Marchan maestros y organizaciones en Acapulco y la capital contra las reformas y ley de seguridad

Maestros de educación básica, media superior y superior, trabajadores de Teléfonos de México y activistas, agremiados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), marcharon en Acapulco y Chilpancingo para rechazar las reformas estructurales, la Ley de Seguridad Interior y por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), las secciones 14 y 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), las secciones 21 y 69 del Sindicato de Telefonistas, el Frente Estatal de Preparatorias Populares, la Asociación Civil Cejobasa, el Frente Progresista Guerrerense y de la Asamblea Nacional Popular (ANP), como parte de un acuerdo de la UNT para defender los derechos laborales.
A las 5 de la tarde, en Acapulco, 800 personas marcharon por la avenida Costera, del Asta Bandera a la glorieta de la Diana, donde en un mitin de media hora se manifestaron en contra de las reformas estructurales y llamaron a los ciudadanos razonar el voto en el próximo proceso electoral.
En el trayecto, los participantes llevaban lonas y pancartas de rechazo a las reformas neoliberales, la educativa, laboral, Ley de Seguridad Interior, la cual dijeron será utilizada como “mecanismo perverso con miras al próximo proceso electoral”.
Uno de los participantes del contingente fue atropellado por un vehículo particular frente a un negocio, adelante del centro comercial Gran Plaza, y recibió atención de oficiales de la Policía Turística, mientras se resolvía la situación.
En el mitin, el representante de la sección 14 del SUSPEG, José Luis García Benítez, se pronunció porque en el próximo proceso electoral se elimine “el régimen corrupto, por eso en el sindicato estamos resueltos a que vamos apoyar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia”. Mientras que el secretario general de la sección 21 del Sindicato de Telefonistas, Roldofo Radilla Regalado, precisó que las organizaciones se habían manifestado por su lado, pero “a partir de este año, todas las organizaciones marcharemos por un solo bloque”.
La representante de la CETEG, Adolfina Bautista Vázquez, precisó que la marcha se hizo en todo el país para defender los derechos de los trabajadores y “las organizaciones populares, sociales y educativas nos estamos uniendo para defendernos de tanta agresión laboral, que nos da ese resultado de aplicación y derogación de las reformas estructurales”.
También habló Felipe Flores, quien fue uno de los voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y llamó a las organizaciones sociales a la unidad, a no permitir que sigan los “gobierno corruptos” que están saqueando México. “Tenemos que luchar juntos y hacer conciencia y la oportunidad de cambiar el régimen”.

Dos marchas en Chilpancingo

A las 5:30 de la tarde, unos 300 manifestantes marcharon de la alameda de Chilpancingo a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac. En el camino sus voces gritaban al unísono: “Trabajadores unidos, jamás serán vencidos”, “luchar, vencer, el pueblo al poder”, “el pueblo unido, jamás será vencido” y “no somos todos, nos faltan 43”.
Encabezaron el contingente el secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero; la secretaria general de la sección 18 del SUSPEG, María Adelita Radilla López; el secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes; la secretaria general de la sección 69 del Sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas, y el representante de la región Centro del Sutcobach, Odón Rodríguez Mendoza, quienes participaron en el mitin en el Zócalo capitalino, donde llamaron a las organizaciones a permanecer unidas.
Los dirigentes de las organizaciones coincidieron en que la Ley de Seguridad Interior fue creada para darle fin a las luchas sociales y magisteriales; además de que el Estado pretende imponer al precandidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, que forman el PRI, PVEM y Panal, José Antonio Meade Kuribreña, como el próximo presidente en el proceso electoral de este año.
Ramírez Perulero informó que la marcha se llevó a cabo por acuerdo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la UNT, para exigir que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del país, así como fomentar la unidad de los sindicatos y organizaciones, pues en mayo se podría concretar una huelga nacional en contra de la represión, violaciones y hostigamiento laboral, así como para exigir seguridad.
Por la mañana, unos 500 integrantes de la CETEG y la sección 18 del SUSPEG marcharon y protestaron en la sede de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde desalojaron a algunos de los trabajadores y protestaron para exigir justicia para Misael Núñez Acosta, asesinado el 30 de enero de 1981 por hombres contratados por el SNTE, debido a que encabezaba la lucha por la defensa de la educación y su labor afectaba principalmente a Elba Esther Gordillo Morales.
Los maestros llegaron a la sede de la sección 14 del SNTE gritando “alerta, camaradas, alerta, profesores, que haremos una hoguera de charros y traidores”, mientras que una comisión indicó a los trabajadores que se encontraban en el estacionamiento y la explanada de las instalaciones que debían desalojar las oficinas; sólo los que estaban dentro del edificio se negaron a salir, aun cuando los manifestantes rompieron el vidrio de la puerta principal y trataron de forzarla.
En la acción, Ramírez Perulero aseguró que el SNTE está formado por “charros” y “simuladores” que “nunca nos han representado, nunca han visto por nuestros derechos”. Reprobó el Congreso que se avecina en el sindicato y aseguró que el magisterio disidente “digno”, no permitirá que se concrete.
También exigió justicia para Núñez Acosta y llamó a los agremiados de la sección 14 del SNTE a unirse a la lucha magisterial en contra de la reforma educativa. Advirtió que si los sindicalistas continúan sirviendo a las autoridades, los manifestantes volverán a las instalaciones y la siguiente visita “no será cordial”.
Después, los maestros marcharon a la Ciudad Judicial, donde se manifestaron en contra de la Ley de Seguridad Interior, exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y seguridad en Guerrero.

 

Se agudizará la represión contra normales si no se organizan, advierten en el congreso nacional

En el primer Congreso Nacional en Defensa del Normalismo, estudiantes de distintas escuelas formadoras de maestros en el país concluyeron que si no se organizan para enfrentar las políticas del Estado, las modificaciones a los planes de estudio y la represión contra su lucha se agudizarán.
Por la noche concluyeron las mesas de trabajo del congreso, que se llevó a cabo en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, con la participación de integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), de normales oficiales del estado de Michoacán, la Coordinadora Estudiantil del Estado de Chiapas y las normales rurales adheridas a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
El secretario general del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, de la Normal Rural de Ayotzinapa, Javier González, informó que en la mesa de trabajo en que se discutió la organización del movimiento normalista se concluyó que es necesaria la creación de un frente nacional de estudiantes, en el que cada institución cuente con un representante.
“Lo que se concluyó fue que evidentemente nuestras escuelas están a punto de cerrarse, si no nos organizamos para defenderlas creemos que las modificaciones a los planes de estudio y las campañas de represión se van a agudizar”, expresó.
Dijo que los normalistas deben construir una fuerza “mayor” a la de los universitarios o cualquier otro grupo de estudiantes, “no por discriminarlos, sino por la confluencia que nosotros tenemos en ideas, prácticas y contextos de la educación, por eso la defensa del normalismo es la primer bandera, y la defensa de la educación pública es la otra reivindicación”.
Señaló que los participantes del congreso rechazaron la Ley de Seguridad Interior, pues coincidieron en que con ella las autoridades pretenden concretar la militarización del Estado, en contra de los derechos humanos.
En el ámbito pedagógico, los normalistas hicieron un análisis de la formación que reciben en las escuelas y concluyeron que hay fallas debido a “la poca preparación de los maestros, su bajo perfil y la inadecuación de sus profesiones”, lo que es un problema que afecta a los estudiantes, según explicó Javier González.
Por otra parte, dijo que se debe desmantelar el sistema de educación normal, pues está enfocado en materias de trámites burocráticos, bajo los lineamientos de la reforma educativa, en lugar de contar con otras que los ayuden realmente en su formación. En ese sentido, los normalistas de Chiapas ejemplificaron con que en su escuela de Educación Física, sólo dos maestros de la plantilla laboral cuentan con el perfil adecuado.
“Creemos que hay una carga extrema de materias obsoletas, que lo único que tienen es que encaminan los trámites al perfil idóneo”, precisó Javier González, quien consideró que las conclusiones del congreso fueron básicas e informó que se integrará una comisión, para que le dé continuidad a los trabajos que se discutieron.
En febrero del próximo año, los normalistas volverán a reunirse e invitarán a los estudiantes de otras instituciones, que no asistieron a este primer congreso, para que se incorporen a la organización que los representará, cuyo nombre tentativo será Frente Nacional de Estudiantes Normalistas.
Cerca de las 8 de la noche, luego de cerrar la plenaria, los normalistas se concentraron en la explanada de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde a la luz de antorchas hicieron un mitin para declararse en defensa de las instituciones, en contra de las reformas estructurales y en la lucha interminable para exigir justicia para sus compañeros asesinados, así como la presentación con vida de los 43 desaparecidos.

Marchan en la Costera contra el gasolinazo, las reformas de Peña Nieto y por los 43


Integrantes de diferentes sindicatos, organizaciones y asociaciones civiles marcharon ayer por la avenida Costera en contra del gasolinazo y exigieron al presidente Enrique Peña Nieto un cambio de política económica y social.
Asimismo, exigieron la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Los manifestantes concluyeron la marcha con un mitin durante el cual bloquearon por 40 minutos el entronque de la Costera con la avenida Cuauhtémoc, donde pidieron que se deroguen todas las reformas estructurales.
Unos 800 manifestantes marcharon del asta bandera hacia el Zócalo, ocupando todos los carriles en el sentido a Caleta.
El contingente fue encabezado por integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, principalmente del Sindicato de Telefonistas, que llevaban una manta que decía “fuera Peña Nieto y sur reformas”, en letras rojas con negro.
Había otras mantas de las diversas organizaciones, como la del grupo Por México Hoy, que decía “no al aumento del precio de la gasolina y diesel, eso traerá carestía de alimentos y medicinas. Contra los corruptos: el pueblo organizado. Atte ciudadanos y organizaciones sociales. Basta de abusos”.
Otros llevaban pancartas con el mensaje “rechazo al gasolinazo, no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Magisterio”.
También protestaron contra los altos cobros de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y hubo quien exigió al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, que se invierta en los mercados de artesanías.
También participaron en la marcha integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) sección 14, del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), del Sindicato de Trabajadores del DIF Guerrero, jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), opositores a la presa la Parota, de la asociación Lucio Cabañas, de Cejobasa y de Comerciantes y prestadores de Servicios Turísticos.
Durante la marcha, los participantes gritaron consignas siguiendo a los oradores, al frente los trabajadores de la UNT y a la mitad del grupo los de la CETEG, que coincidían en exigir el no incremento a la gasolina y el rechazo a las reformas estructurales, principalmente la laboral.
“Avanza la marcha de la esperanza”, anunció el orador mientras caminaban, e invitaba a quienes desde la banqueta observaban el paso del contingentes.
“Estamos en contra de las reformas porque no han dado para nada beneficios al pueblo”, gritaban, o “ni aquí ni allá la reforma pasará”, “pueblo únanse a esta marcha contra el mal gobierno que nos está llevando al despeñadero”, “en orden y en paz queremos trabajar, por eso los contratos se deben respetar”.
Se puntualizó que la marcha fue una convocatoria nacional y que es una muestra de que cuando el pueblo se organiza para luchar puede avanzar, y que los maestros han dado ejemplo de eso.
Exigieron que se deroguen todas las reformas estructurales.
A las 6:20 de la tarde llegaron a la esquina de la Costera con Cuauhtémoc, y los contingentes decidieron acomodarse en cuadro bloqueando las dos vías, sumándose así a la protesta que tenían ahí integrantes de Morena, que también protestaron contra el gasolinazo desde las cuatro de la tarde.
Durante 40 minutos, los manifestantes bloquearon los dos carriles de la Cuahtémoc frente a la tienda Sambor’s, y la Costera, interrumpiendo temporalmente el servicio del Sistema Acabús, porque bloquearon la ruta de los camiones, que después daban vuelta en la calle Jesús Carranza y no llegaban a la estación de Oviedo.
En el mitin el secretario general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno, dijo que quienes pensaron que el pueblo no podría unirse están equivocados, porque se tiene la responsabilidad de rescatar el país, hombres y mujeres con deber y coraje lo harán.
“Exigimos salarios mínimos, que debe de ser de 218 pesos diarios, aquí seguimos en pie de lucha por la justicia social”, dijo.
El responsable de la comisión política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en Acapulco, Walter Añorve, expuso que los que estaban ahí tenían calidad moral para exigir un cambio de régimen de fondo, no solamente la salida de Enrique Peña Nieto de la Presidencia de la República.
“No vamos a permitir pasen por encima del derecho del pueblo, hoy tenemos la oportunidad de llamar a los no organizados, el reto es luchar juntos con los que están aquí y muchos más que no pudieron venir”, enfatizó.
El representante del Subcobach, Alfredo Ramírez, dijo que si hay otro aumento en el costo de los combustibles, “desde hoy advertimos al gobierno de Enrique Peña Nieto que no vamos a parar en nuestras movilizaciones, que desde hoy sepa bien el gobierno a lo que se atiene, que vamos todos en contra de la política de este régimen, no podemos aceptar más agravios a la base trabajadora y la sociedad en general”.
De la Organización de Mujeres Feministas, María de Jesús Martínez, dijo que se oponen al alza en el combustible porque aumentan también los productos de la canasta básica y afecta la economía familiar. También exigió justicia para todas las mujeres asesinadas.
En representación de Por México Hoy, Nemesio Soberanis puntualizó que la exigencia es que se cancele el aumento a los combustibles, que abandone Peña Nieto la política equivocada, que es una traición en contra de las familias mexicanas, y le exigió al presidente tener una conducta patriótica ante la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Antes de la marcha, el integrante de Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, expuso que la exigencia al gobierno federal es que se baje el costo de la gasolina por lo menos al precio que tenía el año pasado, “no es posible que estemos soportando esta situación mientras ellos viven como reyes”, dijo en referencia a los funcionarios.
Indicó que si se eleva nuevamente el combustible el presidente de la República debe pensar en las consecuencias.
En Iguala, unos 120 trabajadores del Sindicato Nacional de Telefonistas se manifestaron la tarde de ayer en el hemiciclo a Juárez del zócalo de la ciudad en contra de las reformas estructurales y los incrementos a los productos de la canasta básica.

Marchan padres de Ayotzinapa con estudiantes, maestros y ciudadanos y bloquean la autopista en Chilpancingo

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezaron una marcha y un bloqueo en el bulevar Vicente Guerrero, al sur de la ciudad, en el cruce de la autopista y la carretera federal, contra el alza del precio de la gasolina, de la canasta básica y por la presentación de sus hijos y de los miles de desaparecidos en el país.
El bloqueo fue permanente durante una hora y media, y parcial media más, con un altercado con agentes de la Policía Federal que pidieron una vía alterna para el tránsito de los automovilistas, y para garantizar la propia seguridad de los manifestantes.
El argumento motivó el reclamo de los padres de los estudiantes desaparecidos y activistas, “si tanto se preocupan por nosotros”, exigieron que digan a sus superiores que no protejan  a los dos policías federales señalados en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre, de haber conocido de la detención de un grupo de estudiantes frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Iguala, y saben quién es el personaje a quien serían entregados pues a la fecha sólo se le identifica como “el patrón”.
El representante de los padres, Melitón Ortega recordó que si los padres siguen manifestándose es porque las autoridades ocultan el paradero de sus hijos, ya que está comprobado, con investigaciones independientes, que policías y militares conocen lo que ocurrió la noche de los ataques, y a dónde se llevaron a sus hijos. Si siguen en las carreteras es responsabilidad de las autoridades.
En la movilización estuvieron estudiantes de la Normal Rural, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), y asociaciones civiles unidas contra el gasolinazo.
También participaron familiares de una joven de Chilpancingo desaparecida la semana pasada y encontrada desmembrada el jueves junto a su hijo de un año de edad, para demandar justicia, y una mujer que acusó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de haber detenido a su hermano hace dos meses, y que a la fecha se encuentra desaparecido.
La protesta comenzó a las 11:30 de la mañana en la glorieta del caballito, con unas mil personas, y en el camino se fueron sumando colectivos y ciudadanos sin membrete. Avanzaron por Insurgentes y Juárez, en el primer cuadro de la ciudad y subieron por la calle Cristóbal Colón a la Plaza Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron un mitin, y se estimó la intervención de unas mil 500 personas.
Al salir del Zócalo, rumbo a Lázaro Cárdenas, la participación se fue reduciendo. En la siguiente parada, frente al Congreso del Estado, llegaron alrededor de 400 personas.
En el trayecto, jóvenes embozados con playeras, hicieron pintas en las tiendas Oxxo, edificios de gobierno y bancos contra las reformas estructurales, el alza de precios y por la presentación de los 43 y más desaparecidos, en el obelisco del crucero Unidos Por Guerrero, en la glorieta de Banderas y en instalaciones de la Auditoria General del Estado (AGE).
“Basta de indignarse, es tiempo de organizarse”, “Fuera-muera Peña” “la gente se cansa de tanta pinche tranza, país petrolero y el pueblo sin dinero, “abajo las reformas de Peña  Nieto, traidor de la patria”, “el que no se mueve, no escucha el crujir de sus cadenas”.
En las consignas predominaron los llamados a la unidad, y hubo quien gritó “en Guerrero nos están asesinando a diario”.
En el Zócalo y en el Congreso, habló una joven que se presentó como hermana de Yareni Monserrat, hallada muerta con su hijo de un año el jueves, y exigió justicia. Una mujer que la acompañaba, denunció que el hermano de la joven asesinada, fue despedido de su empleo, “él se siente solo, y no está solo gracias a la oportunidad de unirnos con ustedes, vamos a luchar contra todos, ¡justicia, justicia, justicia!”  Junto a ellas, en silencio, otra mujer protestó con esta pancarta: marcha para exigir justicia por mi hija y mi nieto. Descanse en paz, ¡Guerrero está de luto!, ¿tú qué harías pueblo?
Otra mujer denunció la desaparición de su hermano, Simón Hernández, y responsabilizó a un grupo del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido , de su integridad y la de su familia, porque fueron amenazados. Aclaró que lo único que piden es que Plácido Valerio regrese con vida a su hermano.
El dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, llamó a una reunión el próximo domingo al parque  hundido de la Alameda Granados Maldonado, para impulsar una estructura civil y un plan de lucha contra las reformas estructurales y la inseguridad.
A las 2:20 de la tarde, los manifestantes llegaron frente al hotel Parador del Marqués, en el entronque de la Autopista del Sol y la carretera de federal México Acapulco, y donde fueron desalojados de manera violenta, y asesinados a balazos los normalistas Jorge Alexis Herrara Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.
De manera simbólica tomaron las dos gasolineras en ambos lados de la carretera, Eva I y Eva II, porque en una manifestación, personal de la gasolinera aplica los protocolos de seguridad: se cierran las válvulas de distribución de combustible de los tanques de almacenamiento y no dan servicio.
También bloquearon los dos sentidos de la vía de comunicación. Estaba libre una calle hacia el río Huacapa, paralelo al bulevar. A las 2:40 de la tarde, los activistas colocaron un tráiler y cerraron el paso.
Ante la presión de la Policía Federal, por una salida alterna, dejaron un solo carril que propició un cuello de botella hasta las 3:30, que la protesta se movió a un solo carril, en dirección sur-norte.
Ahí, los padres y estudiantes de Ayotzinapa tuvieron más participaciones hasta las 4 de la tarde. Los representantes de escuela Normal de Ayotzinapa, denunciaron que 80 pesos para un día es suficiente para las necesidades de las familias mexicanas, y con la liberación del precio de la gasolina el 18 de febrero, puede mucho peor.
Por separado, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, explicó que el “gasolinazo” los afecta como a todos como mexicanos, pero al movimiento le preocupa más que con esto (la crisis económica) se hagan a un lado los hechos de Iguala y las desapariciones se queden el olvido, nosotros decimos que no nos va a ocultar el gasolinazo, nosotros lo vamos a ocultar con todas las reformas estructurales y lograr que se encuentre a los estudiantes y se castigue a los responsables”.
Recordó que el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, está por comenzar labores en el país.
Estuvieron hasta el final, dos colectivos de ciudadanos contra el alza a las gasolina, los mineros de Taxco con el dirigente estatal, Roberto Hernández el Sindicato del Cecyteg, que demandó acciones más radicales para que el gobierno voltee a verlos,  y un representante de los maestros democráticos de la Universidad Pedagógica Nacional, llamó a poner atención al consumo de drogas en la familia, pues los estupefacientes se distribuyen desde secundaria en casi todos los centros escolares y universidades. En la protesta también se observó a damnificados de la tormenta Manuel que están reubicados en El Mirador, al Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrero, y del Comité de Solidaridad con los caídos del 60.

Faltan reformas a leyes locales para tipificar como delito la violencia política contra mujeres


La directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Paula Adriana Soto Maldonado, señaló que el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres no sirve de nada si no se modifican las leyes que rigen los procesos electorales en el país, para que se tipifique como delito electoral la violencia política hacia la mujer.
Durante su participación en el panel Aplicación desde los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES) del Protocolo de Violencia Política contra las Mujeres, como parte del foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), dijo si no hay leyes que regulen la violencia política el Protocolo solo será un papel que no erradicará el problema.
El Protocolo es un iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Instituto Nacional Electoral (INE), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
El Protocolo “pretende orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la aplicación de las obligaciones internacionales así como dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia, tratar de responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia, así mismo responde a le necesidad de contar con lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas”.
Soto Maldonado dijo “no creo que el Protocolo sea un instrumento efectivo ni eficiente para la atención de la violencia política porque no tenemos marco normativo, porque no tenemos ley y si no tenemos ley que nos faculte a las instituciones que nos dé dientes, que nos digan cómo lo tenemos que atender, qué tenemos que entender por violencia política. Puedo yo tener el mejor librito como Protocolo de Atención” pero no se puede hacer absolutamente nada.
Llamó a modificar las leyes federales y estatales para que se tipifique como delito la violencia política de género
Sugirió que desde la sociedad se trabaje en una iniciativa para modificar la ley de Atención a vida libre de violencia a las mujeres para incluir el término de violencia política. Otra legislación que debe adecuarse es la ley electoral y las ley de sanciones para castigar la violencia política de género.
La directora de Participación Social y Política del Inmujeres dijo que se debe tener claro que la paridad política “no es un tema, es un derecho” de las mujeres y recomendó que cuando escuchen a un político hombre o mujer utilizar la palabra “tema” para referirse a la paridad entre hombre y mujer que le chiflen o lo abucheen para que entienda que se trata de un derecho.
También criticó que se cuestione el acceso a la representación popular de las mujeres por la vía de cercanía a grupos de poder o políticos porque esa es una práctica que siempre ha existido y en los hombre no se cuestiona que sea el compadre, tío, amigo, sobrino, ahijado de otro político y que eso le haya permitido acceder a un cargo de poder pero a las mujeres se les critica, lo que se convierte en violencia política de género.
Sugirió que se les haga notar a los gobernantes que “no hay temas de la mujer” sino que todo lo que ocurre en la vida política y social son temas de la mujer porque tiene la misma capacidad que el hombre.

Casos de Guerrero

La diputada Yuridia Melchor Sánchez informó que en el Congreso local hay dos iniciativas “en la congeladora” desde marzo para incluir la violencia política de género como un delito en la Ley de Acceso a una vida libre de violencia, pero sigue en análisis sin que se dictamine sobre las mismas.
Indicó que al Congreso han llegado tres casos de violencia política hacia las mujeres: uno es el de la alcaldesa de Martir de Cuilapan (Apango) Felicitas Muñiz Gómez, otro es el de la alcaldesa de Florencio Villarreal (Cruz Grande), Emisel Molina y la síndica de Xochihuehuetlán, María Lucía Balbuena Rivera, pero hay mas casos porque los alcaldes no ven a las ediles como sus pares y les limitan los recursos a las mujeres que fueron electas como síndicas en las planillas de ayuntamientos.
En el panel también estaba invitada la alcaldesa de San Pedro Chenalhó, Chiapas Rosa Pérez Pérez, que se ha convertido como el referente nacional de la violencia política de género, pero no acudió porque la noche del miércoles le llamaron para seguir con las negociaciones para que ejerza el cargo de presidenta municipal.
En su lugar acudió Margarita Gutiérrez Romero, quien relató el conflicto que se vive en San Pedro Chenalhó porque es la primera vez que una mujer asume el cargo de alcaldesa.