Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

La trabajadora de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), Iliany Mojica Reynoso, denunció que fue despedida por un supuesto abandono de empleo y faltas injustificadas, pero adjudicó el hecho a “represalias” por su denuncia a funcionarios por acoso y hostigamiento laboral ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
Iliany Mojica obtuvo una plaza supernumeraria como analista técnico, adscrita a la Dirección General de Transparencia, en enero de 2012 y desempeñó su labor hasta el pasado 18 de mayo, cuando el titular de la SCTG, José Francisco González Sánchez, le informó de su despido a partir del 15 de mayo.
Mediante oficio, el secretario dijo que la trabajadora incurrió en “faltas de probidad y honradez o actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos a sus jefes; faltar a sus labores por más de tres días en un periodo de treinta, sin causa justificada, actualizándose las causales para la terminación de los efectos de la presente relación laboral”.
En entrevista con El Sur, Iliany Mojica explicó que se le señala de no cumplir su jornada laboral el 12 de marzo, así como los días 6, 8, 23, 27 y 28 de abril; el 14 y 15 de mayo, fechas en las se ausentó porque fue comisionada para asistir a actividades como el Festival de la Transparencia y el concurso Dibujando el Buen Gobierno de Guerrero, licencia económica y para atender su salud.
Indicó que el conflicto deriva de que tuvo una situación médica que atender, de la cual no está obligada a dar detalles, pero cuenta con los comprobantes, entre ellos, una receta expedida por el médico Moisés Encarnación Castillo, quien atiende a los trabajadores en el Recinto del Ejecutivo Estatal.
Señaló como sus “agresores” al subsecretario de Modernización Administrativa, Carlos Atila Espinoza Damián, y al delegado administrativo David Cárdenas López, quienes intentaron obligarla a revelar su condición médica, a pesar de que contaba con el permiso verbal de su jefa inmediata, la directora general de Transparencia, Liliana Contreras Soto, para acudir a recibir la atención que necesitaba.
Contó que supo, por la sección 75 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que Carlos Espinoza y David Cárdenas levantaron un acta administrativa en su contra, “yo temía mucho que me despidieran”, por ello acudió a la Codehum “a interponer una queja por la violación a mis derechos humanos y laborales, que mis agresores estaban realizando”.
“A la comisión le presenté mis recetas médicas, porque mis agresores dudaban que yo estuviera atendiendo mi salud. Yo se las demostré a la comisión, ellos tienen fe pública para validar la veracidad de los documentos”, subrayó.
También “interpuse una denuncia ante el órgano interno de control de la misma Secretaría, donde le solicité al secretario que instruyera a las autoridades para que se investigara a los servidores públicos que estaban violentando mis derechos”.
Además, acudió a la Fiscalía General del Estado “a interponer una denuncia penal, porque lo que me hicieron fue un delito, que es violencia laboral en razón de género y violación a la privacidad de los datos sensibles de salud”, no obstante, sólo procedió la denuncia en contra de Carlos Espinoza, debido a que el delegado administrativo “no tenía responsabilidad”, porque no tuvo contacto directo con Iliany Mojica.
Declaró que, además de perjudicarla, humillarla y ocasionarle daño psicológico, como consta en un dictamen elaborado por personal especializado de la Fiscalía, el subsecretario y el delegado administrativo le dieron a los escoltas de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda una fotografía suya, con el objetivo de que le prohíban acercarse a la mandataria.
A la fecha, la presidenta de la Codehum Cecilia Narciso no le ha concedido una audiencia para exponer su caso, pero la funcionaria sí se reunió con Carlos Espinoza, quien presumió en la oficina que “ya todo estaba arreglado, que a mí nadie me iba a hacer caso, que yo estaba quedando como una loca. Dijo también que esa cita fue pactada por el secretario José Francisco González”.
“Me siento indignada porque Cecilia Narciso recibió a un presunto agresor y no a una presunta víctima. Para mí no ha tenido tiempo”, expresó.
Pidió a la gobernadora “que me haga justicia, solicito la reinstalación de mi trabajo, en el mismo espacio físico laboral donde he estado por más de 14 años sirviendo al gobierno estatal”.