Ocupan policías de la UPOEG El Ocotito y entran a la base comunitaria del FUSDEG, que se repliega a Tierra Colorada

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Policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y pobladores de El Ocotito tomaron la mañana de este lunes la base comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), luego de que este grupo se replegó a Tierra Colorada en la madrugada, en la disputa del territorio de las dos organizaciones.
El hecho ocurrió a las 11:50 de la mañana luego de que el domingo la UPOEG entró a la zona pero estuvo separada de integrantes del FUSDEG por un retén de policías estatales, para evitar más enfrentamientos como el ocurrido el 24 de octubre en Tlayolapa, Juan R. Escudero, que dejó a siete hombres muertos.
Por su parte el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena dijo que por el conflicto de El Ocotito sólo puede intervenir mediante el diálogo, porque entre la UPOEG y el FUSDEG conforman más de 600 hombres armados y el municipio sólo cuenta con 119 policías municipales.
Los pobladores de la comunidad y policías ciudadanos de la organización no entraron a las dos casas que ocupaban los policías comunitarios como comandancia, porque no acudieron funcionarios del municipio ni del gobierno del estado a hacer un inventario.
Unos 100 policías ciudadanos de la UPOEG llegaron en camionetas y automóviles a la base del FUSDEG de El Ocotito ubicada en la salida de la población en la colindancia con la comunidad Mohoneras, en la carretera federal México-Acapulco. Se les vio con armas de grueso calibre como AR-15 y AK-47.
Un vecino de El Ocotito comentó que desde hace tres años policías comunitarios del FUSDEG tenían presencia en ese lugar tras separarse de la UPOEG.
A pesar de que había un retén de la Policía Estatal con cinco patrullas y más de ocho policías estatales cerca de la Comisaría municipal, entraron policías ciudadanos y pobladores sin violencia a tomar el control de la base de la comunitaria.
Este conflicto por la disputa del territorio de Xaltianguis en Acapulco, Tierra Colorada en el municipio Juan R. Escudero y El Ocotito y Petaquillas en Chilpancingo, ha causado movilizaciones y enfrentamientos armados entre los dos grupos.
Los policías ciudadanos hicieron recorridos en camionetas y a pie para buscar a policías comunitarios, y evitar un ataque armado o confrontación.
En un recorrido en las dos casas que ocupaban los comunitarios como base había mujeres haciendo comida, y la otra vivienda estaba cerrada pero debajo de unas escaleras se encontraron bombas molotov. Al retirarse los comunitarios la madrugada de ayer los 20 retenidos que tenían escaparon, entre ellos un comandante de Petaquillas que fue torturado a golpes, “le echaron clarasol en la narices y fue atendido por Protección Civil municipal”, según una fuente de la UPOEG.
Una vecina de El Ocotito que vive cerca de la base del FUSDEG relató que en una de las casas hay un calabozo donde metían a los detenidos, los torturaban y sólo les daban de comer una tortilla, “mientras que en otro cuarto tenían a mujeres a quienes violaban”.
Por su parte el vecino Santiago García Chalma relató que el 20 de junio su hijo, dos yernos y su nieto fueron detenidos de manera irregular por los policías comunitarios, quienes los acusaron de secuestro y fueron entregados a la Fiscalía General del Estado (FGE), y ahora están recluidos en la cárcel en Chilpancingo.
García Chalma pidió la intervención del gobierno del estado para atender sus demandas pero no ha tenido respuesta, “sufrieron maltratos por parte de los comunitarios a pesar de que son inocentes, fueron trasladados a la cárcel de Chilpancingo, presentamos una denuncia en la Fiscalía que a la fecha no hemos tenido solución, los verdaderos secuestradores están libres”.

Pidió acompañamiento del Ayuntamiento y del gobierno del estado pero no le hicieron caso, dice Gil Ramírez

Por su parte en conferencia de prensa, el comisario interino desconocido por el Cabildo de Chilpancingo, Gil Ramírez Cortés se quejó de que el Ayuntamiento de Chilpancingo y el gobierno del estado no acudieron a la base comunitaria del FUSDEG para hacer un inventario de la comandancia “de manera general tomar el inmueble”.
Comentó que la Policía Ciudadana de la UPOEG tomó el control de la comunidad con retenes “para que continúe la paz y seguridad” en la zona.
“Me comuniqué con trabajadores del Ayuntamiento, no me contestaron y después le llamé al director de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Vargas Vargas, dijo que enviaría a trabajadores del gobierno del estado para ingresar a las dos casas de la base del FUSDEG, pero que después de consultar a sus jefes no tenía la facultad de venir para realizar un inventario, lo cual no ocurrió”, se quejó.
Agregó que pedirá a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del estado o del gobierno federal que investigue las violaciones a derechos humanos de los policías comunitarios.
En Chilpancingo en la plaza Primer Congreso de Anáhuac el alcalde Leyva Mena manifestó que ha llamado al diálogo a las partes en conflicto, incluso el viernes platicó con el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio para decirle el grado de conflicto en la zona, “es importante que entre los dos grupos armados se utilice el diálogo”.
Aseveró que emplazó a Bruno Plácido a que se construyan criterios de la portación de armas y la capacitación en derechos humanos de sus simpatizantes, y que aceptó.
Se le preguntó si cree que es suficiente el diálogo y respondió, “no tengo otra manera, el municipio tiene 119 policías, la fuerza armada del FUSDEG representa por si sola 150 hombres, los de la UPOEG tienen lo doble o triple, es decir que estamos hablando de un total de 450 a 600 personas armadas, las cuales no están reguladas, por eso a través del diálogo tratamos que entiendan”.
El acalde advirtió que si en estos momentos entra otra fuerza armada a la zona las cosas se pueden agravar, “por eso se deberá de ir acompañado con el diálogo permanente”.

Fue una emboscada del FUSDEG a la UPOEG lo que ocurrió en Tlayolapa, sostiene el gobierno

Tras la muerte de siete civiles en un enfrentamiento del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) contra la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Tlaloyapa, Juan R. Escudero, el Grupo Coordinación Guerrero pidió que los grupos de civiles armados no busquen venganza y que favorezcan el diálogo para evitar la violencia.
Sin una acción para dar seguridad, el gobierno del estado relegó su responsabilidad y señaló al gobierno federal como a quien corresponde el desarme de los dos grupos, bajo el argumento de que cuentan con armas de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea.
La tarde de este martes en el edificio Centro del Palacio de Gobierno el Grupo de Coordinación Guerrero dio una conferencia de prensa para dar su versión de lo ocurrido el lunes entre el FUSDEG y la UPOEG.
El vocero Roberto Álvarez Heredia pidió a los civiles armados que no recurran a la venganza y colaboren con las autoridades competentes.
“Hacemos un atento y un enérgico, pero enérgico llamado a que exista un alto total de las hostilidades por el bien no solamente de ellos mismos, sino de los vecinos donde viven, quienes están siendo presas del miedo y de la zozobra y es una situación que no puede ser tolerada”, advirtió.
En la conferencia participó el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez quien detalló que se abrió una carpeta de investigación bajo el número 036 por homicidio y lesiones por arma de fuego a quien resulte responsable.
“No hay inculpados, hasta el momento se está haciendo la investigación y está como quien resulte responsable, el lugar de los hechos fue en Tlayolapa”, municipio de Juan R. Escudero.
Relató que en la madrugada del lunes llegaron a la comunidad integrantes de la UPOEG y en ese punto se encontraban parapetados integrantes del FUSDEG para evitar el ingreso del otro grupo.
“Acto seguido según testimonios recabados por la Fiscalía, los segundos (FUSDEG) abrieron fuego contra el grupo de la UPOEG teniendo como resultado siete personas muertas y dos más heridas como se apuntó”, agregó.
Dijo que la Fiscalía fue informada por el FUSDEG de los hechos, por lo que un grupo multidisciplinario integrado por dos fiscales cinco agentes del Ministerio Público, y cinco peritos en criminalística forense se dirigieron al lugar.
“Los cuerpos ya habían sido retirados por cada uno de los grupos, siendo trasladados Juan Arismendi miembro del FUSDEG a la comunidad de Tlayolapa y los de Hugo Moctezuma, Anastasio Valente, Salustio Mayo, Silvino Carrillo y Valente Sonora, a la cabecera de Teocoanapa, mientras que los lesionados fueron llevados al hospital general del municipio de Ayutla”, mencionó, pero sólo mencionó los nombres de seis de los siete muertos.
Más tarde en un boletín la Fiscalía expuso, “al arribar al lugar, el equipo multidisciplinario se percató que los cuerpos ya habían sido retirados por cada uno de los grupos siendo trasladado Juan “N” (miembro del FUSDEG), a la comunidad de Tlayolapa y los cuerpos de Hugo “N”, Anastasio “N”, Salustrio “N”, Rigoberto “N”, Silvino “N” y Valente “N”, a la cabecera municipal de Tecoanapa para entregarlos con sus familiares, mientras que los lesionados Norvi “N” y Valfre “N” fueron trasladados a Ayutla para atención médica”.
“Respecto a los lesionados Norvi “N” se encuentra estable de salud y continua recibiendo atención médica en el Hospital General de Ayutla, mientras que Valfre “N” por la gravedad de las lesiones se trasladó al Hospital General de Chilpancingo, donde su estado de salud es delicado pero estable”, agrega.
En la conferencia el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes relató, “a las 11:40 de la mañana a 2 kilómetros del poblado de Tlayolapa fueron localizados dos cuerpos tirados sobre las vías de comunicación al lado de los vehículos, de los cuales más tarde se tendría conocimiento que serían integrantes del grupo de la UPOEG que había sido emboscado alrededor de las 4:30 de la mañana, en donde perdieron la vida al menos seis personas de esa organización y uno más del FUSDEG”.
Dijo que a raíz de los hechos el gobierno del estado determinó integrar una operación en la que participan 208 policías estatales que se distribuyeron en 25 patrullas, dos autobuses antimotines y uno de línea, para cubrir el territorio de El Ocotito y Tierra Colorada, para evitar que se registre otro enfrentamiento.
“En el transcurso de la noche a pesar de la tensa calma los informes policiales no reportaron novedad, sin incidentes aunque en la zona prevalece una situación tensa, pero continúan los patrullajes”, agregó.
Afirmó que a las 8 de la mañana supieron de la presencia de 200 integrante de la UPOEG distribuidos en las comunidades del valle de El Ocotito: Buena Vista de la Salud y San Juan del Reparo, mientras que del FUSDEG 350 hombres estaban en Mohoneras, Tierra Colorada y Las Palmas.
“Se detectó que los hombres armados portaban armas inclusive del Ejército, Fuerza Área y Armada Nacional”, puntualizó.
A pesar de indicar este hecho de la portación ilegal de armamento no se informó cómo se procedería al respecto.
En una segunda intervención el secretario de Seguridad dijo que para garantizar la seguridad se debe estar “consciente” de un problema que existe en Guerrero “la existencia de grupos civiles armados al margen de la ley”.
“El gobierno del estado ha sido muy tolerante, y ha trabajado mucho en la operación política para que en coordinación con la policía se proceda a su desarme o por lo menos en una convivencia pacífica respetando el derecho de algunos pueblos de sus usos y costumbres, aunque ha habido una extralimitación”, agregó.
Dijo que la Policía del Estado está en la zona actuando con la responsabilidad y prudencia para destensar la situación, aunque no están acabados los trabajos políticos.
“Nosotros estaremos pendientes si es necesario reforzar con mas efectivos, hasta que la razón sea rebasada y tengamos que actuar de otra forma, pero serán otras instancias las que determinen la solución”, agregó.

 

Van dos muertos de la UPOEG y 26 del FUSDEG tras casi 19 meses de enfrentamientos

El 23 de enero de 2014, la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) entró al valle de El Ocotito con la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia del Estado de Guerrero y, en menos de año una escisión conformó el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que aglutinó comunidades que pertenecían al movimiento que encabeza el dirigente indígena Bruno Plácido Valerio.
Pese a la tensión de la división, agravada por la confrontación política del año electoral (2015) y a las acusaciones mutuas de dar apoyo a grupos delictivos, la UPOEG mantuvo su presencia en algunas localidades del valle, de donde extendió su influencia a la Sierra.
El primer hecho violento conocido entre las organizaciones extendidas en comunidades rurales de Chilpancingo y Acapulco, ocurrió el 30 de marzo de 2015, en el crucero de San Juan el Reparo, de la carretera nacional Tierra Colorada-Cruz Grande, en el municipio de Juan R. Escudero.
Esa noche se reportaron siete muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG, además de dos heridos graves, uno de cada grupo. Los primeros denunciaron que fueron emboscados, lo segundos que repelieron una agresión. Un policía herido del FUSDEG murió a 10 días del ataque, y de cinco integrantes del FUSDEG extraviados en los ataques, dos fueron encontrados degollados el 1 de abril en Chacalapa, San Marcos.
Poco después, el 8 de abril, el policía comunitario del FUSDEG, Raúl Jiménez Salgado, sobreviviente de los hechos, fue asesinado en su domicilio, en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco.
A poco más de un año, el 18 de abril de 2016, fue asesinado el ex comisario y ex presidente del comisariado de los Bienes Comunales de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, Edilberto Santiago Díaz, era hermano del primer coordinador del FUSDEG en Tierra Colorada, Romualdo Santiago Díaz. Los hijos de la víctima responsabilizaron a policías de la UPOEG.
Asimismo, denunciaron el asesinato de la coordinadora del FUSDEG, Nelva Edilia Sánchez López, el 26 de julio de 2015, cuando cruzaba la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en San Marcos, crimen perpetrado por policías ciudadanos de la organización opositora.
En este escenario enrarecido, también se enfrentaron dos grupos de policías comunitarios del propio FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco. El 7 de junio de 2015, fueron muertas 16 personas a balazos: 13 de la fracción de Acapulco, encabezados por Policarpo Ramírez quien murió en la balacera y tres del FUSDEG del Valle de El Ocotito, regente en el movimiento de seguridad comunitaria del FUSDEG.
En estos hechos tiene antecedente el conflicto del cambio de comisarios municipales en Chilpancingo, donde dos grupos del mismo FUSDEG en Petaquillas se disputaron el control del sistema de seguridad comunitaria.

 

 

Ninguna empresa se instaló en El Ocotito pero hay 29 terrenos vendidos en el Parque Industrial

El director del Fideicomiso Guerrero Industrial (Figuein), Erik Humberto Armenta Adame dijo que la Contraloría Estatal detectó “faltantes” en las finanzas del Organismo Público Descentralizado que tiene bajo su responsabilidad en el Parque Industrial del valle de El Ocotito.
En sus oficinas del edificio Nafinsa en Acapulco el funcionario estatal expuso que de las nueve empresas para las que el gobierno estatal pasado anunció como sede del Parque, incluidas la ensambladora Hyundai y Jumex, sólo se mantienen dos de ellas: Blancos Sampedro y Harigro.
El gobierno anterior estuvo encabezado por Ángel Aguirre Rivero, quien fue postulado por el PRD pero tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 fue defenestrado y en su lugar fue nombrado el académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rogelio Ortega Martínez, quien entró en funciones el 26 de octubre de ese año.
Ayer el funcionario señaló que el anterior director del organismo, Julián López Galeana no consultó al máximo organismo administrativo del Figuein para rentar o vender las naves industriales del inmueble, por lo que no existe un aval para las empresas que supuestamente se habían instalado, pero que tampoco se encuentran en funcionamiento, porque nunca hubo infraestructura para alojarlas.
“Hay 29 terrenos vendidos por la administración pasada pero ninguna empresa se ha instalado”, dijo el funcionario, quien tomó el cargo el 15 de noviembre pasado.
Se le preguntó qué había pasado con la ensambladora de autos Hyundai, empresa que sería proveedora de los autobuses para el Acabús y respondió: “se fueron molestos porque no se les atendía en la seguridad”.
Detalló que la ensambladora dejó de trabajar durante el gobierno pasado “por la inseguridad”, sin embargo añadió que ahora buscan que vuelva porque “es totalmente seguro, está muy vigilado y hay tranquilidad en su interior”.
Armenta Adame dijo que la Contraloría Estatal continúa la revisión a las cuentas del OPD para conocer las cantidades “que hicieron falta”.
Añadió que “encontramos en números rojos (…) no sabemos la cantidad exacta pero ya la Contraloría se está haciendo cargo”.
Mencionó que la Contraloría detectó faltantes de recursos federales porque el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) hizo aportaciones y durante el año pasado no hubo comprobaciones del gobierno estatal.
Acotó que López Galeana no consideró el aval de “la junta” encabezada por el gobernador y los secretarios de Desarrollo Económico, Obras Públicas, Desarrollo Social y Contraloría, para “pedir autorización” pues su visto bueno se requiere de manera obligada “para cualquier adquisición, venta, renta de predios”.
“Hubo irregularidades de la administración anterior del Parque porque no pidió autorización en el 2015 y el año pasado la Junta no sesionó. Esa es una de las observaciones que hace la Contraloría (…) Mediante el Inadem, son comprobaciones que no se hicieron durante 2014 y el año pasado”, detalló.
Explicó que desde su toma de protesta al frente del Figuein se ha reunido “poco a poco” con los empresarios que adquirieron lotes en el Parque para que se asienten en Guerrero, pues no lo han hecho.
Dijo que el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) contribuye en la seguridad del valle de El Ocotito porque “les conviene la instalación de empresas para que haya fuentes de empleo”.

Entrega el FUSDEG a la Codehum equipo de policías municipales de Tierra Colorada

 

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) entregó al ayuntamiento de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) tres rifles R-15 con 30 cartuchos útiles cada uno, un radio de comunicación y una patrulla de la Policía Municipal retenidos, a través del presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
En consulta telefónica, uno de los consejeros aclaró que aún no hay acuerdo de coordinación con el gobierno para atender la seguridad, porque no se presentó el representante de la Policía Estatal, pero tentativamente se fijo el 18 de diciembre para continuar el diálogo de la organización de seguridad y justicia con las autoridades. Aclaró que sólo estuvo el director de Seguridad Pública Municipal para recibir el equipo y armamento.
La entrega del equipo de seguridad, el lunes por la noche, ocurrió una semana después de la retención de seis policías municipales por el FUSDEG en Tierra Colorada, liberados pocas horas después con la mediación de la Codehum. Los comunitarios acusaron a los municipales de proteger a un delincuente.
Por separado, Navarrete Magdaleno informó que la devolución de los materiales es muestra de la voluntad para el diálogo, “para quitar la fricción al conflicto y no se vayan a encontrar las policías con los ánimos desbordados, evitar un desenlace lamentable”.
Dijo que el ayuntamiento debe someter al Cabildo las propuestas de coordinación que se señalaron en las mesas de trabajo, y el FUSDEG llevar sus planteamientos a su asamblea.
Reconoció que la discusión es difícil por la falta de una reglamentación sobre la Policía Comunitaria del FUSDEG, que no puede ampararse en la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena, porque no están en el territorio de la CRAC ni son pueblos originarios.
Aún así, por la ausencia de una legislación, están tomando decisiones de consenso. Estimó que una vez que el asunto de las policías comunitarias sea revisado por los legisladores, habría más garantías incluso para los detenidos, aún cuando se encuentren responsables de delitos.
Ahora que se acerca el plazo para adecuar las leyes secundarias a la Constitución política del estado de Guerrero, consideró que es preciso que se legislen las Policías Comunitarias, y los propios municipios podrían asumir la responsabilidad de mantenerlas y sujetarlas a la norma.