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No se investigó a policías municipales por la desaparición de siete jóvenes en diciembre, señalan defensores

El abogado Manuel Aguilar, primo de Abel Aguilar García, desaparecido el 23 de diciembre pasado, calificó como una “farsa” la investigación a los policías municipales acusados de la desaparición de siete jóvenes, dos de ellos que aparecieron ejecutados, tres más hallados con vida pero torturados y dos siguen desaparecidos.
Mientras tanto, la coordinadora de Ciencia Forense Ciudadana, Julia Alonso Carbajal, quien dio seguimiento al caso de los tres jóvenes que fueron liberados con huellas de tortura, dudó que se haya hecho una investigación seria, pues informó que a seis meses, dos de los tres jóvenes encontrados torturados están procesados por delitos que no cometieron y uno de ellos prófugo, mientras que los policías que los detuvieron de manera ilegal, siguen libres.
El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó el sábado que 112 policías municipales de Chilpancingo regresaron a patrullar las calles, 12 más permanecen bajo investigación y sólo uno está detenido y vinculado a proceso.
Los policías municipales estaban sujetos a investigación y supuestamente bajo arraigo desde el 4 de enero pasado, tras señalamientos en contra de la corporación por la desaparición de siete jóvenes entre el 23 y el 31 de diciembre en Chilpancingo.
Mientras tanto, de los siete jóvenes siguen desaparecidos dos: Efraín Patrón Ramos y Abel Aguilar García; otros dos: Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34 años fueron encontrados muertos casi a la media noche del 3 de enero cerca Tierra Prietas.
Otros tres fueron encontrados a las 6 la mañana del 3 de enero atados con las manos hacia atrás, semidesnudos y con señales de tortura pero vivos. El hallazgo ocurrió atrás de la tienda Soriana cerca del Palacio de Gobierno.
Consultado vía telefónica ayer, Manuel Aguilar, primo de Abel Aguilar, quien daba seguimiento al caso, dijo que la supuesta investigación a los policías fue una farsa pues a los familiares de los desaparecidos nunca les dieron información y ahora tampoco saben la situación de los agentes que fueron regresados a las calles.
Lamentó que de todos los policías solamente uno haya sido vinculado a proceso, pues agregó que es evidente que en la desaparición de los jóvenes participaron varios en más de una patrulla.
Denunció que en el caso de la desaparición de su primo nunca les dieron información y que a seis meses siguen sin saber nada de su paradero, ni de pistas y tampoco del resultado de las investigaciones.
Por su parte la coordinadora de Ciencia Forense Ciudadana Julia Alonso Carbajal, quien dio seguimiento al caso de los tres jóvenes que fueron encontrados atados y torturados el 3 de enero en un terreno baldío a un costado del Palacio de Gobierno, denunció que dos de ellos siguen sujetos a proceso, uno más está prófugo y lamentó que los policías que los detuvieron de manera ilegal estén libres.
Recordó que existen evidencias fotográficas de que los tres jóvenes fueron detenidos por policías municipales el 27 de diciembre en la colonia Jardines del Sur, al sur de la capital, y que después fueron encontrados extrañamente detenidos en la agencia central del Ministerio Público de Acapulco.
Dijo que de acuerdo con testimonios de los familiares de los jóvenes, los policías municipales los entregaron a policías ministeriales que los trasladaron al puerto de Acapulco en donde los torturaron.
Denunció que cuando circunstancialmente ella se enteró de que allí estaban detenidos de manera irregular exigió su presentación y liberación, pero cuando exigió verlos ya no estaban en los separos y al día siguiente fueron encontrados atados de manos y torturados al sur de la capital.
Denunció que la detención de los tres jóvenes fue ilegal porque nunca los pusieron a disposición de alguna autoridad “y nunca hubo ningún documento que evidenciara su detención a pesar de que las familias estaban buscándolos por todos lados y los policías que los detuvieron se hicieron ojo de hormiga”.
Aseguró que hay fotografías que tienen las familias de cuando los policías municipales “levantaron” a cuatro, pero de ellos solamente se llevaron a tres porque el tercero que tomó las fotos era menor de edad e hijo de un policía y por eso lo dejaron libre.
Informó que uno de los dos detenidos está en el Tutelar de Menores acusado de robo, el otro está detenido en el penal de Chilpancingo por violación y el prófugo de 15 años de edad está acusado de homicidio.
Julia Alonso denunció que a las autoridades “les valió el debido proceso del que tanto hablan porque primero los levantó la Policía Municipal y los desaparecieron por días pues no hay una bitácora en la que se demuestre que fueron puestos a disposición, después fueron entregados a la Policía Ministerial que tampoco los puso a disposición y luego los abandonó torturados para después volver a detener a dos”.
Se quejó de que en este proceso los familiares están luchando “contra criminales que tienen la ley en sus manos y que la aplican como quieren, esto es triste pero real”, declaró.
Concluyó que si los jóvenes de verdad son culpables del delito del que los acusan debieron ser detenidos conforme a la ley, respetando el debido proceso penal, pero que no fue así y que los policías que violaron la ley no fueron castigados.

 

Solicitan a la PGR que atraiga el caso de los tres jóvenes torturados por la Policía Ministerial

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La representante de Ciencia Forense Ciudadana y defensora de derechos humanos, Julia Alonso Carbajal solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga la investigación de los tres jóvenes que fueron detenidos por la Policía Municipal de Chilpancingo y entregados a la Policía Ministerial, que los tuvo privados de su libertad, incomunicados y torturándolos durante siete días y luego aparecieron tirados en un terreno baldío al sur de Chilpancingo.
Alonso Carbajal, quien le da seguimiento a casos de desaparecidos en Acapulco a partir de que el 12 de enero del 2008 desapareció su hijo, Julio Alberto López Alonso, declaró que no existe confianza en la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investigue el caso porque el fiscal Javier Oléa Peláez ha negado que los jóvenes hayan estado en poder de los policías ministeriales, con el fin de protegerlos.
Héctor Josué de 15 años, Juan Miguel de 16 y Alan Alexis Teodoro López de 20 fueron detenidos, según sus familiares, entre las 2 y media y las 3 de la tarde del 27 de septiembre en la calle Pinos de la colonia Jardines del Sur, cerca de las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI, al sur de la ciudad.
Según la defensora de derechos humanos los policías municipales entregaron a los jóvenes a la Policía Ministerial que los trasladó a la agencia del Ministerio Público del sector Central de Acapulco, a un comandante al que solo escucharon que le decían Tino, quien los mantuvo desde el 27 de diciembre hasta la mañana del 3 de enero incomunicados y torturándolos.
Julia Alonso informó que los familiares de los jóvenes se enteraron de donde estaban detenidos porque uno de ellos anotó el número del teléfono de su novia en un jabón, y le pidió a otro detenido que salió libre que le llamara y le avisara en donde estaban.
Cuando los familiares con el apoyo de Alonso Carbajal exigieron que se los entregaran, los tres jóvenes fueron sacados a las 5 de la tarde del 2 de enero y al día siguiente, a las 6 de la mañana, fueron hallados en un terreno baldío cerca del Palacio de Gobierno. Los jóvenes estaban atados con las manos hacia atrás con visibles huellas de tortura y semi desnudos.
Sin embargo el fiscal Olea Peláez ha negado que los jóvenes hayan estado esos siete días en poder de la Policía Ministerial, pero ha declarado que dos de ellos están detenidos por robo y uno más está prófugo, por lo que este jueves solicitó a la PGR que atraiga la investigación ante las sospechas de que la Policía Municipal que los detuvo y la Ministerial que los recibió estén vinculados con el crimen organizado, pues los jóvenes refieren que antes de ser trasladados al puerto de Acapulco fueron llevados a una casa de seguridad.
La defensora de derechos humanos declaró que existe un conflicto de interés de la FGE en este caso, por lo que debe ser atraído por la PGR “para que haya una investigación seria y un juicio justo”.
“El fiscal dice que no es verdad que estuvieron detenidos por la Policía Ministerial, entonces ya desde esa óptica sí está negando, no se va a realizar una investigación imparcial. Aquí lo que se está pidiendo es que si ellos cometieron un delito, que tengan un proceso justo y apegado a derecho”, pidió Julia Alonso.
Denunció que las corporaciones policiacas que participaron en su detención actuaron arbitrariamente y violaron todos sus derechos, “no pueden desaparecer a los jóvenes, no presentarlos y después hacerles cargos, sólo hasta que alguien se dio cuenta que estaban detenidos les fincan cargos diciendo que cometieron actos criminales, por eso se debe de investigar bien qué pasó desde el 27 de diciembre que los detuvieron hasta el 3 de enero, se debe aclarar dónde estuvieron y quién los tuvo, y el fiscal como que quiere negar y obviar eso, como que quiere enfocarse en otras cosas cuando hay una grave violación a los derechos delos jóvenes”, insistió.
Mencionó que el nuevo sistema penal acusatorio establece claramente que nadie puede ser privado de su libertad y no ser presentado, y de los tres muchachos no existe ningún documento que compruebe que fueron presentados desde el 27 cuando fueron detenidos.
Dijo que no es posible que los jóvenes hayan estado privados de su libertad, pero la Fiscalía niega que los haya tenido, sin embargo luego que fueron encontrados torturados de inmediato les atribuye cargos y los detiene, “eso es ilógico”, declaró la representante de Ciencia Forense Ciudadana.
“Todo eso es lo que tiene que investigar la PGR porque se cometió el delito de desaparición forzada, tuvieron la suerte de que fueron encontrados a tiempo”, declaró.