A cuatro años del homicidio de la líder de las familias desplazadas de La Laguna, Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, se teme que salga de prisión el único detenido por ese delito, denunció el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado explica que los testigos presenciales y de cargo se encuentran desplazados y vulnerables, pero han recibido garantías para refrendar las acusaciones en el proceso.
Menciona que el 28 de noviembre se cumplieron cuatro años del asesinato de Juventina Villa, así como del desplazamiento de las familias amenazadas por la delincuencia organizada en Coyuca de Catalán.
Afirma que las autoridades estatales ni las federales han garantizado un lugar seguro ni condiciones dignas para vivir para los desplazados de la violencia.
Denuncia que no existen garantías para las víctimas porque la delincuencia organizada actúa con impunidad y en complicidad con las autoridades y los gobernantes.
Menciona que el primer desplazamiento de las familiares de La Laguna ocurrió después del homicidio del esposo de Juventina, Rubén Santana Alonso en febrero del año 2011. Toda la comunidad se trasladó al pueblo de Las Ollas para protegerse de los sicarios que los acosaban.
Pese a los acuerdos con el gobierno para atender las necesidades de los afectados ante la violencia, asegura que no recibieron atención y las familias volvieron a La Laguna para trabajar sus tierras y reunir a sus animales, hasta el 28 de noviembre de 2012 cuando se acordó un nuevo traslado a un lugar seguro con el resguardo de policías estatales.
Sin embargo ese día fue asesinada Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa, una de sus hijas iba con ella y se salvó. Diez días antes del atentado, el 18 de noviembre de 2012 solicitaron al entonces secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, la intervención urgente del estado, y se propuso como medida de seguridad el traslado de las familias a un lugar seguro.
Sin embargo Salgado Gómez minimizó los hechos y respondió que no sería posible ir por ellos de inmediato porque no tenían sitio para su reubicación. Ofreció la instalación de campamentos en algunas escuelas.
Para el 26 de noviembre, se acordó el traslado de las familias amenazadas y de Juventina para el 20 de noviembre a Puerto de las Ollas.
Pese a los acuerdos no llegaron los policías que acompañarían la caravana de desplazados, y Villa Mojica se separó del grupo para buscar un sitio con señal telefónica para dar cuenta a los defensores de derechos humanos. En ese momento fue asesinada.
Hubo testigos que señalaron a los responsables de las amenazas y de la agresión, pero sólo fue detenido Tereso Díaz Núñez bajo la causa penal 21/2013 en el Juzgado de Primera Instancia de Coyuca de Catalán.
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón señaló que los testigos están más vulnerables en este momento, ya que se encuentran desplazados en diferentes lugares del país y se les dificulta presentarse a las diligencias, sin garantías ni recursos.
Sobre todo porque saben que los familiares de Tereso Díaz Núñez, el preso, “aprovechando esta situación ofrecerán una fuerte cantidad de dinero al juez para que busque algún argumento legal y a consecuencia de ello deje en libertad al procesado, esto ha causado temores fundados en las familias ya que de quedar en libertad, la vida de todos y cada uno de ellos corre mucho peligro”.
En cuanto a las familias desplazadas, dice que el Estado aún no les garantiza el derecho a la salud, a la alimentación ni a la educación.
Uno de los argumentos es que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) no ha querido enviar maestros a la comunidad de la Tondonicua municipio de Petatlán, donde fueron ubicados, porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no ha querido activar la clave educativa para la localidad.
Anuncia que una delegación de desplazados de La Laguna viajará a mediados de diciembre a Panamá a la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desplazamiento forzado, y lleva la encomienda de plantear el problema de las familias desplazadas por la violencia.
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Amenaza un cobrador de una tienda con levantar al papá de un desaparecido por una deuda en Chilapa
La organización de familiares desaparecidos Siempre Vivos y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) denunciaron que un cobrador de la tienda Elektra amenazó con levantar a un padre en caso de que no pagara una deuda que dejó su hijo desaparecido en agosto.
Las organizaciones no gubernamentales denunciaron el caso de Benjamín Santos Valle de 15 años, que desapareció el 18 de agosto, y por la deuda que tiene en la tienda Elektra han amenazado a su familia.
De acuerdo con una relatoría de la organización de familiares desaparecidos Siempre Vivos, Benjamín Santos vendía paletas y desapareció cuando fue a la tienda Coppel a hacer un abono en la ciudad de Chilapa.
El joven se transportaba en una motoneta naranja que adquirió en la tienda Elektra, vestía playera negra, pantalón beige y chanclas de pata de gallo; como característica tenía cicatrices en las dos cejas, según dijeron sus familiares, y desapareció junto con la motoneta.
Ayer las organizaciones dijeron que Benjamín Santos y su papá adquirieron a crédito una motoneta en Elektra, pero desde su desaparición dejaron de abonar a la cuenta, que creció exageradamente, la deuda es de más de 30 mil pesos.
Aseguraron que este sábado un cobrador de la tienda identificado como René Sandoval Castro acudió a la casa del joven desaparecido para amenazar a su papá.
Los familiares dijeron que si no pagaban iban a levantar al papá de Benjamín.
Tras la amenaza, los familiares consiguieron 2 mil 500 pesos para abonar al pago de interés de la motoneta, denunciaron.
La familia Santos Valle ha sufrido dos tragedias, por una parte la desaparición de Benjamín en agosto de 2015 y el asesinato de un yerno el 6 de enero de 2016 en el municipio de Zitlala.
Las organizaciones denunciaron que la familia ha dejado de trabajar para buscar a su hijo y atender a su hija desamparada.
Paramilitares disfrazados de sicarios asesinaron a los cuatro comunitarios, declara la CRAC
Policías Comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del barrio de El Fortín en Tixtla señalaron que el asesinato de sus cuatro compañeros el jueves fue cometido por el “paramilitarismo disfrazado de delincuencia organizada”.
Responsabilizaron al secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de lo que pudiera sucederles, porque el viernes el funcionario se refirió al ataque que sufrieron un día antes como “un enfrentamiento entre sicarios”.
El jueves, cuatro policías comunitarios de La Patria Es Primero fueron asesinados en una emboscada en el barrio de El Fortín en Tixtla.
Un día después, Salazar Adame entró a la cabina de Radio UAG, y en el noticiero matutino encaró al periodista Sergio Ocampo Arista, y se refirió a ese hecho como un “enfrentamiento entre sicarios”.
En respuesta, ayer en conferencia de prensa en el barrio del Fortín, policías comunitarios, con el rostro cubierto y encabezados por una mujer, reprobaron esa declaración y denunciaron que con esa postura, Salazar Adame los pone en una situación de riesgo porque involucra a esa organización con la delincuencia organizada.
La única mujer en el grupo de policías que dio la conferencia, deslindó a la CRAC de El Fortín de tener cualquier vinculo con grupos de la delincuencia organizada, y advirtió que con lo dicho por el funcionario estatal, éste abre la puerta al gobierno del estado para que reprima y detenga a miembros de la Policía Comunitaria, y lo responsabilizaron de cualquier cosa que pudiera sucederles.
Sobre el ataque que sufrieron el jueves, precisaron que fueron seis las camionetas que ingresaron a Tixtla con unos 30 sicarios que perpetraron la agresión y no diez vehículos como se informó en un primer momento.
Además, dijeron que por versión de los vecinos que presenciaron el ataque, saben que los agresores llevaban lanzagranadas y bazucas, además de los rifles de asalto AK-47 conocidos como cuernos de chivo.
Insistieron en que hubo complicidad de las autoridades estatales en el asesinato de sus cuatro compañeros porque antes del atentado, los retenes policiacos que estaban en la carretera que comunica a Tixtla y Chilpancingo se retiraron.
“Cabe resaltar que un día después de los hechos, como pretexto vuelven de nuevo los retenes, pero solamente para resguardar las elecciones que hoy (ayer) se llevaron a cabo, por eso también citamos a esta conferencia de prensa”.
Reiteraron que la lucha de la Policía Comunitaria no será frenada con balas, ni con cárcel, “la convicción de la Policía Comunitaria es más fuerte que la maquinaria del estado”.
“Nuestros compañeros caídos nos dejan un ejemplo de valor y camaradería que será recordado y por supuesto que su muerte no es en vano, seguiremos el camino que ellos nos trazaron de profundo amor a su pueblo y su incansable lucha por la libertad y un cambio verdadero”.
No actúa el gobierno para erradicar la violencia de género denuncian organizaciones en Chilapa
La violencia generada por el crimen organizado ha afectado la vida de muchas mujeres, y el gobierno estatal no está actuando para erradicar la violencia, manifestaron en conferencia de prensa organizaciones sociales de la región ayer en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Las organizaciones sociales Noche Zihuame Zan Ze Tajome, Zihuame Xotlametzin, Casa de la Mujer Indígena (CAMI) Cihuachicahuac, Red de Derechos Reproductivos y Sexuales y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) denunciaron la situación de violencia que viven las mujeres en Guerrero.
La presidenta de la asociación Noche Zihuame, Isabel Dircio Chautla dijo que el motivo por el cual estaban reunidas era para, “hacer llegar la voz de las asociaciones y decir cómo estamos nosotras, cómo nos sentimos por todas nuestras hermanas que sufren violencia, de qué manera nosotras estamos actuando para que esa violencia se reduzca y se pueda eliminar desde nuestros contextos”.
Manifestaron que ante el clima de violencia generado por el narcotráfico las mujeres son víctimas constantemente.
La representante del Centro Morelos, Casiana Nava resaltó el caso de las mujeres que buscan a sus parejas porque han desaparecido, ellas se han quedado a cargo de sus hijos y no tienen acceso a la justicia.
También exigieron justicia para Ángela Casarrubias Cortez de 52 años, Victoria Díaz Bernabé de 34 y Ana Olguín Casarrubias de 22, mujeres asesinadas en el transporte público cuando viajaban a Chilapa, que fueron atacados por sicarios este martes.
La violencia “está arrastrando con muchas mujeres que no tienen nada que ver, son víctimas de la violencia, hoy salió en el periódico que se está pidiendo para Guerrero la alerta de género porque van en aumento los feminicidios”, dijo el integrante de Red de Derechos Reproductivos y Sexuales, Raúl Mendoza.
Dijo que a pesar del asesinato de mujeres en el estado no se ve una posición del gobierno del estado para combatir la violencia.
Reprobó que el gobernador Hector Astudillo Flores manda a hacer misas para parar la violencia.
Los manifestantes exigieron al gobierno del estado implementar programas que sirvan realmente para combatir la violencia hacia la mujer.
La abogada Rosaura Ramos dijo que las mujeres no tienen acceso a la justicia, en el Ministerio Público (MP) del fuero común “no tienen el profesionalismo y la sensibilidad” para atender a las mujeres víctimas de violencia.
La responsable de la Casa de la Mujer Indígena (Cami) Cihuachicahuac, Brígida Chautla Ramos manifestó que luchan para que las mujeres tengan acceso a derechos de salud materna, sexual y reproductiva.
La Casa de la Mujer Indígena atiende a mujeres de los municipios de Ahuacuotzingo, Atlixtac, Zitlala, José Joaquín de Herrera, Zitlala y Chilapa.
Los casos que han atendido de violencia hacia la mujer son de menores de 15 años con embarazos de alto riesgo que fueron víctimas de violación y que no han denunciado.
Brígida Chautla exhortó a los tres niveles de gobierno a que respeten los derechos de las mujeres y se mejoren sus condiciones de vida, ya que siete mujeres al día mueren a manos de sus parejas.
Dijo que las mujeres también son víctimas de la violencia en sus comunidades, como el caso de una mujer en la comunidad de Aguazarca, municipio de Ahuacuotzingo, quien fue detenida en su comunidad por no entregar unos documentos para un trámite del programa Prospera.
Por último, Isabel Dircio pidió que las mujeres y los hombres aporten desde sus hogares para disminuir la violencia, educando a las niñas y niños en igualdad, dijo que desde ahí se hace la diferencia.