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Interroga la PGR a dos trabajadores de Protección Civil de Iguala por los 43 desaparecidos

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron la tarde del jueves a dos trabajadores de la Dirección de Protección Civil municipal de Iguala, para que declaren de los ataques del 26 y 27 de septiembre 2014 y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según las fuentes consultadas de seguridad pública estatal, la tarde del jueves los dos empleados fueron citados por su director Juan Manuel García Hernández en su oficina, en la planta baja del Palacio Municipal.
En la oficina del funcionario municipal los agentes de la PGR vestidos de civil ya los esperaban para trasladarlos a un hotel donde los interrogaron durante 8 horas, pese a que en Iguala hay oficinas de esa corporación.
Las fuentes informaron que después del interrogatorio los dos trabajadores fueron puestos en libertad, sin que la dependencia informara o detallara sobre qué tema en específico se les interrogó.
Tras los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurridos hace más de 33 meses en esta ciudad, más de 100 personas entre policías municipales, ex funcionarios y miembros de la organización delictiva Guerreros Unidos han sido encarcelados por su presunta participación en los ataques. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

El gobierno mexicano habría espiado al GIEI cuando investigaba el caso Ayotzinapa: CIDH

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados de coadyuvar con la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Ayotzinapa, también habrían sido espiados con el malware Pegasus mientras se encontraban en México; en marzo de 2016 recibieron mensajes similares a los utilizados para infectar teléfonos celulares de periodistas, activistas y políticos mexicanos, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la audiencia transmitida por Internet, la comisionada Esmeralda de Troitiño, quie presidió ayer la audiencia de la CIDH sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, informó que el organismo recibió una carta del GIEI, en la que le notificó que recibió mensajes de texto con enlaces a páginas probablemente infectadas con el malware Pegasus. “Vamos a comunicarle formalmente esta carta al Estado”, subrayó el comisionado James Cavallaro –quien fue integrante del GIEI-, e insistió en que el presunto espionaje gubernamental contra los defensores de derechos humanos es un tema de “extrema preocupación” para la CIDH, la cual esta semana celebra su 163 periodo de sesiones en Lima, Perú.
En un año los expertos del GIEI coadyuvaron en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Su labor obligó a la Procuraduría General de la República (PGR) a ampliar las líneas de investigación y desacreditó la llamada “verdad histórica” elaborada por el gobierno federal que dice que los estudiantes fueron atacados por narcotraficantes, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan de Cocula, con lo que pretendía cerrar el caso de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 septiembre de 2014.
Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, manifestaron que es preocupante que el gobierno de México emplee la tecnología para vigilarlos, en lugar de utilizarla para dar con el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos.
Cristina Bautista dijo que gracias a la investigación que hizo el GIEI los padres supieron que 17 celulares de los normalistas continuaron activos luego de los ataques en Iguala, “eso nos da a entender que las autoridades no han utilizado la tecnología para encontrar a nuestros hijos, el gobierno no tiene interés en buscarlos, utilizó la tecnología para espiarnos, a nosotros y a nuestros abogados”.
Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, recordó que en la última audiencia del mecanismo de seguimiento, el gobierno de México dijo que los padres no tienen disposición de aceptar los hechos, pero “nosotros vamos a aceptar los resultados científicos que den las investigaciones”.
Relató las manifestaciones y el plantón frente a la PGR de los padres, así como la represión con gases lacrimógenos de las que fueron víctimas en su movimiento para exigir respuesta a sus demandas.
Del cronograma que se hizo con las autoridades para dar resultados del caso dijo que “es mucho tiempo” el que solicitaron, y pidió que la CIDH intervenga para que los avances se den a conocer la segunda semana de agosto y no hasta octubre de este año.
“Los 43 padres de familia le decimos a la CIDH y al comisionado Vargas (Luis Ernesto Vargas Silva), no se deje engañar por este Estado mentiroso, que esté con la verdad, no con los padres, que exija la verdad del Estado Mexicano, porque ha sido mentiroso y nunca hace su trabajo”, expresó.

#GobiernoEspía

La empresa NSO Group de origen israelí desarrolla el malware Pegasus y lo vende de manera exclusiva a las agencias de gobierno. En los últimos dos años este programa fue utilizado, presuntamente, por instituciones gubernamentales mexicanas para tomar el control de los celulares de activistas, periodistas y políticos mexicanos, pese a violar la ley.
El creciente escándalo de espionaje gubernamental operado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se introdujo ayer en las audiencias de la CIDH dedicadas a los casos mexicanos, -integrantes de la sociedad civil instalaron frente a ellos una cartulina con la consigna #GobiernoEspía-, pero se agudizó en la sesión sobre Ayotzinapa.
Frente a los representantes del gobierno mexicano se encontraban algunos padres de los normalistas, acompañados por sus abogados Vidulfo Rosales, Mario Patrón Sánchez y Santiago Aguirre Espinosa, director y subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes fueron víctimas de tentativas de espionaje en 2016.
Desde los primeros momentos de la sesión, Patrón marcó el tono de la audiencia que se llevaría a cabo a lo largo de la siguiente hora: “Venimos a denunciar que el gobierno mexicano espía en vez de investigar el paradero de los 43 normalistas”, sostuvo.
Los representantes del gobierno mexicano, encabezados por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se vieron acorralados por los cuestionamientos de los comisionados de la CIDH.
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, planteó que la PGR abrió una investigación para determinar responsabilidades penales contra las “personas” que interceptaron las comunicaciones privadas.
“No hay imputaciones directas a personas, sino a instituciones”, respondió Patrón, al añadir que “la gran pregunta es si el Estado querrá y tendrá la capacidad de investigarse a sí mismo”.
El defensor de derechos humanos recordó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -dependiente de la PGR-, el Centro de Inteligencia en Seguridad Nacional (Cisen) -parte de la Segob- y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deben de ser investigados, pues existen evidencias de que compraron el programa Pegasus.
El 17 marzo en los últimos minutos de la sesión, Roberto Campa Cifrián relanzó la “verdad histórica” del gobierno federal sobre la noche de Iguala y planteó que “no se ha consolidado otra hipótesis”.
En esa ocasión el funcionario intervino para “rescatar” a Alfredo Higuera Bernal, el fiscal que la PGR adscrito al caso Ayotzinapa, quien eludía de manera burda la serie de preguntas que le hizo el comisionado James Cavallaro de por qué se ejercieron presiones sobre el exvisitador interno de la PGR, César Chávez, debido a las conclusiones de su informe, de los probables actos de tortura contra siete de cada diez detenidos, y por qué no se ha investigado el trasiego de heroína de Iguala a Chicago, además de la posible participación de policías municipales de Huitzuco y de militares en los ataques a los normalistas.

Teléfonos de los 43 desaparecidos siguieron activos, acepta la PGR contrario a su versión oficial

Más de un año después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejara el país, la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a las mismas conclusiones que contradicen la versión oficial del caso Ayotzinapa.
En una audiencia del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Lima, Perú, transmitida por Internet, Alfredo Higuera Bernal, fiscal que encabeza la Oficina del Caso Iguala en la PGR, informó de avances en las investigaciones referentes a la telefonía celular y al llamado quinto autobús que según la hipótesis del GIEI era usado para transportar heroína a Estados Unidos.
Ante los padres de los normalistas reveló que después de las pruebas periciales confirmaron que los chips y nueve equipos celulares, vinculados a normalistas de Ayotzinapa, fueron usados después de los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron desaparecidos los 43 normalistas.
“Esto concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI, que aparatos y chips correspondientes al número que se ha indicado de estudiantes no fueron destruidos en la fecha de los hechos, siguieron con uso y eso está confirmado técnicamente”, dijo Higuera Bernal.
Desde abril de 2016 cuando el GIEI presentó su último informe, los expertos consideraron que la llamada “verdad histórica”, presentada por Jesús Murillo Karam y en la que se aseguró que los estudiantes fueron incinerados junto con sus pertenencias, no era sostenible, entre otras cosas porque algunos celulares siguieron activos los días siguientes.
Ayer durante la audiencia Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a los padres de los estudiantes desaparecidos, recordó que el GIEI hizo referencia a siete celulares y ahora la PGR aumentó ese número a nueve.
“Lo que echa por tierra la versión de que los estudiantes junto con sus celulares fueron calcinados en el basurero de Cocula”, expuso.
“¿Por qué no se investigaron esos teléfonos en octubre, en noviembre, diciembre de 2014? ¿Por qué en esos meses, en vez de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían quienes lo portaban, el Estado más bien se dedicó a difundir una versión sin prueba científica?”, reprochó.
Del llamado quinto autobús, el fiscal Higuera Bernal informó que a través de imágenes satelitales confirmaron que el vehículo realizó cuatro paradas la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Este es un punto que también fue señalado, realizó cuatro altos de algunos minutos antes de salir de iguala, y el más prolongado fue en el momento que los jóvenes descendieron de la unidad y que, de acuerdo a lo declarado, los hicieron descender debido a una acometida policial”, declaró.
Aunque dijo que las pruebas periciales no revelaron que el autobús tuviera rastros de droga o compartimientos secretos, reconoció que el vehículo quedó sin custodia después de los hechos y que no se descarta la línea de investigación que señala el trasiego de droga como móvil de los ataques a los estudiantes, quienes no sabrían que tomaron un vehículo cargado con droga.
“Ese es un aspecto que naturalmente lo tenemos muy contemplado y obviamente está un rubro en investigación que es el trasiego de drogas, que seguiremos profundizado”, dijo.
En su réplica, Santiago Aguirre planteó la necesidad de que estas revelaciones sean presentadas ante los tribunales en México para que se pueda esclarecer la desaparición de 43 normalistas.

Muestra descoordinación de gobiernos la emboscada del lunes a policías en La Gavia, dice Luis Walton

 

Ante los hechos de la comunidad de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, donde el lunes se dio un enfrentamiento entre el grupo criminal Los Tequileros y policías federales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República (PGR), el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto consideró que la federación debe coordinarse con el gobierno estatal y el municipio.
Asimismo, consultado al finalizar la tercera sesión ordinaria de la Coordinadora Ciudadana, Walton Aburto reiteró que está dispuesto a una alianza con Morena pero acatará la decisión del comité nacional del partido.
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano consideró que la emboscada a agentes de la PGR en la comunidad de La Gavia, en Tierra Caliente, fue una muestra de la falta de coordinación entre la federación y poderes locales, “se debe trabajar en coordinación; la situación de Guerrero es difícil, no nos debemos apartar de la realidad de todos los homicidios que hay en el estado, yo recomendaría, si es que de esa manera se puede hacer, es de que se trabajara coordinadamente, la federación con el estado y los municipios, para dar buenos resultados”.
Sostuvo que la seguridad es también responsabilidad del gobierno municipal, porque así lo estipula el Artículo 21 de la Constitución, y al presidente municipal de San Miguel Totolapan le corresponde la prevención, “no puede estar trabajando por un lado el municipio, por otro lado el estado y luego la federación, se necesita coordinación”.
Negó que la presencia de la AIC se interpretara como una violación a la soberanía municipal, “de ninguna manera; hay delitos que son federales, por ejemplo el hecho que haya un arma de calibre reservado para el Ejército, de esa manera puede atraer la federación el caso, pero no se trata de eso, se trata de trabajar coordinados”. Esperan en MC llegar competitivos a 2018; confía en la unidad de las izquierdas, dice

El dirigente estatal dijo que en MC esperan llegar al 2018 “competitivos”, y que confía en que las izquierdas deben ir unidas.
Indicó que para 2018 el partido llevará candidatos honestos, “vamos a buscar perfiles, eso no quiere decir que no podamos fallar en algunas cosas, la idea fundamental es de buscar perfiles; en primer lugar que sean honestos, y en segundo lugar que tengan arraigo y que la sociedad se incline por ellos”.
Ante los señalamientos del diputado local del PAN, Iván Pachuca, de no aliarse con el PRD porque es un partido al que la militancia está abandonando para irse a Morena, Luis Walton disintió del panista, “en una elección se gana por un voto, entonces todos somos importantes, pero juntos seremos más importantes”.
Sobre si MC descarta ir en unidad con Morena, reiteró que es una decisión que le corresponde a la Coordinadora Nacional y a su dirigente, “pero a mí me gustaría no solamente Morena, sino todas las izquierdas, como se mencionó en un principio, que fueran juntas”.
Indicó que en MC Guerrero hay afinidad con Morena para ir en una alianza; consideró que la dirigencia nacional “todavía” debería hacer un esfuerzo e ir en unidad, y reiteró su respeto a Andrés Manuel López Obrador, “ha sido una persona honesta, una persona que ha trabajado; sin embargo lleva la tercera elección, yo no puedo opinar, más que es un buen dirigente y, vuelvo a insistir, que me gustaría ir con todas las izquierdas”.
De las candidaturas comunes, descargó la decisión a la dirigencia nacional; pero no las descartó, “nosotros nos vamos a abonar porque haya una alianza a nivel nacional”.
En la tercera sesión del partido se tomó protesta a 13 nuevos comisionados municipales y a la nueva dirigencia de Jóvenes en Movimiento, encabezada por Silvia Cabañas.

Van 100 vecinos que huyeron por la violencia de La Gavia en San Miguel Totolapan

Cerca de 100 vecinos salieron de la comunidad de La Gavia entre el lunes y el martes en grupos pequeños de familias, quienes abandonaron la localidad por temor a la violencia luego del enfrentamiento entre el grupo criminal Los Tequileros y policías federales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Informes oficiales dicen que desde la noche de este lunes salieron alrededor de 30 personas en varias camionetas desde La Gavia, en las que iban mujeres.
En tanto que en la mañana de este martes salió otro grupo en la mañana y se dirigió hacia la carretera federal en Poliutla.
Del grupo que salió desde el lunes se reportó que en Poliutla hicieron contacto con la Policía Federal, que los escoltó a Chilpancingo.
Una denuncia por parte del grupo de autodefensa que vigiló la carretera y la zona de salida desde San Miguel Totolapan, reportó que entre los desplazados por la violencia viajaban también personas con órdenes de aprehensión identificados como integrantes del grupo criminal Los Tequileros.
Según los reportes ante las denuncias de la autodefensa, en Arcelia se acercó un grupo de la Policía Ministerial al convoy escoltado por los agentes federales, pero se retiraron del lugar porque ya no se les permitió verificar la identidad de quienes iban en el grupo.
Este grupo llegó a Chilpancingo a refugiarse con familiares que tienen ahí.
A los que salieron en la mañana de este martes se les perdió el rastro y se desconoce su paradero.
En San Miguel Totolapan se encontraban por lo menos otros 100 vecinos de La Gavia que salieron después de los hechos violentos de mayo.
La Gavia era una localidad de aproximadamente 600 habitantes antes de la violencia, y se estima que en estos dos meses cerca de 200 personas han abandonado sus hogares.
El 16 de mayo un grupo de ganaderos de la comunidad de La Gavia sacó alrededor de mil cabezas de ganado de esa localidad.

El Ejército abandona La Gavia

La base militar que se colocó en la comunidad de La Gavia fue retirada por órdenes superiores, luego del enfrentamiento que sostuvieron los agentes federales con Los Tequileros.
Como parte de las acciones del Ejército con el Operativo Relámpago desde el 11 de mayo, se estableció una base en esa comunidad en el campo de fútbol pero sin hacer labores de búsqueda del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, o de su banda solamente hacían presencia para disuadir cualquier enfrentamiento.
La postura de los militaras de las órdenes que tenían para permanecer en La Gavia fueron cuestionadas varias veces por la autodefensa de San Miguel Totolapan, que denunció que el Ejército apoya a Los Tequileros con su presencia pero que no busca a este grupo ni su detenciónn a pesar de estar justamente en la comunidad donde se consideraba que es su guarida.
Durante un mes del Operativo Relámpago no se reportó ninguna acción de búsqueda o detención de los integrantes del grupo, solamente la presencia disuasoria que permitió que durante este tiempo no hubiera ningún enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado.
Este lunes en la noche se informó que salió de esa localidad el grupo que quedaba para la protección a la comunidad de La Gavia, y este martes no volvió.
En San Miguel Totolapan tampoco se reforzó la seguridad militar y permanecen los mismos 100 soldados mezclados con policías estatales, que mantienen en el control de siete puntos en las entradas de la cabecera municipal.
La Policía del Estado permanece en sus puestos de control, según un boletín de la Agencia de Iinvestigación Criminal ingresó a La Gavia sin coordinarse con el grupo del Operativo Relámpago e incluso los tomó por sorpresa, y fue hasta después del enfrentamiento cuando se dieron cuenta de la acción y de qué corporación había llegadom pues los federales regresaban con sus heridos y pidieron apoyo en el puesto de control que se ubica en el crucero de La Gavia.

Acuerda el Grupo de Coordinación reforzar la seguridad en las zonas Norte y Tierra Caliente

 

Un día después de la emboscada contra policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de la banda criminal Los Tequileros, el Grupo de Coordinación Guerrero acordó reforzar la seguridad en las regiones Norte y Tierra Caliente.
La tarde de este martes en la Octava Región Naval de Acapulco se reunieron el comandante de la misma, Francisco Fierro Rocha y el de la Novena Región Militar Germán Javier Jiménez Mendoza con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Vía telefónica el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia dijo que el gobierno estatal tenía conocimiento de los trabajos de investigación e inteligencia que hacía la PGR en San Miguel Totolapan.
Detalló que el gobierno estatal no estaba enterado de la operación de este lunes en la comunidad de La Gavia, donde fueron asesinados tres agentes de esa institución y siete más resultaron heridos.
En la reunión de hoy dijo que se abordó el reforzamiento de la seguridad en las regiones críticas del estado principalmente la Tierra Caliente en el municipio de San Miguel Totolapan, para proteger a la población e intensificar la coordinación.
“Hay un asunto que es el trabajar con los mismos elementos que tienen ya las instituciones en las regiones, por eso no podemos hablar de mayor número, porque para esto se debe hacer primero una gestión ante la federación”, agregó.
Comentó que uno de los acuerdos del Grupo de Coordinación es adquirir un terreno que sirva para construir el cuartel militar en el municipio de Teloloapan, ya que es un compromiso del gobierno federal.
“No habíamos podido superar el tema del terreno, ya se tiene dinero para la adquisición sobre el cual se construirá el cuartel militar del municipio de Telolopana”, agregó.
Dijo que se reforzará el corredor de Chilapa a Tixtla, así como otras zonas críticas donde actúa la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Detalló que se planteó reforzar la seguridad principalmente en municipios de la región Centro, Norte, Tierra Caliente y Acapulco así como modernizar la infraestructura en distintos lugares del estado.
En un boletín de prensa el vocero lamenta la muerte de personal militar el 10 de junio por las lluvias, además de la de los policías de la PGR que fueron atacados en La Gavia.
En la reunión participaron el coordinador de la Policía Federal David Portillo Menchaca, el Delegado de la PGR José Juan Monroy García y el delegado de Gobernación Ramiro Ávila Morales, el secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame, el fiscal general Javier Olea Peláez, y el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, entre otros funcionarios federales. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Detiene la nueva autodefensa a un agente de PGR y un civil que extorsionaban; se los llevan militares

La autodefensa que se constituyó el domingo pasado en nueve pueblos de Eduardo Neri (Zumpango) y en uno de Tepecoacuilco, detuvo en Plan de Liebres, Eduardo Neri (Zumpango), a un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) y a un civil que no pudo acreditarse como agente de esa corporación.
La detención ocurrió cuando el agente de la PGR y su acompañante presuntamente extorsionaban a una comerciante de esa localidad que está a orillas de la carretera federal, en la carretera a unos 5 kilómetros de Mezcala, y a 40 minutos de Chilpancingo, la capital del estado, en vehículo.
Los policías comunitarios de esa autodefensa trasladaron a los detenidos a la comisaría municipal de Mezcala, en donde se tensó la situación debido a que algunos ciudadanos pedían que fuera el pueblo, los ciudadanos, quienes hicieran justicia. Los activistas dijeron que si los entregaban a la autoridad serían liberados de inmediato y que regresarían a ejercer represalias, como ha ocurrido en situaciones anteriores.
El agente Onofre Pozos adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de Iguala y el civil José Gustavo fueron detenidos aproximadamente a la una de la tarde y entregados a mandos del Ejército a las 7 de la noche, en medio de la inconformidad de aproximadamente 300 pobladores que pedían al comisario Leonardo Avalos que no los entregara, porque serían liberados de inmediato.
Los dos detenidos se trasladaban en una camioneta Pick Up blanca doble cabina, placas HE-95-171, sin logotipo o sin insignias oficiales. Portaban un rifle de asalto AR-15 y una pistola calibre 9 milímetros. Los nuevos policías comunitarios les encontraron tres cargadores abastecidos para esa arma larga y cuatro para la pistola.
También seis celulares, 8 mil 500 pesos en efectivo y cinco dólares en billetes americanos.
En la camioneta había un paquete de documentación oficial en folders. El oficio que estaba encima decía: Informe de investigación. Unidad Administrativa. Policía Federal Ministerial.

La Policía Federal en la zona

El Informe de investigación. Unidad Administrativa. Policía Federal Ministerial va dirigido a Alejandra García Mellado, agente del Ministerio Público de la federación, en apoyo de la mesa uno del sistema tradicional, y lo firma el suboficial de la Policía Federal Ministerial, Javier Reyes Ramos.
Ese oficio es una comisión del agente para una investigación de campo en la comunidad de Santiago Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, en contra de un vecino de esa localidad.
Los pobladores dicen que los dos agentes que fueron encontrados in fraganti por policías comunitarios, recibieron el reporte de que estaban cobrando cuota a una comerciante de Plan de Liebres.
Uno de los policías comunitarios contó que al llegar a una tienda vio que se mantenía sometida a la propietaria de la tienda, apuntándole con una pistola. El segundo estaba atrás de la casa, aparentemente resguardando el área.
Sin embargo, el agente de la PGR dijo que fue a la tienda a comprar refrescos y su acompañante aseguró que fue a orinar atrás de la casa, pero el comunitario que encabezó la operación dijo que los encontraron extorsionando a la dueña de la tienda.
“No te hagas pendejo, yo te vi cuando tenías así, hincada a la señora y apuntándole con el arma”, dijo en la acusación frente al agente de la PGR a los policías comunitarios y pobladores, que los mantenían rodeados en la explanada de la comisaría de Mezcala.
Los policías comunitarios esposaron a los detenidos con las manos hacia atrás y los pobladores los obligaron a permanecer hincados hasta que llegó el oficial J.A.Aburto R. de la Policía Federal de Caminos (PFC) quien pidió que les permitieran sentarse o pararse para que no se violentaran sus derechos humanos.
Frente a ellos estaban las armas, los cargadores abastecidos, el dinero, -según los pobladores producto de las extorsiones cobradas- y todo lo que les habían encontrado al momento de su detención.
Alrededor de los acusados también había un pueblo embravecido que pedía al comisario que no los entregara y que dejara que fueran castigados en el propio pueblo, “si los entrega los van a dejar libres de inmediato a van a regresar a seguir haciendo sus chingaderas, y entonces quien sabe cómo nos vaya a nosotros”, dijo uno ciudadano que miraba retador a los detenidos.
Después de que llegó el oficial de la Policía Federal de Caminos, entró también el jefe del agente de la PGR, quien nunca se identificó. En la calle se estacionó una camioneta con varios agentes que lo acompañaban y de inmediato los policías comunitarios salieron con intención de neutralizarlos, pero éstos subieron los cristales de la camioneta y su superior explicó a los comunitarios que lo acompañaban y pidió am los agentes que se retiraran del lugar.
Otro momento de tensión se vivió cuando arribó al lugar el fiscal de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE), Esteban Maldonado, él era acompañado por agentes ministeriales en al menos cuatro patrullas.
A ninguno de ellos accedieron los pobladores a entregarles a los detenidos, a pesar de que ofrecieron que los entregarían al Ministerio Público y pidieron que acudiera la familia agraviada a presentar la denuncia para que se integrara la carpeta de investigación. Los ciudadanos insistieron que solamente se los entregarían al Ejército.

Acusan vecinos al Ejército de proteger a delincuentes

Después de las 4 de la tarde llegaron soldados del 27 Batallón de Iguala, pero los habitantes también se negaron a entregárselos. A ellos los acusaron de proteger a la delincuencia organizada que opera en Mezcala y en Carrizalillo, y les dijeron “ustedes y ellos (los acusados) son lo mismo”.
Casi a las 6 de la tarde llegaron nuevos militares, éstos encabezados por el capitán del 50 Batallón de Chilpancingo, Javier Oropeza Ríos, con quien las autoridades locales encabezadas por el comisario Abalos, accedieron a entregarles a los detenidos, pero los pobladores todavía se oponían porque insistieron que no había garantías de que serían puestos a disposición de las autoridades para que fueran investigados y sancionados.
Tras una improvisada asamblea los representantes del pueblo convencieron a los ciudadanos de que los detenidos debían ser entregados, “queremos hacer las cosas bien, apenas surgimos como policía comunitaria el domingo y ya tenemos buenos resultados, no podemos echar a perder lo ganado en pocos días”, expuso el comisario.

Un coronel prepotente y la libertad de los dos detenidos

Los dos detenidos fueron entregados casi a las 7 de la noche, en medio de gritos de rechazo de los pobladores. Incluso impidieron que la camioneta y las demás pertenencias que les encontraron a los detenidos fueran entregadas al superior del agente de la PGR que pretendía hacerse cargo de ellas, exigieron a gritos que fueran entregadas a los militares y que la camioneta se la llevaran los soldados.
También impidieron que los dos detenidos salieran del pueblo a bordo de la patrulla del oficial Aburto. A gritos exigieron al jefe policiaco que los bajara para que se subieran a una patrulla del Ejército.
En ese momento estuvo a punto de echarse a perder lo negociado debido a la imprudencia de un coronel que no fue identificado por su nombre, cuando éste de manera prepotente gritó a uno de los ciudadanos exigía a gritos que los detenidos se los llevaran los soldados, “ya cállate loco, tú estás loco”, le dijo el militar y de inmediato decenas de lugareños rodearon la patrulla de la PFC y otra de los militares, hasta que los acusados subieron a las camionetas de los soldados”.
Los pobladores y sus autoridades convinieron que después acudirá la comerciante víctima de extorsión por Onofre Pozos y José Gustavo.

No se desalojó a los policías de Zihuatanejo; se impidió que usaran armas, dice el vocero

 

Los policías de Zihuatanejo no fueron desalojados de sus instalaciones, la Policía Estatal les impidió tomar sus armas a los 31 que fueron detenidos la semana pasada y liberados posteriormente, porque siguen bajo investigación por la Procuraduría General de la República (PGR), dijo el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario aclaró que la PGR investiga la legitimidad de las armas y las municiones que usan.
Los policías municipales de Zihuatanejo denunciaron el domingo que policías estatales los desalojaron de su cuartel en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública municipal, quienes asumieron la seguridad de ese municipio desde el 16 de mayo, luego de que militares y policías estatales detuvieron a 51 municipales (el gobierno estatal dijo que fueron 60 y que nueve fueron liberados de inmediato, pero éstos afirmaron que nunca estuvieron detenidos) acusados de estar infiltrados por la delincuencia organizada.
“Toda la policía (de Zihuatanejo) está desarmada porque hay una investigación federal en curso. Se trata de una revisión minuciosa, administrativa y operativa”, dijo.
Informó que la investigación es del armamento y las municiones de los elementos municipales, “porque tiene que cuadrar el arma con las municiones que se autorizaron por la propia Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la investigación es porque pudiera ser que un arma que utiliza algún policía es legal, pero con municiones que no se sabe de donde salieron. “O sea, hasta ese punto está llegando la investigación que se realiza”, informó el vocero.
Aclaró que aunque fueron liberados los 31 que habían sido detenidos el 16 de mayo, junto con los 20 que están a disposición de la PGR, siguen siendo investigados sus documentos y el armamento y balas que utilizan, al igual que el resto de los agentes que están en funciones.
“Toda la policía sigue sujeta a una investigación, porque hay que recordar que hay 20 elementos que están en el Cereso de Acapulco y se le pidió al juez de control la ampliación del término constitucional hasta 144 horas, para hacer el acopio de pruebas que puedan comprobar que hay una vinculación con la delincuencia organizada, por esa razón se sigue la investigación”, dijo Álvarez Heredia.
Insistió en que no se trató de un desalojo como lo denunciaron los policías municipales, “los policías estatales simplemente les pidieron que no tocaran las armas y que se hicieran un lado mientras se hacían las investigaciones”.
Informó el domingo que de un total de 4 mil 582 elementos, 4 mil 50 han sido evaluados, de los cuales 2 mil 590 fueron aprobados y mil 379 no aprobaron, en tanto que de 82 está en proceso su dictamen pero ha evadido responder por qué en algunos municipios los policías que ya se encuentran certificados no han recibido su armamento.
Cuando menos el alcalde priista de Taxco Omar Jalil Flores y el perredista de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes han denunciado que a pesar de que los elementos de su corporación han pasado los exámenes de control de confianza no les han regresado sus armas que les quitaron desde 2014, tras los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Toma la SEIDO la Dirección de Seguridad de Zihuatanejo; investigan a los policías

 

Agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), ocuparon las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad municipal de Zihuatanejo para investigar a los 20 policías municipales detenidos, señalados de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas federales.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia vía telefónica informó que la presencia de los agentes de la SEIDO es parte de la operación de las autoridades policiacas estatales y federales.
Comentó que si este tipo de acciones se hubieran hecho en Iguala antes de septiembre de 2014, “se pudo haber evitado la tragedia que significó la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Continuó, “el Estado mexicano en su conjunto debe implementar medidas para evitar la infiltración del crimen en las corporaciones policiacas, principalmente en aquellas que son, digamos, en estos momentos las más débiles, que son las policías preventivas municipales. En el estado de Guerrero se requiere una reconstrucción de todas, de las 81 policías preventivas municipales para que puedan sumarse a la estrategia que mantienen las instituciones del gobierno federal con las instituciones del gobierno del estado en el combate frontal al crimen organizado”.
Manifestó que “lo que pudimos observar en Iguala fue una infiltración a todas luces del crimen en la corporación municipal de Iguala, que la misma sociedad igualteca observó, vio pero no se hizo absolutamente ninguna acción preventiva o de revisión de cuál era la situación de la policía preventiva municipal de Iguala, y que finalmente a la larga provocó lo que todos lamentamos, la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes”.
De los 20 policías de Zihuatanejo dijo que el MP federal tiene como facultad solicitar una ampliación del término constitucional de 48 a 144 horas, “para proseguir en las investigaciones en dado caso de que así lo requiera la institución federal que es la PGR”.
De acuerdo a información proporcionada por fuentes policiacas de Seguridad Pública, unos veinte agentes de la SEIDO llegaron a esa dependencia a la una de la mañana de este jueves, donde con una lista en mano con los nombres de los 20 detenidos interrogaron a los policías municipales y trabajadores administrativos, con preguntas como si los conocen y desde cuándo son policías.
Las fuentes dijeron que los agentes federales mandaron a llamar a los policías que no se encontraban en el lugar porque cambiaron de turno, están de vacaciones o de incapacidad, para interrogarlos.
Se conoció que a los uniformados con algún grado o mando les solicitaron que presentaran la copia de su declaración patrimonial del 2017.
Se conoció que los agentes también revisaron “exhaustivamente” la documentación del área administrativa de esta dependencia, especialmente la del departamento del programa federal Fortalecimiento para la Seguridad en los Municipios (Fortaseg), “están revisando absolutamente todo, los papeles, el contenido de las computadoras, todo”, dijo la fuente.
A las 4 de la tarde tres agentes de la SEIDO salieron de las instalaciones y abordaron una camioneta, al ser abordados por los reporteros se negaron a hacer declaraciones con el argumento de que no estaban autorizados.
Por otra parte se informó que la noche del miércoles la PGR solicitó por escrito al gobierno municipal que presentara toda la documentación que acredite como policías e integrantes de esa corporación municipal a los 20 uniformados que están puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, señalados de delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego para uso exclusivo de las fuerzas armadas.
La dependencia federal dio un plazo de 5 horas para la diligencia, “pero sí se entregó toda la documentación que requirieron”.
Mientras tanto, la Policía Estatal continuaba ayer con el control absoluto de la Dirección de Seguridad Pública.
Ante la presencia de los agentes de la SEIDO sólo permitían la entrada a las personas que iban a hacer algún tipo de trámite a la delegación de Tránsito.
En un recorrido en la zona hotelera de Ixtapa y por el centro de la ciudad se observaron patrullas de la Policía Estatal, militares haciendo patrullajes de vigilancia por las calles y avenidas, así como resguardando la entrada de algunos bancos.
Del control que la Secretaría de Seguridad Pública del estado tiene sobre la seguridad en el municipio, el secretario particular del alcalde perredista Gustavo García Bello, Arturo Arzeta Serna aseguró que no tenía ninguna información al respecto ya que no había sido notificado que esa dependencia estaría a cargo.
Arzeta Serna fue el único funcionario de primer nivel que ayer se encontraba en el Ayuntamiento, en las oficinas del alcalde los síndicos procuradores y el secretario general del Ayuntamiento no se vieron.
El secretario particular justificó la ausencia del presidente municipal argumentando que se encontraba “en el gobierno del estado”, y que el director municipal de Seguridad Pública, David Nogueda Salmerón estaba en el puerto de Acapulco para asistir a los policías que fueron remitidos a la Fiscalía y a la PGR, “para apoyar y hacer alguna declaración si es que se la requieren”.

Cierran los padres de los 43 la PGR; exigen una reunión con el procurador y con Osorio Chong

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cerraron la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, para exigir una mesa de diálogo con el procurador Raúl Cervantes Andrade y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que desde las 7:15 de la mañana los padres y manifestantes que desde hace 19 días mantienen un plantón frente a la PGR, cerraron los accesos y clausuraron de manera simbólica las instalaciones, para exigir que las autoridades le den seguimiento a las líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los pasados días de protesta fue cerrada la entrada principal, pero los funcionarios de la PGR podían ingresar a trabajar por accesos aledaños, este lunes sólo se veían guardias al interior del inmueble.
En declaraciones telefónicas, Rosales Sierra dijo que la PGR continuará cerrada hasta que las autoridades respondan a las demandas de los manifestantes.
A las 7:30 de la noche el gobierno federal propuso que la reunión fuera con el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, pero no se llegó a un acuerdo.
En conferencia de prensa a las 10 de la mañana, la madre del normalista desaparecido César González Hernández, Hilda Hernández Rivera exigió que el gobierno federal investigue el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques, además de la actividad de los teléfonos celulares de los estudiantes y de los detenidos por el caso.
Rosales Sierra dijo que tras la conferencia de prensa los padres marcharon acompañados de unos 300 manifestantes desde el plantón frente a la PGR al antimonumento a los 43 ubicado en la avenida Reforma, donde se llevó a cabo un mitin para exigir que las autoridades resuelvan el caso, pues no puede quedar impune.
En su plantón, los padres tienen costales y cajas de papas, cebollas, nopales, hierbas de olor y demás verduras.
También tienen leña para hacer fogatas y usan la reja de la PGR como tendedero de ropa.
Duermen en casas de campaña o en colchonetas sobre un templete de madera en la carpa principal, y cuentan con más de 10 sanitarios móviles.
El bloqueo lo mantienen en las tres entradas del edificio: la principal, sobre Reforma; la del estacionamiento en Río Guadiana, y la de un acceso lateral en Río Neva.
Cientos de empleados no han podido entrar a las instalaciones, por lo que esperan en las inmediaciones a espera de órdenes de sus superiores.

Denuncian agresión a un padre

En la página oficial en Facebook Padres y madres de Ayotzinapa, se denunció que durante el bloqueo de los accesos a la PGR, cerca de las 3 de la tarde un presunto trabajador del gobierno federal intentó entrar por la fuerza a las instalaciones y agredió a Bernardo Campos Santos, padre del normalista desaparecido José Ángel Campos Cantor, quien es diabético y resultó lesionado en la rodilla izquierda.
“En repetidas ocasiones hemos afirmado que nos han quitado tanto que hasta el miedo nos lo han arrebatado. Uno de nosotros fue objeto de una agresión el día de hoy. Una persona (probable representante de la Ley) intentó entrar por la fuerza al edificio de la PGR y en su violenta intentona jalonea a Don Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, ¡este padre es diabético! Nos faltan 43”, fue el mensaje con el que difundieron fotografías de la lesión de José Ángel Campos.

Tiene un cronograma; en noviembre tendrá resultados de la investigación, dice la PGR

La PGR informó que existe un cronograma elaborado para tener resultados de la investigación en seis meses, es decir, hasta noviembre.
Ordenó realizar vuelos de rastreo con tecnología de última generación en una superficie de 60 kilómetros cuadrados en la zona de Iguala, en busca de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, dieron a conocer que estos vuelos continuarán con el uso de tecnología LiDar, un radar que obtiene imágenes tridimensionales y térmicas.
“En esta ocasión los propios padres pidieron que el área de aplicación del LiDar sea ahora mucho más extensa en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Esto, con independencia de los costos que pudiera tener, el señor procurador lo aprobó de inmediato”, dijo Higuera.
Comentó en conferencia de prensa que desde que la PGR comenzó a utilizar esta tecnología se ha sobrevolado un área de un kilómetro cuadrado, en la que cual encontraron 100 lugares que debían ser sujetos a una revisión de campo.
Después de una inspección del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los representantes de los padres de los normalistas, dijo, no se localizó ningún dato relevante para las investigaciones ministeriales.
Herrerías informó que a más tardar en noviembre próximo la PGR dará cumplimiento a nueve puntos y recomendaciones de líneas de investigación solicitados por organismos internacionales y los padres de los estudiantes.
Se trata de los puntos recomendados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un mensaje leído a la prensa, Sara Irene Herrerías informó que el 20 de abril se realizó una reunión con representantes de los padres, el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y el procurador Raúl Cervantes, en la que les ofrecieron seguir con “todas las líneas de investigación” y presentar un cronograma sobre los puntos que el mecanismo de la CIDH planteó como prioritarios.
La funcionaria agregó que al día siguiente, la dependencia presentó a la CIDH un cronograma con nueve puntos para ir cumpliendo de ahora hasta noviembre.
No obstante recordó que a esa reunión no asistieron los padres de los 43 “por lo que había pasado en la audiencia entre la CIDH, en donde ellos lo consideraron como un rompimiento y nosotros reiteramos en que como PGR teníamos abiertas todas las líneas de investigación”.
Por otra parte, informó que aún faltan por detener a siete personas más relacionadas directamente con la desaparición de los estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Sabemos, comprendemos y tenemos empatía y lo sabemos el dolor de los padres y queremos darle una respuesta a ellos. En este sentido sabemos que lo más importante es la investigación y nos hemos concentrado en eso en este tiempo”, argumentó.
Luego aseguró que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, “está en la mejor disposición de reunirse con ellos dentro de este marco de la Comisión Interamericana, que sería a finales del mes de mayo, cuando toca la siguiente reunión”.

Descarta que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados

Para verificar si hubo tortura el fiscal Alfredo Higuera dijo que la PGR ha practicado el Protocolo de Estambul a todos los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, con o sin denuncia de por medio, y hasta ahora sólo ha habido conclusiones en ocho casos.
De ellos, en seis los resultados fueron negativos y en dos hubo datos de tortura contra los detenidos, y en esos casos, los procesados decidieron no continuar la denuncia ante la PGR.
Descartó que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados o el desechamiento del expediente en los tribunales, ya que en caso de comprobarse sólo se anulan las declaraciones de quienes sufrieron los malos tratos.
“Todo eso tendrá las implicaciones y derivaciones que en cada caso concreto corresponda, la consecuencia natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente que deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso”, aseveró.