Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El representante del Colectivo Lupita Rodríguez de desaparecidos de Chilpancingo, David Molina Rodríguez, declaró que no hubo voluntad de los diputados de la actual Legislatura local para aprobar la Ley en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares del Estado de Guerrero.
Rechazó lo que declaró el lunes el presidente estatal de Morena, el diputado Jacinto González Varona, quien dijo que no se aprobó porque se cuidó no aprobar una ley al vapor.
El activista declaró que, más bien, la iniciativa no se aprobó porque implica recursos, por ejemplo, para la creación de un centro de identificación humana, a lo que no le quiere aportar el gobierno estatal, por lo que no confían que la iniciativa se vaya a aprobar en la próxima legislatura, como lo informó el mismo González Varona.
El lunes, el presidente estatal de Morena, González Varona, dijo que en la próxima legislatura local, en la que nuevamente va a estar de diputado, se va a cabildear la ley sobre de desaparición forzada, que está congelada en el Congreso local.
También aseguró que no se aprobó en esta legislatura para no sacar una ley que no ayude, “queremos una ley lo suficientemente robusta y que pueda ayudar, porque de nada sirve sacar una ley al vapor y al ratito la estemos remendando, que no tenga presupuesto o que no tenga acciones”.
Consultado este miércoles por teléfono, informó que la iniciativa se quedó en la etapa de la dictaminación, “porque la realidad es que nunca hubo una voluntad política para que pasara. La razón principal es porque no quieren comprometerse con la creación de un centro de identificación humana”.
Dijo que las razones son que, además de la construcción de las instalaciones, se debe considerar la contratación de peritos, antropólogos y médicos forenses, así como se tienen que invertir en los reactivos que son necesarios.
Informó que de acuerdo con datos de la Coordinación de Servidos Periciales, de la Fiscalía General del Estado (FGE), hacer una dictaminación de un cuerpo y tenerlo completamente identificado, con todos los estudios, le cuesta al gobierno cerca de 60 mil pesos.
Informó que de los 60 mil pesos, alrededor de 45 mil pesos, son solamente por el resguardo forense, es decir, por estar “almacenado” el cadáver en el reguardo forense, debido a que las instalaciones son rentadas por el gobierno estatal.
Molina Rodríguez declaró que por ello la iniciativa de ley que apoyan los colectivos está bien fundamentada, que cuenta con “lo mínimo necesario”, pues se incluye la creación de un centro de resguardo forense, que venga a resolver el problema de la saturación de cadáveres e identificarlos con mayor rapidez, para entregarlos a sus familiares.
Recordó que los diputados se comprometieron con sacar la iniciativa adelante, y una de las diputadas que hizo el compromiso, recordó, fue la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política, Yoloczin Domínguez Serna, después de que los integrantes de los colectivos marcharon el 7 de marzo de 2020.
“Ella se comprometió a que la ley se iba a dictaminar y que iba a pasar, pero desde entonces la están dictaminando y no ha pasado”.
Dijo que las veces que se las han presentado a los colectivos, viene sin el capítulo que ellos propusieron, que es el de la creación de un centro de identificación humana, a cargo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
Molina Rodríguez añadió que otro punto en el que no se han puesto de acuerdo, es que el centro de identificación debe estar a cargo de los servicios periciales de la FGE, “pero nosotros (los colectivos) no les tenemos confianza”.
Indicó que mientras los diputados le dan largas a la aprobación de la ley, la crisis por la desaparición de personas va en aumento; que ahora, por temor los familiares de las víctimas, se rehúsan a presentar las denuncias y a participar en las búsquedas.