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Por recortes federales, heredará pasivos por 300 millones, adelanta el rector de la UAG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Derivado de los recortes presupuestales del gobierno federal a las bolsas económicas en las que concursaba la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para proyectos académicos, la actual administración de la institución heredará pasivos por 300 millones de pesos a la próxima que encabezará Javier Saldaña, reconoció el rector José Alfredo Romero Olea.
En medio de esta situación financiera, el 40 por ciento de los casi 6 mil trabajadores ya están en edad de jubilarse pero no hay recursos para el pago de su pensión.
Entrevistado después de que entregó el expediente de concesión a la radio de la UAG, XEUAG, en las instalaciones de Rectoría, Romero Olea, quien termina su periodo el 26 de septiembre y el 27 toma posesión el nuevo rector Javier Saldaña Almazán, acotó que los problemas financieros por los recortes presupuestales se están presentando en la mayoría de las universidades.
“Hubo recortes a las bolsas económicas en las que concursábamos para proyectos académicos, que ya no se convocaron”, declaró.
Informó que estos recursos generalmente se utilizaban para el pago de fallecimientos de trabajadores o para las prestaciones de quienes renunciaban.
“La falta de recursos para ese tipo de proyectos está generando problemas en todas las universidades y la nuestra no es la excepción. Ahorita ya tenemos pasivos de casi 300 millones de pesos”, informó Romero Olea.
Agregó que el problema se complicará porque hay otro grupo de trabajadores “que ya estamos en edad biológica para retirarnos, pero por falta de recursos no lo hemos hecho”.
Explicó que el 40 por ciento de la plantilla total, que es de unos 6 mil trabajadores, ya están en edad de jubilarse, lo que implica que son unos 2 mil trabajadores en espera de sus jubilaciones.
“Hemos ido solventando algunos casos, que se nos han ido presentado de compañeras que están en muy malas condiciones. Hemos hecho gestiones o se han pagado con recursos de ahorros propios y, en ese sentido, hemos ido avanzando pero son paliativos. El problema de fondo no lo hemos resuelto”, reconoció Romero Olea.
Sin embargo, de acuerdo con su opinión, el balance de su administración, que termina en una semana, “es positivo”.
Resaltó que a pesar de la pandemia “tuvimos una universidad trabajando y en constante movimiento”.
Destacó que hubo gobernabilidad y mantuvo buenas relaciones con las dependencias federales, especialmente con la Secretaría de Educación Pública (SEP), Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior, así como con el gobierno estatal.
Para el rector, “tenemos a una universidad que está laborando al 100 por ciento y eso satisface”.
Añadió que uno de los retos que se vienen es la incorporación de la institución a las nuevas etapas de la Nueva Escuela Mexicana, que está implementando el gobierno federal, además de insertarse en las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.
Dijo que si la institución no se actualiza en estos aspectos, está condenada a quedarse atrasada y quedarse solamente con las carreras convencionales.

 

Decretan extinción del fideicomiso que definía como paraestatal al Centro de Convenciones

Ramón Gracida Gómez

El gobierno estatal publicó el 11 de julio pasado en el Periódico Oficial el decreto por el que autoriza la extinción del fideicomiso público 277 que daba el carácter de entidad paraestatal al Centro Internacional Acapulco (nombre oficial del Centro de Convenciones de Acapulco) y lo desincorpora de la administración pública estatal.
Justifica esta decisión porque el inmueble ya no está en condiciones para ser usado, tiene pasivos, falta de ingresos, y aun si el gobierno estatal tuviera los recursos para rehabilitarlo, “este ya no podrá ser destinado como fuente de ingresos del Fideicomiso, ya que en él, se construirá el Hospital de Tercer Nivel” del ISSSTE.
El documento de 12 páginas sintetiza la historia administrativa de este espacio cultural, comenzando con el “Fideicomiso de Desarrollo Económico Social de Acapulco, Gro.” celebrado por el gobierno federal y Nacional Financiera S.A. el 21 de junio de 1976, y que tiene como patrimonio el Centro de Convenciones.
El 15 de julio de 1987 se publicó otro decreto presidencial con el fin de que el gobierno de México “cediera los derechos y obligaciones que como Fideicomitente tenía en dicho Fideicomiso, en favor del estado de Guerrero”.
El 27 de junio de 2009 se suscribió un nuevo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Irrevocable denominado Fideicomiso Número 277 Centro Internacional Acapulco.
El 21 de julio de 2014 se formalizó en el Diario Oficial de la Federación la entrega al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) las instalaciones del Centro de Convenciones de Acapulco, “con la finalidad de contribuir a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y de los recursos turísticos, así como a la promoción del financiamiento de las inversiones privadas y sociales”.
La Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal pidió en un oficio con fecha del 10 de julio pasado la extinción del Fideicomiso Público 277 por varias razones, entre ellas que un dictamen de riesgo del 16 de junio y firmado por el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, determinó “que el inmueble no se encuentra en condiciones de uso y por tanto inhabitable”.
La segunda justificación es que “que no se cuenta con presupuesto para rehabilitar el inmueble” y una tercera señala que no existen “movimientos en el Fideicomiso” desde el 2016.
Asimismo, se reportan pasivos “que a la fecha no han sido resueltos por falta de ingresos” y a la vez no hay ingresos porque el inmueble “no está en condiciones de uso”. El decreto indica que la administración estatal pasada ya había iniciado trámites para promover la extinción.
Finalmente, “aun cuando se contara con recursos para rehabilitar el inmueble, este ya no podrá ser destinado como fuente de ingresos del Fideicomiso, ya que en él, se construirá el Hospital de Tercer Nivel del ISSSTE”.
El artículo primero del decreto del gobierno estatal señala: “Se autoriza la Extinción del FIDEICOMISO PÚBLICO 277.- “CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO” y/o FIDEICOMISO PÚBLICO “CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO”, (en lo sucesivo “EL FIDEICOMISO”), con carácter de entidad paraestatal y se ordena su desincorporación de la Administración Pública Estatal”.
El decreto también abroga diversos acuerdos, entre ellos, el que crea la galería Dolores Olmedo en la Unidad de Servicios Culturales y publicado en el Periódico Oficial del gobierno estatal el 8 de julio de 1988.