Etiqueta: Procuraduría General de la República

En espectaculares, ofrece la SEIDO recompensa a quien informe de una joven desaparecida en Iguala

 

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), colocó desde el viernes cuatro espectaculares en los que aparece la imagen de una de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, en el que se ofrece una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos para quien dé información para su localización.
Se trata de Ivette Melissa Flores Román, desaparecida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, cuando tenía 19 años, y su mamá, Sandra Román se integró al grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala desde noviembre de 2014, cuando surgió el grupo tras el caso Ayotzinapa.
Según información proporcionada por Sandra Román, desde el 21 de octubre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación que la PGR ofrece hasta un millón 500 mil pesos de recompensa a quien proporcione información para la localización de Ivette Melissa Flores Román y cuatro personas más secuestradas entre 2011 y 2014, y ofrece una cantidad similar, para quien aporte información para la captura de los responsables de los hechos.
En total fueron colocados desde el viernes cinco espectaculares en Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Taxco y el Estado de México, además de su publicación en medios impresos y canales de televisión, en el que aparece la fotografía de Ivette Melissa, datos de su desaparición y el teléfono y correos electrónicos para hacer la denuncia correspondiente.
En el caso de Iguala, el espectacular fue colocado en la carretera federal México-Acapulco, tramo Iguala-Chilpancingo en dirección sur-norte, junto al puente elevado del crucero con el Periférico Norte.
Los otros desaparecidos por las que se ofrece la misma recompensa son dos de Zitácuaro, Michoacán; uno de San Julián, Jalisco, y uno más de Orizaba, Veracruz.
Ivette Melissa Flores Román, que tiene una pequeña hija, es la primera de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala por cuya localización se ofrece una recompensa.
“Mi lucha es por mi hija y por mi nieta”, expuso Sandra Román, a más de tres años de buscar a su hija desaparecida en Iguala.

Ejecutan en Chilapa al padre de tres jóvenes desparecidos en mayo y familiar de otros dos

El padre de tres jóvenes desaparecidos que desde mayo exigía públicamente su presentación, Bernardo Carreto González, de 49 años, así como la de otros dos familiares, fue asesinado en un camino de terracería en el municipio de Chilapa.
La víctima es también hermano del ex director de Seguridad Pública de Chilapa, Silvestre Carreto, cesado en julio de 2014 por el Grupo de Coordinación Guerrero, por no “resultar confiable”, y del que hasta el momento no se sabe nada.
Con Bernardo Carreto suman siete familiares asesinados del ex jefe de la policía de Chilapa, entre ellos dos menores de edad.
Reportes policiacos precisaron que el homicidio ocurrió alrededor de las 2 y media de la tarde del martes, en un camino de terracería entre las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco.
Conducía una camioneta Nissan blanca, placas 74-44FMC de la ruta Chilapa-Ahuihuiyuco, e iba acompañado por tres pasajeros, que eran su esposa y sus dos nueras, cuando hombres armados le dispararon; el conductor perdió el control y volcó a unos metros del camino, muriendo en ese momento.
Las autoridades policiacas y ministeriales confirmaron que Bernardo Carreto recibió un balazo en la cara y que los pasajeros que viajaban con él resultaron ilesos.
Bernardo Carreto, junto con familiares de 14 desaparecidos en mayo, durante la incursión de hombres armados del sur del municipio, reclamaba públicamente la presentación de sus tres hijos: Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 21 y 25 años de edad.
Según la denuncia ante autoridades ministeriales, los hermanos fueron vistos por última vez el 10 de mayo en un retén que  civiles armados instalaron en la entrada a Chilapa.
Además de a sus tres hijos, también buscaba a Crispín Carreto González de 39 años, y a su hijo Samuel Carreto Vázquez, de 15.
Los familiares de los desaparecidos ya se habían constituido en la asociación civil Siempre Vivos, a la que pertenecía Bernardo Carreto.
Este grupo se reunió en su momento con el gobernador Rogelio Ortega Martínez, el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, el comisionado general de la Policía Federal Enrique Francisco Galindo Ceballos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián y con otros funcionarios, así como con peritos de la Procuraduría General de la República, que tomaron su denuncia ministerial y muestras de ADN.
Hasta ayer, ninguno de los familiares tenía información sobre el paradero de sus parientes.
Bernardo Carreto se reunió en dos ocasiones con Héctor Astudillo Flores: en su calidad de gobernador electo, el 14 de octubre, y como gobernador constitucional apenas el 16 de diciembre, en esta cabecera municipal, donde fue acompañado por el recién nombrado fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.
El mandatario estatal, en su última reunión ofreció enviar en enero de 2016 una iniciativa al Congreso del Estado para la creación de una Comisión Especial para  investigar las desapariciones ocurridas en mayo pasado durante la irrupción de los pobladores armados del sur del municipio.
Como publicó El Sur, el 3 de noviembre, el hijo de Silvestre Carreto, Alejo Carreto Cuevas de 27 años de edad fue asesinado a balazos cerca de su casa en la comunidad de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa. El 9 de noviembre en la comunidad de Tetitlán de las Limas, en una persecución armada seis personas fueron asesinadas, entre ellas cinco familiares de Silvestre Carreto, dos menores de edad.

Informa la Sedatu que denunció a quienes venden casas para damnificados por Manuel en la capital

El delegado en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello informó que presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable ante la presunta venta de inmuebles que la dependencia construyó para damnificados de la tormenta Manuel, que no deben comercializarse.
Ayer en Acapulco, luego de asistir a la ceremonia de clausura de los cursos talleres del programa Hábitat, donde estuvo con el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, declaró que hay casos registrados en Chilpancingo, aunque no precisó cuántos, porque “nosotros estamos presentando esta denuncia porque encontramos la anomalía”.
El funcionario dijo que, “había una presunta venta de los inmuebles que la dependencia está construyendo, y es algo que no se debe de dar, es alguien que seguramente está suplantando identidades y comercializando un producto que ni siquiera es de ellos”.
Explicó que hay casos registrados en Chilpancingo, “el número no lo sé, porque quién hará las investigaciones será la Procuraduría, al integrar la averiguación”, y aunque dijo que en Acapulco no han sabido de ningún caso, señaló que “seguramente no será la excepción”.
La denuncia ante la PGR es para que se investigue, dijo, y “vamos invitar a la población para que esté atenta, a quién ha recibido un beneficio”, agregó que las casas son “un patrimonio familiar, así está el documento que se les entrega”.
Abundó que no sabía cuántos casos hay, porque “tendría que venir algún afectado, a decir que él habría pagado por una vivienda, y que no es el propietario de la vivienda, son acciones irregulares y esto va a permitir que la gente se dé cuenta de que no se está comercializando, y el que haya sido timado acuda a presentar su denuncia”.
Reconoció que para 2016 todavía se atenderán pendientes, porque faltan “obras de mitigación, de construcción, predios que apenas han sido asignados, y estamos iniciando la ejecución en esos predios, hay ese trabajo como rezago de procesos anteriores”.
Armenta Tello dijo que la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga instruyó a la delegación para hacer la entrega de la mayor cantidad de viviendas, “estamos en un proceso de revisar las situaciones de cada uno de los fraccionamientos, el día de antier (miércoles), entregamos 300 viviendas, y vamos entregar viviendas el sábado (hoy) y el martes”.

El puente de El Mirador se construirá cuando terminen las vacaciones, dice Armenta Tello

Por separado, vía telefónica se consultó al delegado sobre el puente que demandan los vecinos de la colonia El Mirador para tener un acceso adecuado a sus viviendas, dijo que esa obra no estaba previsto en el proyecto de las casas de El Mirador, sin embargo, dijo que cuando inició su administración observó y determinó que era necesario que se pusiera un puente de 32 metros de largo y 10 metros de ancho para las banquetas, para lo que se requiere un proyecto.
El delgado de Sedatu explicó que construir un puente de esas características tomará tres meses, antes de la temporada de lluvias.
Informó que el puente será construido cuando terminen las vacaciones, porque se prevé un intenso trafico.
“Los damnificados deben de entender que ese acceso no puede ser usado porque hay otras vías para acceder a las casas, como la entrada que esta por la colonia La Cinca, la cual rehabilitó el alcalde priista, Marco Leyva Mena, y otra es por donde está el relleno sanitario”, detalló.
Pidió a los damnificados que permitan que se haga el estudio del puente que tarde o temprano se tiene que hacer, y que sean conscientes de los accidentes que pueden ocurrir si el acceso de la Autopista del Sol continúa abierto.
En el acceso que está cerca de la colonia La Cinca, se observó que el camino es de terracería, hay arbustos con espinas y vacas en el camino, se pasa un puente que está completamente obscuro y abandonado, no hay casas cercanas y hay poca iluminación.
De acuerdo con el delegado de la Sedatu, ese es el camino por donde deben de transitar los vecinos, pero los damnificados aseguraron que el camino no ha sido rehabilitado como dijo Armenta Tello, la mayoría de los habitantes son personas de la tercera edad y regularmente requieren de ambulancias que sólo puede acceder por la entrada de la Autopista del Sol.
Armenta Tello explicó que el acceso a El Mirador por la autopista fue un paso provisional, y será cerrado porque no hay un carril de desaceleración, ya que no estuvo previsto el acceso desde la Autopista del Sol.
Vía telefónica se consultó al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, para preguntarle por la postura de Armenta Tello, a lo que respondió que pide al delegado de la Sedatu que primero recorra el camino para llegar a las casas de los damnificados, el cual sólo es uno, no dos, para que vea las condiciones en las que se encuentran los habitantes, porque “no es lo mismo hablar detrás de un escritorio que acudir al lugar”, indicó el líder, y expresó que el delegado, desde que asumió la titularidad de la Sedatu tomó una actitud prepotente, y desconoce hasta el terreno de los damnificados.
Chávez Adame dijo que el proyecto del puente se lo había mostrado el pasado delegado, Alfredo Fernández Peri, “los habitantes vieron la maqueta de las casas y ahí estaba contemplado el puente, eso fue en el 2014”, precisó.
El dirigente de la APPG pidió a las autoridades que no cierren el paso desde la Autopista del Sol, o se movilizarán para que las autoridades no violen sus derechos y los acuerdos de los damnificados.

Exigen 31 organizaciones a la PGR que informe sobre los 19 cuerpos hallados en Chichihualco

Familiares de víctimas de desaparición forzada de 31 organizaciones del país piden a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre el hallazgo de 19 cuerpos en la comunidad de El Naranjo, Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, y que se les tomen muestras de ADN a los cuerpos recuperados y a familiares de víctimas de desaparición forzada en esa zona.
Ante la polémica generada por los hallazgos de 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados, y varios restos humanos en La Curva de la Virgen, en El Naranjo, en la sierra de Chichihualco, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y 29 organizaciones nacionales de familiares de víctimas de desaparición forzada como la Red de Enlaces Nacionales, la Asamblea Popular de Familias Migrantes, Familiares en Búsqueda María Herrera AC, e Idheas, emitieron ayer un comunicado de prensa en el que dieron a conocer que, en una reunión con funcionarios de la PGR que realizaron la diligencia en El Naranjo, Chichihualco, se les informó de la recuperación de unos 22 cuerpos, algunos de ellos calcinados, denunciaron, ante el descuido, y la falta de resguardo y de la aplicación correcta de los protocolos de la dependencia.
Denunciaron que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR sólo dio evasivas y no cumplió con su compromiso de tomarles muestras de ADN a los familiares de víctimas de desaparición forzada para cotejarlas con las de los restos encontrados, como demandan que se haga.
Criticaron que se convoque de forma individual y “discreta” a familiares de víctimas de desaparecidos para informarles del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, excluyendo a las organizaciones a las que pertenecen, como ocurrió el 9 de diciembre. Reiteraron que fue un familiar de un desaparecido quien ubicó la zona del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, a la que describen como el “mismo infierno”: “ubicó un acantilado donde colgaban y mataban a las víctimas sin enterrarlas, confirmándose una vez más que son los familiares quienes investigan y aportan los elementos para la localización de restos humanos, y no las autoridades”.
Denunciaron que, al día siguiente del hallazgo, la PGR dejó el lugar sin resguardo, y el martes 8 de diciembre varios de los cuerpos habían sido calcinados durante la noche por presuntos delincuentes, lo que temen que complique la toma de muestras de ADN.
Como se informó en estas páginas y como lo confirmó el martes la PGR, fuero nueve los cuerpos completos y ocho semicalcinados, así y restos óseos diversos.
“Nos preocupa la manera discrecional y maniquea con que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR ha manejado éste y otros casos, lo que nos hace pensar que hay intereses oscuros y que en el fondo no está el objetivo de esclarecer estos casos y hacer justicia a las familias, sino más bien de justificar su existencia dentro de la estructura de la PGR”, señalan.
En el comunicado emitido antes de las 11 de la mañana de ayer, previo a que el gobernador Héctor Astudillo confirmara el hallazgo de los 19 cuerpos, manifestaron su preocupación de que el gobernador Astudillo “afirme que no está enterado de éste asunto y que es falsa la existencia de esos cuerpos, pues nos hace pensar que algo encubre, (que) no le interesa o que no está siendo tomado en cuenta por la PGR, lo cual también sería extraño, pues podría significar que él mismo está siendo considerado por lo menos sospechoso por esta dependencia”.
Señalan que el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y Los Otros Desaparecidos de Iguala, “reiteramos nuestra postura de que el Estado mexicano es el responsable de esclarecer y dar justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia social, aunque entendemos que, por su indolencia, complicidad y falta de actuación, algunos familiares de víctimas se han tenido que involucrar en la búsqueda directa de sus familiares, poniendo en riesgo su seguridad y su vida”.
Manifiestan su desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad en el estado de Guerrero y en la misma PGR, “sin embargo es su responsabilidad identificar los restos humanos inhumados clandestinamente o encontrados en fosas recientes y anteriores, garantizando el trato digno en el manejo de los restos y a sus familiares sus derechos humanos, certeza en el manejo de la información genética, justicia y reparación integral del daño”.
Las organizaciones que aglutinan a familiares de víctimas de desaparición forzada exigen una urgente mesa de trabajo con la titular de la PGR, Arely Gómez González, para que “sean atendidas las demandas de los familiares de víctimas del Estado y exigimos una explicación sobre la labor y funciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, pues desconfiamos de la manera discrecional y maniquea con que realiza su trabajo y manipula la información”.
Solicitaron al Congreso del estado, al gobernador Héctor Astudillo y a los gobiernos municipales su intervención inmediata de acuerdo con sus facultades constitucionales, y señalan, “deploramos que pretendan mantenerse ajenos y lavarse las manos de su responsabilidad, pues los delitos de lesa humanidad se están cometiendo en la entidad y las víctimas y sus familias somos guerrerenses”.

Los cuerpos hallados en Chichihualco tenían entre cinco días y ocho meses muertos, revela un testigo

Algunos de los cuerpos hallados en la barranca de la Curva de la Virgen, en El Naranjo, Chichihualco, tenían unos cinco días de haber sido asesinados, otros unas cuatro semanas y los de más tiempo unos ocho meses, dio a conocer un testigo que presenció la recuperación de los 19 cuerpos y restos humanos diversos.
Luego de la polémica generada por el hallazgo de los 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados, y restos humanos diversos en El Naranjo, que durante tres días el gobierno del estado negó pese a que el director general de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Joaquín Torrez Osorno los había confirmado, un testigo que presenció el levantamiento de los restos habló del caso.
“¿Por qué el gobierno niega eso, si ellos fueron para allá, no tienen por qué decir eso?”, dijo el testigo la mañana de ayer, antes de que el gobernador Héctor Astudillo reconociera el hallazgo.
Consultado vía telefónica, el testigo indicó que la recuperación de los cuerpos fue del martes 8 al viernes 11 de diciembre, en un lugar conocido como la Curva de la Virgen de la comunidad de El Naranjo, camino a Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
El testigo del hallazgo y la recuperación de los nueve cuerpos completos, ocho semicalcinados y restos humanos diversos, precisa que no estaban en fosas, sino a la intemperie, en una barranca que es usado como basurero.
“Si la PGR está diciendo que sí, ¿por qué el gobierno lo niega?… pues sí, se encontraron los cuerpos”, sostuvo.
Describió que unos cinco cuerpos “eran de poco tiempo”, de unos días, otros de más tiempo, como de unas cuatro semanas, y los de más tiempo como de unos ocho meses de haber sido asesinados, según dijeron peritos en el lugar del hallazgo, dijo el testigo.
Explicó que todos los cuerpos y restos humanos aún tenían tejido, “no eran osamentas, eran cuerpos, unos ya como de ocho meses y los otros más frescos, y los que estaban calcinados estaban frescos”, narró.
Por separado, uno de los familiares de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala describió que el lugar fue hallado por un familiar de un desaparecido que alertó a la PGR del hallazgo, y describen al lugar como “el infierno”.
En el lugar, que consideran un tiradero de cuerpos de gente asesinada por presuntos miembros de la delincuencia, señalan que los cuerpos estaban tirados a la intemperie, otros habían sido arrojados a la barranca de unos 500 metros de profundidad, y otros más estaban “colgados”.
En estas páginas se informó que fuentes oficiales de la PGR y una denuncia anónima confirmaron que, entre el martes 8 y el viernes 11 de diciembre, un grupo multidisciplinario de peritos, una antropóloga, un criminalista, un odontólogo, un médico y un perito en foto y en vídeo de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR recuperó al menos 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados y más restos óseos en una barranca de 500 metros de profundidad de la comunidad de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
La fuente de la PGR que dio a conocer la información indicó que, de entre árboles y piedras de un barranco de 500 metros de profundidad fueron rescatados nueve cuerpos completos, ocho semicalcinados y más restos óseos diversos, confirmando que en una primera evaluación son 19 personas, “pero pueden ser más”.

El gobierno no investiga y sólo envía a Chilapa policías, dicen familiares de desaparecidos

 

A casi siete meses de la desaparición de vecinos de Chilapa tras la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal entre el 9 y el 14 de mayo pasados, los familiares de los desaparecidos reprocharon que el gobierno envíe policías a Chilapa, pero no investiga.
Como cada miércoles, familiares de 55 desaparecidos de Chilapa, se reunieron en el centro de la ciudad, y en esta ocasión reprocharon que, a pesar de que a la ciudad llegan policías federales, estatales y militares, estos “no investigan” el paradero de sus familiares.
Desde que comenzaron a exigir la presentación de sus desaparecidos, los familiares se han encontrado con funcionarios federales como el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; y con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Éber Omar Betanzos.
Los tres se comprometieron a coadyuvar en la localización de los desaparecidos, sin embargo, los familiares siguen sin saber el paradero de sus parientes.
El 9 de mayo, civiles armados irrumpieron en la cabecera municipal; entonces dijeron que venían en busca de líderes criminales; permanecieron en la ciudad hasta el 14 de mayo, cuando acordaron su salida con el Ejército.
Entonces, vecinos de Chilapa reportaron la desaparición de 30 familiares durante ese lapso, aunque sólo han denunciado 16 casos.
Después se fueron sumando más casos de desaparecidos de antes de esa fecha y posteriores a ese tiempo.
Los familiares vinculan con un grupo delictivo a los civiles armados, ahora constituidos como Policía Comunitaria por la Paz y Justicia AC, pero en una reunión que tuvieron con el alcalde Jesús Parra García en el auditorio municipal, aseguraron que sí retuvieron a los pobladores pero los entregaron a la Gendarmería.

Hallan la PGR y familiares de desaparecidos de Iguala cinco cuerpos en una fosa; van 111

Una fosa clandestina con cinco cuerpos sepultados fue hallada ayer por peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) y familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala en el ejido de Tijeritas, al norte de Iguala, con los que el número de cuerpos recuperados estaría llegando a 111 en un año.
Una fuente de los familiares de las víctimas de desaparición forzada que acompaña a los peritos y antropólogos de la PGR en la exhumación de los cuerpos, confirmó que hasta las 7:20 de la noche de ayer continuaban los trabajos de exhumación y hasta ese momento habían recuperado tres de cinco cuerpos, con los que el número de restos recuperados en un año llegó a 109, y hoy alcanzaría 111.
La fosa en la que la PGR inició trabajos de exhumación ayer es la misma en la que familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala habían localizado un cuerpo con los pies atados en la búsqueda del 8 de noviembre, y en la que habían advertido que habría más de un cuerpo sepultado.
Según información de la fuente, en la misma fosa, apilados uno sobre otro, fueron hallados cinco cuerpos, al parecer de hombres, y según lo que alcanzó a ver, todos tenían huellas de tortura, las manos y los pies atados y los ojos vendados.
La zona en la que PGR exhuma restos ubicados por familiares de desaparecidos, se ubica en un predio rústico del paraje Tijeritas, junto a un sembradío de maíz, al cual se llega a través de un camino de terracería, a unos 2 kilómetros de la carretera federal México-Acapulco, tramo Iguala-Taxco, unos 200 metros antes de la comunidad de El Naranjo, al norte de Iguala.
Del camino principal, el predio en el que se hacen las exhumaciones está sobre una brecha de herradura a unos 200 metros, a la cual sólo se llega caminando.
En un recorrido la tarde de ayer en el sitio de las exhumaciones, se confirmó que en la zona, desde unos 150 metros antes de llegar al punto en el que está la entrada al predio en el que se hallaron las fosas, unos 50 marinos en al menos ocho patrullas colocaron retenes a ambos lados de la carretera de terracería, e intentaron impedir que se sacaran fotografías del sitio.
Cerca de la 1:30 de la tarde fue exhumado el primer cuerpo, de un hombre atado de pies y manos y con los ojos vendados, y para después de las 7:15 de la noche ya se había exhumado el tercer cuerpo.
Antes de esa hora, los peritos habían localizado sólo cuatro cuerpos, pero al continuar las excavaciones localizaron el quinto cuerpo, a cerca de un metro 80 centímetros de profundidad, y los familiares de desaparecidos no descartan que en esta misma fosa pueda haber más cuerpos inhumados.
Los trabajos de excavación y exhumación de los cadáveres se suspendieron alrededor de las 7:40 de la noche, y se espera que hoy la PGR continúe con las excavaciones y exhumaciones de los demás cuerpos.
En este mismo predio, ubicado por familiares de desaparecidos y un guía que los llevó hasta este punto en el que creen que hay al menos otras 30 posibles fosas, han sido hallados siete cuerpos y hasta ayer sólo cinco habían sido exhumados, en la que es considerada la segunda etapa de búsqueda de fosas clandestinas.
En un año desde noviembre de 2014, cuando surgió el comité Los Otros Desaparecidos, tras el caso Ayotzinapa, los familiares de víctimas de desaparición que emprendieron búsquedas ciudadanas en cerros de Iguala han hallado más de 70 fosas clandestinas de las que la PGR ha exhumado, hasta ayer, 109 cuerpos, y con los dos que aún faltan por exhumar la cifra llegaría a 111, de los que la dependencia federal sólo ha identificado a 11 y entregado a ocho a sus familiares.

Siguen internados y sin atención adecuada en la capital cuatro estudiantes de Ayotzinapa agredidos, denuncian

De 20 heridos y lesionados en la agresión de policías estatales en la carretera Tixtla-Chilpancingo el miércoles, cuatro estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siguen internados en una clínica privada de la capital, pero no han sido atendidos de forma adecuada, denunció el abogado de los padres de los 43 alumnos desaparecidos y de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra.
Detalló que el de mayor gravedad, Kevin Jordi Saldaña, con fractura maxilofacial a causa de artefacto de gas lacrimógeno que le estalló en el rostro, sigue esperando la operación de restauración facial, y sus compañeros temen que con el paso de los días tenga mayores complicaciones.

Sigue retrasando la PGR la integración del equipo que investigará los crímenes de Iguala, denuncian

Por otro lado, el representante de los papás, Melitón Ortega denunció que han pasado dos semanas del segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de los crímenes del 26 y 27 septiembre de 2014, y el gobierno federal sigue retrasando la integración del equipo que se incorporará a la Subprocuraduría de Derechos Humanos para recibir los expedientes para resolver el caso.
Aclaró que GIEI sólo entregará su plan de trabajo al grupo interdisciplinario que se integrará a la subprocuraduría de Derechos Humanos; en tanto, el proceso está “detenido”.
Indicó que una de las actividades inmediatas es la investigación, acciones de búsqueda y el tercer peritaje en el basurero de Cocula, en el que insistió la Procuraduría General de la República (PGR) pese a las pruebas científicas que presentaron los expertos en el primer periodo, con las que descartaron la posibilidad de que los normalistas hayan sido quemados hasta las cenizas en ese lugar.
Precisó que los integrantes del GIEI están ahora en sus países de origen, pero desde allá dan seguimiento a todas las acciones de la PGR a través de un secretario técnico, y volverán los primeros días de diciembre a México.
Añadió que la preocupación de los padres de familia es que el mandado comenzó el 1 de noviembre y vence el 30 de abril, de ahí la urgencia de que comiencen cuanto antes la investigación, sin la intervención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y responsable de la primera investigación, cuestionada por peritos independientes.

No buscarán al gobernador

Sobre relación con el gobierno estatal, ratificó que los padres no van a buscar al gobernador, Héctor Astudillo Flores, ni van a suspender las acciones de protesta para exigir al gobierno federal que haga su trabajo.
En este tenor, pidió al gobernador que, si en verdad quiere evitar los bloqueos y las protestas de los padres de familia en la entidad “para resguardar el orden y la paz”, presione al gobierno federal para que dé resultados, que no mienta sobre el paradero de sus hijos ni ponga más obstáculos al trabajo del GIEI.
Aclaró que acciones como la protesta del sábado en la autopista del Sol no van a terminar, ni se van a detener antes las advertencias del uso de la fuerza pública.
Aseguró que está en manos del gobierno federal y de la PGR atender sus demandas, “no es la rebeldía ni necedad de los padres, pero es claro que no nos quiere decirnos la verdad”.
Recordó que los padres pidieron la permanencia indefinida del GIEI, hasta la conclusión de las investigaciones, pero el Estado mexicano se cerró y sólo accedieron a otro periodo de seis meses.
No obstante, afirmó que los padres van a insistir en su permanencia si, terminado su segundo periodo, las investigaciones no avanzan “todo depende de las autoridades, que contribuyan a dar la información para dar con el paradero de los estudiantes; si no hay solución seguiremos en acciones en la calle”, advirtió.

Recibe la CNDH 213 quejas contra autoridades federales en Guerrero de enero a octubre de 2015

 

La sede en Acapulco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió de enero a octubre de este año 213 quejas contra autoridades federales; 95 de ellas son contra la Policía Federal por trato cruel, denigrante, tortura y exceso del uso de la fuerza durante detenciones.
El coordinador de la oficina de la CNDH en Acapulco, Hipólito Lugo Cortés informó, vía telefónica, que hasta ayer no se había presentada ninguna queja en la dependencia por la violencia en la sierra del estado.
Indicó que sólo se puede iniciar una queja de oficio cuando el hecho “trasciende a nivel nacional”, pero que la institución está atenta al caso de las comunidades de la sierra, donde vecinos han denunciado que el Ejército protege a delincuentes.
El viernes 8 de noviembre hubo un enfrentamiento a balazos de siete horas entre policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y sicarios, que dejó tres delincuentes muertos en la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo.
El jueves 12 de noviembre en la comunidad de El Naranjo, municipio de Iguala, habitantes reportaron que 500 delincuentes se enfrentaron a policías ciudadanos de la UPOEG. El Ejército detuvo a 60 policías ciudadanos y los desarmó, en respuesta los habitantes retuvieron a los militares y los acusaron de dejar escapar a los delincuentes. Inicialmente se reportó el asesinato de 15 policías comunitarios, pero el domingo el promotor, Bruno Placido informó que 13 de sus compañeros fueron localizados, uno estaba desaparecido y uno fue encontrado asesinado.
El representante de la CNDH en el estado indicó que Guerrero se encuentra en la posición décimo quinta a nivel nacional en quejas contra autoridades federales. Indicó que la Ciudad de México registró en los últimos 10 meses 2 mil 3 quejas situándose en el primer lugar, Tlaxcala con 24 quejas ocupa el último puesto de las 32 entidades.
Dijo que los “casos emblemáticos” son 42 quejas contra la Procuraduría General de la República (PGR); 22 contra la Secretaría de la Defensa Nacional; 15 contra el IMSS; 10 hacia la Marina; 10 contra el ISSSTE, y ocho contra la Comisión Federal de Electricidad.
Lugo Cortés informó que, a nivel nacional hay 93 expedientes de casos que se siguen por oficio, mismos que tienen que ser de trascendencia nacional y de graves violaciones a los derechos humanos, pero no supo precisar.

Amador Campos: no interesa a la PGR combatir el narcomenudeo en Zihuatanejo

Brenda Escobar Zihuatanejo

El alcalde de Zihuatanejo, Amador Campos Aburto, lamentó que a pesar de las denuncias públicas de que hay narcomenudeo en el puerto, la Procuraduría General de la República (PGR) aún no ha dado una respuesta ni atendido el asunto.

Entrevistado al término de la audiencia pública de los lunes, Campos Aburto se quejó del desinterés de la PGR para atender el problema de la venta de drogas, que es ya una situación común en la ciudad.

Hace unas semanas, el alcalde denunció que el narcomenudeo opera en tienditas en toda la ciudad, y señaló que incluso ya llegó hasta la zona hotelera de Ixtapa, donde también se vende “de manera descarada”.

Dijo que todavía no se ha comunicado ningún funcionario de esa dependencia federal con él, y reveló que sabe que en la comandancia de la Agencia Federal Investigaciones, con plaza en Zihuatanejo, únicamente hay un comandante y cinco policías para atender desde Petacalco, en el municipio de La Unión, hasta Tecpan de Galeana, “lo que obviamente es insuficiente para tantos municipios, no alcanzan a cubrir absolutamente nada”.

Añadió que este problema social ya lo comunicó al secretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero, “pero nos dice que no tiene agentes suficientes para mandar a Zihuatanejo”.

Campos sostuvo que el narcomenudeo “tiene que ser atacado desde distintos frentes, y a nivel municipal hacemos todo lo humanamente posible para afrontarlo, pero rebasa nuestra competencia”.

Mientras tanto –indicó el presidente municipal– “vamos a seguir gestionando ante la PGR y la PFP para que nos ayuden a resolver este problema que afecta a nuestros jóvenes y niños azuetenses”.