Militares detuvieron a un pasajero de un autobús de la Estrella de Oro por portar mariguana en Teloloapan, hace ocho días, y la Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud.
La PGR difundió un comunicado la tarde de ayer en el que dice que militares en un puesto de revisión en la carretera federal Teloloapan-Iguala en la entrada de la cabecera municipal de Teloloapan, donde le marcaron el alto a un autobús, “solicitando al chofer y a los pasajeros que descendieran para realizar una revisión de seguridad al vehículo”.
Dice que un canino detectó enervantes en el portaequipaje, y al revisar dos maletas contenían dos envoltorios con cinta canela, con mariguana.
El equipaje pertenecía a un pasajero que abordó el autobús en Teloloapan y se dirigía a Cuernavaca.
“De a acuerdo con el dictamen practicado por la perita en materia de química forense, la mariguana asegurada tuvo un peso neto total de 28 kilos 240 gramos”, indica el comunicado.
El detenido fue identificado como William o Carlos y él y la droga fueron puestos a disposición de la delegación de la PGR en Chilpancingo para las investigaciones.
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Protestan padres de los 43 en un juzgado en la Cdmx; no avanza el amparo contra Tomás Zerón
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, para exigir al juez titular una explicación del amparo que demandaron contra la resolución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), que exime de culpabilidad de las irregularidades del caso al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
El juez Adolfo Santos Pérez contestó a una comisión de padres, que ingresó durante la protesta donde mostraron fotografías y nombres de sus hijos desaparecidos, que el amparo indirecto 195/2017-3 interpuesto por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan en marzo pasado, no se ha podido desahogar por la “desaparición” de seis funcionarios de la AIC: cuatro peritos y dos agentes ministeriales.
Como parte de su tercera jornada de lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos a casi 38 meses de los hechos en Iguala, apoyados por estudiantes e integrantes de organizaciones sociales y sus abogados, los padres llegaron al edificio en la delegación Álvaro Obregón cerca de mediodía. Al grito de ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!, se colocaron en la explanada.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra dijo en el mitin que: “los padres y madres de familia interpusimos un amparo contra la resolución mediante la cual exoneró de responsabilidades penales al señor Tomás Zerón de Lucío (actual secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional), lo cual para nosotros implica serias y graves violaciones al acceso a la justicia, al derecho a la verdad y al derecho de saber del paradero de nuestros hijos”.
Precisó que como titular de la AIC “creemos que el señor Tomás Zerón de Lucio tiene responsabilidades penales: trasladó detenidos sin la autorización del Ministerio Público a la escena del crimen, manipuló evidencias de la escena del crimen sin que esto obre en el expediente, editó videos, sin que esto estuviera y constara dentro del expediente penal de las investigaciones”.
Los contingentes se trasladaron del plantón instalado desde el lunes en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir una reunión con el juez, Santos Pérez. Una comisión ingresó al edificio con la petición de “saber el estado que guarda esta demanda de garantías”.
Rosales precisó que el procedimiento sancionatorio administrativo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Zerón de Lucio, no tendrá validez hasta que el juzgado Tercero de Distrito resuelva el amparo que los padres tramitaron en marzo pasado.
Mientras dejaban pasar a la comisión de padres acompañada de Vidulfo Rosales a entrevistarse con el juez, normalistas de Ayotzinapa repetían consignas: ¡Porque somos estudiantes, normalistas rurales, sí señor, porque somos de Ayotzi, sí señor, porque somos reprimidos, sí señor!
Rosales precisó que hace falta la publicación de edictos para avisar a los involucrados, “que asciende a 100 mil pesos cada uno”.
Mencionó que es importante que se desahogue el amparo para que Zerón pague por ocultar las diligencias en el río San Juan, donde fueron extraídos, según dice la PGR, los restos de uno de los 43 desaparecidos, Alexander Mora, el único identificado en estas condiciones sospechosas.
Aseguró que han solicitado al Consejo de la Judicatura cumplir el trámite, que es otra parte que atrasa el proceso: “nos preocupa que de manera deliberada la PGR haya ocultado los domicilios de estos servidores públicos, como una estrategia para dilatar el amparo y poner obstáculos al procedimiento”.
El representante de los padres, Melitón Ortega dijo al micrófono que: “a más de tres años estamos demandando una investigación profunda de cada una de las líneas como resultado de una investigación exhaustiva por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para conocer el paradero de nuestros 43 estudiantes de la Normal. En los primeros meses, en la primera etapa de la investigación que llevó a cabo las autoridades de Guerrero allí construyeron las bases de esta investigación que impide avanzar para esclarecer el caso”.
Lamentó que “tuvieron que desaparecer las evidencias como por ejemplo los videos de las cámaras de vigilancia que operan a lo ancho de la ciudad de Iguala, donde fueron los ataques, lugares por donde fueron perseguidos nuestros estudiantes, estos videos no están en los expedientes… ¿quién es el responsable finalmente de esa investigación deficiente e irregular, porque no podemos decir que no hay una coordinación a nivel federal, tuvo conocimiento del caso Ayotzinapa Tomás Zerón, Enrique Peña Nieto, (el ex procurador) Jesús Murillo Karam?”.
En su sexto día de la jornada de lucha: “Rompe el muro de la impunidad”, dijeron que como parte de sus exigencias de la semana que concluirá el próximo domingo con una marcha en la Ciudad de México, es que se amplíe el mandato del Mecanismo Especial del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el año que viene, hagan las detenciones que faltan de policías federales y de Huitzuco implicados, les den resultados de la telefonía usada el 26 y 27 de septiembre de 2014, la investigación de la ruta de trasiego de droga de Iguala a Chicago y se investigue al Ejército.
Este viernes habrá una protesta en la PGR para continuar las actividades.
Pide la PGR a la Sedatu información de imperfecciones del fraccionamiento El Mirador en reunión con damnificados
Damnificados de El Mirador se reunieron con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, en la Procuraduría General de la República (PGR), para conocer el avance de la demanda contra la empresa que ejecutó mal las viviendas en el fraccionamiento, algunas de las cuales son inhabitables.
En la reunión la PGR solicitó a la Sedatu información detallada de contratos, dictámenes de la estabilidad de las estructuras e información contable, para que en el perfeccionamiento de la averiguación, la PGR tenga los datos suficientes para hacer las indagatorias y se determinen las responsabilidades.
Al término de la reunión, el delegado Armenta Tello declaró que de alguna manera el encuentro da a los damnificados certeza de las acciones que se están ejecutando para que las viviendas con imperfecciones sean reparadas.
“Hoy, la Procuraduría nos ha solicitado información adicional para que, en el perfeccionamiento de su averiguación tengan los datos necesarios y suficientes para precisamente sus averiguaciones, sus indagatorias y que se determinen las responsabilidades”, indicó.
Dijo que le están pidiendo contratos, dictámenes que se han hecho de la estabilidad de las estructuras, e información contable para saber si hubo daño patrimonial al erario federal.
El delegado abundó que se ha mantenido en constante comunicación con la PGR luego de las denuncias de 2016 a la fecha, y que sí hay avances significativos.
Añadió que si le piden datos precisos, es porque se perfecciona la averiguación para determinar responsabilidades.
Señaló que la información que se les ha requerido es “mucha” y que seguramente le tomará un tiempo a la PGR revisarla.
Indicó que se les comunicó a los vecinos que en breve se harán peritajes físicos en el fraccionamiento.
Al finalizar la reunión, los tres vecinos del fraccionamiento que acudieron se negaron a declarar. .
Bloquean la autopista Siglo XXI pescadores de Petacalco; insisten en que los indemnicen por la contaminación
Brenda Escobar
La Unión
Este jueves pescadores de Petacalco, municipio de La Unión, bloquearon la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, en los límites de Guerrero y Michoacán, para exigir la atención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, y que la empresa Flensa los indemnice por la contaminación a su zona de pesca, en febrero de 2016, tras el derrame de 32 mil litros de combustóleo.
Unos 150 inconformes encabezados por su líder, Gilberto Barrera Reyes, llegaron al lugar del bloqueo a las 6 de la mañana, donde protestaron contra el resultado de la investigación que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) y que se les dio a conocer el 9 de noviembre pasado, que asegura que no hay contaminación como los pescadores afirman.
Barrera Reyes denunció que la PGR se basó en un estudio de una universidad de Puebla hecho hace más de un año, y que “fue un estudio viciado”.
Cuestionado por los reporteros, el líder declaró que este bloqueo es por el incumplimiento del gobierno, pues demandaron ante la PGR a la empresa transportadora de combustible que, aseveró, es propiedad de un primo hermano del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y esa dependencia nunca hizo una investigación real sobre la contaminación, sino que tomó el estudio de una universidad de Puebla, “ese estudio está viciado; la PGR nunca vino aquí, nosotros no estamos de acuerdo”.
Agregó que, en su momento, el gobierno del estado pagó a un biólogo de la región para que hiciera un estudio de impacto ambiental, el cual la PGR no consultó por ser desfavorable para la empresa Flensa, “ese es el estudio que reconocemos y tenemos que hacer que se respete, porque de lo contrario no vamos a ceder a ningún movimiento, y vamos a estar aquí cuantas veces sea necesario”.
“Queremos la indemnización de la compañía Flensa para los pescadores, porque hay demasiada contaminación todavía en el río y ellos están diciendo que no la hay”, dijo y agregó que los pescadores son testigos de los daños todos los días, “sabemos que existe, está de 40 centímetros de espesor en los remansos del río”.
A pregunta expresa, el líder de los pescadores aseguró que “todo está viciado… como Flensa está pagando todo esto, el resultado va a salir a favor de la empresa”.
Llamó al gobernador para que resuelva el problema, y que la empresa indemnice a los pescadores, y advirtió que ante la instalación de la zona económica especial, “¿usted cree que nos vamos a quedar con los brazos cruzados?, vamos a hacer alboroto, no nada más nosotros”.
Insistió en que “hay influyentismo por parte de la empresa; otra de las dependencias vendidas fue la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, dice que no hay afectación, que se boten al infierno, cómo es posible que le quieran ver la cara de tarugo a uno, no soy biólogo, pero sé de la contaminación” dijo.
El líder advirtió a los inversionistas que planean comprar terrenos en la zona económica especial en el municipio de La Unión, “que le piensen, porque si creen lo que les diga el gobierno, que acá todo está tranquilo, que todo está en paz y que no hay problemas, eso no es cierto”.
En el puente doctor Ignacio Chávez, los pescadores bloquearon en lapsos de 40 minutos, por 10 minutos de paso en ambos sentidos; sólo permitían circular a vehículos de emergencia y a particulares que llevaban personas enfermas fuera de esos periodos.
Ningún funcionario acudió a atenderlos por lo que se retiraron en la tarde y anunciaron que regresarán este viernes a bloquear en el mismo lugar, “pero ahora será de manera definitiva, porque esta gente no entiende”.
Decomisa la PGR en cuatro municipios de Guerrero precursores para elaborar drogas
La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Guerrero, destruyó mil 293 kilos 617 gramos 700 miligramos, y 6 mil 685 litros 663 mililitros de diversos precursores y sustancias químicas para elaborar drogas, que fueron decomisadas en distintos hechos en Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala y Ciudad Altamirano.
La PGR difundió la tarde de ayer un boletín en el que informa que la destrucción de los precursores fue encabezada por el Ministerio Público de la federación, en Tultepec, Estado de México, en las instalaciones de una empresa especializada y autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la inhabilitación y destrucción de precursores químicos.
“Las sustancias químicas, los residuos peligrosos y los precursores químicos, fueron trasladados con el apoyo de la Policía Federal Ministerial (PFM), Ejército Mexicano, y Policía Federal, luego de realizar la identificación, conteo y pesaje de dichas sustancias, en presencia de representantes del Órgano Interno de Control de la PGR”, indica el comunicado.
El grupo criminal Guerreros Unidos está en “preocupante crecimiento”, dice la DEA
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) reveló en su edición 2017 de la Evaluación de los Riesgos de la Droga, que la organización criminal a la que la Procuraduría General de la República (PGR) atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerreros Unidos, ha aumentado sus operaciones.
El documento detalla que “mantiene una extensa red en los Estados Unidos para transportar y distribuir drogas ilícitas (principalmente heroína) a través de estados del sur, medio oeste y este”.
En su análisis la DEA califica a la organización cuyas operaciones ubica en Guerrero, Estado de México y Morelos “en preocupante crecimiento”, pese a sólo operar en esos tres estados. Principalmente trafica fentanilo y heroína en ciudades como Pittsburgh y Chicago.
De acuerdo con las investigaciones de la DEA, Guerreros Unidos tiene como método para cruzar la droga el uso de vehículos y camiones de pasajeros o tráileres con compartimientos ocultos, o entremezclados con diferentes productos que, una vez en Estados Unidos, los distribuyen en vehículos más pequeños.
En el documento específica sobre la organización que “a pesar de su corta historia, Guerreros Unidos han evolucionado en una TCO (organización de tráfico de drogas) mexicana de creciente preocupación, con una distribución de drogas, red que abarca varias ciudades importantes en los Estados Unidos”.
Según la investigación el grupo criminal surgió como un cártel independiente en 2011, como una escisión de los Beltrán Leyva, que mantienen operaciones en Guerrero.
Aunque para la agencia no es de los grupos más empoderados en Estados Unidos ni con mayor influencia ni expansión en México, pues detalla que opera sólo en tres estados, “operan de manera estratégica a lo largo de reconocidas rutas de tráfico de heroína”.
Este grupo cobra relevancia en el caso Ayotzinapa, porque una de las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, es que se investigue la posible ruta de trasiego de droga de Iguala a Chicago.
Padres de los 43 desaparecidos y sus abogados han señalado que la PGR ocultó el trasiego de droga a los expertos del GIEI, los cuales en su informe final propusieron que una línea de investigación fuera el de un quinto camión tomado por los normalistas en la central de Iguala, el que aparentemente transportaba un cargamento de droga.
Según el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, lo cual fue declarado por presuntos integrantes de Guerreros Unidos, que junto a policías de ese municipio, Iguala y Huitzuco atacaron a los estudiantes, matando a tres de ellos y a otros tres civiles, además de desaparecer a los 43.
Seis grupos mexicanos con el mayor número de operaciones
Los grupos criminales de tráfico de drogas que la DEA ubica operando en territorio estadounidense son el cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de Juárez, el del Golfo, el de Los Zetas, y Beltrán Leyva, cada uno mantiene células de distribución de drogas en ciudades de Estados Unidos mediante intermediarios.
Para la DEA son las que tienen mayor impacto en ese país. El cártel de Sinaloa, una de las organizaciones que la agencia norteamericana ubica como de las más antiguas, “controla la actividad del tráfico de drogas en varias regiones de México, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico”.
Además mantiene la huella internacional más expansiva en comparación con otros grupos mexicanos.
El cártel de Sinaloa exporta y distribuye cantidades al por mayor de metanfetamina, mariguana, cocaína y heroína en los Estados Unidos, manteniendo centros de distribución en ciudades que incluyen Phoenix, Los Ángeles, Denver y Chicago. Las drogas ilícitas distribuidas por el cártel de Sinaloa se contrabandean principalmente a través de puntos de cruce ubicados a lo largo de la frontera de México con California, Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas.
El análisis ubica que los líderes del cártel que operan bajo el ala de Joaquín Guzmán Loera- Ismael Zambada García, y revela un resurgimiento del liderazgo de Rafael Caro-Quintero que mantiene jefes celulares en Phoenix, Arizona, para supervisar la distribución de drogas ilegales en la región. “Las cabezas de las células también coordinan el transporte de drogas ilegales desde Phoenix a varias ciudades”.
Del CJNG señala que es la más reciente de las seis organizaciones que más estructura tienen en Estados Unidos, “aunque una de las más poderosas y de más rápido crecimiento en México y los Estados Unidos”.
En su informe la DEA informó 26 investigaciones activas vinculadas a la jerarquía del CJNG, mientras que en 2017 el número de investigaciones activas aumentó a 46.
“Con sede en el estado de Jalisco, en particular su capital, Guadalajara, CJNG creció rápidamente en prominencia después de haberse separado del cártel de Sinaloa en julio de 2010. Mucho al igual que el cártel de Sinaloa, CJNG es una organización de tráfico de drogas que se ocupa de cantidades al por mayor de principalmente metanfetamina, pero también cocaína, heroína y mariguana”.
Dice que contrabandea drogas ilícitas en los Estados Unidos al acceder a varios corredores de tráfico que incluyen a Tijuana, Juárez, y Nuevo Laredo. Tiene centros de distribución de droga en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Nueva York y Atlanta.
“Los miembros de CJNG exportan cantidades de metanfetamina de varios cientos de kilogramos a California desde Guadalajara, a través de puntos de cruce en Tijuana, con destino a centros de distribución en Los Ángeles y San José, California”.
Del cñartel de Juárez considera que “aunque no tan expansivo como su rival, Cartel de Sinaloa, sigue impactando en los mercados de consumidores de drogas de los Estados Unidos principalmente en El Paso, Denver, Chicago y Oklahoma City. El Cártel de Juárez trafica principalmente con marihuana y la cocaína, aunque recientemente se ha expandido a la distribución de heroína y metanfetamina en los Estados Unidos”.
Detalla que con base en recientes reportes de aplicación de la ley, el cultivo de opio supervisado por el cártel de Juárez aumentó significativamente en el estado de Chihuahua desde 2013, superando el cultivo de mariguana en algunas regiones.
“El cártel de Juárez contrabandea cantidades de cocaína de varios cientos de kilogramos y toneladas, múltiples cantidades de mariguana mensualmente a través del área de El Paso / Juárez y regiones rurales al oeste de Palomas (al sur de Columbus, Nuevo México) y al este de Ojinaga (al sur de Presidio, Texas) en el Estado de Chihuahua, destinado a los Estados Unidos”.
Otra de las organizaciones que mantiene operaciones en el país vecino es el cártel del Golfo que, “se concentra principalmente en el tráfico de mariguana y cocaína, pero también se ha expandido recientemente a la heroína y metanfetamina.
Debido a su influencia sobre áreas en el noreste de México la mayoría de sus envíos de drogas son al sur de Texas a través de la región fronteriza, entre el Río Grande Valley y South Padre Island. El cártel del Golfo tiene centros de distribución clave en Houston, Detroit y Atlanta”.
Según la investigación, un miembro de alto rango del cártel del Golfo en Monterrey, coordina un envío semanal de 100 kilogramos de cocaína a través del Valle del Río Grande a Houston, Texas, donde un pariente actúa en calidad de jefe de celda, asume la responsabilidad de su distribución.
Aunque en este sexenio la DEA ubica un crecimiento importante al CJNG, en el sexenio pasado con Felipe Calderón, la organización de Los Zetas tuvo ese auge.
Esta organización, explica la agencia, se formó como un cártel independiente a principios de 2010 cuando oficialmente se separó del cártel del Golfo. Controlaba el tráfico de drogas en el este, centro y sur de México.
“Sin embargo, debido a la presión de cárteles rivales, la ley mexicana aplicación y conflictos internos, la influencia de Los Zetas ha disminuido significativamente en los últimos años”, afirma.
Los Zetas actualmente están divididos en dos facciones rivales, el cártel del Noreste, representando una forma renombrada de Zetas convencionales, y los Zetas de la Vieja Escuela, que es un grupo disidente. Los miembros de Los Zetas pasan de contrabando la mayoría de sus drogas ilícitas a través del área fronteriza entre Del Río y Falcon Lake, Texas, con una base de poder en Nuevo Laredo, México.
Los miembros de Los Zetas actualmente trafican cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana a través de centros de distribución en Laredo, Dallas, Nueva Orleans y Atlanta.
Por último asegura que la organización de Los Beltrán Leyva, que ha perdido fuerza por las detenciones y asesinatos de sus líderes, que “los restos de su organización continúan en varias partes de México, para incluir los estados de Guerrero, Morelos, Nayarit y Sinaloa”.
“Los más prominentes de estos subgrupos son Los Rojos, Los Guerreros Unidos, la Organización Chapo Isidro, y Los Mazatlecos. Estos subgrupos se aliaron con CJNG, el cártel de Juárez y Los Zetas para acceder a los corredores de tráfico de drogas por medio de SWB (Documento de Embarque Marítimo no Negociable).
Trafican principalmente mariguana, cocaína, heroína y metanfetamina, y mantienen centros de distribución en Phoenix, Los Ángeles, Chicago y Atlanta”.
En los últimos años los cárteles mexicanos han expandido su esfera de influencia en diferentes regiones de los Estados Unidos, incluida el área de Nueva Inglaterra.
“La droga ilícita que representa más amenaza para Chicago es la metanfetamina, seguida de la cocaína, mariguana y heroína”.
Los envíos de droga son en su mayoría por mar a través del SWB, de este modo puede pasar como otro tipo de mercancía, a través de intermediarios que supervisan los envíos y facilitan las ventas, dice la DEA, a los mayoristas y a los de nivel medio de clientela.
“El método más común empleado por los grupos implica transportar drogas ilícitas a través de los puertos de los Estados Unidos en vehículos de pasajeros con compartimientos ocultos o mezclados con productos legítimos en tráileres de camiones.
Además, transportan ilícitamente drogas, como la metanfetamina y cocaína, disuelta en soluciones líquidas, a través del SWB. Una vez al otro lado de la frontera, los cárteles mexicanos coordinan los envíos de drogas ilícitas a dividirse en envíos más pequeños y enviados a los puntos de distribución en todo el territorio”.
La DEA alerta de la metanfetamina cristal producida en “súper laboratorios” que se envían a Nueva York a través del SWB por vehículos, mensajeros y paquetes de servicios de entrega.
Los grupos mexicanos tienen rutas bien establecidas, y también combinan envíos de metanfetamina con otras drogas, como heroína.
Los cárteles mexicanos tienen como mayor suministro de heroína al estado de Georgia. (Con información de Vania Pigeonut / Ciudad de México).
Obligan a policías en el Centro de la capital a liberar a siete comerciantes detenidos en un cateo arbitrario
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Comerciantes establecidos en las calles del centro de la capital obligaron a abortar la tarde de ayer una operación implementada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que llegaron en vehículos sin logotipo, algunos sin placas y otros con placas del estado de Morelos a decomisar mercancía, según los comerciantes, sin orden de cateo ni oficio de comisión.
Los agentes habían detenido a siete comerciantes y decomisado 15 playeras de la marca Tomy, como muestra de que se trataba de prendas piratas, y trasladaron a los detenidos a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), pero más de 50 comerciantes fijos y semifijos retuvieron una patrulla de la Policía Municipal con cinco elementos abordo, y una camioneta Pick Up con dos agentes de la AIC y un abogado de la dependencia federal, con los que negociaron la liberación de sus compañeros.
El ambiente se tensó cuando algunos de los indignados comerciantes amenazaron con voltear e incendiar la camioneta en la que se encontraban los agentes federales, y tuvieron que acudir al lugar el delegado de la PGR, José Juan Monroy, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinosa Montoya, para negociar la entrega de los detenidos a cambio de la liberación de los agentes y las camionetas.
Todo esto ocurrió en la calle Francisco y Madero esquina con Emiliano Zapata, en el Zócalo de Chilpancingo, entre las 2:30 y las 4:30 de la tarde.
Los agentes federales encontraron resistencia de los comerciantes desde el primer establecimiento al que llegaron, ubicado en la esquina de Madero con avenida Guerrero. Allí, el propietario de Imagina Regalos, Roberto Castañón, un conocido comerciante de la capital y propietario de la farmacia Pasteur, que cerró hace cinco años tras un saqueo similar, llamó a la solidaridad de otros comerciantes y de transeúntes.
“Estos tipos vienen a saquearnos y a robarnos a Guerrero, ¡no lo permitamos, compañeros, vecinos, no lo permitamos porque al rato ustedes también van a ser afectados por este tipo de gente!”, gritó a media calle, en donde de inmediato se concentraron decenas de comerciantes que, con gritos de “¡fuera!” repelieron la actitud de los agentes, quienes ya cargaban en las manos dentro del negocio bolsas de plástico dispuestas para llenarlas de mercancía.
Los vecinos pidieron al comerciante que cerrara su negocio y entonces los agentes prefirieron salir y, a bordo de la camioneta, abandonaron el lugar.
“Estos señores vienen a saquear mi negocio amparados en un documento, pero antes de que me den chance de que yo presente mis facturas, para que yo compruebe que es mercancía legal, ya traen bolsas de plástico para llenarlas de todo lo que tengo aquí”, acusó. En el establecimiento había relojería, bolsas de mujer, perfumes y artículos para regalo.
Roberto Castañón se quejó que los agentes llegan en el momento de peor crisis de ventas, “apenas estamos vendiendo de 50 a 100 pesos sólo para ir comiendo”, se quejó.
Comentó que los policías dijeron llevaban una orden, pero que no se la quisieron enseñar, “ellos mismos las hacen para justificar los saqueos a los comercios”.
A este comercio llegaron tres policías en una camioneta blanca, sin logotipo, y con placas NW-89-937 del estado de Morelos.
En este mismo local, hace cinco años estaba la farmacia Pasteur, propiedad del mismo Roberto Castañón, que igualmente fue saqueada por policías federales.
El hijo de Roberto, Miguel Castañón, dijo que en 2012 los agentes llegaron encapuchados y no se identificaron, sólo le avisaron que iban a hacer un cateo por orden de un juez, y le vaciaron más de la mitad del negocio, además de que se los llevaron detenido dos días a la delegación de la PGR.
Denunció que para que lo liberaran pagó una fianza de 90 mil pesos y no le devolvieron su mercancía, por lo que tuvo que cerrar y después se dedicó a la venta de artículos para regalo. Dijo que por eso, ayer, su padre llegó a impedir otro atraco.
Para ese momento, otros agentes ya entraban a otros negocios de la calle Emiliano Zapata, de donde se llevaron detenidos a siete comerciantes, cuatro mujeres y tres hombres, algunas de ellas eran empleadas.
Los policías que participaron en el operativo portaban armas de fuego y actuaron arbitrariamente incluso en contra de los transeúntes, a quienes replegaban amenazantes cuando pasaban cerca de donde cateaban los negocios.
La actitud de los agentes indignó a transeúntes y a comerciantes, quienes empezaron a llamar a la solidaridad.
“Váyanse a Chilapa, o a las colonias donde están los descuartizados, nosotros no somos delincuentes”, les gritaron algunos comerciantes, y eso encendió a los transeúntes; en menos de cinco minutos llegaron más comerciantes y transeúntes, hasta juntarse más de 50 gentes, quienes casi persiguieron a los policías hasta la calle Madero.
Presionados por comerciantes y transeúntes, los agentes abordaron cuatro camionetas y huyeron del lugar. Atrás habían quedado rezagadas una patrulla de la Policía Municipal que los apoyaba con resguardo, con cinco policías abordo, y una camioneta Pick Up blanca con dos agentes de la AIC y un abogado de la PGR.
Cuando los comerciantes se enteraron de que en las cuatro camionetas se habían llevado a siete detenidos que sacaron de seis negocios cateados, bloquearon el paso a la patrulla municipal y a la camioneta de la AIC, ésta sin placa delantera, y que en la que portaba atrás tenía la matrícula HE-78-450.
Todos los comerciantes aseguraron que su mercancía era legal y que contaban con documentos para probarlo; denunciaron que, en cambio, el operativo fue ilegal y arbitrario, y advirtieron que retendrían a los agentes hasta que fueran liberados sus compañeros.
Algunos comerciantes desinflaron las llantas traseras de la camioneta de los agentes federales y comenzaron a balancearla con intenciones de volcarla, también amenazaron con incendiarla.
Entonces llegaron el delegado de la PGR, José Juan Monroy, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya, para dialogar con los comerciantes.
El delegado informó que el operativo se hizo conforme a derecho, y derivado de la presentación de una denuncia por los apoderados legales de la marca Tomy.
Estos argumentos indignaron más a los inconformes, que comenzó a gritarle para obligarlo a callar y a bajarse de la camioneta retenida a la que se había montado para hacerse escuchar.
“La Procuraduría, señores, está para servirles a ustedes, no estamos en contra de ustedes”, volvió a intentar convencer a los amotinados, pero volvieron a comenzar los abucheos y el funcionario bajó para dialogar con una de las líderes, con quien negoció la entrega de los detenidos a cambio de que dejaran ir a los agentes y las patrullas.
Casi a las 4:30 de la tarde llegaron en un vehículo de la PGR, también sin logotipos, los siete detenidos, y entonces los comerciantes empezaron a exigir la devolución de la mercancía decomisada, pero después se aclaró que únicamente habían sido 15 playeras sólo como muestra de que eran prendas piratas.
Cuando se había aparentemente resuelto el problema, llegó un comerciante y acusó ante el delegado a uno de los agentes que había llegado después de la retención, de haberlo extorsionado y saqueado su negocio, “son unos rateros le gritó” y le dijo su nombre, también le dijo que era empleado del gobierno del estado y que se ganaba la vida honradamente, y que por eso le indignaba que servidores públicos corruptos, como el policía señalado, se dedicarán a extorsionar a gente trabajadora.
Como pudo, el policía que comenzaba a ser acusado por otros comerciantes como uno de los que había participado minutos antes en la operación, se escabulló entre la multitud y hasta entonces lograron sacar del lugar la patrulla y la camioneta de la AIC.
Retoma la PGR las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI para el caso Ayotzinapa
La Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en la ruta de las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo el abogado Vidulfo Rosales Sierra, después de una reunión de los padres de Ayotzinapa con el procurador Raúl Cervantes, en la que participó la presidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Rosales Sierra reclamó que en 2016, lejos de retomar las líneas que ya había propuesto el GIEI desde 2015, “nos la pasamos debatiendo el basurero de Cocula y si seguía el mandato del GIEI; hasta ahora, la PGR está dando la razón al GIEI, que son atinadas las líneas de investigación, y vamos en la línea correcta, aunque fue hace dos años”.
A casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la dependencia retomó las líneas de investigación propuestas por el GIEI, lo que generó un retraso de dos años, denunciaron familiares y organizaciones que exigen la presentación con vida de los estudiantes.
Padres de familia de los 43 desaparecidos, acompañados de su abogado, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, se reunieron con el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, y la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Vidulfo Rosales explicó en conferencia de prensa, después del encuentro, que esperaban escuchar avances concretos; pero no les satisfizo. La PGR reportó que en tres meses han avanzado 30 por ciento; sin embargo, no hay investigaciones concretas sobre las cuatro líneas pendientes para dar con el paradero de los normalistas: un informe de las llamadas de todos los involucrados en el caso, la investigación sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago, la responsabilidad del Ejército y detenciones de policías.
Dijo que en el cronograma de la PGR les reportaron un avance, durante las casi dos horas que duró la reunión que inició alrededor de las 4 de la tarde, “el tema del quinto camión, del C4, la telefonía, y básicamente es lo que hoy en día están reportando; los avances sustanciales, las detenciones de los policías federales, de Cocula, de Huitzuco, cómo deslindar responsabilidad mandos del Ejército; esos resultados medulares no los tenemos”.
Hay temas pendientes desde 2015, explicó el defensor, como la detención de policías supuestamente implicados de Huitzuco y Cocula, municipios aledaños a Iguala, donde ocurrió la desaparición de 43 normalistas y los asesinatos de seis personas, tres de ellas estudiantes. En ese caso hay un conflicto competencial, dijo, porque ni un juez federal ni otro del nuevo sistema de justicia, admiten que les corresponde revisar. Están en suspenso las detenciones.
No dieron las autoridades una respuesta concreta, se quejan padres de los 43
Felipe de la Cruz, vocero de los padres, explicó que a 35 meses de los ataques “no hay mucho relevante. Nos dijeron que se sigue aplicando la tecnología Lidar (empleada para buscar fosas clandestinas), que investigaron que de las 29 cámaras del C4 (Centro de Cómputo, Control y Comando) sólo funcionaron cuatro”.
Por su parte, el también portavoz de los padres de los 43, Melitón Ortega denunció que, “para nosotros los padres de familia no nos dieron una respuesta concreta. Queda en la laguna lo que queremos. Creemos que es una reunión más, como siempre nos han llevado, diciendo que hay avances las autoridades, pero para nosotros no significa nada, más dolor, desesperación”.
Rosales adelantó que el mecanismo de seguimiento de la CIDH, que se reunió con la PGR antes que con ellos, dará este miércoles a conocer su informe. Rescató que del encuentro “la PGR se encuentra en la ruta de las cuatro líneas propuestas por el GIEI… No vemos una actuación de buena fe, hay un retraso”.
Otro punto importante, especificó el abogado, fue que la dependencia ya admitió que el quinto camión, que señaló el GIEI, siguió por el Periférico Norte de Iguala desde que salió de la central de autobuses de Estrella Blanca hasta llegar a la parte sur y al Palacio de Justicia, tal y como relataron sobrevivientes.
Para Rosales es grave que a casi tres años, el gobierno de Guerrero admita que de las 25 cámaras disponibles para saber qué ocurrió esa noche, fueran sólo cinco las que servían, de cuatro obtuvieron recientemente videos, pero dijo, no hay nada más.
En octubre tienen programada la próxima reunión con la PGR. El titular se comprometió a que sería un encuentro ya con nuevas detenciones. El movimiento continuará sus acciones de protesta previstas cerca del tercer aniversario en varias ciudades del país y municipios de Guerrero.
Llama la presidenta del mecanismo de seguimiento de la CIDH a no claudicar en la lucha de Ayotzinapa
La relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presidenta del mecanismo de seguimiento del caso Iguala, Esmeralda Arosamena Troitiño llamó a no claudicar en la lucha de Ayotzinapa, en una emotiva visita a la Normal Rural donde prometió a los padres y estudiantes que hará todos los esfuerzos y diligencias para alcanzar lo que ellos esperan, “y a lo que tienen derecho”.
Luego, en entrevista precisó que los padres esperan, en primer lugar encontrar a los muchachos y justicia por los tres jóvenes asesinados el mismo 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron detenidos y desaparecidos.
Confió que en el periodo de vigencia del mecanismo, que termina en noviembre, puedan concluir el caso.
También señaló que si no hay avances en la investigación, el mecanismo no tendrá con qué trabajar. Adelantó que, de manera anticipada, la CIDH envió un cuestionario puntual a las autoridades mexicanas para esta reunión.
Por separado, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra adelantó que si en esta reunión no hay avances en las cuatro líneas de investigación planteadas por los padres (el Ejército, la Policía Federal y la Policía Municipal de Huitzco, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la telefonía celular), romperán el diálogo con la PGR y van a intensificar sus acciones de protesta.
La comisionada de la CIDH llegó a Tixtla a las 11 de la mañana con el equipo operativo técnico del mecanismo internacional de seguimiento. Los padres de los normalistas desaparecidos y alumnos de la Normal los recibieron en el arco de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, donde está la desviación hacia la Normal, con consignas de lucha y collares de flores amarillas, habituales en la zona para las fiestas tradicionales.
Después de abrazos y saludos, marcharon hacia la escuela, aproximadamente un kilómetro, pero la comisionada abordó antes la camioneta de sonido, que conducía un normalista rural.
En un acto público en la explanada de la escuela, Arosamena contó que en ese trayecto un joven de 19 años compartió con ella que “hoy, Ayotzinapa es la conciencia no sólo de los estudiantes, sino de la nación”.
Expresó su reconocimiento a la lucha de los padres y de los estudiantes, y llamó a no claudicar, sino sumar a todos , “a no dejar de levantar esta bandera de la dignidad de un pueblo, la dignidad de una nación. Eso deben entender nuestros gobernantes, que el centro de nuestros países es su gente”.
En el acto, la señora Hilda Hernández, mamá del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, dio la bienvenida a los visitantes e insistió en que la CIDH no los deje solos, “queremos una solución, no más mentiras, no más engaños. A tres años es muy difícil esta situación que estamos viviendo, esperemos que con ustedes a nuestro lado, tengamos la verdad”.
Luego de la presentación de una danza azteca a cargo de los alumnos de nuevo ingreso, el secretario general del Comité Directivo Estudiantil Ricardo Flores Magón, detalló el perfil de los estudiantes de Ayotzinapa, pobres sin muchas alternativas, que en la escuela puede desarrollar destrezas, artes, cultura, adoptar los principios de solidaridad y colectividad, que para las autoridades representan un peligro.
Dijo que se cuentan 10 estudiantes muertos desde 1988 a manos de funcionarios públicos, por ello, “en Ayotzinapa nos une el dolor, pero también la necesidad de seguir estudiando”.
En su discurso, la comisionada Arosamena, de origen panameño, respondió que, “en el día de hoy, mi sentimiento de solidaridad humana, de compromiso personal pero también institucional. La desaparición de personas es un acto cruel y perverso, afecta no sólo la vida y la integridad física elemental de las víctimas, también de los familiares que cada día, que cada momento sigue viviendo el dolor no sólo de la ausencia, de no saber, de no tener una respuesta, de no poder tener acceso a la verdad”.
Recordó que el objetivo del mecanismo es el seguimiento del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero también tiene un compromiso con la vida. Ahí recordó la charla con el normalista en el breve trayecto final hacia la escuela, de que esta lucha convirtió a la Normal Rural de Ayotzinapa en la consciencia de la nación, a propósito de la frase escrita en la portón: “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”.
Siguió la reunión privada con los padres de los 43 estudiantes y sus representantes legales en el auditorio, que duró poco más de dos horas.
Dos palabras claves, encontrar y justicia
Antes de ir al comedor del internado, alrededor de las 3 de tarde, Arosamena Troitiño declaró sobre el encentro. Dijo que la demanda de los padres se traduce en dos palabras claves: encontrar y justicia.
“Primero, encontrar a los muchachos, saber dónde están y sabiendo dónde están, los familiares van a recibir por lo menos parte de la repuesta, que quieren o al unísono la justicia, tiene que determinarse las responsabilidades de las personas involucradas”.
Indicó que también hay tres alumnos ejecutados, y sus padres también merecen una respuesta, “si no hay justicia, no habrá consideración de que el mecanismo de seguimiento pueda evaluar avances”.
A pregunta de un periodista, descartó la tesis del basurero Cocula, de que ahí habrían sido asesinados y quemados los 43 desaparecidos. Aclaró que para la CIDH no representa una línea de investigación, pues el GIEI determinó con dictámenes técnicos-científicos que no hay forma de identificar esa posibilidad.
Adelantó que, antes de concluir el mandato del mecanismo, habrá una última sesión pública en el periodo de sesiones de la CIDH en Uruguay.
Confió que en esta reunión, la penúltima programada en México, puedan recoger las posiciones del gobierno mexicano, “nosotros hemos girado un segundo cuestionario con cosas específicas y esperamos tener esas respuestas el día de mañana (hoy)”.
Aceptó que casi tres años sin resultados, “es demasiado tiempo para una tragedia de tal magnitud, hace que los familiares estén en desesperanza absoluta, pero tengo la confianza de que antes de finalizar este año, nosotros podamos tener una respuesta más concreta de lo que este caso ha significado para Ayotzinapa”.
De la posibilidad de ampliar el mandato del mecanismo, si no hubiera respuesta hasta noviembre, aclaró que será decisión de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero aclaró que la Comisión no quiere que haya “una dilación indefinida, eterna”, que los actores necesitan respuestas en concreto, y concluyó, “tengo fe y conciencia de que en esta oportunidad nosotros vamos a concluir el caso”.
Regresa la PGR a La Gavia, Totolapan; le reportan que El Tequilero secuestró a un maestro
Agentes del Ministerio Público federal ingresaron en un convoy a La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, a inspeccionar la zona donde fueron atacados los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y asesinados cuatro de ellos el 20 de junio.
Unas 10 patrullas de la PGR llegaron a San Miguel Totolapan alrededor de las 9 de la mañana y junto a policías estatales ingresaron a La Gavia, que fue el bastión del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, quien secuestró a un maestro a inicios de este mes, según denunciaron ayer sus familiares.
Los agentes hicieron peritajes es inspecciones forenses en la zona donde sufrieron la emboscada la madrugada del 20 de junio, cuando intentaban detener a El Tequilero pero fueron recibidos a balazos.
Los agentes estuvieron en La Gavia durante 4 horas y se retiraron.
No habían podido ingresar a esa comunidad porque estaba bajo el control de la banda Los Tequileros, incluso un día después de la emboscada hubo gente que impidió el trabajo a los agentes de la Fiscalía General del Estado.
La investigación incluye la inspección de la zona donde fue sepultado Agustín de Almonte primo de El Tequilero e integrante de su grupo criminal, quien murió en la refriega el día de la emboscada.
En La Gavia también recibieron el reporte de un maestro de la comunidad de Las Mesas, quien fue secuestrado el 2 de agosto por el grupo de El Tequilero.
Se trata de un nuevo caso de un maestro jubilado que vive en su pueblo natal y que de acuerdo al reporte se lo llevaron el 2 de agosto, y fue liberado este lunes después de pagar por su rescate.
El profesor es de la familia Bustamante quienes pidieron que se inicie la investigación oficial de este caso, ante lo que hubo un diálogo con los policías estatales y federales.
La comunidad de Las Mesas se ubica aproximadamente a 30 kilómetros de La Gavia detrás de cerros, y que según el reporte hombres armados llegaron a ese pueblo y se lo llevaron a la parte alta de la sierra.
Se trata de un nuevo maestro que se suma a la lista de profesores secuestrados por el grupo de El Tequilero, al que en los últimos 3 años le adjudicaron el secuestro de 16 profesores de los cuales cuatro fueron asesinados. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).