Etiqueta: Guadalupe Rodríguez Narciso

Enferma de Covid la fundadora del Colectivo Chilpancingo; piden atención adecuada

El 12 de octubre de 2017, la fundadora del Colectivo Chilpancingo, María Guadalupe Rodríguez en Palacio de Gobierno Foto: Jessica Torres Barrera

El Frente Ni Una Menos y el Colectivo de Familiares de Desaparecidos en Guerrero y el País (Colectivo Chilpancingo), pidieron a los gobiernos estatal y federal atención adecuada y medicamentos para la activista Guadalupe Rodríguez Narciso, quien está internada en la Unidad Covid de Iguala.
“Solicitamos al gobierno del estado que encabeza Héctor Astudillo Flores y a la Secretaría de Gobernación su intervención para los medicamentos y la atención médica de la luchadora social”, demandaron en un comunicado ayer.
Rodríguez Narciso comenzó a sentir los síntomas la semana pasada y su estado de salud se agravó entre el sábado y el domingo, el lunes fue trasladada a la Unidad Covid de Iguala, informaron ayer allegados a la familia de la activista.
En tanto, en un comunicado enviado a los medios de comunicación ayer el Frente Ni Una Menos y Colectivo Chilpancingo pidieron a las autoridades que atiendan el caso de Rodríguez Narciso, “quien se encuentra internada en el Hospital Covid-19 de Iguala ya que se contagió de dicha enfermedad en los días pasados al hacer audiencia en la Fiscalía General de la República (FGR), y en reuniones en la Secretaría de Gobernación”.
Recuerdan que desde hace siete años, “Lupita, como de cariño le decimos, se encuentra en busca de su hijo Josué Molina Rodríguez, quien fue levantado por hombres desconocidos cerca de su casa de Chilpancingo, el 4 de junio del 2014, lo que llevó a esta madre en su desesperación, a alzar la voz para clamar justicia por la pronta solución en el caso de su hijo, quien dejó a tres menores de edad”.
Rodríguez Narciso fundió en el 2015 el Colectivo Chilpancingo y en la más reciente jornada de búsqueda de cuerpos localizó del 14 al 25 de julio, ocho cuerpos en fosas clandestinas en Acapulco y cerca de la comunidad de Iyotla, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
“Lupita ha sido una activista luchadora y buscadora junto con su Colectivo y hasta la última búsqueda, a tres años de esta encomienda ha localizado más de 120 restos humanos en diferentes partes de Guerrero”, informaron ayer los dos colectivos.
“Solicitamos al gobierno del estado que encabeza Héctor Astudillo Flores y a la Secretaría de Gobernación su intervención para los medicamentos, y la atención médica de esta luchadora social, y no vaya a quedar como otras personas que tienen una lucha noble y no le alcance su pronta recuperación”, pidieron en su escrito. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

El nuevo fiscal no representa a las víctimas, sino a intereses del gobernador, advierten colectivos

La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso opinó que el nuevo fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, nombrado por el Congreso local el martes, no representa a las víctimas, sino a los intereses del gobernador Héctor Astudillo y del secretario de gobierno, Florencio Salazar.
El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández dijo que otra vez se perdió la oportunidad de contar con una Fiscalía que realmente sirva a la sociedad, y no al gobernador en turno.
Consultada por teléfono Rodríguez Narciso dijo que los familiares de las víctimas otra vez se sienten desprotegidos con el nombramiento de un fiscal a modo del gobernador y del secretario de gobierno, “el nuevo fiscal es gente del secretario de gobierno y del gobernador, ellos lo pusieron para que se sigan cubriendo sus fechorías y para que todo siga igual”.
Añadió que quienes propusieron a nuevo fiscal no tienen un compromiso con las víctimas ni con la sociedad, “y así no van a dar buenos resultados porque no va a resolver los problemas”.
Agregó que las víctimas y sus familiares siguen igual: “no hay avances en la identificación de los cuerpos depositados en los semefos, no se cuenta con los perfiles genéticos, tampoco se integran los expedientes básicos, y lo más grave es que no hay avance en las averiguaciones, ni en la investigación”.
El director del Centro Morelos señaló que es “indignante cómo se doblega el Congreso local ante el poder Ejecutivo para avalar y ratificar al recomendado de la Secretaría General de Gobierno”, respecto del nombramiento del fiscal de los Santos Barrila.
“Para nosotros ésta era una oportunidad de que pudiera recomponerse la forma de cómo se eligen a los titulares de la Fiscalía General del Estado, era una oportunidad de que se tomara en cuenta la voz de las víctimas y poner a alguien allí que realmente planteara una estrategia de ataque a la corrupción y a la impunidad, que hace mucha falta en el estado”, dijo Olivares.
“Lo que nosotros vemos es que pasó lo mismo que el nombramiento de la fiscal especial de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, Eloína Sánchez Zamora, “una persona de 30 años sin una trayectoria, sin una carrera dentro de esta responsabilidad, y ahora allí están las consecuencias, todavía se siente asesora jurídica (de la Secretaría General de Gobierno donde laboraba antes de ser designada) y no ha hecho nada”.
Añadió que igual de los Santos Barrilla no tiene en su currículum ninguna prueba de experiencia o de que haya tenido alguna responsabilidad que le permita actuar en beneficio de las víctimas.

Buscarán al fiscal para que dé seguimiento al trabajo de Los Otros Desaparecidos

La tarde de ayer en sus oficinas en el centro de Iguala la secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz dijo al nuevo titular de la FGE que tienen trabajo de casi cuatro años, y confió en que se le dé continuidad.
Expuso que no les sorprende la designación de Jorge Zuriel de los Santos Barrila como nuevo fiscal, y que buscará una reunión con él para pedir que se le dé seguimiento a los trabajos de las víctimas de desaparición y la Procuraduría General de la República.
Hace dos semanas, tras la renuncia de Javier Olea Peláez el colectivo de familiares de desaparecidos de Iguala advirtió la posibilidad de la imposición de Zuriel de los Santos en la Fiscalía General al ser recomendado del secretario Florencio Salazar.

 

 

Entregan los restos de un hombre hallados en 2015 entre 70 cuerpos en Chichihualco

Familiares de José Luis Hernández Gaspar, desaparecido desde noviembre de 2014, identificaron su cuerpo entre los 70 restos humanos hallados a finales de 2015 cerca de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Hernández Gaspar era de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, y tras el reconocimiento de sus restos que fueron reclamados al Servicio Médico Forense (Semefo), fue velado la noche del sábado en la funeraria Santa Cruz, y el domingo fue sepultado en el panteón de Xochipala.
La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso denunció que el retraso de 2 años y medio en la identificación del cuerpo se debe a la negligencia de las autoridades federales y estatales para los peritajes con oportunidad.
Informó que de los 70 cuerpos encontrados en ese lugar solamente han sido identificados cuatro, tres que fueron reclamados por otros colectivos del estado y el de Hernández Gaspar cuyos familiares están en el Colectivo Chilpancingo.
Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016 fueron hallados y rescatados 70 cadáveres de una barranca cerca de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, una zona que se encuentra en disputa entre los grupos criminales Cártel del Sur que encabezan Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, y el de Juan Castillo Jaimes, El Teniente.
La presidenta del Colectivo Chilpancingo dijo que entre esos 60 cuerpos fue identificado el de José Luis Hernández Gaspar, que fue denunciado como desaparecido desde noviembre de 2014.
Agregó que los restos fueron identificados mediante la confronta de las muestras del ADN que le tomaron a los restos y a su madre e hija por la Procuraduría General de la República (PGR).
Lamentó que los resultados de los estudios se hayan dado a conocer después de casi 2 años y medio, pues dijo que esos restos fueron de los primeros hallados en diciembre de 2015 y trasladados a la PGR, “no se trabaja con toda la responsabilidad por parte de servicios periciales de la PGR, hay muchas irregularidades”.
Rodríguez Narciso denunció que en la averiguación previa que se integró por el caso de José Luis hubo muchas deficiencias, por ejemplo el Ministerio Público federal que se llevó los cuerpos no integró la denuncia correspondiente, y le “colgó” el caso a otro de Iguala que nada tenía que ver uno con el otro.
Informó que como consecuencia quienes llevaban el caso de Iguala no tenían conocimiento del hallazgo de cuerpos en Leonardo Bravo. El cuerpo lo entregaron pero los médicos de la PGR que autorizaron su salida no quisieron entregar el certificado de defunción a sus familiares.
Agregó que agentes de la PGR dijeron a los familiares que no estaban seguros de que José Luis estuviera muerto, debido a que no se encontraron todas las partes de su cuerpo, y denunció que esa fue otra irregularidad, pues cuando fueron hallados los primeros 20 cuerpos en la barranca de El Naranjo, el 15 de diciembre de 2015, el Ministerio Público no pudo rescatarlos el mismo día y se retiró sin dejar seguridad para su resguardo.
Añadió que al día siguiente que las autoridaes regresaron con el equipo necesario para el levantamiento de los cuerpos los encontraron incinerados, algunos seguían consumiéndose.
“Un día antes abandonaron los cuerpos que estaban todavía reconocibles, y como fue un operativo grande de policías federales y elementos de la Marina solamente calentaron la zona, por eso cuando se retiraron fueron a quemar los cadáveres”.
Informó que del cuerpo de José Luis solamente se encontraron enteras las piernas “y se recibió el cuerpo porque uno de sus familiares lo identificó bien, y dijo que efectivamente los restos eran los de José Luis, pero en realidad los peritos no realizaron un trabajo como debía de ser”, reprochó.
Dijo que son muchas las irregularidades del gobierno con las víctimas y sus familiares, “a pesar de que hay protocolos para tratar los cadáveres nadie los aplica, y se siguen cometiendo irregularidades”.
Añadió que estas irregularidades son la causa de que se retarde la identificación de los cuerpos. Por ejemplo dijo que de los 70 cadáveres que fueron hallados y rescatados a finales del 2015 y en el transcurso del 2016 cerca de El Naranjo, solamente han sido identificados cuatro, tres que reclamaron otros colectivos y el de José Luis, cuyos familiares participan en el Colectivo Chilpancingo.
Los restos humanos que resultaron de 70 personas fueron rescatados en tres ocasiones, la primera vez fue en diciembre de 2015, la segunda en enero de 2016 y la tercera en septiembre del 2016.

 

El retraso en los peritajes a los cuerpos en el Semefo frena el esfuerzo de familiares de desaparecidos

La falta de estudios a los cadáveres depositados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), –que según la dirección de la institución suman 750–, frena los esfuerzos de las familias de los distintos colectivos que buscan a sus desaparecidos, y a su vez el gobierno del estado incumple una obligación legal de hacerlos, denunciaron los representantes de los colectivos de Chilpancingo y Acapulco.
La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, Guadalupe Rodríguez Narciso declaró que por el retraso en la aplicación de las pruebas del ADN a los cientos de cuerpos depositados en los semefos, en su reciente huelga afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, demandaron que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que se encargue de la práctica de los estudios.
Dijo que les respondieron que con la nueva ley la federación aporta los recursos para que se hagan en los estados, pero en Guerrero la Fiscalía siempre argumenta que no hay recursos, y que no cuentan con equipo ni material para esas pruebas.
Desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo supuestamente se instaló un “moderno equipo con tecnología de punta” para tomar las muestras del ADN con rapidez para la identificación de los cuerpos, para el que hubo una inversión de 92 millones 887 mil pesos, pero según personal del Semefo de Chilpancingo nunca constataron el uso ni la existencia de ese equipo.
El viernes el director general del Servicio Médico Forense, Ben Yehuda Martínez Villa informó que existen depositados bajo el resguardo de esa institución en Acapulco, Chilpancingo e Iguala 750 cadáveres, problema que se ha generado por el incremento de la violencia en la entidad, pero también por el retraso “más de lo debido” de los Servicios Periciales de la Fiscalía para la práctica de los exámenes de genética forense, antropología y dactiloscopia.
Según los trabajadores del Semefo de Chilpancingo la cifra de cadáveres es “récord e histórica” y rebasa la capacidad de las instalaciones de las tres ciudades que son sólo para 270 cuerpos.
El presidente del colectivo de Acapulco, Ciro Fuentes denunció que las autoridades estatales siempre se quejan de que no cuentan con recursos, con equipo ni material como los reactivos, “y este año menos habrá recursos, todo lo van a destinar a las campañas políticas”, advirtió.
Informó que también por la falta de equipo y recursos desconfían de los estudios que ya se han hecho a los cadáveres, que han sido enviados a la fosa común y al Panteón Estatal Forense, “y creemos que habrá entre ellos algunos de nuestros familiares que están desaparecidos y que andamos buscando”.
Denunció que al no hacer las pruebas del ADN a los cadáveres para la confronta con los resultados de las que se han hecho los familiares, “la autoridad va frenando y obstaculizando los esfuerzos que realizan los familiares que buscan a sus desaparecidos”.
Incluso en el caso de los estudios que ya se han hecho a algunos de los cuerpos que han ido a parar a la fosa común o al Panteón Estatal Forense, “no nos han dado una satisfacción de que hicieron bien las cosas, tenemos muchas dudas y desconfianza en la autoridad”.
Ciro Fuentes declaró que las pruebas a los cadáveres es una de las demandas que han planteado con más insistencia, que también han pedido las exhumaciones a varios cuerpos en los panteones para que se les hagan las pruebas de ADN y poder confrontarlas con los resultados de las que se hicieron las familias, pero no han tenido respuesta.
Por su parte la representante de los familiares de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez exigió a las autoridades “que se pongan a trabajar”, agregó que la existencia de tantos cadáveres en las instalaciones del Semefo es la prueba de que el Estado no ha cumplido con su obligación legal.
Añadió que en su huelga de hambre del 17 al 30 de enero afuera de la Segob, una de las demandas fue que la federación atraiga esa obligación que el estado no ha hecho, “pero nos dijeron que con la nueva Ley de Desaparición Forzada hay presupuesto para los estados y que los van a obligar a que hagan los estudios a todos los cuerpos que tienen”.
Se quejó de que sin esos estudios nunca van a lograr encontrar a sus familiares desaparecidos, “aún cuando a nosotros ya se nos hizo el estudio del ADN, si a los cadáveres no se les práctica no podrá haber la confronta y nunca los vamos a encontrar, por eso para nosotros tiene una importancia enorme que se realicen”.
Denunció que del gobierno del estado no querían hacer nada, y que las autoridades prefirieron instalar el Panteón Estatal Ministerial, “que en nada nos beneficia”.
Rodríguez Narciso denunció que el recurso que les envió la federación para la práctica de las pruebas lo destinaron para la construcción del Panteón Estatal Ministerial, que no sirve en nada para la localización de las personas desaparecidas.
Declaró que la Fiscalía siempre ha tenido presupuesto para los estudios, pero dice que no hay recursos, “entonces lo que vamos a hacer ahora es a obligarlos a que trabajen porque ya estamos cansados de tocar puertas y que nadie nos dé esperanzas”.
Informó que según información que les dieron en la PGR el costo para la práctica de los estudios es de 15 a 20 mil pesos, y que el tiempo puede ser de una semana a 6 meses, según las condiciones en que se encuentren los cuerpos.
Informó que en su visita a la PGR demandaron que si en el estado no hay presupuesto y equipo que contraten servicios particulares, para que todos los cuerpos que estén en las morgues se entreguen a sus familiares pero que no ha ocurrido porque les hace falta su ADN, de lo contrario el gobierno está atentando contra los derechos de esos seres, “porque fueron personas que también tienen derechos”.
Informó que con la nueva Ley de Desaparición Forzada el gobierno estatal tendrá que trabajar tanto con los cuerpos como en la búsqueda de los desaparecidos, de lo contrario advirtió que van a proceder con acciones legales.
Denunció que los familiares han trabajado en la búsqueda de sus familiares con sus propios recursos.
A pesar de que la Fiscalía argumenta a los familiares de personas desaparecidas que no cuenta con recursos ni equipo para los estudios, el 28 de mayo de 2010 el gobernador Zeferino Torreblanca inauguró el Laboratorio de Genética Forense de la entonces Procuraduría General de Justicia (hoy FGE), y el 14 de octubre de ese año entregó a la Dirección de Servicios Periciales el equipo de laboratorio.
Entonces se dijo que era, “un moderno equipo con tecnología de punta”, y Torreblanca detalló en su quinto informe que la edificación y equipamiento del Laboratorio de Genética Forense tuvo una inversión global de 92 millones 887 mil pesos.
El laboratorio está ubicado en el edifico de Servicios Periciales, atrás de las instalaciones de la FGE
En su inauguración se informó que serviría para la identificación de cadáveres, pues se podrían practicar allí estudios para determinar la identidad de personas o restos óseos, y con ello localizar a personas desaparecidas por medio de la extracción de ADN y la tipificación genética.
También se informó que el equipo cuenta con sistemas automatizados de extracción, secuenciación y cuantificación de material genético a través de un robot de extracción que trabaja 16 muestras de forma simultánea y que con ello “se disminuye el tiempo en los dictámenes y se reduce la probabilidad de contaminación para lograr resultados confiables”.
Se supone, por la información que se dio el día de la inauguración, que hay una cámara frigorífica que conserva los restos óseos sin que sufran mayor degradación de los tejidos, así como con área de entomología forense, “que determina en base a la fauna cadavérica el intervalo de tiempo de muerte”.
Sin embargo, trabajadores del Semefo de Chilpancingo aseguraron que nunca han visto trabajar ese equipo por Servicios Periciales en la aplicación de muestras a los cuerpos, suponen que hace falta personal capacitado para utilizarlo, o bien que el equipo nunca existió, pues el lugar en donde supuestamente fue instalado es un área restringida a la que según les han contado los de esa Dirección, el personal no tiene acceso.