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Para los diputados es como si no pasara nada, dice Felipe de la Cruz

Jacob Morales Antonio

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que a pesar de que se acordó con los diputados llamar al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade a rendir cuentas del caso, en los hechos para los legisladores es como si no pasara nada.
En declaraciones antes de participar en la reunión nacional de los maestros jubilados y pensionados en la escuela secundaria federal 1, afirmó que los padres seguirán en la lucha hasta saber en dónde están sus hijos.
Sostuvo que a pesar de la reunión del jueves con una comisión de diputados en la Cámara de Diputados luego de una protesta de casi cinco horas, donde se acordó citar a comparecer al procurador, la postura de los diputados y senadores “es como si no pasara nada”.
Dijo que a 31 meses de la desaparición de los 43 estudiantes, el gobierno no quiere que se investigue al Ejército pese a que es el principal actor en la desaparición de los jóvenes, afirmó que no tuvieron que ver los grupos criminales, en referencia a la reciente captura del operador de Guerrero Unidos en Querétaro, Walter Alfonso Deloya, La Medusa, ocurrido el 24 de abril.
Felipe de la Cruz recriminó al gobierno la actuación arbitraria contra los padres de los normalistas desaparecidos por la represión y el desalojo del martes en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), y dijo que el gobierno actúa así porque “no puede dar respuesta”.
Reiteró que es necesaria la detención del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio, quien alteró las evidencias encontradas en el río San Juan, y recriminó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto encubra al actual Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

Acuerdan padres de los 43 y diputados llamar al procurador a rendir cuentas del caso Ayotzinapa

Tras una protesta de casi cinco horas en San Lázaro, diputados y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa acordaron que llamarán al procurador Raúl Cervantes para que rinda cuentas sobre los avances del caso Iguala.
Fueron atendidos por los legisladores encargados de la comisión especial del caso, quienes se comprometieron a gestionar una reunión de trabajo del pleno de la comisión, el presidente de la Junta de Coordinación Política y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Buscan que se informe de los avances en la investigación relacionados con los soldados del Ejército, policías municipales de Huitzuco, ministeriales, estatales y federales identificados.
Además se convino llamar al funcionario a rendir cuentas sobre el análisis de la telefonía celular y el trasiego de drogas hacia Chicago, entre otros asuntos.
Ante la tardanza de los legisladores para recibir a los padres, presuntos activistas que los acompañan rompieron cristales de las puertas del acceso número 1 del recinto legislativo.
Esto activó los protocolos de seguridad de la Cámara: todos los accesos fueron cerrados y agentes de la Policía Federal (PF) se colocaron al frente de la puerta número 1, mientras que bomberos se dispusieron en alerta.
La diputada Araceli Damián, de Morena, dijo que es comprensible que los ánimos de los familiares de los estudiantes estén encendidos, luego del trato que recibieron de autoridades federales, quienes les arrojaron gases lacrimógenos.
En consulta telefónica el abogado Vidulfo Rosales Sierra indicó que policías antimotines se formaron en hileras tras la valla en las instalaciones, mientras los padres y acompañantes del lado de la calle golpeaban las tubos metálicos y los oradores exigían una audiencia con la comisión legislativa del caso Ayotzinapa.
Aclaró que al final no hubo una agresión, sólo momentos tensión por una posible respuesta violenta de la 1:30 a las 3 de la tarde, cuando les notificaron que serían atendidos por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Francisco Martínez Neri (PRD) y algunos diputados de la comisión.
Mencionó que tras la instalación del plantón de los padres en la PGR, han realizado acciones paralelas de protesta en la Ciudad de México. Ayer exigieron una audiencia con la Comisión del caso Ayotzinapa en la Cámara, sobre la calle Zapata, frente a la Tesorería.
Quisieron, primero, escuchar los avances de los diputados, luego exigieron que apoyen la demanda de los padres de familia, para que la PGR centre sus esfuerzos en cuatro aspectos fundamentales para los familiares de las víctimas.
Rosales Sierra indicó que los diputados hablaron de la solicitudes que han presentado a la PGR sobre las 20 recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer los hechos: que se cambien la narrativa de los hechos, la demanda de juicio político contra el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, y una petición para que el procurador Raúl Cervantes Andrade se reúna con los diputados, entre otros.
Los padres, explicaron que han priorizado abrir una línea de investigación a los militares del 27 Batallón de Infantería, la consignación de policías federales y municipales de Huitzuco involucrados en la desaparición forzada de los normalistas y los resultados del análisis de las líneas telefónicas.
Concluyeron con dos compromisos: que habrá reunión del pleno de la comisión especial para actualizar los puntos que urgen de la investigación, y que van a pedir una cita al procurador, Raúl Cervantes Andrade para que informe de los avances u obstáculos en estos puntos.
La reunión con los diputados comenzó a las 4 de la tarde, en una sala de la Secretaría Ejecutiva, y estimó que concluyó dos horas después.

El gobierno dejó las recomendaciones del GIEI, señalan padres de los 43 en marcha en la CDMX

El gobierno abandonó las recomendaciones de los expertos internacionales en la investigación, miente y los agrede, denunciaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ayer en la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa en esta ciudad en la que participaron unos mil activistas, a 31 meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica”, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Los padres señalaron que los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez impidieron que las investigaciones se hicieran con verdad y justicia para las víctimas, y Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, no indaga las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI.
Ayer los padres informaron que la mamá del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, Metodia Carrillo Lino fue hospitalizada por una crisis por un cuadro de diabetes que detonó el gas lacrimógeno que policías federales lanzaron a los padres de los desaparecidos en la Secretaría de Gobernación el martes, a donde fueron a pedir que se retomen las líneas de investigación que propuso el GIEI para esclarecer los hechos. En la noche se integró al plantón frente a la PGR.
Ratificaron que pese a las consecuencias no dejarán su lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos y justicia para los heridos y asesinados.
El señor Emiliano Navarrete aseguró que desde la agresión a los normalitas en Iguala, el gobierno tiene las respuestas de lo ocurrido, aunque se empecina en ocultarlo con mentiras, pero los padres están dispuestos a morir para exigir respeto.
“No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, aunque me llamen revoltoso. Me va a doler que pierda la vida algún compañero o compañera, pero estamos conscientes de que puede pasar y no habrá marcha atrás. Vamos a luchar para que este año nos digan dónde están nuestros hijos, ya estamos en la puerta (de la Procuraduría General de la República en un plantón), vamos a entrar en cualquier momento”, advirtió.
En el mitin político sobre la avenida Reforma, frente al hemiciclo a Juárez, reveló que los padres se han entrevistado con los detenidos, a propósito de la difusión de la detención en Querétaro de Walter Alonso Deloya Tomás, La Medusa, integrante de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas.
“Los visitamos en Almoloya para que nos digan la maldita verdad, y hasta parece que están a gusto encerrados. No van a hablar, no le conviene al gobierno que hable esta porquería”, dijo.
Mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que una vez detenidos se tendrían todos los elementos de prueba para confirmar su versión de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, su director de seguridad pública y el líder de Guerreros Unidos ya están en prisión y los hechos siguen impunes, y la “verdad histórica” desfasada.
Aclaró que no se niegan a creer lo que diga el gobierno, pero no van a aceptar mentiras “no se puede aceptar algo que no existe”, y afirmó que fue Ejército el que desapareció a los 43 normalistas, pero “el gobierno sólo ha dado mentira, ¡nos han querido callar con mentiras!”.

La marcha

La protesta comenzó a las 4:30 de la tarde en el plantón que los padres instalaron el jueves de la semana pasada (20 de abril) en la sede de PGR, hasta que la dependencia dé algún indicio de que avanza en la investigación a los militares, que va a profundizar la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago (lo que podría explicar el nivel agresión y de coordinación para los ataques a los normalistas), y entregue resultados del análisis de la telefonía celular.
Avanzaron despacio y se detuvieron en el campamento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Industria Eléctrica, instalado en Reforma en contra de la reforma energética y por la reducción de los altos costos del servicio.
En el plantón de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a un lado de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunos manifestantes gritaron consignas de apoyo al paso de la marcha.
Más adelante el contingente encabezado por los padres se desvió a una calle lateral porque al frente se acercaba una marcha de campesinos, avanzaron por la vía lateral contraria.
Decenas de policías de la Ciudad de México permanecieron en accesos de calles alternas, como en entradas de hoteles y centros de negocios. Sólo algunas agentes de Tránsito siguieron a pie la manifestación a poca distancia de los bloques que, en distintos estilos, mantuvieron viva la protesta con bandas de música de viento, baterías, cantos y consignas de lucha. A las 6 de la tarde, comenzó el mitin político frente a la Alameda Central.
El representante de los padres, Melitón Ortega Carlos denunció el abandono del gobierno al trabajo del GIEI, “al parecer la investigación de los expertos el gobierno la está mandando al basurero”.
Ratificó que la tesis del basurero fue inventada y validada con tortura por los detenidos, manipulación de la escena y alteración de evidencia, como lo demostró el GIEI.
El papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez, cuestionó, “¿hasta cuándo, nos preguntamos los padres, la madres, hasta cuándo habrá una respuesta clara, una verdad, algo que no sea sucio?, queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos, queremos tenerlos con nosotros, tenemos que contarle todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y (saber) cómo los ha tratado este gobierno, porque ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta”.
La mamá de César Manuel González Hernández, Hilda Hernández demandó verdad hasta las lágrimas, “son dos años y medio en los cuales hemos sido tolerantes, y a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como padres y madres, a veces cómo quisiéramos no estar viviendo esta pesadilla que nos atormenta cada día, pero por amor a nuestros hijos vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué paso con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán y nosotros no nos hacemos para atrás”.
Aclaro que no son necios, van a insistir en la presentación de sus hijos porque existen pruebas de que policías y militares participaron en los ataques y la desaparición forzada en Iguala.
Urgió a que se castigue al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, quien cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal manipuló evidencia en el río San Juan.
Dijo a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró se debe a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La señora Cristina Bautista, de origen nahua denunció en su lengua y en español la agresión en la Segob, por la que la señora Metodia Carillo fue hospitalizada, “es una vergüenza para (el secretario Miguel Ángel) Osorio Chong que nos agreda, si no nos quiere ver gritar, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, que nos los entreguen, claro que ellos saben dónde los tienen, a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
El secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa llamó a la unidad en la organización y la lucha de los padres y normalistas.
Ante la agresión a los padres en la Ciudad de México no dudaron en accionar en Guerrero. Confirmó que tomaron radiodifusoras en Chilpancingo para denunciar la represión y quemaron dos camiones cuando fueron perseguidos por policías, “ellos (los policías) tienen balas, escudos, nosotros sólo tenemos la razón”.
Participaron en la protesta la Organización Popular del Poder Popular, el movimiento de San Salvador Atenco del Estado de México, representantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y del Partido Comunista de México, entre otros.

La investigación del caso Ayotzinapa está plagada de irregularidades, denuncia WOLA

A un año de la partida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) reprochó que el gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”, pero sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes.
El organismo se dio a la tarea de hacer un resumen del estado en que se encuentra la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa.
En el documento difundido este viernes, escrito por Maureen Meyer y Hannah Smith, se menciona que el 20 y 21 de abril, este jueves y viernes, integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la coordinadora del mecanismo y también relatora para México, y el secretario ejecutivo de la CIDH estuvieron en México para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente.
Al concluir la visita, los representantes de la CIDH expresaron “su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”.
“El fin de abril marca un año desde la salida del GIEI de México. El GIEI fue creado por un acuerdo entre el gobierno mexicano, la CIDH, los representantes legales de las víctimas y sus familias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para establecer un equipo internacional de expertos en derechos humanos, justicia penal, y atención a víctimas que darían asistencia técnica a las autoridades mexicanas en su investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el año transcurrido desde la salida del GIEI, ha habido pocos avances en la investigación y el gobierno mexicano no ha descartado su hipótesis original sobre el paradero de los estudiantes”, relatan.
Destaca que el trabajo del GIEI fue esencial para desmentir la llamada “verdad histórica” que el gobierno mexicano intentaba imponer en la investigación de que los estudiantes habrían sido detenidos, asesinados y sus cuerpos incinerados y arrojados al río de Cocula, para contrarrestar la prisa del gobierno mexicano para cerrar el caso.
El grupo descubrió pruebas claves y líneas de investigación creíbles para indagar. Además, consideró que un motivo para explicar la magnitud de los ataques en contra de los estudiantes podría ser que los estudiantes tomaron, sin saberlo, un autobús que contenía heroína y recomendaron perseguir esta línea de investigación. También reveló evidencia que implica a varias autoridades mexicanas en la obstrucción de justicia.
Durante su tiempo en México, el GIEI publicó dos informes exhaustivos sobre sus conclusiones y recomendaciones sobre cómo continuar la investigación, el último fue presentado el 24 de abril de 2016.
En julio de 2016 la CIDH estableció el Mecanismo de Seguimiento para el caso de Ayotzinapa bajo un nuevo acuerdo con el gobierno mexicano, las familias de los estudiantes y sus representantes.
El organismos de defensa de los derechos humanos reprocha que el gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”. Pero el caso sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, incluyendo evidencias manipuladas o perdidas y alegaciones del uso de la tortura para obtener declaraciones.
“El gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes. La falta de resultados después de tanto tiempo plantea dudas sobre la capacidad y la voluntad del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los responsables en este caso, así como su voluntad de atender en su verdadera dimensión y profundidad las desapariciones en el país”, advierte.
Expone que una de las principales recomendaciones del GIEI fue realizar una investigación interna sobre la posible obstrucción de la justicia por parte de las autoridades mexicanas. Por ejemplo, en un video presentado por el Grupo de Expertos, el entonces jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC), Tomás Zerón de Lucio es observado en el río San Juan, donde las bolsas de plástico que contenían restos quemados fueron descubiertas y donde se identificó un fragmento de hueso de uno de los estudiantes, la única identificación positiva en el caso.
Los registros oficiales del gobierno muestran que las bolsas fueron descubiertas el 29 de octubre de 2014. Sin embargo, este video muestra a Zerón en el río con bolsas de plástico y uno de los acusados clave quien fue removido de la custodia, el 28 de octubre, un día antes de que las autoridades anunciaran oficialmente el hallazgo de esta evidencia.
“Hasta agosto de 2016, César Chávez, titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación del actuar de los funcionarios en el caso. Antes de que sus resultados fueran oficialmente presentados y compartidos con las familias y abogados de los estudiantes, Chávez dejó repentinamente su cargo en septiembre de 2016. Los medios mexicanos y The New York Times obtuvieron el borrador de la investigación de Chávez que encontró 13 graves irregularidades en las actuaciones realizadas por personal de la PGR, incluido a Tomás Zerón. El entonces Visitador había incluso recomendado una investigación más profunda para determinar si la conducta de ciertos funcionarios podría conllevar sanciones penales. Lejos de ser sancionado, Tomás Zerón salió de la PGR y fue nombrado como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad”, relata.
Expone que la revista Proceso obtuvo una resolución judicial en contra de Sidronio Casarrubias Salgado, un líder del grupo criminal Guerreros Unidos detenido en octubre de 2014, que describe varias evidencias, incluyendo una libreta que tiene números de contacto para funcionarios del estado, entre ellos el actual jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Omar Hamid García Harfuch, y esta información no fue compartida con el Grupo de Expertos durante su estancia en México.
“Esta libreta también se hace referencia a una persona identificada con el alias El Uruguayo. Los abogados de las víctimas investigaron este alias y descubrieron que El Uruguayo es Gonzalo Martín Souza Neves, un presunto líder de Guerreros Unidos. Souza fue detenido en julio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los estudiantes, en una operación militar conjunta con la PGR en la que se descubrió que estaba en posesión de grandes sumas de dinero en efectivo y drogas ilegales que supuestamente tenía planes de transportar usando compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros”.
“Esta evidencia es clave porque durante su investigación el GIEI concluyó que un posible motivo para el ataque masivo y sostenido de las autoridades contra los estudiantes en los autobuses fue la intervención involuntaria de los estudiantes en una operación de Guerreros Unidos que usaba autobuses comerciales para traficar la heroína a los Estados Unidos, específicamente Chicago, Illinois, como fue evidenciado en un caso que lleva el Departamento de Justicia de este país (Estados Unidos)”.

Recomienda investigar los vínculos de funcionarios con la delincuencia organizada

El organismo dice que las autoridades mexicanas deben continuar la búsqueda de los estudiantes, y sobre todo debe de respetar los acuerdos que asume con las familias para la búsqueda.
“Dadas las diferencias significativas en el informe interno final presentado por la Visitaduría General y el proyecto de ex-Visitador Chávez, las autoridades mexicanas deben realizar una nueva investigación interna sobre las autoridades que pudieran haber participado en la obstrucción de la justicia. Además debe indagar sobre las posibles responsabilidades de los funcionarios que ocultaron al GIEI información clave sobre los antecedentes de casos que involucran a grupos criminales con presencia en Iguala, como Guerreros Unidos, y el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Las autoridades también deben investigar los posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos de la delincuencia organizada”.
Dado que se ha descubierto evidencia adicional de la práctica del uso de autobuses para el trasiego transnacional de drogas, las autoridades mexicanas deben comprometerse a investigar de fondo la posibilidad de que el motivo para el ataque en contra de los estudiantes fuera por su participación no intencional en una operación de narcotráfico, pide.
“Aunque se ha identificado la participación de elementos de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques contra los estudiantes, el gobierno no ha avanzado en la investigación de dos agentes de la Policía Federal que estuvieron presentes en uno de los lugares donde desaparecieron algunos estudiantes y que han sido señalados por el GIEI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de los hechos, y tampoco las responsabilidades de otras fuerzas de seguridad de estatal y federal que estuvieron presentes durante los hechos”.

Llama a resolver con seriedad el grave problema con las desapariciones en el país

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos dice que gobierno mexicano aún no ha adoptado suficientes medidas para asegurar una búsqueda rápida y coordinada para personas reportadas como desaparecidas, ni para facilitar la identificación de restos y la localización de fosas.
“El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de los más de 30 mil casos de desaparición registrados oficialmente en México. La principal obligación del gobierno es evitar que las personas en México sigan desapareciendo a manos de grupos criminales o de funcionarios públicos y, cuando ello pase, buscarlas inmediatamente y con vida e investigar a los responsables.
“Como parte de su trabajo en el caso de Ayotzinapa, el Grupo de Expertos abordó la cuestión más amplia de las desapariciones en México y el GIEI recomendó que el gobierno adoptara un marco legal adecuado para investigar los casos de desapariciones”, menciona.
“El plazo para emitir la ley general de desapariciones en México venció el 6 de enero de 2016. No obstante, la ley sigue atorada en el Senado mexicano y los comentarios sobre el proyecto de dictamen actual enviados por el poder Ejecutivo representan un retroceso a las propuestas de las familias de personas desaparecidas, organizaciones civiles y expertos”, expone.

Se plantan padres de los 43 en la PGR y se reúnen autoridades con el mecanismo del caso Ayotzinapa

Mientras padres de los 43 estudiantes desaparecidos hacían un mitin afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), donde instalaron un plantón, en el edificio funcionarios de esta dependencia y de la Secretaría de Gobernación (Segob) recibieron a la relatora para México Esmeralda Arosemena de Troitiño (de Panamá) y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão (de Brasil), en la segunda visita oficial del mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa.
Normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos montaron cuatro carpas afuera de las instalaciones en la Ciudad de México, donde permanecerán en plantón indefinido para exigir respuestas a sus demandas.
“Llevamos 31 meses en que no tenemos respuesta, en que no tenemos a nuestros hijos, por eso estamos aquí”, expresó Hilda Legideño, madre del joven Jorge Antonio Tizapa.
El representante de los padres de los estudiantes, Melitón Ortega explicó su ausencia en la reunión de seguimiento a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y de las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer estos hechos.
Los padres exigieron a las autoridades mexicanas consolidar las líneas de investigación sobre una presunta intervención del Ejército, el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación de la Policía Municipal de Huitzuco y el análisis de la telefonía celular de los normalistas.
Dijo que ya no pueden tolerar que los funcionarios se burlen de su angustia, “no estamos dispuestos a que el gobierno siga engañándonos con el mismo discurso, no estamos para seguir escuchando simulaciones, el último procurador general (de tres que han ocupado el cargo en los 31 meses de investigación) ha dicho que tienen interés, pero vemos que es discurso político”.
Demandó que la PGR fije una posición sobre la declaración del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional -un día antes de la llegada del mecanismo de la CIDH a México- sobre la tesis oficial del basurero de Cocula, para insistir en la veracidad de una versión que descartaron científicamente los expertos.
Consideró una falta de respeto que Zerón de Lucio, estando fuera de la PGR siga haciendo declaraciones sobre Ayotzinapa, y validando una investigación a su cargo donde se evidenciaron graves irregularidades, “es falta de respeto a los padres, y exigimos que la PGR aclare si es su vocero”.
De la reunión en la PGR aclaró que sólo sus representantes legales estuvieron en el encuentro de 2 a 4 de la tarde en el edificio, y al salir informaron que no hay avances en los planteamientos de los padres de familia, que son parte de las recomendaciones del GIEI.
Confirmó que en la noche los padres de familia se reunieron en privado con los funcionarios de la CIDH, en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
En un boletín conjunto de la CIDH y de la PGR, se informó que el procurador Raúl Cervantes Andrade dio “un informe detallado sobre las acciones y actualizaciones en materia de investigación y búsqueda, y atención a las recomendaciones del GIEI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como en lo que se refiere a la instrumentación de distintos acuerdos que resultaron de una reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, celebrada en febrero pasado”.
Señala que estuvieron en el encuentro representantes de los familiares de las víctimas, y el procurador manifestó “disposición a continuar dando seguimiento a todas las líneas de investigación, lo que será el caso hasta agotarlas, a fin de esclarecer todo lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan. En ese sentido subrayó la importancia del papel de la CIDH para tender puentes y fortalecer la interlocución con los padres y familiares de los estudiantes”.

“Se agotan los caminos institucionales”, dice Vidulfo Rosales

El abogado de los padres y madres de lo 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 31 meses, Vidulfo Rosales Sierra dijo que “se agotan los caminos institucionales” para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia de los familiares de las víctimas.
Al término de la reunión en la que también estuvieron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, puntualizó que hay “nulos avances” en las investigaciones del caso, además de que, desde abril del año pasado “no ha habido mayores diligencias”.
Señaló que ante “estas omisiones y dilaciones, la institucionalidad se va a agotando” y advirtió que no les están dejando otro camino que la movilización de los padres “adquiera mayor protagonismo”.
Rosales Sierra confirmó que el plantón frente a la PGR continuará hasta que los abogados sean llamados por funcionarios de la dependencia para reportar avances sobre la consignación y detención de policías de Huitzuco y federales, el inicio de líneas de investigación hacia los militares del 27 Batallón de Infantería, el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaky Blanco, así como un reporte de avances del análisis de más de mil teléfonos celulares.
Dijo, la actitud de omisiones y dilaciones en la investigación “está acotando el papel de la coadyuvancia a revisar el expediente y recibir las notificaciones correspondientes”.
Aseguró que durante el encuentro de este jueves ninguna autoridad pudo dar alguna “explicación jurídica o política” del retraso en las actuaciones.
Peor aún, el procurador Raúl Cervantes se mostró “ambiguo” ante la exigencia de fijar una postura pública de reconocimiento a las conclusiones del GIEI, de que hay líneas de investigación abiertas y que “ningún funcionario de la República puede salir a hablar de verdades establecidas”, ante la posición del gobierno mexicano que llevó el subsecretario Roberto Campa a la CIDH, de reconocer como válida la “verdad histórica”.
Vidulfo Rosales lamentó que el titular de la PGR se haya resistido a pronunciarse en torno a las declaraciones de Tomás Zerón, quien insistió en avalar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y señalar que “la investigación va a seguir exactamente igual”.
Cervantes Andrade se limitó a decir que “no puede coartar la derecho libertad de expresión”, según dijo Rosales, quien consideró que los dichos de Zerón no reflejan más que “se trata de una posición de Estado” y que el exfuncionario de la PGR está confiado en que no será castigado por las irregularidades cometidas en el caso.

Padres en Plantón

Al tenso panorama entre padres y madres de los 43 y las autoridades federales, se suma la intención del gobierno de Miguel Ángel Mancera para que desalojen el plantón instalado sobre la lateral del Paseo de la Reforma, justo a las puertas de la PGR.
Antes del mitin Melitón Ortega informó que, conforme a los acuerdos de la Asamblea Nacional Popular, activistas y organizaciones se concentraron en el antimonumento de los 43 instalado en el Paseo de Reforma para marchar a la PGR.
Señaló que la participación fue nutrida con representaciones de 20 organizaciones sociales y sindicales, organizados por turnos para tener presencia las 24 hora del día.
Funcionarios de la Dirección de Gobierno de la Ciudad de México expusieron a Vidulfo Rosales la indicación de trasladar la movilización de los padres al camellón que está frente a la dependencia federal “para no obstruir el tránsito”, lo que fue rechazado por el abogado.
Ante los medios de comunicación, el abogado emplazó al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera a demostrar que su gobierno “no responde a los intereses del gobierno federal”, que pretende imponer la “verdad histórica” y “echar por tierra” las conclusiones del GIEI.
De no solidarizarse con los padres e insistir en el desalojo, dijo, “interpretaremos que el gobierno de Mancera se une a las voces del gobierno en contra de los padres de familia”.
“No es posible que todas las autoridades estén cerrando las puertas y les den las espalda a los padres de familia, si quieren venir a desalojar, ellos sabrán lo que hacen”, expuso.
Insistió: “creemos que la protesta es legítima, hay 43 estudiantes que hoy en día no sabemos dónde están, en un hecho que ha conmocionado al país, abrió grietas, abrió dolores que hoy permanecen abiertos y toda autoridad tiene la obligación para que esto se sepa, para que la verdad y la justicia lleguen a los padres”.
Las movilizaciones por el caso de los 43 desaparecidos continuará mañana viernes con un volanteo en el área cercana al plantón. Para el sábado habrá actividades artísticas y el domingo los padres volverán a tomar las calles para marchar del Ángel de la Independencia al antimonumento a los 43.
El lunes 24 los familiares de los desaparecidos y organizaciones que los apoyan participarán en un plantón en el Juzgado Tercero de Distrito, donde se desahoga el amparo contra la resolución que exculpó a Tomás Zerón de cargos penales.
El martes siguiente llevarán las protestas a la Secretaría de Gobernación y el miércoles 26 tomarán las calles de Reforma para marchar a los 31 meses de desaparición de los estudiantes.

Terminan las diligencias en el pozo Meléndez en busca de desaparecidos; no hay restos, informan

Familiares de víctimas de desaparición del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala esperan que les muestren los videos que fueron grabados en la diligencia de ayer en el pozo Meléndez, para comprobar o descartar la presencia de restos humanos como parte de su plan de búsqueda de 500 desaparecidos que tienen registrados.
Ayer durante casi 5 horas en el segundo día de la diligencia encabezada por la Procuraduría General de la República (PGR), con agentes del Ministerio Público federal de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas agentes de la Policía Federal división Gendarmería, de la Fiscalía del estado y de la Secretaría de Protección Civil se hizo el descenso al respiradero de 160 metros de profundidad.
Según la secretaria del colectivo, Adriana Bahena Cruz, en declaraciones minutos antes de las 4 de la tarde al término de la diligencia, les informaron que no habían sido hallados restos humanos.
Informó que como parte del plan de búsqueda que marca el reinicio de los trabajos con la PGR, esperarán a que les muestren los videos que se grabó en lo profundo del pozo Meléndez un agente de la Secretaría de Protección civil del estado, que fue quien descendió al respiradero natural.
Ayer la zona fue acordonada a unos 100 metros de distancia del pozo, lugar a partir del que se impedía el paso a reporteros.
Este mítico respiradero del que fueron rescatados cuerpos de personas arrojadas en años pasados, está ubicado en la comunidad de Puente Campuzano, a unos 300 metros de la carretera federal México-Acapulco, colinda con las instalaciones de la Universidad Politécnica.
Bahena Cruz explicó que fue una diligencia que estaba pendiente con la PGR, luego de que en noviembre, “no fue fructífera porque no se pudo llegar al fondo porque no llevaban el material necesario para hacer el descenso de 160 metros que tiene el pozo”.
Informó que ayer bajaron al fondo del respiradero y sólo esperan que se les muestren los videos, para analizarlos.
Dio a conocer que para hoy se hará una exploración a otro respiradero ubicado en la misma zona, en el que no descartó la posibilidad de que sean localizados restos humanos, ya que las cavernas de unos 80 metros de profundidad están abiertas y no selladas con rejas como en el caso del pozo Meléndez.
Agregó que su interés de explorar nuevamente el pozo Meléndez fue porque en otros momentos muchas personas fueron arrojadas a esta cavidad, ubicada a unos 300 metros de la carretera hacia Taxco.
Una reportera le preguntó de una excavación y movimiento que se vio de agentes de la Gendarmería y familiares de desaparecidos junto a una bodega de fertilizantes, y aclaró que en el lugar fueron halladas probables fosas clandestinas, pero que al hacer las excavaciones sólo encontraron enterrados huesos de animales.
Ante la pregunta dijo que ayer iniciaron el plan de búsqueda de sus desaparecidos con el apoyo de la PGR, y que cada mes se harán dos búsquedas en puntos ya señalados por testigos, entre éstos las minas de San Francisco Cuadra, también en este municipio de Taxco, y otras posibles fosas clandestinas en las que prevén que en algunas pueda haber hasta 10 cuerpos inhumados.

La PGR y la Segob han buscado a los padres de los 43 tras la ruptura en la CIDH, dice Vidulfo Rosales

 

Tras la ruptura en la sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado sostuvo la tesis oficial del basurero de Cocula como la más sólida de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) han intentado acercarse a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, reveló el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
Aclaró que antes de la visita de los comisionados de la CIDH que forman el mecanismo especial del seguimiento de la investigación, del 19 al 22 de abril, será difícil cualquier diálogo con las autoridades.
Sin embargo añadió que mediante la coadyuvancia de los representantes legales están al tanto de cualquier avance en la investigación, y no han recibido ninguna información que indique un adelanto para esclarecer los hechos o determinar el paradero de los normalistas.
Precisó que los abogados en el momento en que lo consideren pueden consultar el expediente en la PGR, y si hay adelantos significativos las autoridades están obligadas a informar antes que a nadie a las víctimas.
Recordó que la última posición de las autoridades, es que todas las líneas de investigación están abiertas, después de que se interpeló la posición en favor de la llamada “verdad histórica”.
De la tesis aseguró que sólo seis personas de 180 en prisión están relacionadas con el basurero de Cocula, el resto fueron detenidos por portación de armas, por pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, por obtener dinero de manera ilícita, por acción y omisión en la responsabilidad y la desaparición forzada de los estudiantes.
De esos seis la mayoría denunció que fue coaccionado para incriminarse mediante tortura, y dos casos fueron debidamente comprobados mediante la aplicación del protocolo de Estambul.
De la visita de los comisionados, indicó que Esmeralda Arosamena de Troitiño llega con otro comisionado y los integrantes del equipo técnico operativo, que se quedarán más tiempo en el país.
En la visita 19 al 22 al país adelantó que habrá actividades públicas, en la que están planteando una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En otro tema opinó sobre los ataques a los periodistas, tema de las reuniones con los padres de familia.
Consideró que la violencia generalizada en el país vuelve turbio el ambiente, genera resquebrajamiento del tejido social, desestabilidad en los ciudadanos que se acostumbran a la muerte reseñada en los diarios todos los días, como a una estadística.
En este mar de violencia e impunidad, se vuelven vulnerables principalmente aquellas personas que promueven o ejercen un derecho y luchan por un cambio en un país.
“Preocupa a los padres esta situación, porque los que salen perdiendo en este clima de violencia al que nos acostumbra el régimen son los defensores y los periodistas, y la muerte de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada es un ataque directo a la libertad de expresión, un ataque artero”.
Mencionó que para que un Estado democrático funcione debe dar garantías a todos los periodistas para ejercer sus derechos, a los defensores, a los que luchan.
Sin embargo señaló que los funcionarios lo pierden de vista y en reuniones ha escuchado expresiones, incluso del secretario de Gobernación, de que no pueden poner policías a cada defensor, porque somos millones los ciudadanos en el país, y reflejan la insensibilidad, falta de visión y de compromiso con los derechos humanos.

Falso, que pidieran dinero por la amapola destruida, dicen vecinos de Juquila Yucucani

 

El segundo comisario de la comunidad de Juquila Yucucani, Francisco López Aguilar y los vecinos Benito Zeferino Sánchez y Clemente Santiago de Jesús negaron que hayan exigido un millón y medio de pesos como indemnización al alcalde del PT de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio, por el plantío de amapola que el Ejército destruyó y que ese dinero sería para la construcción de la comisaría.
El señor López Aguilar con ayuda de su traductor expresó que si el presidente municipal de Tlacoachistlahuaca sabe que hay sembradíos de amapola en la comunidad, que denuncie en la Procuraduría General de la República (PGR) de lo contrario se vuelve cómplice.
La autoridad de la comunidad afirmó que “el que caiga, caiga por su propio delito que se está cometiendo”, detalló el periódico regional Diario Alternativo a donde los vecinos acudieron a demandar su derecho de réplica, luego de que el alcalde petista dijo que fue liberado el lunes pasado luego de firmar un documento donde se comprometía dar un millón y medio a los inconformes por los sembradíos de amapola que el Ejército destruyó.
Aclaró que no pidieron una indemnización por la destrucción de sembradíos de amapola que hizo el Ejército, sino que el dinero es para construir la comisaría, porque llevan dos años sin que el alcalde invierta en obra pública en su comunidad.
Según el medo citado le fueron entregadas copias de las solicitudes hechas de los habitantes al alcalde desde el 15 de diciembre de 2015, cuando tenía dos meses de haber asumido la alcaldía, para que les construya un albergue de 30 por 15 metros, que usarían como comisaría del pueblo.
Otro escrito del 14 de enero de 2016 fue entregado al alcalde quien respondió que no haría la comisaría porque no estaba en el presupuesto de 2016, “ni por el gobierno del estado de Guerrero”, sin embargo en la comunidad vecina de Santa Cruz Yucucani fue construido el albergue.
De la retención del secretario de seguridad, así como del secretario general del Ayuntamiento y dos ingenieros, dijo que fue porque llegaron a medir una casa que utilizan como comisaría y realizaron el comentario de que “si es que sale el proyecto hoy, o si no hasta próximos años”.
Afirmó que el alcalde fue retenido por el incumplimiento a las peticiones de obras. De la camioneta fue retenida para presionar al alcalde a invertir en obra pública.
“El compromiso que… estamos pidiéndole al alcalde de Tlacoachistlahuaca, el doctor Juan Javier Carmona Villavicencio, es que cumpla el compromiso de las obras que hizo en su tiempo de campaña, y es lo único que estamos pidiendo. Hemos entregado peticiones en tiempo y forma”, informó.
Agregó que en “el momento que él regrese nos entregue el recurso, el compromiso que se quedó, y ya, se termina el problema”.
Además dijo que al secretario de seguridad se le retuvo el arma porque al momento de la retención la sacó, y por eso quedó en resguardo en la comisaría.
López Aguilar dijo que “en el pueblo se dedican a sembrar frijol, maíz, algunos señores se dedican también a sembrar lo que es jitomate de cáscara, de ese verde, de los criollo, se dedican a sembrarlo. Ese es el trabajo que realizan, pero del conocimiento de lo que se está diciendo que se está diciendo sobre el enervante, no es trabajo de ser humano, eso sí desconocemos nosotros las autoridades”.
El segundo comisario dijo que después de las declaraciones del alcalde a los medios de comunicación ahora temen que las autoridades federales lleguen y los detengan.
Indicó que en un próxima asamblea la población analizará qué procederá con el acuerdo firmado por el alcalde y donde fue testigo el comisario de la localidad, Juan Perfecto Aguilar.

 

Ocupan los padres de los 43 la caseta de la autopista en Tlalpan; los hostiga la PF, informan

Padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala dejaron el paso libre a los automovilistas de la caseta de cuota de Tlalpan en la Ciudad de México durante dos horas y media, bajo el acoso de policías federales que vigilaron la protesta y tomaron fotografías a los manifestantes, informó el representante Melitón Ortega.
En consulta telefónica indicó que la protesta comenzó a las 11 de la mañana y concluyó a la 1:30 de la tarde, cuando llegaron a la capital del país donde hoy se manifestarán en la Procuraduría General de la República (PGR), antes de que se celebren las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esas audiencias el Estado mexicano dará cuenta del seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa, para el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala.
Añadió que después de la protesta en la ciudad, los padres y normalistas se unirán a las acciones de la caravana de jornaleros agrícolas de San Quintín, que en su recorrido del norte al centro del país acudirá a diferentes dependencias de gobierno para exigir mejoras laborales para los migrantes que llegan a Baja California.
De la protesta ayer en la autopista Melitón Ortega denunció que luego que padres y estudiantes tomaron las casetas de cobro de Tlalpan, policías federales los llamaron a dejar la protesta e ir a las oficinas de gobierno a plantear sus demandas, les dijeron que lo que hacían estaba mal.
El señalamiento de los uniformados causó un mayor enojo en los padres que llevan los sentimientos por la desaparición de sus hijos a flor de piel, y respondieron con reclamos a los agentes, informó.
Recordó que ya acudieron a todas las instancias y no hay voluntad del gobierno para esclarecer los hechos, decir en dónde están los estudiantes desaparecidos ni para castigar a los responsables.
Añadió que los uniformados guardaron distancia y comenzaron a tomar fotografías a los manifestantes, lo que los padres también consideraron un acto amenazante y de provocación, y generó un segundo altercado para exigirles que se retiraran.
Agregó que la protesta concluyó sin más incidentes, y ratificó que sus actividades son pacíficas pero contundentes para seguir denunciando y exigiendo que se profundicen y agoten todas las líneas de investigación que plantearon los expertos independientes, y que las autoridades den certeza de los resultados.
Melitón Ortega informó que las madres Cristina Bautista y Joaquina García con el padre Mario González se trasladaron a Estados Unidos para la audiencia pública de la CIDH.
Por separado el abogado Vidulfo Rosales Sierra informó que habrá una audiencia pública que también se transmitirá en Internet a las 12 del día (10 de la mañana hora del centro de México), y a las 6 la tarde esperan tener una audiencia privada.

Anuncia Los Otros desaparecidos que en abril reiniciará la búsqueda de fosas clandestinas en Taxco

 

La secretaria del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz informó ayer que en abril reiniciarán la búsqueda de sus desaparecidos con diligencias en el pozo Meléndez y las minas de San Francisco Cuadra, en el municipio de Taxco.
Además durante la asamblea en las instalaciones de Ciudad Víctima, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el estado, José Luis Gallegos Peralta informó a las familias sobre el trámite de las actas de presunción de muerte, parte del proceso para tener acceso a la reparación del daño.
La secretaria del colectivo de familiares de desaparecidos, Adriana Bahena Cruz declaró que los días 3, 4 y 5 de abril harán una segunda diligencia en el pozo Meléndez, y en esos días también supervisarán otro respiradero a un kilómetro del primer lugar, ubicado en la misma comunidad de Puente Campuzano, en Taxco.
Agregó que el 24 y 25 del próximo mes, también explorarán las minas de la comunidad de San Francisco Cuadra, en el municipio de Taxco, diligencias en las que participarán agentes federales con equipo especializado para la exploración de esas zonas.
Informó que después de estas diligencias se reunirán con la Procuraduría General de la República (PGR), para hacer una evaluación y determinar otras zonas para explorar, donde según información que han obtenido de testimonios anónimos, podría haber fosas clandestinas.
Afirmó que antes de cada diligencia se reunirán con los mandos de las diferentes corporaciones que participarán en los trabajos, como la Policía Científica y Federal, la Fiscalía General del Estado y la PGR que seguirá al frente de las investigaciones.
Al mediodía de ayer al término de su participación en la asamblea con familiares de víctima de desaparición, el presidente de la CEAV dijo que los trámites de juicios no contenciosos de presunción de muerte que hacen en favor de los familiares de desaparecidos ante el poder judicial, son con el objetivo de que tengan acceso a la reparación del daño por medio de la CEAV a nivel federal, la cual consiste en una compensación económica que le dará a las familias la oportunidad de estudiar a los hijos de las víctimas.