Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El indígena nahua, José Santos Nava, quien vivía en la colonia Frente de Defensa Popular (FDP) de Chilapa, desapareció el martes pasado y fue hallado muerto el jueves sin que la Fiscalía General del Estado (FGE) le haya informado a su familia dónde ni las circunstancias de su muerte, denunció ayer el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
El organismo informó que el indígena es integrante del Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas, y responsabilizó a los tres órdenes de gobierno de su asesinato, así como de la integridad física de las personas defensoras de derechos humanos periodistas y luchadores sociales que están siendo asesinadas en Guerrero.
De acuerdo con el Centro Morelos, Santos Nava desapareció cuando salió al centro de Chilapa a realizar unas compras, y ya no regreso a su vivienda, y el jueves la Fiscalía le avisó a su familia que fue encontrado su cuerpo sin vida, “sin que le dijeran dónde lo encontraron”.
La víctima y su esposa María Alejandra Valle González pertenecían al Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas porque el 18 de agosto del 2015 desapareció, también en Chilapa su hijo Benjamín Santos Valle, de 14 años de edad, del cual hasta la fecha se desconoce su paradero.
La familia del asesinado era originaria de la comunidad nahua de Ahuixtla, municipio de Chilapa, y desde el 2015 llegaron a vivir a la colonia Frente de Defensa Popular de la cabecera municipal.
El Centro Morelos informó que por la pobreza, José instaló un pequeño puesto de abarrotes en las cercanías del mercado agroindustrial, pero en el 2017 personal del Ayuntamiento lo acosó exigiéndole que desocupara el lugar.
“Incluso en una noche sufrió el robo de su mercancía, y con el apoyo del Centro Morelos logró que lo dejaran en paz un tiempo, pero en los últimos meses reinició el acoso, por lo que no se descarta que esa sea la causa de su desaparición y posterior asesinato, ya que don José era un hombre de 71 años de edad, muy humilde y pacífico”, informó el organismo.
Agregó que “este indignante crimen” se suma a toda la cadena de homicidios dolosos y atentados que vienen ocurriendo día con día en el estado de Guerrero, donde líderes, funcionarios o exfuncionarios y personas comunes de cualquier sexo y edad son víctimas de la violencia e inseguridad generada desde las esferas gubernamentales, que manejan o encubren a los grupos narco paramilitares y delincuenciales”.
Recordó que apenas el 16 de octubre fueron entregados los restos de Pablo Zeferino Ángel a su esposa Kenya Adilene Baltazar Acho, después de haber sido desaparecido el 8 de marzo de 2017 y localizado desmembrado y calcinado en un taxi en Chilapa el 17 de marzo del mismo año, “o sea que cerca de seis años permaneció desaparecido en el Semefo”.
Se informó que Kenya también pertenece al Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas.
“Es mentira que el estado esté rebasado por la delincuencia o la inseguridad, está muy rebasada su falta de voluntad y honestidad para atender el flagelo de la inseguridad”, escribió en su comunicado el organismo.
“Pese a todo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, todos los días dice que ya hay menos homicidios, que ya hay más seguridad y que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero está dando buenos resultados, y hasta felicita a las instituciones que son parte de dicha mesa y cada vez que anuncia que se van a fortalecer los operativos de seguridad, aumenta el número de homicidios dolosos, desapariciones, desplazamientos y enfrentamientos”, denunció.
“Una vez más hacemos responsables a los gobiernos gobierno federal, estatal y municipal de la seguridad e integridad física de las personas Defensoras de Derechos Humanos Periodistas y Luchadores Sociales y le exigimos garantías para realizar nuestro trabajo”, acusa.
El Centro Morelos exigió la reparación integral del daño a las familias que han recibido los restos de sus familiares desaparecidos.
“Exigimos a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso estatal que inmediatamente aprueben la Ley en Materia de Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Concluyó: “que quede claro, no somos conservadores ni militantes de algún partido político o religioso y menos de algún grupo narco-paramilitar o delincuencial, tampoco somos resentidos como lo ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, somos defensores de derechos humanos que no nos vendemos ni claudicamos”.