Piden despedidos de la FGE al Congreso juicio político a Sandra Luz Valdovinos

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado entregan en la Oficialía de Partes del Congreso local, una demanda de Juicio Político en contra de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Empleados de la Fiscalía General del Estado (FGE), entregaron al Congreso local una solicitud de juicio político contra la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, a quien acusaron del despido arbitrario de alrededor de 500 trabajadores para instalar a militares sin capacitación ni trayectoria judicial.
El ex fiscal de la región Costa Grande y Norte, Marco Antonio Maya Valle, encabezó a los trabajadores que llegaron a la una de la tarde al Congreso a entregar la demanda de desafuero de la funcionaria, nombrada por el Congreso.
El afectado explicó que los ex trabajadores también piden la comparecencia de la fiscal para que aclare cómo ha sido su desempeño, porque “no respeta los poderes, ni respeta el Poder Legislativo, ni el Judicial, ni a la titular del Poder Ejecutivo”.
Recordó que fueron despedidos cerca de 500 trabajadores de manera injustificada en todo el estado, desde agentes del ministerio público, peritos, coordinadores, agentes de la policía ministerial, fiscales especializados y fiscales regionales, quienes fueron reemplazados por militares “sin trayectoria ni vocación ni estudios en derecho penal, ni preparación para realizar las funciones que les encomiendan”.
Añadió que la fiscal públicamente reconoció que ocho años antes de su designación no había visitado el estado, “y trae consigo a un equipo de trabajadores que desconoce el derecho penal, y sobre todo la situación de violencia que impera en el estado de Guerrero”.
Maya Valle aseguró que la funcionaria no persigue delincuentes ni investiga delitos, y se ha dedicado a despedir de manera arbitraria a servidores públicos sin ninguna investigación ni resolución.
Añadió que las violaciones a sus derechos humanos son motivo del juicio de procedencia, y confían en que el Congreso local determine su destitución.
Indicó que hay demandas en tribunales laborales y algunas resoluciones y amparos a favor de sus compañeros, pero el proceso de ejecución de las resoluciones es lento.