR, fue detenido por autoridades federales en mayo de 2014, pero no proporcionó datos sobre su liberación.
Señala que derivado de las investigaciones se sabe que es responsable de ordenar el homicidio de dos policías federales en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, en agosto de 2013.
Según los Agencia Reforma, era el encargado del trasiego de heroína y de China White a Estados Unidos desde Guerrero, donde mantenía vínculos con grupos criminales encargados de la siembra y producción de amapola.
Según las autoridades tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en 2009, El Higashi se unió a la banda de Los Rojos, grupo que se desprendió de Los Beltrán.
Con Los Rojos en 2012 se convirtió en el segundo al mando. Fue señalado del secuestro del entonces diputado local del PRI, Olaguer Hernández Flores.