El nuevo fiscal no representa a las víctimas, sino a intereses del gobernador, advierten colectivos

La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso opinó que el nuevo fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, nombrado por el Congreso local el martes, no representa a las víctimas, sino a los intereses del gobernador Héctor Astudillo y del secretario de gobierno, Florencio Salazar.
El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández dijo que otra vez se perdió la oportunidad de contar con una Fiscalía que realmente sirva a la sociedad, y no al gobernador en turno.
Consultada por teléfono Rodríguez Narciso dijo que los familiares de las víctimas otra vez se sienten desprotegidos con el nombramiento de un fiscal a modo del gobernador y del secretario de gobierno, “el nuevo fiscal es gente del secretario de gobierno y del gobernador, ellos lo pusieron para que se sigan cubriendo sus fechorías y para que todo siga igual”.
Añadió que quienes propusieron a nuevo fiscal no tienen un compromiso con las víctimas ni con la sociedad, “y así no van a dar buenos resultados porque no va a resolver los problemas”.
Agregó que las víctimas y sus familiares siguen igual: “no hay avances en la identificación de los cuerpos depositados en los semefos, no se cuenta con los perfiles genéticos, tampoco se integran los expedientes básicos, y lo más grave es que no hay avance en las averiguaciones, ni en la investigación”.
El director del Centro Morelos señaló que es “indignante cómo se doblega el Congreso local ante el poder Ejecutivo para avalar y ratificar al recomendado de la Secretaría General de Gobierno”, respecto del nombramiento del fiscal de los Santos Barrila.
“Para nosotros ésta era una oportunidad de que pudiera recomponerse la forma de cómo se eligen a los titulares de la Fiscalía General del Estado, era una oportunidad de que se tomara en cuenta la voz de las víctimas y poner a alguien allí que realmente planteara una estrategia de ataque a la corrupción y a la impunidad, que hace mucha falta en el estado”, dijo Olivares.
“Lo que nosotros vemos es que pasó lo mismo que el nombramiento de la fiscal especial de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, Eloína Sánchez Zamora, “una persona de 30 años sin una trayectoria, sin una carrera dentro de esta responsabilidad, y ahora allí están las consecuencias, todavía se siente asesora jurídica (de la Secretaría General de Gobierno donde laboraba antes de ser designada) y no ha hecho nada”.
Añadió que igual de los Santos Barrilla no tiene en su currículum ninguna prueba de experiencia o de que haya tenido alguna responsabilidad que le permita actuar en beneficio de las víctimas.

Buscarán al fiscal para que dé seguimiento al trabajo de Los Otros Desaparecidos

La tarde de ayer en sus oficinas en el centro de Iguala la secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz dijo al nuevo titular de la FGE que tienen trabajo de casi cuatro años, y confió en que se le dé continuidad.
Expuso que no les sorprende la designación de Jorge Zuriel de los Santos Barrila como nuevo fiscal, y que buscará una reunión con él para pedir que se le dé seguimiento a los trabajos de las víctimas de desaparición y la Procuraduría General de la República.
Hace dos semanas, tras la renuncia de Javier Olea Peláez el colectivo de familiares de desaparecidos de Iguala advirtió la posibilidad de la imposición de Zuriel de los Santos en la Fiscalía General al ser recomendado del secretario Florencio Salazar.

 

 

Entregan los restos de un hombre hallados en 2015 entre 70 cuerpos en Chichihualco

Familiares de José Luis Hernández Gaspar, desaparecido desde noviembre de 2014, identificaron su cuerpo entre los 70 restos humanos hallados a finales de 2015 cerca de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Hernández Gaspar era de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, y tras el reconocimiento de sus restos que fueron reclamados al Servicio Médico Forense (Semefo), fue velado la noche del sábado en la funeraria Santa Cruz, y el domingo fue sepultado en el panteón de Xochipala.
La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso denunció que el retraso de 2 años y medio en la identificación del cuerpo se debe a la negligencia de las autoridades federales y estatales para los peritajes con oportunidad.
Informó que de los 70 cuerpos encontrados en ese lugar solamente han sido identificados cuatro, tres que fueron reclamados por otros colectivos del estado y el de Hernández Gaspar cuyos familiares están en el Colectivo Chilpancingo.
Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016 fueron hallados y rescatados 70 cadáveres de una barranca cerca de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, una zona que se encuentra en disputa entre los grupos criminales Cártel del Sur que encabezan Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, y el de Juan Castillo Jaimes, El Teniente.
La presidenta del Colectivo Chilpancingo dijo que entre esos 60 cuerpos fue identificado el de José Luis Hernández Gaspar, que fue denunciado como desaparecido desde noviembre de 2014.
Agregó que los restos fueron identificados mediante la confronta de las muestras del ADN que le tomaron a los restos y a su madre e hija por la Procuraduría General de la República (PGR).
Lamentó que los resultados de los estudios se hayan dado a conocer después de casi 2 años y medio, pues dijo que esos restos fueron de los primeros hallados en diciembre de 2015 y trasladados a la PGR, “no se trabaja con toda la responsabilidad por parte de servicios periciales de la PGR, hay muchas irregularidades”.
Rodríguez Narciso denunció que en la averiguación previa que se integró por el caso de José Luis hubo muchas deficiencias, por ejemplo el Ministerio Público federal que se llevó los cuerpos no integró la denuncia correspondiente, y le “colgó” el caso a otro de Iguala que nada tenía que ver uno con el otro.
Informó que como consecuencia quienes llevaban el caso de Iguala no tenían conocimiento del hallazgo de cuerpos en Leonardo Bravo. El cuerpo lo entregaron pero los médicos de la PGR que autorizaron su salida no quisieron entregar el certificado de defunción a sus familiares.
Agregó que agentes de la PGR dijeron a los familiares que no estaban seguros de que José Luis estuviera muerto, debido a que no se encontraron todas las partes de su cuerpo, y denunció que esa fue otra irregularidad, pues cuando fueron hallados los primeros 20 cuerpos en la barranca de El Naranjo, el 15 de diciembre de 2015, el Ministerio Público no pudo rescatarlos el mismo día y se retiró sin dejar seguridad para su resguardo.
Añadió que al día siguiente que las autoridaes regresaron con el equipo necesario para el levantamiento de los cuerpos los encontraron incinerados, algunos seguían consumiéndose.
“Un día antes abandonaron los cuerpos que estaban todavía reconocibles, y como fue un operativo grande de policías federales y elementos de la Marina solamente calentaron la zona, por eso cuando se retiraron fueron a quemar los cadáveres”.
Informó que del cuerpo de José Luis solamente se encontraron enteras las piernas “y se recibió el cuerpo porque uno de sus familiares lo identificó bien, y dijo que efectivamente los restos eran los de José Luis, pero en realidad los peritos no realizaron un trabajo como debía de ser”, reprochó.
Dijo que son muchas las irregularidades del gobierno con las víctimas y sus familiares, “a pesar de que hay protocolos para tratar los cadáveres nadie los aplica, y se siguen cometiendo irregularidades”.
Añadió que estas irregularidades son la causa de que se retarde la identificación de los cuerpos. Por ejemplo dijo que de los 70 cadáveres que fueron hallados y rescatados a finales del 2015 y en el transcurso del 2016 cerca de El Naranjo, solamente han sido identificados cuatro, tres que reclamaron otros colectivos y el de José Luis, cuyos familiares participan en el Colectivo Chilpancingo.
Los restos humanos que resultaron de 70 personas fueron rescatados en tres ocasiones, la primera vez fue en diciembre de 2015, la segunda en enero de 2016 y la tercera en septiembre del 2016.

 

Piden familiares de las víctimas el regreso de sus desaparecidos en un convivio en Chilpancingo

En medio de la tragedia que viven con sus padres ausentes, hijos de desaparecidos y asesinados ante la violencia que se padece en Guerrero, festejaron este viernes el Día de Reyes, en un convivio que organizó el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, en Chilpancingo.
Los hijos de las víctimas de la violencia recibieron regalos, partieron la rosca de Reyes, y tomaron agua y refrescos, pero los reyes no les cumplieron el mayor deseo que muchos de ellos pidieron para este día, el regreso de sus padres.
Como José, un niño siete años, hijo de Josué Molina Rodríguez, desaparecido desde el 14 de junio de 2014, que llegó acompañado de dos de sus hermanitos, nietos de Guadalupe Rodríguez Narciso, presidenta del  Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País.
Guadalupe Rodríguez comenzó la lucha por la presentación de los desaparecidos luego de que hombres armados levantaron a su hijo, Josué Molina, cerca de la Secundaria Técnica número 30 de Chilpancingo, y ninguna autoridad estatal o federal quiso ayudarla, hasta que sumó fuerzas con familiares de otros desaparecidos y asesinados para constituir el colectivo, el año pasado.
Al festejo asistieron la tarde de este viernes más de 30 niños de distintas edades acompañados por sus madres o padres, que llenaron un local ubicado en el bulevar Vicente Guerrero, en la colonia Progreso, de la capital.
En el festejo, cada niño recibió un regalo de los que fueron recolectados por el colectivo. Los menores tuvieron derecho a escoger su regalo bajo la condición de responder una pregunta escrita en un pedazo de papel que sacaban al azar de una improvisada urna.
La primera niña sacó una papeleta que decía: “¿Si fueras gobernador qué harías?”, no pensó mucho su respuesta, “ordenaría que buscaran a mi papá y a los otros desaparecidos”.
Después, algunos de los menores platicaron con los reporteros. Los hijos de Josué Molina eran los menos tímidos. José recordó a su padre, “grandote”, su hermano mayor recordó que con él tenía “amor”, y el más pequeño de los tres recordó que a su padre le “gustaba comer mucho”, pero que ya quiere que regrese.
Por su parte, Mariana, hija de Miguel Ángel Nava, desaparecido hace siete años, pidió que el  gobierno busque a su padre y que se lo regrese. “Él era una persona buena”, dijo antes de que la tristeza la embargara y se le cerrara la garganta.
A su vez, Paola dijo que su padre tiene ocho meses desaparecido, y recordó que cuando él vivía con ellos, ella era muy feliz, porque su padre era, “amable conmigo y me compraba todas las cosas que yo quería, por eso quiero que regrese”, dijo.
Alexandra, hija de Juan Álvarez Gil, un policía ministerial que desapareció hace tres años, exigió que el gobierno le ayude a buscar y encontrar a su padre, y se quejó de que no haya hecho nada para devolverlo.
Junto con las exigencias de los menores, hubo también de los adultos.
Jesús Castrejón Santana, padre del agente de Tránsito de Chilpancingo, Moisés Castrejón Serrano de 32 años, que desapareció hace nueve meses, denunció que a pesar de que su hijo era servidor público, los gobiernos estatal y municipal no han investigado su paradero.
“No hemos tenido nada de parte del gobierno. Al contrario, he pedido informes y lo único que me dicen es que ya pidieron informes a las diferentes presidencias  municipales para saber si fue detenido. Es lo único que han investigado”, se quejó.
Declaró que, en cambio él, sin recursos, se ha ido a buscarlo a las barrancas, a los cerros, “en los lugares donde tiran cadáveres, he ido a hospitales, a las prisiones, a diferentes partes, lo que el gobierno no ha hecho”.
Dijo que, desgraciadamente los familiares de los desaparecidos no tienen los medios para buscar en todas partes, “y el gobierno sí los tiene, pero lo que no tiene es voluntad. Yo le pido que hagan algo por nosotros”, exigió.
Reprochó que, en cambio, cuando a un funcionario le desaparecen a un familiar “pagan los millones y al segundo o tercer día aparecen, ¿y eso por qué?, por el dinero.
Desgraciadamente nosotros no tenemos el recurso para pagar y para que nuestros desaparecidos regresen, aunque sea como sea”.
Recordó que su hijo estaba laborando el 8 de febrero de 2016 en la avenida Guerrero, a la salida del paso a desnivel, aproximadamente a la 1 y media de la tarde, cuando avisó por radio a sus superiores que lo apoyaran porque unas personas estaban discutiendo con él, pero que nunca llegó el apoyo que pidió.
Dijo que, cuando varias horas después fueron a buscarlo sus compañeros, solamente encontraron la motocicleta que utilizaba en el servicio. Denunció que a casi un año de su desaparición, las autoridades no han investigado para localizarlo.
“No existe ningún reporte en el expediente que diga qué actividades han hecho para encontrarlo, y ni siquiera a sus familiares les han pedido informes, menos a sus vecinos les han ido a preguntar en qué trabajaba o cómo se portaba, que es lo mínimo que se debe hacer en una investigación, nomás nos han ido sobrellevando”, protestó.
Contó que Moisés tiene tres hijos, de  nueve, siete y cuatro años, y que durante el tiempo que lleva desaparecido ninguna autoridad ha querido apoyarlos, por el contrario, denunció que el Ayuntamiento hasta el mes pasado sólo le pagó a su mujer el salario que venía recibiendo, pero que le suprimió el aguinaldo y un bono que recibieron el resto de los policías de Tránsito en activo.
Informó que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, le dijo que posiblemente en enero van a valorar si es que le dan el apoyo a sus familiares, a pesar de que él estaba en labores cuando se lo llevaron, “por falta de atención de la autoridad, por no cuidar de nosotros”, reclamó.

Tiene registradas más de 100 víctimas, 80 de ellas desaparecidas y el resto asesinadas

El Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, tiene registradas más de 100 víctimas de la violencia; 80 de ellos son casos de desaparecidos y el resto de asesinados.
La representante del grupo, Guadalupe Rodríguez dijo que algunos casos fueron denunciados desde hace ocho años, pero que ninguno ha sido esclarecido.
A nombre del Colectivo, demandó una audiencia al gobernador Héctor Astudillo Flores para solicitarle atención a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y asesinados ante la violencia que se vive en la entidad.
La representante de la agrupación se quejó de que mientras sigue el baño de sangre en Guerrero y continúan las desapariciones de personas, no haya atención para las víctimas y sus familiares, que quedan en el desamparo.
“Ojala este año si nos reciba, porque el año pasado nos dejó plantados tres veces a los familiares de las víctimas de desaparición y de los asesinados”.
La representante declaró que el gobierno del estado tiene la obligación de velar por el bienestar y por los intereses de los familiares de las víctimas, porque se encuentran en ésta a situación debido a que el gobierno no ha sabido o podido resolver el problema de la violencia, y por consiguiente no garantiza la integridad física y de sus bienes, como es su obligación.
Dijo que hasta ahora, sólo han sido apoyados medianamente por la Comisión Estatal de Atención  a Víctimas (CEAV), pero que el organismo no cuenta con los recursos necesarios para brindar la ayuda integral que establece la ley.