El secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, informó que ya se autorizó la única ampliación presupuestal que darán al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) por 12 millones 800 mil pesos.
Esto, después de que desde abril el Consejo General del IEPC ha solicitado en reiteradas ocasiones una ampliación presupuestal al gobierno estatal, por 72 millones 747 mil pesos, al final se autorizó una partida extraordinaria por 12 millones 800 mil pesos.
El órgano electoral había advertido una insuficiencia presupuestal y que con la reasignación de 20 millones 808 mil pesos, se quedaban sin dinero para el pago de aguinaldos, así como la instalación y operación de los 28 consejos distritales electorales.
Consultado al respecto, Raymundo Segura comentó que a partir de la reasignación que realizó el Consejo General del IEPC, en referencia a los 20 millones 808 mil 70 pesos que redujeron en diferentes áreas y serán destinados al pago de prerrogativas a los partidos políticos, el gobierno estatal autorizó una partida extraordinaria.
“Se llegó a un acuerdo. No vamos a darles ese apoyo extraordinario que se había solicitado, sin embargo, hay una cantidad importante, que en este caso son arriba de 12 millones de pesos 800 mil pesos que se van a dar”, informó el secretario de Finanzas y Administración.
Con estos casi 13 millones y los otros 20 millones 808 mil pesos que los consejeros lograron reasignar, así como “otros recursos” que tienen por algunas “retenciones”, dijo que “serán parte de esta utilización, para que salgan adelante con sus responsabilidades. Ya quedó arreglado, sólo se está programando de aquí a diciembre para poder otorgar el recurso”.
El secretario confirmó que el Consejo General del IEPC, sin tener la autorización de una ampliación presupuestal, decidieron reasignar “esos recursos de los últimos meses, para ciertas actividades y ciertos programas, ciertas acciones” a pesar de que la bolsa general autorizada por el Congreso local seguía siendo la misma, de 285 millones 346 mil pesos.
Así como que ese fue el motivo por el que no tenían “para recibir más recurso el último mes, porque ellos mismos lo habían retirado para asignarlo a otras acciones”.
Al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, se le preguntó sobre lo reiterado en el Consejo General del IEPC, respecto a que la falta de la partida extraordinaria se ponía en riesgo el proceso electoral, a lo que respondió que “no, porque en este año, el único acto que se desarrolla es la instalación de los consejos distritales y eso es hasta finales de noviembre”.
En Guerrero al entrar en vigor el Plan B serían despedidos del INE 200 trabajadores
La reforma electoral afectará la operación del organismo y se tendrá que gestionar una partida presupuestal para las liquidaciones, porque no hay fondos, afirma el vocal ejecutivo Donaciano Muñoz Loyola. En el caso del IEPC, la reducción de funcionarios no sería inmediata, porque la tendría que aprobar el Congreso local
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE Donaciano Muñoz; responde a cuestionamiento de los reporteros Foto: Jessica Torres Barrera
El vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, informó que en Guerrero serán unos 200 trabajadores los que perderían sus empleos en cuanto la reforma electoral denominada Plan B sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación.
Consideró que ésta afectará la operación del Instituto, además de que no tienen una partida presupuestal para liquidar a todos estos funcionarios.
Después de la firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, el vocal recordó que son 300 juntas distritales en el país que desaparecerían, incluidas las nueve de Guerrero y en su lugar se instalaría una oficina auxiliar encabezada por un solo vocal operativo y se eliminarían las otras cuatro figuras, por lo cual, “se verían seriamente mermadas las bases para poder llevar a cabo procesos electorales” que aseguren certeza.
Además, recordó que la contratación del personal auxiliar administrativo estará sujeta al presupuesto que se apruebe para la operación y “no hay garantía de que se puedan conservar todos los espacios de trabajo que el día de hoy tenemos”.
En cada una de las nueve juntas distritales de Guerrero hay seis figuras contando la de jefatura de oficina que “tendrían que ser eliminadas, estamos hablando de 54 personas y 16 personas administrativas en promedio en cada junta, al ser nueve estamos hablando de 144, pero en total son 200 personas en el estado que podrían estar perdiendo su empleo”, precisó Muñoz.
Además, se sumarían los de la Junta Local Ejecutiva que de las cinco figuras que tiene se suprimirían dos, la de una sería la de vocal secretario, y la de Capacitación y Organización se fusionarán para que de dos personas solo quede una.
El vocal ejecutivo recordó que en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial de la Federación estas reformas, entran en vigencia y el INE debe acatar las disposiciones contenidas, entre las que están el que el secretario ejecutivo dejará ese cargo, que en el caso de Guerrero es Gregorio Aranda Acuña, para nombrar a un encargado de despacho.
Donaciano Muñoz consideró que la afectación “es a la operación del Instituto, lo que inyecta un grado de incertidumbre muy grande a la realización de las elecciones”.
Sin embargo, también recordó que el INE, los partidos políticos, fracciones parlamentarias y otros sectores impugnarían estas reformas, pero en tanto que la ley sea vigente el órgano debe implementarla en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine alguna suspensión.
Y recordó que el INE no tiene recursos adicionales para la liquidación de los 200 trabajadores que perderán sus empleos con la aprobación del plan B, “pudiéramos estar en la situación en la que no hubiera suficiencia para poder solventar eso, pero además con la posibilidad de que si la Corte determina una suspensión se tuviera que despedir al trabajador, pero por otro lado se tendría que recontratarlo debido a la suspensión de la Corte o en su caso de algún juez”.
Sin embargo, aún no tienen un estimado de lo que costaría en Guerrero el despido de esta cantidad de trabajadores, por lo que posteriormente lo revisarán “para establecer que monto tendríamos que estarle pidiendo a la Secretaría de Hacienda para poder fondear estas liquidaciones”.
Consideró que en lo inmediato la reforma no representará ningún ahorro porque se tienen que pagar liquidaciones de miles de trabajadores en todo el país, y además “paradójicamente de todo lo que tendríamos que contratar para el siguiente proceso electoral, si se merma la estructura, necesariamente tendrá que realizarse contrataciones temporales”.
Por su parte, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Luz Fabiola Matildes Gama confirmó que el órgano también tendrá que “reducir estructura y juntar estructura”.
Pero a diferencia del INE, el IEPC no tendrá que hacer estas modificaciones de manera inmediata porque estas reformas tendrán primero que pasar por el Congreso local, para entonces empezar a revisar como se reducirían las estructuras y las liquidaciones que se tienen que dar.
Firman Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
Este martes se realizó en las oficinas de la Junta Local del INE, la firma la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 (CIJ 2021), que realizaron representantes de instituciones que forman parte del Grupo Coordinador Institucional (GCI), que consiste en el “compromiso” de instrumentar acciones para atender las opiniones expresadas.
Entre los firmantes estuvieron Donaciano Muñoz Loyola; Luz Fabiola Matildes, la diputada presidenta de la Comisión de Niños y Adolescentes, Beatriz Mojica Morga; el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Miguel Alejandro Guizado Jaimes; la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, Xóchilt Sosa Rumbo; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán, y el subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irving de Jesús Jiménez Sánchez. Analiza el IEPC recortes de personal y de gastos ante el insuficiente presupuesto
Luego de que se les asignaron para este año 285 de los 400 millones que pidieron para operar, los consejeros evalúan si pedir a la gobernadora una ampliación presupuestal o un apoyo financiero, dice la presidenta Matildes Gama
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
La consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, informó que están cerrando el ejercicio de 2022, y harán ajustes luego de que el Congreso solo autorizó 285 millones de pesos para este 2023, por lo que pedirán a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda una ampliación presupuestal o un apoyo financiero.
Consultada este martes antes de iniciar la Firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de la Consulta Infantil y Juvenil, que se celebró en la Junta Local Ejecutiva del INE, en Chilpancingo, Luz Fabiola Matildes comentó que ya sea en septiembre o noviembre –depende del destino del Plan B electoral en la Suprema Corte– inician el proceso electoral, y deberán instalar 28 consejos distritales.
Mencionó que aún no tienen autorizado el presupuesto para dicho proceso electoral y también les faltan recursos para el financiamiento de partidos políticos, por lo que están analizando las áreas donde puedan reducir gastos.
Detalló que en junio del año pasado solicitaron que su presupuesto fuera de 400 millones de pesos, pero solo les autorizaron 285, de los cuales 171 son para financiamiento público. Con el resto tiene que trabajar el Consejo General, a pesar de que creció el padrón electoral y, por lo tanto crece el financiamiento público, que en este año significan 20 millones de pesos más que deben dar a los partidos políticos, y que tomarán de su presupuesto base.
Matildes dijo que el IEPC tiene recursos para operar hasta junio, y han privilegiado actividades virtuales, aunque no pueden evitar las consultas. La primera que ya están por concluir para preguntar a comunidades de 43 municipios cómo querían tener su representación en los consejeros distritales de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Dijo que el Consejo General del IEPC ya aprobó que en algunos distritos habrá tres representaciones, como en Ometepec que tendrá representación amuzga, nahua y afromexicana, en otro distrito habrá representación mixteca, tlapaneca y nahua. Y en otros solamente afromexicana. Varía de acuerdo a los distritos electorales.
Aseguró que este año harán otra consulta para saber cómo será la representación en el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas, “cómo los partidos políticos deben de registrar sus candidaturas, eso es lo que vamos a trabajar y habremos de recorrer 49 municipios de la región de la Montaña, Costa Chica y de la región Norte”.
Expuso que ante la falta de presupuesto redujeron papelería, gastos en gasolina y viáticos, y analizan un recorte de la plantilla laboral.
En marzo Morena terminará de pagar multas por 32 millones
Se le preguntó cuándo concluirá Morena de pagar sus multas luego de que el presidente estatal, Jacinto González Varona se quejó de la falta de presupuesto. Matildes respondió que concluyen en marzo de pagar un “remanente”, que es diferente a una multa, y se debe a que Morena no comprobó sus gastos por 32 millones de pesos desde 2019.
Detalló que fue la Unidad de Fiscalización del INE les ordenó como órgano electoral local retener esos 32 millones descontar 4 millones de pesos mensuales desde el año pasado, dinero que se regresa al gobierno del estado, “no es un recurso que se quede en poder del órgano electoral sino que se lo retiene el gobierno del estado”.
Aseveró que hasta ahora con ningún otro partido ha ocurrido algo similar y que en cuanto a multas hay unas que están verificando aplicar al PT, pero aún no están firmes.
En noviembre del año pasado, Jacinto González Varona, actual presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, afirmó que el IEPC retenía la totalidad de las prerrogativas del presupuesto programado para el partido, porque se aprovecharon del abandono en el partido para aplicar las sanciones, luego de que en 2019 el Comité Ejecutivo Estatal no contestó los requerimientos del INE que envió por correo electrónico.
El 25 de mayo de 2022 se le notificó al entonces delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Rafael Cuauhtémoc Ney Catalán, la resolución de que en “seguimiento al re-manente ordinario 2019 en el marco de la revisión del Informe Anual Correspondiente al ejercicio 2020”, debía reintegrar 32 millones 913 mil 981.74 pesos, luego de que no se entregó ningún documento en relación “al reintegro del remanente del ejercicio fiscal 2019”, a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.
Un año antes, el presidente estatal de Morena fue el actual secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
El Comité Ejecutivo de las preparatorias populares acudió al Congreso local a una reunión con diputados locales, para pedir una ampliación presupuestal de 35 a 160 millones de pesos, que requieren para infraestructura, salarios, capacitación y actualización docente.
El presidente del Comité Ejecutivo General de las Preparatorias Populares, Emiliano Carreto Moreno, comentó que desde hace un mes buscan reunirse con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la priista Flor Añorve Ocampo, pero no los ha recibido.
Este jueves pudieron reunirse con los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, Eusebio González Rodríguez y Víctor Martínez Toledo, respectivamente, a quienes les plantearon un incremento presupuestal, solicitud que año con año tienen que realizar a los diputados en turno.
Recordó que el año pasado, para el ejercicio fiscal 2017, el Congreso aprobó 35 millones de pesos, pero esperan que para 2018 realicen “un incremento considerable”.
Dijo que para el ciclo escolar requieren por lo menos 140 millones de pesos, pero por los incrementos a los precios derivados del alto costo de la gasolina, las necesidades suben a 160 millones.
“Que va a solventar un poco la parte de la infraestructura, el pago a los profesores, también capacitación y actualización de los docentes”, comentó el presidente.
La respuesta Eusebio González y Víctor Martínez a la petición de incremento del presupuesto fue “que lo están platicando y que llevarán la propuesta al resto de los diputados”.
Los maestros que asistieron a la reunión privada con los diputados, les pidieron que fueran intermediarios para conseguir una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para plantearle la misma solicitud de recursos, porque este año recibieron lo mismo que en 2015.
Carreto Moreno recordó que reciben solo 35 millones de pesos para 90 preparatorias populares, con 800 maestros que atienden a unos 14 mil estudiantes Dijo que mínimamente requieren 70 millones de pesos para poder funcionar, pero si pudieran recibir los 160 mejorarían las condiciones en las que los maestros tienen que dar clases.
Los diputados y maestros acordaron una próxima reunión para el jueves 30 de noviembre en el Congreso local, en la que tendrían que darles una respuesta de cuándo podrían reunirse con el gobernador “y de ser posible ya tener un avance de la propuesta de incremento”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).