El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) entregó al ayuntamiento de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) tres rifles R-15 con 30 cartuchos útiles cada uno, un radio de comunicación y una patrulla de la Policía Municipal retenidos, a través del presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
En consulta telefónica, uno de los consejeros aclaró que aún no hay acuerdo de coordinación con el gobierno para atender la seguridad, porque no se presentó el representante de la Policía Estatal, pero tentativamente se fijo el 18 de diciembre para continuar el diálogo de la organización de seguridad y justicia con las autoridades. Aclaró que sólo estuvo el director de Seguridad Pública Municipal para recibir el equipo y armamento.
La entrega del equipo de seguridad, el lunes por la noche, ocurrió una semana después de la retención de seis policías municipales por el FUSDEG en Tierra Colorada, liberados pocas horas después con la mediación de la Codehum. Los comunitarios acusaron a los municipales de proteger a un delincuente.
Por separado, Navarrete Magdaleno informó que la devolución de los materiales es muestra de la voluntad para el diálogo, “para quitar la fricción al conflicto y no se vayan a encontrar las policías con los ánimos desbordados, evitar un desenlace lamentable”.
Dijo que el ayuntamiento debe someter al Cabildo las propuestas de coordinación que se señalaron en las mesas de trabajo, y el FUSDEG llevar sus planteamientos a su asamblea.
Reconoció que la discusión es difícil por la falta de una reglamentación sobre la Policía Comunitaria del FUSDEG, que no puede ampararse en la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena, porque no están en el territorio de la CRAC ni son pueblos originarios.
Aún así, por la ausencia de una legislación, están tomando decisiones de consenso. Estimó que una vez que el asunto de las policías comunitarias sea revisado por los legisladores, habría más garantías incluso para los detenidos, aún cuando se encuentren responsables de delitos.
Ahora que se acerca el plazo para adecuar las leyes secundarias a la Constitución política del estado de Guerrero, consideró que es preciso que se legislen las Policías Comunitarias, y los propios municipios podrían asumir la responsabilidad de mantenerlas y sujetarlas a la norma.