Egresados de normales públicas de Guerrero protestan en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado para apoyar a los padres de familia de la localidad Mayanalán, en Tepecoacuilco, quienes demandan maestros para la secundaria Vicente Guerrero Foto: Jessica Torres Barrera
Israel Flores
Ciudad Altamirano
La rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, Yael Zaira Gama Palacios, despidió mediante un acuerdo laboral a su actual pareja sentimental, a quien le dio un finiquito de 60 mil pesos, para después recontratarlo como jefe del Departamento Financiero y triplicarle el salario.
Así lo constaron maestros de la misma escuela, mediante denuncias que se encuentran en manos del gobierno estatal, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y de la Contraloría, como parte de las quejas contra la rectora por nepotismo y argumentar que ella, con su pareja, controlan por completo la universidad, tanto de manera educativa como de forma financiera.
Con fecha del 19 de junio de 2023, Jonathan Ciprián Real, actual pareja sentimental de la rectora, logró un acuerdo en la oficina de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador en Coyuca de Catalán, mismo que fue firmado por el trabajador y el representante jurídico de la universidad, para finiquitar sus actividades administrativas, con una compensación de 60 mil pesos.
Jonathan Ciprián llevaba más de cuatro años trabajando en la escuela y además ganaba 4 mil 699 pesos. Una vez que concluyó su actividad laboral, fue recontratado como jefe del Departamento Financiero de la misma universidad, siendo el encargado del manejo del dinero. Los profesores argumentan que su salario se triplicó.
El argumento para el aumento salarial se debe a que fue presentada una propuesta, ante el consejo universitario, de los nuevos salarios para que se autoricen, según la cual, Jonathan Ciprián ahora ganaría 26 mil pesos.
La documentación de las pruebas fueron enviadas a la misma SEG, a la Subsecretaría de Educación Superior, para que sean atendidas como parte de las denuncias que llevan varios meses, sin que tengan respuesta.
A través de un video, la rectora había expresado que tenía conocimiento de que algunos maestros habían acudido a las instancias legales para presentar denuncias, pero que a su vez, ella había hecho lo propio para presentarse también y aclarar cada punto, así como responder las acusaciones en su contra.
Trabajadores de la Fiscalía General del Estado entregan en la Oficialía de Partes del Congreso local, una demanda de Juicio Político en contra de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Empleados de la Fiscalía General del Estado (FGE), entregaron al Congreso local una solicitud de juicio político contra la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, a quien acusaron del despido arbitrario de alrededor de 500 trabajadores para instalar a militares sin capacitación ni trayectoria judicial.
El ex fiscal de la región Costa Grande y Norte, Marco Antonio Maya Valle, encabezó a los trabajadores que llegaron a la una de la tarde al Congreso a entregar la demanda de desafuero de la funcionaria, nombrada por el Congreso.
El afectado explicó que los ex trabajadores también piden la comparecencia de la fiscal para que aclare cómo ha sido su desempeño, porque “no respeta los poderes, ni respeta el Poder Legislativo, ni el Judicial, ni a la titular del Poder Ejecutivo”.
Recordó que fueron despedidos cerca de 500 trabajadores de manera injustificada en todo el estado, desde agentes del ministerio público, peritos, coordinadores, agentes de la policía ministerial, fiscales especializados y fiscales regionales, quienes fueron reemplazados por militares “sin trayectoria ni vocación ni estudios en derecho penal, ni preparación para realizar las funciones que les encomiendan”.
Añadió que la fiscal públicamente reconoció que ocho años antes de su designación no había visitado el estado, “y trae consigo a un equipo de trabajadores que desconoce el derecho penal, y sobre todo la situación de violencia que impera en el estado de Guerrero”.
Maya Valle aseguró que la funcionaria no persigue delincuentes ni investiga delitos, y se ha dedicado a despedir de manera arbitraria a servidores públicos sin ninguna investigación ni resolución.
Añadió que las violaciones a sus derechos humanos son motivo del juicio de procedencia, y confían en que el Congreso local determine su destitución.
Indicó que hay demandas en tribunales laborales y algunas resoluciones y amparos a favor de sus compañeros, pero el proceso de ejecución de las resoluciones es lento.
El Vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE Donaciano Muñoz; responde a cuestionamiento de los reporteros Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, informó que en Guerrero serán unos 200 trabajadores los que perderían sus empleos en cuanto la reforma electoral denominada Plan B sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación.
Consideró que ésta afectará la operación del Instituto, además de que no tienen una partida presupuestal para liquidar a todos estos funcionarios.
Después de la firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, el vocal recordó que son 300 juntas distritales en el país que desaparecerían, incluidas las nueve de Guerrero y en su lugar se instalaría una oficina auxiliar encabezada por un solo vocal operativo y se eliminarían las otras cuatro figuras, por lo cual, “se verían seriamente mermadas las bases para poder llevar a cabo procesos electorales” que aseguren certeza.
Además, recordó que la contratación del personal auxiliar administrativo estará sujeta al presupuesto que se apruebe para la operación y “no hay garantía de que se puedan conservar todos los espacios de trabajo que el día de hoy tenemos”.
En cada una de las nueve juntas distritales de Guerrero hay seis figuras contando la de jefatura de oficina que “tendrían que ser eliminadas, estamos hablando de 54 personas y 16 personas administrativas en promedio en cada junta, al ser nueve estamos hablando de 144, pero en total son 200 personas en el estado que podrían estar perdiendo su empleo”, precisó Muñoz.
Además, se sumarían los de la Junta Local Ejecutiva que de las cinco figuras que tiene se suprimirían dos, la de una sería la de vocal secretario, y la de Capacitación y Organización se fusionarán para que de dos personas solo quede una.
El vocal ejecutivo recordó que en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación estas reformas, entran en vigencia y el INE debe acatar las disposiciones contenidas, entre las que están el que el secretario ejecutivo dejará ese cargo, que en el caso de Guerrero es Gregorio Aranda Acuña, para nombrar a un encargado de despacho.
Donaciano Muñoz consideró que la afectación “es a la operación del Instituto, lo que inyecta un grado de incertidumbre muy grande a la realización de las elecciones”.
Sin embargo, también recordó que el INE, los partidos políticos, fracciones parlamentarias y otros sectores impugnarían estas reformas, pero en tanto que la ley sea vigente el órgano debe implementarla en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine alguna suspensión.
Y recordó que el INE no tiene recursos adicionales para la liquidación de los 200 trabajadores que perderán sus empleos con la aprobación del plan B, “pudiéramos estar en la situación en la que no hubiera suficiencia para poder solventar eso, pero además con la posibilidad de que si la Corte determina una suspensión se tuviera que despedir al trabajador, pero por otro lado se tendría que recontratarlo debido a la suspensión de la Corte o en su caso de algún juez”.
Sin embargo, aún no tienen un estimado de lo que costaría en Guerrero el despido de esta cantidad de trabajadores, por lo que posteriormente lo revisarán “para establecer que monto tendríamos que estarle pidiendo a la Secretaría de Hacienda para poder fondear estas liquidaciones”.
Consideró que en lo inmediato la reforma no representará ningún ahorro porque se tienen que pagar liquidaciones de miles de trabajadores en todo el país, y además “paradójicamente de todo lo que tendríamos que contratar para el siguiente proceso electoral, si se merma la estructura, necesariamente tendrá que realizarse contrataciones temporales”.
Por su parte, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Luz Fabiola Matildes Gama confirmó que el órgano también tendrá que “reducir estructura y juntar estructura”.
Pero a diferencia del INE, el IEPC no tendrá que hacer estas modificaciones de manera inmediata porque estas reformas tendrán primero que pasar por el Congreso local, para entonces empezar a revisar como se reducirían las estructuras y las liquidaciones que se tienen que dar.
Firman Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
Este martes se realizó en las oficinas de la Junta Local del INE, la firma la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 (CIJ 2021), que realizaron representantes de instituciones que forman parte del Grupo Coordinador Institucional (GCI), que consiste en el “compromiso” de instrumentar acciones para atender las opiniones expresadas.
Entre los firmantes estuvieron Donaciano Muñoz Loyola; Luz Fabiola Matildes, la diputada presidenta de la Comisión de Niños y Adolescentes, Beatriz Mojica Morga; el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Miguel Alejandro Guizado Jaimes; la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, Xóchilt Sosa Rumbo; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán, y el subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irving de Jesús Jiménez Sánchez.
En Guerrero al entrar en vigor el Plan B serían despedidos del INE 200 trabajadores
La reforma electoral afectará la operación del organismo y se tendrá que gestionar una partida presupuestal para las liquidaciones, porque no hay fondos, afirma el vocal ejecutivo Donaciano Muñoz Loyola. En el caso del IEPC, la reducción de funcionarios no sería inmediata, porque la tendría que aprobar el Congreso local
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE Donaciano Muñoz; responde a cuestionamiento de los reporteros Foto: Jessica Torres Barrera
El vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, informó que en Guerrero serán unos 200 trabajadores los que perderían sus empleos en cuanto la reforma electoral denominada Plan B sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación.
Consideró que ésta afectará la operación del Instituto, además de que no tienen una partida presupuestal para liquidar a todos estos funcionarios.
Después de la firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, el vocal recordó que son 300 juntas distritales en el país que desaparecerían, incluidas las nueve de Guerrero y en su lugar se instalaría una oficina auxiliar encabezada por un solo vocal operativo y se eliminarían las otras cuatro figuras, por lo cual, “se verían seriamente mermadas las bases para poder llevar a cabo procesos electorales” que aseguren certeza.
Además, recordó que la contratación del personal auxiliar administrativo estará sujeta al presupuesto que se apruebe para la operación y “no hay garantía de que se puedan conservar todos los espacios de trabajo que el día de hoy tenemos”.
En cada una de las nueve juntas distritales de Guerrero hay seis figuras contando la de jefatura de oficina que “tendrían que ser eliminadas, estamos hablando de 54 personas y 16 personas administrativas en promedio en cada junta, al ser nueve estamos hablando de 144, pero en total son 200 personas en el estado que podrían estar perdiendo su empleo”, precisó Muñoz.
Además, se sumarían los de la Junta Local Ejecutiva que de las cinco figuras que tiene se suprimirían dos, la de una sería la de vocal secretario, y la de Capacitación y Organización se fusionarán para que de dos personas solo quede una.
El vocal ejecutivo recordó que en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación estas reformas, entran en vigencia y el INE debe acatar las disposiciones contenidas, entre las que están el que el secretario ejecutivo dejará ese cargo, que en el caso de Guerrero es Gregorio Aranda Acuña, para nombrar a un encargado de despacho.
Donaciano Muñoz consideró que la afectación “es a la operación del Instituto, lo que inyecta un grado de incertidumbre muy grande a la realización de las elecciones”.
Sin embargo, también recordó que el INE, los partidos políticos, fracciones parlamentarias y otros sectores impugnarían estas reformas, pero en tanto que la ley sea vigente el órgano debe implementarla en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine alguna suspensión.
Y recordó que el INE no tiene recursos adicionales para la liquidación de los 200 trabajadores que perderán sus empleos con la aprobación del plan B, “pudiéramos estar en la situación en la que no hubiera suficiencia para poder solventar eso, pero además con la posibilidad de que si la Corte determina una suspensión se tuviera que despedir al trabajador, pero por otro lado se tendría que recontratarlo debido a la suspensión de la Corte o en su caso de algún juez”.
Sin embargo, aún no tienen un estimado de lo que costaría en Guerrero el despido de esta cantidad de trabajadores, por lo que posteriormente lo revisarán “para establecer que monto tendríamos que estarle pidiendo a la Secretaría de Hacienda para poder fondear estas liquidaciones”.
Consideró que en lo inmediato la reforma no representará ningún ahorro porque se tienen que pagar liquidaciones de miles de trabajadores en todo el país, y además “paradójicamente de todo lo que tendríamos que contratar para el siguiente proceso electoral, si se merma la estructura, necesariamente tendrá que realizarse contrataciones temporales”.
Por su parte, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Luz Fabiola Matildes Gama confirmó que el órgano también tendrá que “reducir estructura y juntar estructura”.
Pero a diferencia del INE, el IEPC no tendrá que hacer estas modificaciones de manera inmediata porque estas reformas tendrán primero que pasar por el Congreso local, para entonces empezar a revisar como se reducirían las estructuras y las liquidaciones que se tienen que dar.
Firman Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
Este martes se realizó en las oficinas de la Junta Local del INE, la firma la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 (CIJ 2021), que realizaron representantes de instituciones que forman parte del Grupo Coordinador Institucional (GCI), que consiste en el “compromiso” de instrumentar acciones para atender las opiniones expresadas.
Entre los firmantes estuvieron Donaciano Muñoz Loyola; Luz Fabiola Matildes, la diputada presidenta de la Comisión de Niños y Adolescentes, Beatriz Mojica Morga; el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Miguel Alejandro Guizado Jaimes; la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, Xóchilt Sosa Rumbo; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán, y el subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irving de Jesús Jiménez Sánchez. Analiza el IEPC recortes de personal y de gastos ante el insuficiente presupuesto
Luego de que se les asignaron para este año 285 de los 400 millones que pidieron para operar, los consejeros evalúan si pedir a la gobernadora una ampliación presupuestal o un apoyo financiero, dice la presidenta Matildes Gama
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
La consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, informó que están cerrando el ejercicio de 2022, y harán ajustes luego de que el Congreso solo autorizó 285 millones de pesos para este 2023, por lo que pedirán a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda una ampliación presupuestal o un apoyo financiero.
Consultada este martes antes de iniciar la Firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de la Consulta Infantil y Juvenil, que se celebró en la Junta Local Ejecutiva del INE, en Chilpancingo, Luz Fabiola Matildes comentó que ya sea en septiembre o noviembre –depende del destino del Plan B electoral en la Suprema Corte– inician el proceso electoral, y deberán instalar 28 consejos distritales.
Mencionó que aún no tienen autorizado el presupuesto para dicho proceso electoral y también les faltan recursos para el financiamiento de partidos políticos, por lo que están analizando las áreas donde puedan reducir gastos.
Detalló que en junio del año pasado solicitaron que su presupuesto fuera de 400 millones de pesos, pero solo les autorizaron 285, de los cuales 171 son para financiamiento público. Con el resto tiene que trabajar el Consejo General, a pesar de que creció el padrón electoral y, por lo tanto crece el financiamiento público, que en este año significan 20 millones de pesos más que deben dar a los partidos políticos, y que tomarán de su presupuesto base.
Matildes dijo que el IEPC tiene recursos para operar hasta junio, y han privilegiado actividades virtuales, aunque no pueden evitar las consultas. La primera que ya están por concluir para preguntar a comunidades de 43 municipios cómo querían tener su representación en los consejeros distritales de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Dijo que el Consejo General del IEPC ya aprobó que en algunos distritos habrá tres representaciones, como en Ometepec que tendrá representación amuzga, nahua y afromexicana, en otro distrito habrá representación mixteca, tlapaneca y nahua. Y en otros solamente afromexicana. Varía de acuerdo a los distritos electorales.
Aseguró que este año harán otra consulta para saber cómo será la representación en el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas, “cómo los partidos políticos deben de registrar sus candidaturas, eso es lo que vamos a trabajar y habremos de recorrer 49 municipios de la región de la Montaña, Costa Chica y de la región Norte”.
Expuso que ante la falta de presupuesto redujeron papelería, gastos en gasolina y viáticos, y analizan un recorte de la plantilla laboral.
En marzo Morena terminará de pagar multas por 32 millones
Se le preguntó cuándo concluirá Morena de pagar sus multas luego de que el presidente estatal, Jacinto González Varona se quejó de la falta de presupuesto. Matildes respondió que concluyen en marzo de pagar un “remanente”, que es diferente a una multa, y se debe a que Morena no comprobó sus gastos por 32 millones de pesos desde 2019.
Detalló que fue la Unidad de Fiscalización del INE les ordenó como órgano electoral local retener esos 32 millones descontar 4 millones de pesos mensuales desde el año pasado, dinero que se regresa al gobierno del estado, “no es un recurso que se quede en poder del órgano electoral sino que se lo retiene el gobierno del estado”.
Aseveró que hasta ahora con ningún otro partido ha ocurrido algo similar y que en cuanto a multas hay unas que están verificando aplicar al PT, pero aún no están firmes.
En noviembre del año pasado, Jacinto González Varona, actual presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, afirmó que el IEPC retenía la totalidad de las prerrogativas del presupuesto programado para el partido, porque se aprovecharon del abandono en el partido para aplicar las sanciones, luego de que en 2019 el Comité Ejecutivo Estatal no contestó los requerimientos del INE que envió por correo electrónico.
El 25 de mayo de 2022 se le notificó al entonces delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Rafael Cuauhtémoc Ney Catalán, la resolución de que en “seguimiento al re-manente ordinario 2019 en el marco de la revisión del Informe Anual Correspondiente al ejercicio 2020”, debía reintegrar 32 millones 913 mil 981.74 pesos, luego de que no se entregó ningún documento en relación “al reintegro del remanente del ejercicio fiscal 2019”, a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.
Un año antes, el presidente estatal de Morena fue el actual secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
Trabajadores del sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local en la protesta afuera de la sede del Poder Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Trabajadores agremiados en el sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso del Estado, continuaron por tercer día consecutivo con su paro de labores y bloqueo a la calle frente a la sede del Poder Legislativo, para exigir la reinstalación de dos compañeros y que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) revise su pliego petitorio.
El viernes, después de que les notificaron el despido de sus dos compañeros, los trabajadores iniciaron un plantón afuera del Congreso local, ubicado en la colonia Villa Moderna, y bloquearon los dos sentidos de la calle Trébol Sur; además, denunciaron que el despido era una represalia por su movimiento de la presidenta de la Junta de Coordinación, la morenista Yoloczin Domínguez Serna.
Este domingo, afuera del Congreso local, los trabajadores inconformes mantuvieron el plantón, colocaron lonas en la fachada con sus exigencias y continuaron bloqueando un sentido de la calle Trébol Sur.
Consultado en el lugar, el secretario general del sindicato, Fernando Martínez Román, informó que hasta el domingo ningún diputado se acercó para iniciar el diálogo, sostuvo que su dos peticiones son la reinstalación de dos compañeros que fueron separados de su trabajo, Ramón Núñez Campos y Alondra Itzel Reza Arzola; y que se revise su pliego petitorio.
“Creemos y confiamos en los diputados, pero también hacemos un llamado a las organizaciones sociales, para que nos ayuden a fortalecer el diálogo con los legisladores”, dijo.
Expuso que cuando iniciaron su lucha sindical por sus derechos laborales, confiaron en la presidenta de la Junta de Coordinación, Yolzcin Domínguez, “se llevó a cabo una asamblea, donde ella se comprometió a que se llevarían a cabo las mesas de trabajo, donde se le daría solución a nuestras demandas y así mismo, se comprometió a que no habría represalias hacia los trabajadores, pero además de que no se llevaron a cabo las mesas de trabajo, nos las fueron aplazando y sí se cristalizó la represión con los dos compañeros separados”.
Manifestó que este lunes seguirá su protesta, hasta que haya solución a sus peticiones, “nosotros no pedimos que le vaya mal a las diputadas o a los diputados, nosotros pedimos estabilidad laboral para las compañeras y los compañeros. Estamos para trabajar y ayudar a los legisladores en sus tareas sustantivas”.
Llamó a los diputados a ser sensibles con la situación de los dos despedidos, “Alondra es madre soltera, Ramón tiene más de 50 años, ya a esta edad ¿dónde va a encontrar otro trabajo? De aquí dependemos nosotros y nuestras familias, el llamado es a que se solidaricen”.
Uno de los trabajadores despedidos, Ramón Núñez, de 54 años de edad, contó que él tenía dos años trabajando en el Congreso local, “entré como chofer, pero hacía de todo; además de que manejaba el transporte del Congreso, tiraba basura, acarreaba archivos, sacaba copias. Me pedían que fuera a dejar oficios a las dependencias de gobierno, que vete a traer comida, bueno todo, como un mandadero”.
Argumentó que su horario de trabajo formal era de 9 de la mañana a 4 de la tarde, pero realmente iniciaba a las 7:30 y salía a las 5:30 o 6 de la tarde, “esperemos que se haga justicia, porque me están despidiendo injustamente. Yo no he hecho nada, he cumplido, hasta me he llevado el bono de puntualidad, siempre he estado a mis horas y nunca he tenido problemas”.
Dijo que él es el sustento de su casa y pidió a los diputados a analizar la situación, “que se tienten el corazón, soy un padre de familia con necesidad de trabajo”.
Los trabajadores agremiados en el sindicato Sentimientos de la Nación mencionaron que se fueron turnando por guardias, para mantener el plantón el fin de semana, afuera de la sede el Congreso local, pero afirmaron que este lunes los más de cien integrantes se sumarán a su movilización.
Integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local pararon labores y bloquearon la calle frente a la sede del Poder Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local, paró labores y realiza un bloqueo a la calle frente a la sede del Poder Legislativo, por el despido de dos de sus agremiados, y denunciaron que es una represalia de la administración que encabeza la morenista Yoloczin Domínguez Serna por su movimiento, por lo que reiteraron el llamado a que intervengan otros diputados en el diálogo.
El 13 de febrero los trabajadores levantaron un plantón después de seis días, para establecer una mesa de diálogo con la presidenta de la Jucopo para la solución a las demandas de los trabajadores, entre ellas la cancelación de los procedimientos en contra del dirigente del sindicato y la otorgación de la licencia sindical para el comité.
Ayer después de las 11 de la mañana, unos 50 trabajadores decidieron bloquear ambos sentidos de la calle con dos vehículos y momentáneamente se turnaban para bloquear, también colocaron lonas en la reja del Congreso en las que están enlistadas sus demandas.
El bloqueo se instaló después de una reunión en la que la administración les notificó que sus compañeros despedidos no serían reinstalados, lo que consideraron como una represalia por el paro que realizaron hace dos semanas.
El secretario general del sindicato Fernando Martínez Román denunció que los trabajadores Ramón Núñez Campos, quien estaba en el área de Recursos Materiales, y Alondra Reza Arzola, de Relaciones Públicas, ambos con dos años de trabajo en el Congreso local, fueron despedidos como represalia por participar en el movimiento.
Explicó que desde la semana pasada notificaron a los trabajadores que los pusieron a disposición, es decir que ya no pertenecían a sus áreas, por lo que el sindicato planteó en la mesa de negociación para pedir que fueran reinstalados.
El área jurídica les notificó que estaban en condiciones para entregarles su cheque de liquidación, pero los trabajadores no los recibieron ni firmaron los documentos con los que se pone fin a la relación laboral. Finalmente ayer en la mañana ya no pudieron registrar su entrada y les entregaron sus cheques de liquidación.
El viernes a las 10 de la mañana el sindicato tuvo una reunión con la administración, donde fueron notificados que ambos trabajadores (cada uno con dos años de antigüedad) no serían reinstalados, por lo que tomaron la decisión de bloquear la calle, no así el acceso al Congreso.
“Hasta el día de hoy, nada más se dedicaron a posponer la mesa de trabajo por falta de voluntad, no hay voluntad para llegar a acuerdos, nosotros confiamos en la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Yoloczin, de que se iba a iniciar la mesa de trabajo en el marco del respeto y armonía, pero hoy ya suspendieron de su centro de trabajo a dos compañeros. Eso no abona a la confianza, a la voluntad, porque al rato pueden ser otros compañeros”.
A nombre de los agremiados Fernando Martínez demandó: “que pare el hostigamiento laboral, que pare esa violación sistemática a los derechos laborales y humanos. Hoy se cristaliza el hostigamiento y las represalias con el despido de dos compañeros”.
Insistió en pedir ayuda a las y los diputados para que intervengan y no dejen solos a los trabajadores porque en el caso de la trabajadora despedida, es madre soltera y el señor es el sustento de toda su familia: “están afectando a familias completas, esto se soluciona con diálogo y voluntad, les pedimos que intervengan”.
A pesar de que algunos diputados de diferentes grupos parlamentarios se han acercado al movimiento “para solidarizarse”, Fernando Martínez señaló que necesitan que intervengan ante Yoloczin Domínguez: “ellos pueden hacer más, ellos tienen una investidura al nivel, pueden ayudarnos”.
Tras los despidos, señaló que ahora la demanda que encabeza el pliego petitorio es el que se les reinstale y pare el hostigamiento laboral, y que se instale una mesa de trabajo para atender las demandas laborales.
Padres de familia de la zona escolar de primarias 96, en el municipio de La Unión, denunciaron que debido a sus protestas de apoyo a favor de cuatro maestros, fueron informados este miércoles que éstos serán despedidos porque no son profesores idóneos, por lo que pidieron que no sean retirados o se verán en la necesidad de tomar acciones radicales.
Este miércoles, vía telefónica, la presidenta del comité de participación social de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, de Petacalco, Rosa Carmina Coria Rivera, dijo que recibieron información “todavía no oficial, pero sí nos llegó el comentario de que a los maestros los van a correr, porque nosotros como padres de familia los estamos defendiendo, pidiéndole a la Secretaría de Educación Guerrero que les den sus nombramientos y les paguen, pero que el pretexto es que no son idóneos para dar clases”.
“A nombre de los padres de familia queremos decirle al secretario de Educación, al señor José Luis González de la Vega Otero, que antes de él ser funcionario, es un ser humano y por eso le pedimos que tenga tantita sensibilidad en esta situación, ¿cómo es posible que tengan a los maestros durante cuatro meses sin cobrar un peso y que ahora les digan que no son idóneos? ¿No se supone que si nos los mandaron para que atendieran a nuestros hijos es porque sí son idóneos? No se vale, no estamos de acuerdo en que ahora salgan con que los van a correr”.
A pregunta expresa, la señora Coria Rivera sostuvo que “de manera oficial los cuatro maestros no han recibido algún documento de que se tengan que retirar de las escuelas, pero lo que sí hemos notado es que los directores de las escuelas se han mostrado distantes con los comités de padres de familia, no sabemos si ya recibieron instrucciones o de qué se trate, pero a nombre de los padres queremos decirle al secretario de Educación que no estamos de acuerdo en semejante injusticia, que no nos vamos a quedar así de tranquilos, viendo cómo es de injusto el gobierno porque no se vale”.
En reunión con representantes de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), la Unidad de Asuntos Jurídicos y la directora de Educación Inicial y Preescolar, Abril Téllez Hernández, padres de familia del jardín de niños Nicolás S. Naime reclamaron a las autoridades que en seis meses no resolvieron el cambio de la directora del plantel; mientras que los funcionarios aseguraron que la situación no se solucionó porque los padres y maestros impidieron el proceso.
La reunión se llevó a cabo en el jardín de niños Nicolás S. Naime, en la colonia del PRI, por acuerdo de padres de familia y autoridades de la SEG, luego de que el 16 de marzo los padres y maestros tomaron las instalaciones y bloquearon el puente El Capricho, para exigir la destitución definitiva de la directora Graciela Arellano González, a quien acusaron de malos manejos.
Durante el encuentro, los padres se molestaron porque la SEG se comprometió a que en la reunión estaría presente el subsecretario de Eduación Básica, Emiliano Díaz Román, quien no acudió a la cita.
Téllez Hernández escuchó a los padres, quienes expusieron que Arellano González no cuidó los recursos de la escuela, que está dentro del programa Escuelas de Tiempo Completo, además de que presionó a la presidenta del consejo escolar de participación social, Celsa Soriano Jiménez, para que firmara una comprobación de gastos que le correspondía a los representantes previos a su nombramiento.
Según los padres, por los malos manejos de Arellano González algunos maestros han optado por dejar la escuela; por ejemplo, una profesora de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), lo que perjudica la educación de sus hijos.
Ante las quejas, Téllez Hernández propuso que la supervisora de la zona escolar a la que pertenece el jardín de niños se haga cargo de la dirección del plantel, mientras la Contraloría Interna y la Unidad de Asuntos Jurídicos llevan a cabo el proceso administrativo correspondiente para cambiar de escuela a Arellano González, lo cual podría llevar cerca de un mes.
La propuesta no fue aceptada por los padres de familia, quienes cuestionaron a las autoridades sobre porqué no se hizo el proceso desde la primera denuncia, que presentaron mediante un oficio hace seis meses. Téllez Hernández explicó que hubo un retraso en el proceso, porque “de palabra” Arellano González ya había aceptado retirarse del plantel, pero no por escrito.
La representante de la Comisión de Organización de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en la región Centro, María del Carmen Florencio Miguel, quien acudió a la reunión a petición de los maestros, consideró que las autoridades tuvieron más de seis meses para resolver la situación, pero le dieron prioridad a los derechos laborales de Arellano González, por encima de los derechos de los docentes del plantel y de los padres de familia, “los principales afectados son los niños”.
Al final, no se llegó a ningún acuerdo con los funcionarios de la SEG, los maestros y padres de familia del jardín de niños acordaron reunirse para determinar las acciones que llevarán a cabo para solucionar el conflicto, pues se niegan a aceptar que la dependencia no asigne a una nueva directora en el plantel de manera inmediata.
Les atribuye el Emporio la responsabilidad del paro
Reconoce Aparicio que la empresa puede cerrar el hotel, pero ello no significa que no tenga la obligación de liquidar conforme a derecho. “Debieron declarar inexistente la huelga”, dicen los empresarios
Mónica Martínez García
De los 350 trabajadores sindicalizados que se mantienen en paro laboral en la afueras del hotel Continental Emporio desde el miércoles 28 de abril, 92 podrían ser liquidados por la empresa sin indemnización por atribuirles directamente el paro laboral, informó el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Jesús Aparicio Romero, quien también indicó que la empresa tiene la obligación de liquidar a sus trabajadores conforme a derecho.
Consultado en su oficina, Aparicio Romero indicó que el cierre del hotel es un derecho que la Ley Federal del Trabajo contempla, pero que ello no significa que la empresa no tenga la obligación de liquidar conforme a derecho a los trabajadores.
Indicó que el cierre del hotel es una forma de dar por terminadas las relaciones colectivas de trabajo y que ello es permitido por la ley.
“El patrón dice yo cierro la empresa, pero él también tiene sus obligaciones, subsisten los derechos de los trabajadores, no porque cierren ya se extinguen, se tiene que pedir una autorización mediante un juicio de carácter económico de naturaleza colectiva ante nosotros para que las partes mediante pruebas se decida si se autoriza o no el cierre legalmente y cómo va a quedar la situación laboral de todos los trabajadores, ahí se va a resolver todo esto, pero no nada más por una actitud singular de decir yo cierro, yo pago y yo liquido”, comentó.
Explicó que la empresa promovió la rescisión laboral de 92 trabajadores a quienes liquidará sin indemnización, contrario a lo que hará con los 258 trabajadores restantes. Dicha liquidación contempla el monto de tres meses de sueldo.
Dijo que la JLCA dará curso a la petición de la empresa mediante una “jurisdicción voluntaria”, es decir, que cada empleado será notificado en sus domicilios y que una vez que ello suceda se analizará caso por caso. Agregó que en este caso los trabajadores tendrán el derecho a impugnar la rescisión de contrato, que rompe la relación laboral, emprendida por la empresa.
Por su parte mediante un boletín de prensa firmado por los presidentes de la Concamin, la Canacintra, así como del representante patronal ante la JLCA, Javier Meza Montano, Andrés Orozco Pintos y Edgar Larequi Galeana, respectivamente, los empresarios se dijeron preocupados porque las autoridades estatales “debieron declarar inexistente la huelga ilegal”.
Asimismo amenazaron con que el capital del empresariado busque otras ciudades de inversión, donde “se respete a quienes arriesgan su capital en beneficio de crear fuentes de empleo y contribuir al gasto gubernamental.
“Que nos digan si esta es la política que se va a seguir y si en manos de líderes de sindicatos como el de la Sección 12 va a estar la empresa guerrerense, para que busquemos otros lugares para producir”, advirtieron.
El director general del DIF, Federico López de los Reyes, negó que el despido de la empleada Doris Gelinda Olvera haya sido una reporesalia por el paro de labores efectuado por el grupo de trabajadores de los sanitarios públicos y del área del Programa Alimentario del DIF, y aseguró que “es falso, totalmente falso” que sea un funcionario prepotente y autoritaario como lo señalan los mismos inconformes.
López de los Reyes argumentó que desde antes de la protesta ya estaba lista la liquidación de la ex secretaria, e insistió en que en la medida no tuvo nada que ver el paro de labores que los trabajadores hicieron.
El martes, los trabajadores de los sanitarios públicos y del área del Programa Alimentario dijeron que el paro era para solicitar la destitución de López de los Reyes a quien acusan de prepotente. Los empleados se incorporaron a laborar el 31, sin ninguna respuesta.
“Totalmente falso, totalmente falso” respondió López de los Reyes cuando se le preguntó sobre la acusación que hicieron los trabajadores del Programa Alimenticio, en el sentido de que tienen indicaciones de entregar despensas a líderes del Partido de la Revolución Democrática, (PRD).
