Etiqueta: Centro Morelos

Demandan atención médica familiares de víctimas de la violencia en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Zitlala

 

Familiares de víctimas de la violencia de los municipios de Chilapa y Zitlala que representa el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y de los colectivos de Chilpancingo y Acapulco reclamaron este martes en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud atención médica plena como lo establece la Ley General de Víctimas.
La mayoría de los familiares llegaron desde de Zitlala y Chilapa, se trata de indígenas nahuas que tienen parientes desaparecidos o asesinados, a quienes por el problema que viven se les han complicado padecimientos, sobre todo de diabetes, hipertensión, enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel.
Los más de 20 ciudadanos fueron acompañados por el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, el representante del Colectivo de Víctimas de Acapulco Ciro Fuentes Urióstegui, del Colectivo Chilpancingo Lamberto Castro de la Cruz y la representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Olivia Cortez Cerón.
Olivares Hernández informó que a raíz de la reunión del 7 de marzo con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero, convinieron brigadas médicas para la atención de las familias de víctimas de Zitlala y Chilapa. Se hicieron el 15 de marzo en Chilapa en donde se realizaron 26 consultas pero se dejaron sólo 15 recetas sin medicamentos, mientras que de las 15 consultas del 15 de marzo en Zitlala, cuatro quedaron sin receta.
Para Olivares Hernández la actitud de la dependencia es una burla porque de nada sirve a las víctimas una receta si no cuentan con los medicamentos, y denunció que el gobierno estatal no cumple la Ley General de Víctimas que establece una atención integral.
Informó que a partir de que desaparecieron o les asesinaron a un familiar, a los familiares de las víctimas se les han agravado padecimientos crónicos como diabetes o hipertensión arterial, otros han adquirido estas enfermedades a raíz del problema que viven, mientras que la mayoría sufre de enfermedades gastrointestinales, respiratorios o de la piel y requieren de una atención permanente y adecuada.
Al respecto el director del Centro Morelos demandó que al subsecretario de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Armando Bibiano que los atendió, que no solamente les garantice las consultas y los medicamentos, sino que haya brigadas permanentes y calendarización de las visitas del personal médico de la dependencia.
El representante del Colectivo Chilpancingo, Lamberto Castro entregó una relación de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados o secuestrados que pertenecen a ese colectivo para que reciban atención médica.
Se quejó ante el funcionario que desde 2017 que el colectivo de Chilpancingo trabaja a favor de las víctimas de la violencia, cada acuerdo que asumen con el gobierno del estado, “se lo lleva el viento”.
A su vez, Ciro Fuentes del colectivo de Acapulco le espetó al subsecretario que los familiares de las víctimas no están actuando por capricho al reclamar sus derechos, sino porque existe una Ley de Víctimas que las autoridades deben cumplir. Y se quejó de que en Guerrero no hay instituciones que atiendan a las víctimas, que por eso la atención es muy lenta.
Reclamó: “No nos dejen solos”, y dijo que los familiares de las víctimas no se podrán reincorporar plenamente a la sociedad si continúan con estos problemas.
Olivia Cortés del CCTI le dijo al funcionario que las víctimas de la violencia no son pacientes normales, porque están viviendo un problema social y como consecuencia sus padecimientos emocionales o físicos se les complican.
Reclamó atención sobre todo para los niños y las personas adultas mayores, quienes, dijo, tienen derecho a la salud.
Los familiares de las víctimas fueron recibidos en la sala de juntas de la Secretaría de Salud y el subsecretario Bibiano se comprometió a “corregir las circunstancias” y a cumplir con lo que se comprometió la dependencia en la reunión con el gobernador, y anunció que las brigadas médicas y la atención a las víctimas van a ser de manera permanente y garantizó el abastecimiento de medicamentos, como lo exigieron los representantes de los colectivos de víctimas y del Centro Morelos.

 

Por el 10 de Mayo, familiares de desaparecidos se solidarizan con las madres de los 43

Familiares de víctimas de desaparición en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y activistas pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que renuncie a la gubernatura de Guerrero, si no es capaz de resolver los crímenes y la violencia.
A las 2 de la tarde los familiares de los desaparecidos, el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, la integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, Roberta Campos Adame, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y otros activistas se reunieron en el antimonumento a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad, e hicieron un mitin en el que se solidarizaron con las madres y padres de familia de los jóvenes.
Campos Adame dijo que la manifestación fue en la víspera del Día de las Madres para reivindicar a las mujeres que luchan por la vida de sus hijos, “desde el momento en que se da a luz está en riesgo la vida, hoy nos ha convocado la solidaridad con esas madres que llevan tres años luchando”, dijo de las madres de los 43 normalistas.
Mencionó que durante la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero en 1960, las madres de familia se movilizaron al lado de sus hijos, Hermelinda López y Dorotea Jacobo murieron en la masacre del 30 de diciembre, “cada una de las compañeras o madres dieron una lucha ejemplar, gracias a ellas tenemos una universidad disque autónoma, hoy los que la dirigen la han entregado poco a poco al Estado”, expresó en referencia al rector Javier Saldaña Almazán y el Grupo Universidad Guerrero y sus vínculos con el PRI y el gobernador.
Manifestó que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa unió a las madres que piden en las calles la presentación con vida de sus hijos, y “queremos decirle fuerte a Astudillo (el gobernador) que estamos cansados de que sigan apareciendo cuerpos en la carreteras, de las persecuciones, si no es capaz de parar los secuestros y las muertes que renuncie”.
Por su parte Olivares Hernández dijo que el mitin fue para solidarizarse con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ayer una comisión protestó en la Ciudad de México y otra acudió a la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el caso no se cierre hasta que los encuentren y los devuelvan con vida.
“Vamos a cumplir 44 meses sin que el gobierno federal tenga la voluntad de encontrarlos, le exigimos a Astudillo que si no es capaz de solucionar” la violencia e inseguridad “renuncie”, y que el gobierno elabore estrategias particulares en contra de los delitos para mejorar la situación en el estado.
Puntualizó que este 10 de mayo las madres de familia no van a celebrar de la misma forma, como los hijos de los desaparecidos no festejaron el 30 de abril el Día del Niño.
Los representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos se sumaron a la exigencia de que el gobernador demuestre que puede solucionar los crímenes en Guerrero o bien, se retire porque su promesa de orden y paz está lejos de la realidad, prueba de ello son los constantes asesinatos y desapariciones en las que las víctimas son criminalizadas por las autoridades de manera irresponsable.
Antes de retirarse los manifestantes corearon las consignas “vivos se los llevaron, vivos los queremos” e “hijo, escucha, tu madre está en la lucha”.

 

 

Rechazan familiares el procedimiento para integrar la comisión de búsqueda de personas

Familiares de víctimas de la violencia integrados en los colectivos de Chilpancingo, Huitzuco, Chilapa, Acapulco, así como el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), rechazaron el procedimiento que sigue la Secretaría General de Gobierno para designar a quienes integrarán la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
El 24 abril la Secretaría General de Gobierno informó de la creación de esa comisión para “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
En un pronunciamiento conjunto los representantes de los colectivos y de organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y sus familiares demandaron al gobierno estatal que cumpla su obligación legal en la designación de los miembros de esa comisión, “dado que serán las cabezas de instituciones que tienen como objetivo la justicia, tan escasa y ausente en el estado”.
Asimismo demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaciones científicas con apego a protocolos y plena protección de los derechos humanos de víctimas e imputados, y que se cumpla plenamente con los procesos de búsqueda, localización, identificación y restitución de cuerpos o restos.
Firman el posicionamiento el Colectivo de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados y Secuestrados de Guerrero, el Colectivo de Familiares de Iguala y de Huitzuco Buscando Vida entre los Muertos, familiares de desaparecidos de Chilapa, de desaparecidos de Acapulco, el Centro Morelos y el Ccti.
Plantean que la Fiscalía General del Estado (FGE) funcione y encuentre a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas y de las desapariciones por civiles, de ejecuciones, secuestros y desplazamiento forzado.
Además que se dote de plena autonomía con recursos económicos, materiales y equipo humano multidisciplinario y técnico suficientes a la Comisión de Estatal de Búsqueda para que cumpla realmente su función.
Demandaron que se elabore un calendario de búsqueda de los desaparecidos, el reconocimiento jurídico de las víctimas, sus familiares y colectivos, la atención a todas las víctimas y agilizar los trámites correspondientes.
En su pronunciamiento destacan que debido a la violencia en el estado cada día hay una madre, una hija o una hermana que se suman a la búsqueda de sus familiares por su propia cuenta, “en los rincones menos imaginados donde guardamos la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, porque tenemos la desgracia de vivir en uno de los estados con más alto nivel de criminalidad en el país, y sin embargo no contamos con una Fiscalía que sirva realmente a las víctimas de la delincuencia organizada como debiera ser en un Estado de derecho”, reprocharon.
Consideraron que la autonomía de la que se dotó a la FGE, “sólo es un insulto para las familias de las víctimas directas e indirectas de la violencia, pues el gobernador Héctor Astudillo Flores alude a ella como la manera más fácil de sacudirse la obligación que tiene de garantizar los derechos que corresponden a las víctimas, principalmente los derechos sociales a la verdad y a la justicia”.
Cuestionan la falta de voluntad política “que se reproduce desde el gobernador hasta los servidores públicos que ocupan cargos importantes y estratégicos para combatir la crisis humanitaria que hemos enfrentado desde hace una década”.
En estas circunstancias consideran que son preocupantes las condiciones en que trabaja la FGE, porque no cuenta con una estrategia de combate efectivo en contra de la criminalidad y persecución del delito debido a la inexistente articulación efectiva entre las corporaciones policiacas federales y locales con los gobernantes.
Agregan que no existe una propuesta política de combate a la corrupción y la impunidad, “por el contrario, la militarización va incrementando sin tener efecto en la seguridad”.

Javier Olea acumuló cientos de casos de desapariciones, secuestros, ejecuciones, desplazamientos que están en la impunidad

Añaden que el ahora ex fiscal Javier Olea Peláez acumuló en sus más de 28 meses en el cargo cientos de casos de desapariciones, secuestros, ejecuciones y varios desplazamientos, “entre las víctimas se cuentan más de una docena de políticos o funcionarios asesinados en Chilapa, decenas de ejecutados, cientos de desaparecidos, cuyas carpetas de investigación y averiguaciones previas permanecen hasta ahora en la impunidad”.
De la creación de la Comisión Estatal de Busqueda de Personas consideran que las comisiones o fiscalías especiales no van a ser realmente autónomas mientras tengan una carencia de recursos humanos, económicos y materiales.
Adelantan que serán obstaculizadas por los grupos de poder al interior de los tres órdenes de gobierno vinculados con los grupos de la delincuencia organizada, y lo más importante es si quien dirige carece de compromiso con las víctimas.
Frente a estas circunstancias dicen que los familiares de las víctimas se han unido y organizado en colectivos para acompañar un proceso legítimo, “y manifestamos que después de tanto tiempo viviendo en una situación de dolor e incertidumbre de nada nos han servido ni nos servirán los analfabetas funcionales, que sólo son nombrados para simular preocupación por la inseguridad y la alta criminalidad que azota a Guerrero, o que son colocados en puestos claves para garantizar la impunidad a los delincuentes gubernamentales y a los grupos de la delincuencia organizada”.
Proponen un mecanismo de evaluación y seguimiento para que se elaboren estrategias de búsqueda de los desaparecidos cumpliendo con los protocolos, que se garantice el derecho al acceso a la justicia con una estrategia clara de investigación, persecución y castigo de los responsables materiales e intelectuales por acción u omisión de las ejecuciones, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados.

 

Crece el cultivo de amapola y cae el de mariguana, informa la Sedena

Crecen 26% los  cultivos de amapola y disminuyen los de mariguana: Sedena

Benito Jiménez / Agencia Reforma

Ciudad de México

En 2017, los cultivos de amapola en México ganaron terreno frente a los de mariguana.
El hallazgo de la flor precursora de la goma de opio, que a su vez se utiliza para producir heroína, creció 26 por ciento respecto de 2016, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En sus operaciones de erradicación de cultivos de enervantes, los militares reportaron en 2017 el hallazgo de 28 mil 221 hectáreas sembradas con amapola, contra las 22 mil 235 hectáreas de 2016.
Tras detectar el repunte anual, en abril de 2017 el Departamento de Estado reconoció que Estados Unidos buscaba financiar un esfuerzo más amplio de erradicación de amapola. En 2011 habían sido destruidas sólo 12 mil hectáreas de ese cultivo.
Además, las muertes por sobredosis de drogas están en los máximos niveles de los últimos 20 años en ese país, con 54 mil 404 casos en 2015, un promedio de 149 al día.
Sólo detrás de Afganistán y Myanmar, México es el tercer productor de heroína en el mundo, según el Informe Mundial sobre Drogas 2017 de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito.
“El que los soldados hallen más amapola que mariguana es una lógica de mercado; la legalización de la mariguana hizo que ya no fuera un negocio”, advirtió el académico de la UAM, Gui-llermo Garduño, experto en temas de narcotráfico y seguridad.
Los estados que lideran en los hallazgos son Guerrero, pero también Durango, Sinaloa y Chihuahua, estados que conforman el Triángulo Dorado, controlado por el Cártel de Sinaloa.
Por el contrario, la mariguana perdió terreno.
Los militares reportaron 24 por ciento menos cultivos de mariguana localizados, al pasar de 5 mil 395 en 2016 a 4 mil 86 hectáreas en 2017.
Del total de 32 mil 307 hectáreas con sembradíos de enervantes, sólo el 14 por ciento fueron de mariguana.
Fuentes militares atribuyeron el desbordamiento de amapola a las altas ganancias que le generan a los cárteles de la droga.
Datos de la PGR establecen que mientras un kilo de mariguana le genera al narcotráfico una ganancia estimada de 80 dólares, el de un kilo de heroína puede llegar a los 35 mil dólares.
“La droga sintética lidera ahora el mercado. En la zona de Durango y Chihuahua ahora hay hectáreas cubiertas de amapola”, indicó un mando de la Sedena que coordina tareas de erradicación.
Cuatro municipios encabezan la producción de amapola: Mez-quital y Tamazula, en Durango; Guadalupe y Calvo, en Chihua-hua, y Heliodoro Castillo, en Guerrero.
La milicia también considera a Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Jalisco y Sonora como focos rojos por el crecimiento de cultivos de amapola en los últimos tres años.

Levantan a nueve miembros de una familia en Ahuacuotzingo; liberan siete y dos no aparecen

Siete hombres armados vestidos de militares se llevaron al grupo la tarde del sábado, incluyendo a dos niños de 10 y 12 años en la camioneta en que viajaban, que fueron localizados el mismo día. Sigue la búsqueda de dos hombres entre ese municipio y Chilapa, informa el vocero de seguridad

Luis Blancas

Chilpancingo

La tarde del sábado siete hombres vestidos con ropa militar levantaron a nueve integrantes de una familia en las inmediaciones en la comunidad de Trapiche Viejo municipio de Ahuacotzingo; siete fueron liberados ese día, entre ellos dos menores de 10 y 12 años y dos hombres siguen desaparecidos.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, difundió la mañana de ayer en un comunicado, que a las 2:30 de la tarde del sábado la Policía Municipal encontró a una mujer en el lugar conocido como Barranca Honda que se dirigía caminando a Chilapa, y denunció que hombres armados se habían “llevado a varias personas” y la camioneta en que iban los 10 pasajeros.
En el parte de Policía Estatal se informó que la mujer contó que iba con su familia a bordo de una camioneta roja procedente de Estados Unidos y que en la comunidad Trapiche Viejo se les emparejó una camioneta blanca marca Toyota Hilux, de la que descendieron siete hombres armados vestidos de militar y se llevaron a sus familiares y después se robaron su camioneta.
Agrega que este hecho pudiera ser en contra de la familia, porque “ayer (viernes) tuvieron problemas por que fueron a jugar un torneo de gallos a Alpoyecancingo de Tlapa (en el) que ellos se llevaron el primer lugar”.
El vocero de seguridad señaló que después de la denuncia, la Policía del Estado y el Ejército con un helicóptero realizaron un intenso operativo en la zona entre Chilapa y Ahuacuotzingo, “ el sábado se localizó sanos y salvos a siete personas, y apareció la camioneta”.
El funcionario estatal dijo que las personas halladas son dos menores de 10 y 12 años, dos jóvenes de 18 y 19, una mujer de 48 años y dos hombres de 42 años, mientras que dos hombres continúan privados de su libertad y la operación de búsqueda se reanudó ayer.
Álvarez Heredia comentó que la tarde de ayer terminó el operativo de buscar a un hombre y un joven en la que no hubo resultados y agregó que hoy continuará los recorridos en Chilapa y Ahuacuotzingo para dar con el paradero de ellos.

Asesinan a balazos a dos hombres, uno  en Tuncingo y otro en Renacimiento

Dos hombres fueron asesinados ayer, uno de ellos un chofer de una Urvan en el poblado de Tuncingo, en la zona rural, mientras que otro hombre en Ciudad Renacimiento.
El primer crimen se reportó a las 4:30 de la tarde, a un costado de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, se indica en el reporte ministerial.
Los policías encontraron a un hombre muerto a balazos y a unos 10 metros una Urvan de la ruta Vacacional-Aeropuerto, mal estacionada en la vía federal.
La versión policiaca es que dos hombres armados persiguieron a su víctima y éste al tratar de huir se salió del vehículo, pero los agresores le dispararon por la espalda.
El Ministerio Público de El Coloso abrió una carpeta de investigación por el crimen, mientras que la víctima, en calidad de desconocida, fue trasladada al Semefo.
En otro caso, un hombre fue asesinado a balazos en Ciudad Renacimiento.
El crimen se reportó a las 8 de la noche, en el bulevar Vicente Guerrero, frente a la estación de transferencia del Acabús, se indica en el reporte policaco.
Según testigos, dos hombres armados persiguieron a balazos a su víctima hasta matarla. El hombre tenía unos 30 años y vestía una camisa azul, pantalón de mezclilla y tenis blancos.
Los peritos localizaron al menos 10 casquillos percutidos de un arma calibre .9 milímetros dispersos en toda la vialidad.
En lo que va del mes van seis víctimas, y en el año suman ya 86 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.
Minutos después, un camión urbano fue incendiado en la colonia Nopalitos, ubicada cerca del Retorno.
El siniestro se reportó a las 8:15 de la noche en calle Fundador, se indica en el reporte de Bomberos.
La versión policiaca es que hombres desconocidos rociaron gasolina al vehículo y después le prendieron fuego.
Los bomberos sofocaron el fuego del camión de la ruta Hospital-Vacacional; no se reportaron víctimas solamente daños materiales. (Redacción).

Matan a balazos a tres hombres en Iguala, Zihuatanejo y Taxco; uno tenía el tiro de gracia

Un hombre de unos 30 años fue asesinado de un disparo en la cabeza cerca del plantel 3 del Colegio de Bachilleres en la colonia Heberto Castillo en Iguala, otro de 19 años fue ejecutado en Agua de Correa en Zihuatanejo y uno más fue acribillado mientras caminaba con su pareja en la cabecera municipal de Taxco.
En lo que va del año en Iguala van 15 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según el recuento de El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que minutos antes de las 8 de la mañana les reportaron un asesinato en la calle Ciudad Industrial en Iguala.
Policías municipales y estatales confirmaron que había un cuerpo boca abajo y con un disparo en la cabeza. El hombre vestía pantalón de mezclilla gris, playera azul y estaba descalzo.

Zihuatanejo

La tarde de ayer un joven asesinado a balazos fue hallado en una terracería cerca del panteón de Loros en Agua de Correa, Zihuatanejo.
Con este hecho en lo que va del año en este puerto suman siete homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, indica el recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la SSP estatal informaron que a las 2:50 de la tarde les reportaron que había una persona asesinada a balazos en este asentamiento.
El cuerpo estaba boca arriba y vestía una playera blanca, short azul y estaba descalzo,
fue identificado como Daniel de 19 años vecino de Zihuatanejo.

Taxco

Un joven de 28 años fue ejecutado a balazos en el Barrio de los Tajos en Taxco de Alarcón.
Fuentes de la SSP estatal informaron que a las 7:26 de la noche de ayer recibieron el reporte sobre una persona herida de bala en la calle del Consuelo en este asentamiento.
Según testigos el hombre iba acompañado por su pareja y fue interceptado por un civil armado quien lo atacó a balazos, el cuerpo quedó boca arriba en medio de la calle y fue identificado como Martín. La mujer quedó ilesa.

Detienen a dos hombres con 250 kilos de mariguana entre Zumpango y la capital

Agentes de la Policía Federal (PF) sector Caminos detuvieron la noche del sábado a dos hombres a bordo de una camioneta de redilas  que transportaba mariguana en la Autopista del Sol entre Chilpancingo y Eduardo Neri (Zumpango).
Fuentes de la PF informaron que a las 7:30 de la noche del sábado en una operación en la autopista en los límites de Chilpancingo y Zumpango pararon a dos hombres y en del área de carga de una camioneta se hallaron unos paquetes con mariguana con un peso de más de 250 kilogramos. Los dos detenidos, la camioneta y la droga fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Pese a cinco operaciones militares desde 2016, Chilapa es de las tres ciudades con más ejecutados en el estado

Terminó 2017 con 223 asesinatos atribuidos a los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos y en este año van 23 víctimas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Con cinco operaciones militares, que mantienen prácticamente sitiada a Chilapa desde 2016, esa ciudad sigue siendo una de las más violentas en el estado, como consecuencia de la disputa por el cultivo, el trasiego y la distribución de la droga que mantienen los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos.
La violencia atribuida por las autoridades estatales y federales a la confrontación entre esos grupos dejó el año pasado, según un recuento de El Sur, 223 asesinatos, y en lo que va de este año se han contabilizado 23.
Sólo la semana pasada sucedieron dos de los episodios de violencia más cruentos; el hallazgo de siete cuerpos desmembrados distribuidos en 15 bolsas de plástico, que habían sido reportados como desaparecidos. Mientras que la semana anterior se dio el caso de otras cuatro personas asesinadas en la misma cabecera municipal y sus alrededores, que también habían sido reportadas como desaparecidas: una de ellas decapitada, dos calcinadas y una mujer degollada.
Como consecuencia de la violencia, entre septiembre y octubre, también se suspendió el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Chilapa, así como en las de varias comunidades de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo. Asimismo, entre septiembre, octubre y noviembre, los maestros cerraron las escuelas de cinco municipios de la región educativa Montaña Baja ante las amenazas del crimen organizado.
La violencia continúa, a pesar de que desde 2016 se han desplegado al menos cinco operaciones militares en Chilapa y en los municipios vecinos.
En enero de ese año, el gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció una operación de 3 mil 500 soldados y 500 policías estatales para frenar la violencia en Chilapa y municipios vecinos. También se anunció entonces la detención de los líderes de las agrupaciones criminales que operan en la zona y responsables de las ejecuciones, levantones y enfrentamientos.
A partir de entonces se han anunciado otras cuatro operaciones para detener la violencia, pero ésta sigue incontrolable.
El 18 de marzo del 2017, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que más de 600 soldados y policías del estado garantizarían la seguridad de pobladores y visitantes en Chilapa, durante el puente vacacional de Semana Santa.
El 4 de octubre del 2017, el gobernador Astudillo Flores y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron en un boletín que la Policía del Estado “intensificará” sus patrullajes en la ruta Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, a raíz de la suspensión del servicio de transporte ante los asesinatos de los choferes.
El 12 de octubre, nuevamente el vocero informó en un boletín de prensa que policías estatales, ministeriales y militares harían una operación conjunta para encontrar vehículos robados, y personas armadas y con ello garantizar la seguridad y disuadir el delito en Chilapa.
El 13 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo anunció una nueva operación militar para reforzar la seguridad en las escuelas de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, para garantizar la seguridad de alumnos y maestros que habían suspendido sus labores por las amenazas del crimen organizado.
Desde el 2016, los militares mantienen retenes en todos los accesos a la cabecera municipal; uno se encuentra en el entronque de la carretera hacia Ayahualulco y que comunica con el municipio de Quechultenango; otro en el punto conocido como Los Ajos, en el entronque de la carretera que comunica con el municipio de Quechultenango, y otro a la salida hacia el municipio de Zitlala.
Sin embargo, a partir de ese año, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con base en registros periodísticos, contabilizó 146 asesinatos: 23 de las víctimas fueron decapitadas, 68 simplemente ejecutadas, seis fueron halladas, 16 desmembradas y 33 murieron en enfrentamientos y 26 resultaron heridas.
Además, el organismo registró 42 personas desaparecidas y el hallazgo de 56 restos humanos en cuatro fosas clandestinas.
Mientras tanto, en el 2017 el Centro Morelos registró los homicidios solamente de enero a septiembre, pues en octubre entregó su informe al Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert. F. Kennedy.
En esos nueve meses registró 175 asesinatos y ejecuciones; en enero fueron 17; 15 ejecutados y dos desmembrados; en febrero fueron 15, 14 ejecutados y un desmembrado; en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 30 víctimas, 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado; en abril registró 17 víctimas, 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados.
En mayo fueron 27 homicidios, cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados y 15 decapitados; en junio registró un total de 26 muertes violentas, 24 ejecutados, un decapitado, y un lapidado; en julio fueron 23, 15 ejecutados, cinco desmembrados y tres decapitados; en agosto fueron 12 víctimas, seis de ellas ejecutadas, tres desmembradas, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza humana; en septiembre fueron ocho asesinatos.
Mientras tanto, en el recuento de El Sur se registró un total de 223 homicidios durante ese 2017.
El Centro Morelos expuso en su diagnóstico (que cerró antes de que terminara el 2017) que las cifras de asesinatos superaban en mucho a las del 2016 y que a las ejecuciones se sumaron los desplazamientos masivos de familias de comunidades como Ahuiyuco, Tepozcoahutla y Tetitlán de la Lima.
“Desde los primeros meses del 2017 pudimos notar cómo el índice de criminalidad respecto a los años anteriores fue en aumento, sobre todo en el mes de marzo que fue uno de los más violentos”, destacó en su informe el organismo.
También destacó que muchos de los hechos de violencia ocurridos en ese año, fueron cerca de instalaciones militares. El Centro Morelos documentó, por ejemplo, que 18 de las víctimas cayeron (en distintas fechas) cerca del retén que está en la entrada de la carretera que llega de Chilpancingo, otros 11 cerca del retén ubicado rumbo a Tlapa, mientras que cerca de la salida rumbo a Zitlala ocurrieron tres asesinatos.
Precisó que el 12 de septiembre de ese año, aproximadamente a las 19 horas a sólo 150 metros del arco de la salida hacia la capital, donde se encuentra el retén militar, un taxi fue incendiado y dentro de él fueron hallados cuatro cuerpos, “este hecho sucedió un día después de que llegaron 500 militares y 100 policías estatales a reforzar la seguridad”, según registró el organismo en su documento denominado Contexto Violento de Chilapa y Zitlala.
Asimismo, relató que los episodios violentos se ampliaron a partir del 2016 a comunidades cercanas a la cabecera municipal como Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa.
En lo que va del año, nuevamente Chilapa repunta en el número de asesinatos después de Acapulco y Chilpancingo, que son ciudades con mucha más población. De acuerdo con el recuento de El Sur, en Acapulco van 79, Chilpancingo 29 y en Chilapa iban 23 hasta este sábado cuando se encontró una joven de 18 años con huellas de haber sido violada, torturada y estrangulada, en el barrio de El Calvario de esa cabecera municipal.
El caso de la joven está relacionado con el de los siete cadáveres que fueron encontrados desmembrados en 15 bolsas negras de plástico el 30 de enero. Dos de ellos correspondían al de sus padres que habían desaparecido junto con la joven una semana antes.
Los otros cinco de los siete cuerpos fueron de los indígenas artesanos del estado de Veracruz que llegaron a vender muebles al mercado de esa ciudad el 23 de enero y que también habían sido reportados como desaparecidos.
El vocero en materia de Seguridad del Gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró mediante un boletín que las siete víctimas (ahora 8 con la hija de la pareja) están vinculadas con el crimen organizado y que fueron ejecutadas en el contexto de la disputa de la plaza entre los llamados Ardillos y Rojos.
Asimismo, el 25 de enero fueron encontrados en distintos puntos de esa ciudad, cuatro personas asesinadas; un decapitado, dos calcinados y una mujer degollada dentro de una camioneta, cerca del cuerpo de ésta estaba dentro de una hielera su bebé de una semana de nacida.
Azucena Abarca, una mujer de 17 años, había sido levantada un día antes con su esposo Luis Gustavo Rodríguez y su bebé de una semana por presuntos policías estatales. El cadáver de Luis Gustavo fue uno de los dos hallados calcinados en el barrio de San José de esa cabecera municipal.
El 1º de febrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que a ese municipio “se le tiene que dar un seguimiento muy especial” y que se debe reforzar la seguridad porque “ya se ha convertido en una situación de un foco no de amarillo sino de muy rojo derivado de los asesinatos, de los crímenes que se están dando en forma más que salvaje”.
El presidente del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Chilapa, José Díaz Navarro, quien ha venido dando seguimiento a los casos de violencia en ese municipio, declaró el 31 de enero que mientras no se detenga a los líderes de los dos grupos que se disputan la plaza no se va a terminar la violencia en ese municipio y sus alrededores.

 

Pese a cinco operaciones militares desde 2016, Chilapa es de las tres ciudades con más ejecutados en el estado

 

Con cinco operaciones militares, que mantienen prácticamente sitiada a Chilapa desde 2016, esa ciudad sigue siendo una de las más violentas en el estado, como consecuencia de la disputa por el cultivo, el trasiego y la distribución de la droga que mantienen los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos.
La violencia atribuida por las autoridades estatales y federales a la confrontación entre esos grupos dejó el año pasado, según un recuento de El Sur, 223 asesinatos, y en lo que va de este año se han contabilizado 23.
Sólo la semana pasada sucedieron dos de los episodios de violencia más cruentos; el hallazgo de siete cuerpos desmembrados distribuidos en 15 bolsas de plástico, que habían sido reportados como desaparecidos. Mientras que la semana anterior se dio el caso de otras cuatro personas asesinadas en la misma cabecera municipal y sus alrededores, que también habían sido reportadas como desaparecidas: una de ellas decapitada, dos calcinadas y una mujer degollada.
Como consecuencia de la violencia, entre septiembre y octubre, también se suspendió el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Chilapa, así como en las de varias comunidades de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo. Asimismo, entre septiembre, octubre y noviembre, los maestros cerraron las escuelas de cinco municipios de la región educativa Montaña Baja ante las amenazas del crimen organizado.
La violencia continúa, a pesar de que desde 2016 se han desplegado al menos cinco operaciones militares en Chilapa y en los municipios vecinos.
En enero de ese año, el gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció una operación de 3 mil 500 soldados y 500 policías estatales para frenar la violencia en Chilapa y municipios vecinos. También se anunció entonces la detención de los líderes de las agrupaciones criminales que operan en la zona y responsables de las ejecuciones, levantones y enfrentamientos.
A partir de entonces se han anunciado otras cuatro operaciones para detener la violencia, pero ésta sigue incontrolable.
El 18 de marzo del 2017, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que más de 600 soldados y policías del estado garantizarían la seguridad de pobladores y visitantes en Chilapa, durante el puente vacacional de Semana Santa.
El 4 de octubre del 2017, el gobernador Astudillo Flores y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron en un boletín que la Policía del Estado “intensificará” sus patrullajes en la ruta Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, a raíz de la suspensión del servicio de transporte ante los asesinatos de los choferes.
El 12 de octubre, nuevamente el vocero informó en un boletín de prensa que policías estatales, ministeriales y militares harían una operación conjunta para encontrar vehículos robados, y personas armadas y con ello garantizar la seguridad y disuadir el delito en Chilapa.
El 13 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo anunció una nueva operación militar para reforzar la seguridad en las escuelas de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, para garantizar la seguridad de alumnos y maestros que habían suspendido sus labores por las amenazas del crimen organizado.
Desde el 2016, los militares mantienen retenes en todos los accesos a la cabecera municipal; uno se encuentra en el entronque de la carretera hacia Ayahualulco y que comunica con el municipio de Quechultenango; otro en el punto conocido como Los Ajos, en el entronque de la carretera que comunica con el municipio de Quechultenango, y otro a la salida hacia el municipio de Zitlala.
Sin embargo, a partir de ese año, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con base en registros periodísticos, contabilizó 146 asesinatos: 23 de las víctimas fueron decapitadas, 68 simplemente ejecutadas, seis fueron halladas, 16 desmembradas y 33 murieron en enfrentamientos y 26 resultaron heridas.
Además, el organismo registró 42 personas desaparecidas y el hallazgo de 56 restos humanos en cuatro fosas clandestinas.
Mientras tanto, en el 2017 el Centro Morelos registró los homicidios solamente de enero a septiembre, pues en octubre entregó su informe al Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert. F. Kennedy.
En esos nueve meses registró 175 asesinatos y ejecuciones; en enero fueron 17; 15 ejecutados y dos desmembrados; en febrero fueron 15, 14 ejecutados y un desmembrado; en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 30 víctimas, 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado; en abril registró 17 víctimas, 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados.
En mayo fueron 27 homicidios, cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados y 15 decapitados; en junio registró un total de 26 muertes violentas, 24 ejecutados, un decapitado, y un lapidado; en julio fueron 23, 15 ejecutados, cinco desmembrados y tres decapitados; en agosto fueron 12 víctimas, seis de ellas ejecutadas, tres desmembradas, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza humana; en septiembre fueron ocho asesinatos.
Mientras tanto, en el recuento de El Sur se registró un total de 223 homicidios durante ese 2017.
El Centro Morelos expuso en su diagnóstico (que cerró antes de que terminara el 2017) que las cifras de asesinatos superaban en mucho a las del 2016 y que a las ejecuciones se sumaron los desplazamientos masivos de familias de comunidades como Ahuiyuco, Tepozcoahutla y Tetitlán de la Lima.
“Desde los primeros meses del 2017 pudimos notar cómo el índice de criminalidad respecto a los años anteriores fue en aumento, sobre todo en el mes de marzo que fue uno de los más violentos”, destacó en su informe el organismo.
También destacó que muchos de los hechos de violencia ocurridos en ese año, fueron cerca de instalaciones militares. El Centro Morelos documentó, por ejemplo, que 18 de las víctimas cayeron (en distintas fechas) cerca del retén que está en la entrada de la carretera que llega de Chilpancingo, otros 11 cerca del retén ubicado rumbo a Tlapa, mientras que cerca de la salida rumbo a Zitlala ocurrieron tres asesinatos.
Precisó que el 12 de septiembre de ese año, aproximadamente a las 19 horas a sólo 150 metros del arco de la salida hacia la capital, donde se encuentra el retén militar, un taxi fue incendiado y dentro de él fueron hallados cuatro cuerpos, “este hecho sucedió un día después de que llegaron 500 militares y 100 policías estatales a reforzar la seguridad”, según registró el organismo en su documento denominado Contexto Violento de Chilapa y Zitlala.
Asimismo, relató que los episodios violentos se ampliaron a partir del 2016 a comunidades cercanas a la cabecera municipal como Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa.
En lo que va del año, nuevamente Chilapa repunta en el número de asesinatos después de Acapulco y Chilpancingo, que son ciudades con mucha más población. De acuerdo con el recuento de El Sur, en Acapulco van 79, Chilpancingo 29 y en Chilapa iban 23 hasta este sábado cuando se encontró una joven de 18 años con huellas de haber sido violada, torturada y estrangulada, en el barrio de El Calvario de esa cabecera municipal.
El caso de la joven está relacionado con el de los siete cadáveres que fueron encontrados desmembrados en 15 bolsas negras de plástico el 30 de enero. Dos de ellos correspondían al de sus padres que habían desaparecido junto con la joven una semana antes.
Los otros cinco de los siete cuerpos fueron de los indígenas artesanos del estado de Veracruz que llegaron a vender muebles al mercado de esa ciudad el 23 de enero y que también habían sido reportados como desaparecidos.
El vocero en materia de Seguridad del Gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró mediante un boletín que las siete víctimas (ahora 8 con la hija de la pareja) están vinculadas con el crimen organizado y que fueron ejecutadas en el contexto de la disputa de la plaza entre los llamados Ardillos y Rojos.
Asimismo, el 25 de enero fueron encontrados en distintos puntos de esa ciudad, cuatro personas asesinadas; un decapitado, dos calcinados y una mujer degollada dentro de una camioneta, cerca del cuerpo de ésta estaba dentro de una hielera su bebé de una semana de nacida.
Azucena Abarca, una mujer de 17 años, había sido levantada un día antes con su esposo Luis Gustavo Rodríguez y su bebé de una semana por presuntos policías estatales. El cadáver de Luis Gustavo fue uno de los dos hallados calcinados en el barrio de San José de esa cabecera municipal.
El 1º de febrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que a ese municipio “se le tiene que dar un seguimiento muy especial” y que se debe reforzar la seguridad porque “ya se ha convertido en una situación de un foco no de amarillo sino de muy rojo derivado de los asesinatos, de los crímenes que se están dando en forma más que salvaje”.
El presidente del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Chilapa, José Díaz Navarro, quien ha venido dando seguimiento a los casos de violencia en ese municipio, declaró el 31 de enero que mientras no se detenga a los líderes de los dos grupos que se disputan la plaza no se va a terminar la violencia en ese municipio y sus alrededores.

 

Sigue impune la ejecución de Juventina Villa, líder de desplazados y de su hijo hace 5 años

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A cinco años de la ejecución de la defensora del bosque y líder de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, los responsables gozan de impunidad, denunciaron el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti).
También informaron que el gobierno sigue sin cumplir los compromisos que asumió con los desplazados por la violencia en esa zona, a pesar de que abandonaron sus comunidades debido a que el gobierno no les garantizó la seguridad a la que tienen derecho.
Mojica Villa fue asesinada el 28 de noviembre del 2012 junto a su hijo Reynaldo de 12 años. Entonces dirigía a un grupo de desplazados por la violencia de la comunidad de La Laguna, asentada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán.
Antes, entre febrero de 2011 y noviembre del 2012 el mismo grupo  armadoo que la mató ejecutó a su esposo Rubén Santana Alonso y a sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo, de apellidos Santana Villa.
La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y los pobladores de La Laguna inició a raíz de la defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.
Como consecuencia de esa persecución fueron asesinadas 27 personas, hombres, mujeres y menores de edad, mientras que tres más fueron desaparecidos y se desconoce su paradero.
Tras esos hechos de violencia los pobladores de La Laguna se vieron obligados a abandonar la comunidad y se refugiaron en Puerto de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán.
Posteriormente por la presión de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos el gobierno del estado inició un proceso de reubicación para las familias en las poblaciones de La Unión y Tepango, municipio de Ayutla, en donde se encuentran 17 familias. Otras más se quedaron en las localidades de La Tondonicua, municipio de Petatlán, en donde se encuentran otras 16 familias.
El Centro Morelos y el Ccti denunciaron que a cinco años de la ejecución de Villa Mojica y su hijo, el caso sigue sin investigarse, y los responsables gozan de impunidad, en la misma situación se encuentran las otras 27 ejecuciones y las tres desapariciones, aun cuando la familia Santana Villa presentó las denuncias correspondientes en las que dieron nombres y la ubicación de los responsables directos de la violencia.
El Centro Morelos y el Ccti han dado seguimiento al caso, y ayer informaron mediante un boletín de prensa con motivo del quinto año de la ejecución de Mojica Villa que de todos los asesinatos y las tres desapariciones sólo se ha detenido a una persona por esa muerte, pero que por las demás ejecuciones no se ha detenido ni sentenciado a nadie.
Denunciaron que las familias desplazadas de La Laguna que se encuentran refugiadas en tres lugares, “viven en condiciones de alta marginación, sin acceso pleno a servicios de salud, trabajo, tierras y educación”.
Afirman que paralelamente las familias enfrentan secuelas profundas y afectaciones biopsicosociales que no han sido atendidas integralmente por el gobierno.
A cinco años de las ejecuciones de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa los organismos exigieron castigo a los responsables, reparación integral del daño, restitución, rehabilitación e indemnización por los daños.
También exigieron garantías de no repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados por la violencia, “que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como de abuso del poder y de la omisión de las autoridades”.

Es mediático el anuncio de seguridad para Chilapa del gobernador, advierte el Centro Morelos

El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández opinó que la nueva operación militar y policiaca que anunció el lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores, para “proteger” a los maestros y alumnos, se trata de un anuncio “mediático” y para crear “falsas expectativas”.
Declaró que está comprobado que el problema de la violencia en esta región del estado no es por falta de militares y policías, sino por la impunidad con que los gobiernos federal y estatal dejan actuar a los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.
El secretario técnico del Centro Morelos, organismo que acompaña los familiares de las víctimas de desapariciones, asesinatos y desplazamientos como consecuencia de la violencia, fue consultado después de la sesión del Grupo de Coordinación Guerrero en esta cabecera municipal.
“Nosotros consideramos que este tipo de operaciones de momento pudieran parecer buenas, pero a la larga van a ser un fracaso porque el riesgo no solamente es para los maestros y alumnos de la cabecera municipal (Chilapa), en donde se concentra a los militares y policías, las amenazas son para los maestros en general y no se está considerando vigilancia para los maestros de las comunidades”, advirtió.
Por eso, dijo que la operaciónno es garantía real de seguridad de todos los maestros y alumnos, “mucho menos para la ciudadanía en general, porque finalmente a principios de enero de 2016 se anunció un operativo con la participación de 3 mil militares y otras fuerzas policiacas, y eso no sirvió para que se detuvieran las ejecuciones o desapariciones”.
El defensor de derechos humanos dijo que no cree que ahora sea diferente, y que la presencia de militares y policías sirva para detener la criminalidad.
Afirmó que el gobierno está dejando de lado la prevención de la violencia que tiene que ver con políticas públicas que, para su aplicación, implicaría una consulta a todos los sectores para que ellos definan cómo quieren que se les dé seguridad.
“No es posible que se le siga apostando a la militarización cuando desde el 2006, cuando se declara la guerra al narcotráfico y a la delincuencia, y hasta la fecha, no podemos contar con policías seguros ni confiables”, cuestionó.
Se quejó de que los gobiernos federal y estatal no han tomado con seriedad el problema de la violencia, pero sobre todo, dijo que no se les ve oficio político ni voluntad para poder atender el problema.
Añadió que desde enero del año pasado cuando el gobierno anunció la participación de 3 mil 500 militares en una operación en Chilapa para combatir la violencia, se vio que el problema no es por la falta de militares y policías, sino por la impunidad con que los tres niveles de gobierno dejan actuar a los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.
“Creo que la garantía de seguridad pasa indudablemente por el combate a la corrupción, que es la que ha generado ese manto de impunidad con el cual se cubren los grupos de la delincuencia organizada”, acusó.
Cuestionó, lo primero que tendría que plantearse el gobernador es el combate a la corrupción, “y tendríamos que preguntarnos ¿qué alternativas o estrategias está ofreciendo Héctor Astudillo para acabar con la corrupción?”.
Insistió en que mientras no se combata la corrupción, la impunidad con que actúan los grupos criminales va a seguir, “y entonces todos los delincuentes saben que no van a ser castigados y que pueden seguir haciendo lo que quieran, y la ciudadanía va a seguir pagando las consecuencias”.
En este contexto dijo que la operación que anunció ayer el gobernador, es “mediática” de “falsas expectativas” y que lo que se prevé, “aunque a muchos no les guste, es que van a aumentar las violaciones a los derechos humanos”.

Preocupa al Centro Morelos que la Fiscalía entregue cuerpos equivocados de desaparecidos

El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) señaló preocupación sobre que el Servicio Médico Forense (Semefo) entregue algún cuerpo que no pertenece a las familias que buscan a sus desaparecidos, que en el caso de la familia de Epifanio Santos Jerónimo a quienes el sábado entregaron sus restos, respetan su decisión de aceptar los resultados del perfil genético aunque estaban por esperar los resultados del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“A casi tres años de búsqueda, el 28 de octubre fueron entregados a su familia los restos de Epifanio Santos Jerónimo quien desapareció el 21 de noviembre del 2014 y de acuerdo a los resultados de la fiscalía regional, el perfil genético coincidió con uno de los 11 cuerpos hallados sin vida en el crucero de Ayahualulco (municipio de Chilapa, 27 de noviembre de 2014), seis días después de su desaparición”, difundió el organismo en un comunicado.
El Centro Morelos señaló que la familia de Santos Jerónimo que está en el Colectivo Siempre Vivos fue notificada el 19 de octubre por el Ministerio Público (MP) de Chilapa sobre los resultados del dictamen, posteriormente la madre y esposa de Epifanio acudieron al organismo para solicitar asesoría.
Agregó que mientras la esposa insistía en esperar los resultados del EAAF, la mamá ante la proximidad del Día de Muertos insistió en que se aceptaran los restos cuanto antes y pidió que se le acompañara el sábado a la oficina de la fiscalía regional.
Detalló que peritos en genética explicaron a los padres y esposa de Epifanio el proceso de los estudios y los resultados, posteriormente entregaron el cuerpo.
“A principios de año, el Centro Morelos a nombre de las familias del Colectivo de Chilapa solicitó la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense para un peritaje independiente que les diera mayor certeza de que los restos que les fueran entregados realmente pertenecieran a su familiar desaparecido, esto ante la poca confianza en las autoridades por la falta de profesionalismo y ética”, abundó el comunicado.
La familia de Epifanio es una de las que se les habían tomado las muestras de sangre y estaba pendiente de los estudios que se van a hacer la primera quincena de noviembre a los restos localizados en diferentes hechos violentos, posteriormente se llevaría a cabo la confronta respectiva.
El escrito señaló que del colectivo a ocho familias más les han notificados que los resultados de la fiscalía han sido positivos con los cuerpos encontrados, sin embargo  han preferido esperar los resultados del EAAF.
Por último señaló que le preocupa que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como  el Semefo estén desesperados por entregar los cuerpos por la saturación de cadáveres y las malas condiciones de las instalaciones forenses y por la desconfianza de la población hacia ellos.

Demandan ONG protección para los defensores del Centro Morelos ante la violencia en Chilapa

Organismos civiles y de derechos humanos del estado, de Oaxaca y de Morelos demandaron que se respete y se proteja la integridad personal y la seguridad de los defensores del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), ante la ola de violencia que persiste en la región de Chilapa.
En un comunicado firmado por el Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Tequio Jurídico, Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, dan su respaldo al organismo.
Exponen que los recientes hechos violentos que han sacudido a la región, en medio del clima de violencia en el estado han afectado las actividades del Centro Morelos, que trabaja a favor de familiares y víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzoso, y que se le deja expuesto a una situación de vulnerabilidad como defensoras y defensores.
“A esto se ha sumado la inacción e indolencia de las autoridades que no han brindado las condiciones necesarias para que ejerzan su derecho a defender derechos humanos. Como personas defensoras de derechos humanos la labor de los integrantes del Centro Morelos aporta sus esfuerzos para lograr un fortalecimiento del Estado de Derecho y el aumento de la gobernabilidad y el fin de la impunidad de los delitos de alto impacto social”, manifiestan los Organismos no Gubernamentales (ONG).
Agregan que el trabajo de los integrantes del organismo defensor, como denunciantes, coadyuvantes, gestores y representantes legales de víctimas y familiares en la zona, es una confrontación diaria con las autoridades estatales y nacionales, así como ante el actuar impune de perpetradores que sumado a la vulneración de su labor los expone como un blanco propicio para cualquier tipo de agresión directa.
Indican que los organismos firmantes respaldan ampliamente el trabajo del Centro Morelos, hacen un llamado a las autoridades para que lleven a cabo acciones efectivas de prevención, que permitan evitar algún hecho lamentable en contra de los defensores.
Por lo tanto exigieron que se reconozca y respete la labor de los defensores de derechos humanos en su papel de representantes jurídicos de las víctimas y sus familiares, además de que se respete y se proteja su integridad personal y seguridad. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

A seis meses, no se investiga del asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa en una Urvan

 

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió una investigación, castigo a los culpables y cese a la criminalización de la Normal Rural de Ayotzinapa, a seis meses del asesinato de los estudiantes Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, en un presunto asalto en una Urvan de la ruta Chilpancingo-Tixtla.
En un comunicado el organismo de derechos humanos manifestó que este martes se cumplen seis meses de la ejecución de los jóvenes, donde además resultaron por lo menos tres personas heridas.
“No sería descabellado pensar que el gobierno del estado o federal planearon este hecho violento en conjunto con algún grupo de hombres armados, pues con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, se destaparon varios nexos entre grupos criminales y políticos con algún cargo público, como el caso del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles y el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Sin embargo hasta el momento no se tiene una versión oficial”, señala.
Manifiesta que no existe un avance claro en las investigaciones a los cinco presuntos responsables que están detenidos desde el 9 de octubre, y que según la Fiscalía General del Estado (GFE) están relacionados con al menos 10 casos de homicidios dolosos.
Agrega que no hay indicios de los responsables intelectuales de estos hechos violentos, y que por lo tanto no hay justicia para la Normal Rural ni para los familiares.
El Centro Morelos sostiene “que el contexto de violencia se ha agravado durante los últimos años, y la carretera federal Chilpancingo-Chilapa ha sido uno de los puntos rojos donde se han dado diferentes hechos violentos, y pese a los retenes militares que están a la salida de Chilpancingo y entrada de Chilapa, la seguridad de la ciudadanía en general no ha sido garantizada”.
Manifiesta que es preocupante que una escuela como la de Ayotzinapa que da acceso a la educación a cientos de jóvenes campesinos de bajos recursos sea atacada y criminalizada por exigir sus derechos básicos educativos, alimentación, becas, plazas, mobiliario y transporte.
La situación de violencia que se vive en Guerrero aumenta, contrario a lo que expresa el gobernador Héctor Astudillo Flores, y tal situación afecta día con día las calles, carreteras y a sus habitantes, quienes sufren asaltos, secuestros, desapariciones y enfrentamientos, advierte.
Exige el cese a la criminalización de la Normal Rural de Ayotzinapa y los normalistas, una pronta, imparcial y exhaustiva investigación del asesinato de Jonathan y Filimón y la ubicación de sus perpetradores, además castigo a los responsables y garantías de seguridad en la zona, para evitar a que estos actos se repitan.